Cada vez son más las voces y documentos que confirman la insostenibilidad medioambiental y económica de la macrociudad del juego que se quiere construir en los Monegros.El Gobierno de Aragón (DGA) y los promotores de International Leisure Development (ILD) presentaron el macroproyecto de ocio Gran Scala para el desierto de los Monegros el 12 de diciembre ante 300 empresarios que, rodeados de canapés y vino, iban abriendo boca. Desde mayo, José Ángel Biel, vicepresidente de la DGA, y el consejero de Industria, Arturo Aliaga, habían mantenido conversaciones a la sombra en la ciudad estadounidense de Orlando para avalar una inversión de 17.000 millones de euros. Se hablaba de 70 hoteles, 32 casinos, 197.000 máquinas tragaperras, 20 millones de turistas y tres parques temáticos en una extensión de 2.025 hectáreas.
Las prisas por modificar la ley del juego y por tramitar el proyecto de medidas urbanísticas urgentes (que agiliza la expropiación) cundió en ciertos sectores del Gobierno (principalmente en la ‘coalición’ PSOEPAR), que también prometieron una inversión pública en infraestructuras y comunicaciones (autopistas, parada del AVE, agua, electricidad) en los Monegros. La promoción del proyecto pasó por decir que en el parque se sembrarían plantas autóctonas para ahorrar agua y que crearía numerosos puestos de trabajo. Las alcaldías de los municipios de Monegros, una comarca tradicionalmente pro-pantanos, dieron su apoyo. El precio de los terrenos creció y, de hecho, dentro de las Cortes, sólo Izquierda Unida se opuso frontalmente al proyecto e hizo público el protocolo firmado por la DGA con ILD.
En los tres últimos meses varias entidades, de modo independiente y coordinadas por la Plataforma Stop Gran Scala (ver recuadro) han organizado reuniones y conferencias de rechazo al modelo de gestión impulsado por el Gobierno de Aragón. El 18 de marzo algunas de las entidades que se oponen al proyecto por su incoherencia con la imagen de sostenibilidad de Aragón, convocaron una rueda de prensa donde ofrecieron nuevos datos sobre los atropellos que se están cometiendo. En ella, el eurodiputado de Los Verdes en el Parlamento, David Hammerstein, manifestó que el macroparque excede las competencias aragonesas ya que, por su naturaleza y extensión, afecta a toda Europa, y que, en una economía improductiva como la del juego, los costos superan los beneficios.
Fue muy crítico con el aval que las autoridades públicas aragonesas han dado a ILD y dijo que, aunque “las cosas de palacio van despacio”, el Parlamento Europeo debatirá si el proyecto Gran Scala contradice la directiva marco del agua, la directiva del hábitat (que Aragón ya infringe al incumplir su parte en el proyecto de regadíos), la directiva para la prevención del blanqueo de dinero y la directiva europea de contratación pública, según la cual ha de sacarse a subasta pública y libre concurso cualquier obra: “Esto se incumple en el caso de Gran Scala, pues tanto las empresas del juego (Aristocrat, ENAC) como los socios inmobiliarios (Darlem, UFA) y jurídicos (T. Velvist) implicados fueron fruto de un acuerdo sin publicación en el BOE”.
Delincuencia y ludopatía
Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora del Instituto Andaluz de Criminología, expuso las dinámicas de la delincuencia organizada en torno a los casinos. Señaló que el peligro es más grave en un país que es el primer introductor de cocaína en Europa y líder mundial en hachís, y en donde la directiva para la prevención del blanqueo de capitales ya se vulnera de continuo en el sector inmobiliario: “En los casinos existentes, cuando las transacciones sospechosas superan los 3.000 euros (muy a menudo) deberían ser comunicadas al servicio ejecutivo para la prevención del blanqueo, pero en 2005 y 2006 sólo tres de los 39 casinos que las realizaron dieron cuenta de ello”. Alejandra Gómez ilustró su exposición con datos de la revista Índice y con la investigación Casinos, crime and community costs, de Grinols, E.L & Mustard. Según esta investigación realizada en Nevada, estado donde se encuentra Las Vegas, las tasas de delincuencia en los municipios en los que se construyeron casinos escalaron con creces sobre la media nacional, y los municipios con casinos sólo pueden mantenerse a costa del incremento de las fuerzas del orden y cuerpos de seguridad privados.
Pedro Arrojo, representante de la Fundación por una Nueva Cultura del Agua y participante activo en Expoagua, señaló que “la gente vincula Expo y Gran Scala” y que “el proyecto rompe la fuerza moral y la coherencia urbanística que se pueda tener en el debate sobre el agua” El representante de SEO-Bird Life, Luis Tirado, desde una perspectiva conservacionista, hizo hincapié en que Monegros es un espacio natural estepario único en el mundo cuya biodiversidad sólo se repite en algunos países de Europa del Este y en el que habitan aves como el rocín, en peligro de extinción, la avutarda o la ganga y el sisón. Además comunicó que todavía no existen las herramientas de conservación del territorio (que reivindicó su organización hace diez años cuando se llegó a un acuerdo entre regadíos y conservación del espacio natural) y que, ante esta carencia, aunque el complejo no se construyese en un área estrictamente de ZEPAS o LIC (Lugares de Interés Comunitario), el daño causado sería grande. Por parte de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación, José Vicente Marín denunció el afán recaudatorio de unos pocos a costa de incentivar conductas patológicas en una comunidad en la que el 15% de la población en edad laboral tiene problemas con los juegos de azar. Según Marín, el proyecto Gran Scala incumple varias leyes relacionadas con el juego: el artículo 11 sobre “principios rectores y circunstancias específicas para la ordenación del Juego”, que promueve la protección de los menores de edad y de personas con discapacidad intelectual y la ley del juego en vigor sobre casinos permanentes, que sólo permite un casino por provincia. Añadió que los costos sociales de los casinos son 1,9 veces los beneficios, según muestra el libro de Grinos, El juego en EE UU, costos y beneficios (2004), por lo que el Gobierno no puede legislar a la carta y funcionar como un promotor con ánimo de lucro más.
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