miércoles, 19 de diciembre de 2007

Contra el capitalismo: estado de derecho y constitucion.

...por Santiago Alba Rico


En las últimas líneas de su extraordinaria obra La democracia, historia de una ideología, Luciano Canfora resume, a la luz de la oposición libertad/democracia, la definitiva derrota de este último concepto en la tradición europea, revelando el verdadero contenido de la constitución de la Unión Europea y la doctrina implícita en sus artículos y disposiciones: la conclusión de Canfora es que, contra la democracia, “ha vencido la libertad –en el mundo rico- con todas las terribles consecuencias que ello comporta y comportará para los otros” y que por eso “la democracia debe ser aplazada para otra época y será pensada, desde el principio, por otros hombres, quizás ya no europeos”.

Tal vez esa época es la nuestra y tal vez ese país no europeo es Venezuela.

Lo que este libro de Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero demuestra –alertando a las instituciones bolivarianas para que no se aparten de ese camino- es que pensar desde el principio la democracia significa precisamente conservar sus principios, inhabilitados, secuestrados, corrompidos dentro de la trampa capitalista, a la que es tan necesario proponer su hipótesis como imposibilitar sus efectos. Durante los últimos cien años, la tradición de izquierdas ha venido sucumbiendo fatalmente al espejismo de esta contradicción y la propia división que ha generado entre sus filas apuntala paradójicamente la legitimidad inexpugnable del hechizo: para defender la democracia, los social-demócratas acabaron por defender el capitalismo; para combatir el capitalismo, los comunistas acabaron por renunciar o despreciar la democracia. Ambas posiciones alimentaron y alimentan por igual la falsa evidencia de que capitalismo y democracia son genética y empíricamente inseparables.

Esta evidencia es tan falsa como la de que el sol gira alrededor de la tierra: la verdad es precisamente lo contrario. Enfrentados a un desprestigio del concepto cuyo último precedente hay que buscarlo en los años treinta del siglo XX, el daño infligido a la democracia ha sido tanto mayor cuanto que su nombre está siendo hoy utilizado –como lo fue antaño el de “raza” o el de “lebensraum” o el de “civilización”- para romperle el pecho al lenguaje, incendiar el derecho internacional, descerrajar tres países y torturar y matar a cientos de miles de personas; o, lo que es lo mismo, está siendo utilizado para imponer decisiones al margen de la soberana “mayoría de edad” de los pueblos de la tierra. Frente a la democracia como palanca o como chantaje, es fácil ceder a la tentación de arremeter más contra la democracia que contra el capitalismo y acabar considerando las formas mismas como tramposas o restrictivas. ¿Hay que inventar nuevas vías de participación? ¿Es que el “derecho burgués” no ofrece suficientes mecanismos para que la voluntad popular decida? Lo difícil no es concebir o incluso establecer procedimientos que garanticen la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones; lo difícil es concebir y establecer procedimientos para que esas decisiones se cumplan. Pero si esas decisiones de la voluntad popular no se cumplen no es porque los gobernantes sean malos, el poder corrompa o el hombre viejo se imponga en cada gesto, sino porque el capitalismo siempre constituyente secuestra de manera ininterrumpida las reglas y los conductos de la soberanía constituida. De forma geográficamente desigual, según contexto y coyuntura, el capitalismo tiende, como hacia su ideal, al equilibrio perfecto entre el respeto formal a los principios de la expresión democrática y el incumplimiento permanente de sus decisiones: un modelo, pues, de legitimidad y no de determinación. La izquierda sigue creyendo, citando a un Marx incompleto o superficial, que el llamado “derecho burgués” es sólo el excipiente o cobertura legal de los intereses de la clase dominante sin reparar en que sus leyes, instituciones y cauces de expresión son en realidad -a igual título y al mismo precio que las obtenidas y ya casi perdidas en el terreno laboral- trabajosísimas conquistas populares que esa clases dominantes se vieron obligadas a aceptar y al mismo tiempo a secuestrar y dejar sin efecto. Precisamente Luciano Canfora dedica trescientas minuciosísimas páginas a describir los procedimientos materiales de ese secuestro, resumidos de un modo sumario en dos modelos de intervención alternativos o simultáneos: la manipulación y el terror. Allí donde o cuando podía permitírselo, el capitalismo ha ensayado sutiles formas de dominio blanco a través de la propaganda, la reforma electoral –sistema mayoritario, proporcional o mixto, según las circunstancias- y el soborno estructural o puntual de los electores (electoralismo, “pucherazo” o “estado del bienestar”). Allí donde o cuando no podía permitirse estos expedientes, ha recurrido a la violencia explícita, según una fórmula que tiene su arranque histórico en la Comuna de París y que Latinoamérica han experimentado del modo más dramático en las últimas décadas: matar a casi todo el mundo cada treinta años y después dejar votar a los supervivientes. Es posible que haya que reformar las instituciones, pero la ya impostergable revolución económica no debería impugnarlas. Decir “democracia participativa” es una redundancia como decir “capitalismo democrático” es un oxímoron. El capitalismo, que consiste en robar vidas y recursos, nos roba también la democracia y el derecho y la lucha por recuperar unas y otros es en realidad la misma lucha.

Ningún parlamento o asamblea pude decidir democráticamente el exterminio de la población de Mitilene, tal y como nos cuenta Tucídides, porque la democracia consiste en haber decidido siempre ya que eso no puede ser objeto de decisión. Ningún parlamento o asamblea puede decidir democráticamente invadir un país, bombardear sus ciudades y matar de hambre a sus habitantes, porque la democracia consiste en haber decidido ya que eso no puede ser objeto de decisión. Ningún parlamento o asamblea puede decidir legalizar la tortura o la discriminación racial, porque la democracia consiste en haber decidido siempre ya que eso no puede ser objeto de decisión. Ningún parlamento o asamblea puede decidir poner la riqueza en manos de 1.500 personas, en detrimento de la mayoría de la población, porque la democracia consiste en haber decidido siempre ya que eso no puede ser objeto de decisión. Estas decisiones constituyentes que se han tomado ya calcifican la estructura ósea que garantiza el cumplimiento de la voluntad popular y que es permanentemente corroída y ablandada por la naturaleza misma del capitalismo; y tienen que ver con la producción y distribución de la riqueza, con la igualdad ante la ley y con la división de poderes. Esas decisiones se llaman Constitución y Estado de Derecho, ideas surgidas al hilo de la misma fuerza que las hizo imposibles, y deben ser firmemente defendidas, reivindicadas, afinadas –como un piano o un violín- contra esa fuerza de licuadora.

Esas decisiones son instituciones y no virtudes siempre actuales, siempre en marcha, siempre fatigosamente alerta, de un hombre superior, una moralidad superior o una voluntad superior. ¿No es esta precisamente la enseñanza de la Ilustración, según la doctrina de Montesquieu? La fábula de los trogloditas, recogida en las Cartas Persas, nos habla de un pueblo compuesto sólo de personas malas, entregadas a su autarquía selvática, a las que una epidemia obliga a contratar a un médico; como los trogloditas son muy malos, una vez curados incumplen su compromiso y niegan a su salvador el pago de sus servicios. Por eso, cuando la epidemia, años más tarde, se repite, ningún médico quiere acudir a la aldea de los trogloditas, cuya población sucumbe así a la enfermedad… todos con excepción de una pareja, casualmente los dos únicos hombres buenos de la comunidad. La pareja de buenos se reproduce y tiene sólo hijos buenos a su vez, que les dan nietos también buenos, de manera que al cabo de algunas décadas el pueblo de los trogloditas está compuesto únicamente de hombres buenos, como antes estaba sólo compuesto de hombres malos; y son tan buenos que, al igual que cuando eran malos, no necesitan ni leyes ni instituciones ni gobierno: la virtud general asegura el cumplimiento de las promesas, el respeto recíproco de la libertad y la igualdad y seguridad de todos con independencia de sus diferencias naturales. Pero el tiempo pasa, la población crece y de pronto los trogloditas sienten la necesidad de acudir al más viejo y sabio de la tribu para que les dé leyes que les obliguen a hacer aquello que hasta ahora vienen haciendo por propia voluntad. “Oh, día desventurado”, gime el anciano, “¿por qué he vivido yo tanto? (…) Bien veo, trogloditas, que empieza a seros gravosa vuestra virtud (…) y queréis someteros a leyes menos rígidas que vuestras costumbres. ¿Cómo he de dar preceptos a un troglodita? ¿Queréis que ejecute él acciones virtuosas porque yo se las mando, pues sin mi mandato las haría sólo siguiendo su inclinación natural?”.

El suspiro desilusionado del anciano, que lamenta ver a los trogloditas sometidos a otro yugo que su propia virtud, es el del pueblo legislador que, arrancado del rouseeauniano estado de naturaleza, se resigna a hacer por ley lo que ya no es seguro que venga dictado por la costumbre o la inclinación natural. La idea de ley implica la aceptación del carácter falible, limitado, corruptible, del hombre, cuya existencia social no puede estar regida por la virtud variable y contingente de sus miembros; e implica al mismo tiempo un cierto orden de inmutabilidad concertada cuya eficacia no depende de la bondad individual de los ciudadanos ni puede ser cuestionada por ninguna maldad particular. Hay que tomar decisiones vinculantes que “impongan” en el futuro la libertad de decidir y esas decisiones –insinúa Montesquieu a través de sus trogloditas- es mejor tomarlas mientras se es bueno, antes de que hagan falta; cuando se está tranquilo, como decía Voltaire, o cuando no estamos cegados por las pasiones, como decía Locke en defensa de la necesidad de establecer instituciones a partir del derecho natural. Este “antes de que hagan falta”, en sociedad y bajo el capitalismo, no puede ser sino una ficción teórica, pero no puedo imaginar una situación real más favorable que aquella que asume la necesidad de un cambio precisamente contra la “intranquilidad” febril del mercado laboral y las “pasiones” destructivas de las tasas de ganancia. ¿Podemos imaginar un momento en el que los hombres sean más buenos –solidarios, desinteresados, abnegados, razonables- que cuando se levantan contra la injusticia? Hay que aprovechar la bondad general de la revolución triunfante, esa rendija temporal, ese punto liminar y auroral de los trogloditas virtuosos, muy poco duradero, no para hacer hombres nuevos, sino para promulgar leyes nuevas en los viejos moldes –con cuatro o cinco poderes en vez de tres, como quería Bolívar- de unas “formas” democráticas duramente conquistadas mediante luchas populares y siempre malversadas, profanadas, inhabilitadas y suspendidas por el permanente “estado de excepción” del capitalismo. ¿Puede concebirse un hombre más nuevo que el que se da leyes a sí mismo y está seguro de su cumplimiento?

Como ponen de manifiesto Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, el caso de la Venezuela bolivariana constituye la oportunidad, casi sin precedentes, de demostrar al mismo tiempo que capitalismo y democracia son incompatibles y que sólo tras la derrota del capitalismo puede haber verdaderamente democracia. Por su forma de alcanzar el poder –tan distinta de Cuba- y por las ventajas económicas de las que goza, el gobierno bolivariano de Chávez constituye una subversión del paradigma más arriba citado según el cual habría que escoger entre igualdad y derecho. Cuando hablamos de Venezuela, pensamos sin querer en una experiencia novedosísima, en una forma inédita de concebir la democracia, más participativa y transversal, y lo que en realidad tiene de nuevo y participativo es que se limita a tomarse en serio y a aplicar estrictamente las reglas democráticas que en España, en EEUU, en Japón, en Nigeria, en la India, bajo la presión de las clases dominantes capitalistas, fungen inevitablemente como instrumentos de sometimiento (cuando no directamente de exterminio o tortura). Esta manifiesta superioridad democrática de Venezuela en términos burgueses –porque lo que inventan unas condiciones se puede usar en otras- desnuda de tal manera la dictadura del capitalismo que nada puede extrañar la pataleta continua de políticos, intelectuales y medios de comunicación, denunciados también en este libro, ni su vergonzosa disposición a violar cualquier principio –detrás de la cual asoma ya su disposición también a violar niños, torturar prisioneros o bombardear parlamentos, si hiciera falta- con tal de que no haya democracia y verdadero Estado de Derecho en ningún lugar del mundo. Sólo contra Cuba se han vertido tantas mentiras, apañado tantas conspiraciones, ignorado tantas bellezas, negado tantos progresos de la razón, pero lo que no pueden perdonarle a Venezuela es que el pueblo se haya hecho dueño de sus recursos sin censurar periódicos ni encarcelar opositores ni conculcar la división de poderes (¡e incluso dividiéndolo más que el propio Montesquieu!). Lo que no pueden perdonar a Venezuela es eso que resume la fórmula excogitada recientemente por uno de nuestros intelectuales colaboracionistas, más fino que sus colegas, que escribe habitualmente en el periódico español de Carlos Andrés Pérez y Gustavo Cisneros: “Chávez está acabando democráticamente con la democracia”, frase en la que “democráticamente” quiere decir “con el apoyo soberano del pueblo y respetando todos las reglas del juego” y “la democracia” quiere decir “la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, la inseguridad jurídica, la inexistencia, el hambre, el racismo, la corrupción, la esclavitud, el abuso de poder y, en definitiva, el terremoto del mercado”. Chávez y sus compañeros bolivarianos están acabando democráticamente con el capitalismo, lo que quiere decir que, además de acabar con el capitalismo y precisamente por eso, están haciendo realidad por primera vez –quizás en la historia- la democracia. Eso no puede gustar, naturalmente, a los que viven de citar en voz alta su nombre antes de fusilarla.

El libro de Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, más allá de la defensa de Venezuela y la denuncia de los intelectuales nihilistas que cavan ingeniosa y elegantemente la tumba de medio planeta (y el homenaje, por contraste, a los otros, tantos y tantos y tan grandes, como demostró el Encuentro en Defensa de la Humanidad de Caracas), este libro –digo- es también una propuesta teórica y programática cuya importancia no puede exagerarse, hasta el punto de que me atrevería a decir que constituye una prolongación imprescindible, en términos jurídico-institucionales, del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Venezuela es el modelo, la esperanza, la demostración. Acabar democráticamente con el capitalismo (¡con la naturaleza!) es acabar con el capitalismo y liberar la democracia. Es verdad que el capitalismo se impone muy naturalmente y casi lo peor que puede decirse de él es que se ajusta a la naturaleza. Pero la naturaleza nos impone arrastrarnos y resulta que volamos; la naturaleza nos impone morir de sarampión y resulta que nos vacunamos; la naturaleza nos impone la reproducción y resulta que nos amamos. La Constitución y el Estado de Derecho son la forma comunista de volar y de vacunarnos y de amarnos frente a la ley natural –o ley de la selva- propugnada por Calicles, Hitler y George Bush (y Repsol y la Bayer y Monsanto y sus propagandistas de The New York Times, El País, Il corriere della sera…).

Este libro es también, por eso mismo, un manual que explica el milagro de Venezuela y previene contra el mal uso de la revolución (de la revolución en general). Luchar contra el capitalismo –empezamos a darnos cuenta por fin de ello- es luchar por un estado democrático y de derecho y, viceversa, luchar por un estado democrático y de derecho es luchar contra el capitalismo. Las “formas” –las decisiones constituyentes- son lo más material que existe, a condición de que hayan decidido también ya, como principio inalienable de toda democracia, que ningún interés material particular es compatible con ellas. Es decir: que ninguna libertad puede escoger libremente el hambre, la ignorancia y la muerte de los demás.

Venezuela, como quería Canfora, ha empezado a “repensar” la democracia y, apenas se ha puesto a ello sobre el terreno, ha descubierto que en realidad ya estaba pensada; y que sólo se trataba de establecerla de una vez. Es difícil no dejarse llevar por el entusiasmo ante una experiencia tan universal, como es difícil no dejarse convencer por el libro de Fernández Liria y Alegre Zahonero, el cual nos expone el camino que debe seguir, sin volver a caer en la trampa ni alimentar los hechizos, la izquierda anti-imperialista de todo el mundo.

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La impunidad del contaminador.

... por Carlos Martínez

La tardía recepción del constitucionalismo en el Reino de España acarreó algunas teóricas ventajas, la propia Constitución de 1978 en su artículo 45artículo 347 bis que castigaba, por primera vez en nuestro ordenamiento, con penas de cárcel y multa la contaminación del medio ambiente. Este delito “ecológico” pasó con con un enunciado muy similar al Código Penal de 1995, pomposamente renombrado como el “Código Penal de la democracia”. A pesar de esta tipificación y de la creación de servicios como el Seprona y Fiscalías especializadas en medio ambiente, las sentencias condenatorias por delitos ecológicos son más raras y escasas que el lince ibérico1. establece que las Administraciones Públicas deben velar por un medio ambiente adecuado y preveía, incluso, que para esta protección se utilizase el Código Penal. Este mandato constitucional no se plasmó hasta la promulgación de la Ley Orgánica de 25 de junio de 1983 de reforma urgente y parcial del Código Penal, en la que se introdujo el

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Alicante que absuelve a empresarios y a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura es una muestra más de las múltiples resoluciones judiciales que dejan sin castigo a contaminadores, siendo el caso de la empresa minera Boliden el más paradigmático de todo ellos, en el que el proceso penal ni siquiera se llegó al juicio oral, archivándose la causa en fase de instrucción.

En el caso de la sentencia sobre la contaminación del río Segura continua con la línea de otras sentencias dictadas en juzgados catalanes por la cual los vertidos peligrosos en río ya contaminado previamente no es delito por que no es posible el daño medioambiental donde no hay biodiversidad. En la sentencia de la AP de Alicante , el tribunal constata que "a finales de los años noventa, el río Segura a su paso por la provincia de Alicante presentaba un grave estado de contaminación" derivada fundamentalmente de la depuradora de la ciudad de Murcia. El río "se había convertido en esos años en un colector de aguas residuales por los vertidos procedentes de los ayuntamientos y diversas empresas". Así el tribunal se adhiere a la defensa del empresario Ramón Pajares Manresa que esgrimió "Allí [al cauce del río Segura] vertía todo el mundo", declaró el industrial. Esta tesis, al parecer, aceptada por la judicatura, es una sentencia de muerte para nuestros ríos y humedales, de forma que se va contaminando y/o desecando gradualmente hasta que se alcanza una situación de degradación irrecuperable que comporta la irresponsabilidad del contaminador.

La sentencia también se preocupa por la pureza del principio acusatorio del proceso penal y achaca a la jueza de instrucción iniciar una causa “generalista”. La audiencia crítica que en la resolución por la que se inició el procedimiento penal "no se identificó en el auto persona física o jurídica sobre la que existan indicios de criminalidad con relación a los vertidos que finalmente constituyeron el objeto del proceso", algo que es lo común en los procedimientos penales. Además, el tribunal manifiesta en la sentencia que "desconoce la notitia criminis, la descripción fáctica o el contenido indiciario que justifique por qué inicia de oficio la instructora el presente procedimiento", declaración sólo comprensible en el caso que los miembros del tribunal no conozcan el río Segura a su paso por las tierras alicantinas, pues lo que resulta ininteligible es como un río pueda llegar a tal grado de contaminación sin que las administraciones públicas y los tribunales muevan un dedo, a pesar que la normativa, teóricamente, impide que se llegue a esta situación. En una situación similar se encuentra el río Júcar, si se continúa permitiendo los vertidos y se retraen más recursos de su caudal se llegará al un punto de no-retorno en el que no se tendrá ningún reparo en verter al río pues este se encontrará ya muerto.

Los magistrados de la AP de Alicante no se contentan con absolver a los imputados y contaminadores confesos, sino que condenan en costas a las organizaciones ecologistas que ejercieron el derecho a la acusación popular. Condena que debería ser algo excepcional pero que el Tribunal base en una supuesta “temeridad” de los grupos ecologistas.

Uno de los colectivos condenados “Ecologistas en Acción” han hecho público un comunicado considerando que “la Sala al dictar sentencia no ha sido ecuánime y ha hecho completamente suyos los argumentos de las defensas, obviando por completo nuestros argumentos. Mediante sentencias tan lamentables como la presente la independencia del sistema judicial queda en entredicho y se lanza un mensaje claramente intimidatorio a los colectivos de defensa del medio ambiente y claramente tranquilizador a los responsables de la contaminación del río Segura”. También han anunciado que interpondrán contra la sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Siempre hay razones técnicas para fundamentar la absolución, tanto procesales: vulneración de derechos del imputado en la fase de instrucción (Ojalá todos los ciudadanos españoles y emigrantes tuviesen el mismo derecho de defensa que han tenido los imputados de estos delitos). O cuestiones referentes a la naturaleza del delito ecológico, pero el problema esencial no es técnico, sino de clase social. La cuestión principal es ¿quién esta sentado en el banquillo?

Las desigualdades sociales tienen un fiel reflejo en los tribunales, ni en ellos se imparte justicia (su función es aplicar la ley), ni siquiera la aplicación de la norma se realiza de forma independiente de quien es juzgado, los jueces no tienen los ojos vendados como la mujer que representa a la justicia. De forma que tiene infinitamente más posibilidades de ingresar en prisión cometiendo el mismo delito un pobre que un poderoso.

El delito ecológico, al igual que los delitos fiscales, contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, son tipos penales que sólo pueden cometer las clases dominantes y más adineradas, por ello estos tipos no tienen una redacción clara y precisa sino que el núcleo esencial de prohibición viene acompañado de todo tipo de cautelas y garantías en favor del delincuente. Por ejemplo, todos los delitos citados son “normas penales en blanco” que requieren para su comisión una previa infracción de otra norma, lo que implica necesariamente serios problemas de integración e interpretación. En el caso de los delitos ecológicos, también son varias las administraciones con competencia en la materia lo que complica el asunto. A lo que hay que añadir la cuestión de las posibles responsabilidades de los funcionarios que han permitido la actividad. Y por último, y para rematar la dificultad de dictar una condena, el obstáculo del aplicación del principio “non bis in idem” que impide que una infracción sea castigada dos veces, de forma que algunos empresarios buscan ser multados administravamente para evitar un posterior proceso penal.

Los contaminadores, además de la salvaguarda legal, también cuentan con la simpatía de muchos Jueces y Fiscales que no los ven como unos “delincuentes primarios” sino que más bien se les considera como unos benefactores sociales pues crean puestos de trabajo y que la degradación natural que causan sus empresas son el precio que hay que pagar por el progreso2.

Dada la inutilidad del llamado “delito ecológico” muchos son los juristas que desde una visión supuestamente progresista y amparándose en el principio de “intervención mínima” piden su desaparición del Código Penal y que quede la protección del medio ambiente en el ámbito del derecho administrativo sancionador.

Otros autores como , Hormazabal Malaree entiende que en el caso de los delitos ecológicos nos encontramos ante un derecho penal simbólico: “ El derecho penal entra a cumplir una función simbólica dejando inmunes ciertos comportamientos ilegales y castigando otros que sirven para encubrir dicha inmunidad. El derecho penal se constituye en ideología encubridora de una realidad que revela comportamientos criminales en una capa social que queda al margen de la estadística y de la carrera criminal... La función simbólica del Derecho penal se reduce simplemente a una reafirmación del Estado en sus valores. Cuando el Estado entra a proteger un bien jurídico, está fijando a partir de esa protección pautas de conducta... Los defectos en la criminalización, en la medida en que hacen que la ley penal no tenga una vigencia efectiva, esto es, que no constituyan criminalidad, la dejan reducida a una presencia testimonial, sin consecuencias reales efectivas. Con una ley penal simbólica, el Estado se autoconfirma en su naturaleza esencialmente coercitiva y encubre su falta de capacidad para dar solución a un conflicto social”3.

No seremos nosotros quienes nos sumemos al manido recurso de reclamar al gobierno más prisiones y más presos ante cualquier problema, pero si que es urgente e imprescindible una profunda revisión del sistema penal español, el que cuenta con el porcentaje más alto de presos por habitante de los países de la OCDE, lo que hace más incomprensible como conductas tan graves y repudiadas socialmente como la destrucción de un cauce fluvial queden impunes.

Notas:

1 Se pueden consular las estadísticas judiciales en la siguiente página del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft18%2Fp420&O=inebase&N=&L=0

2Por ejemplo, el ex-presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Augusto de Vega Ruiz escribe: “Todo delito merece ser perseguido. Pero en estos casos, por el interés colectivo que se persigue y por los daños que se puedan producir, ha de extremarse la vigilancia. Es el fiscal, y lo ha dicho el Fiscal Beltrán Ballester, el que debe proceder a una exquisita vigilancia, a una implacable actuación acusatoria. No arrasando la industria, pero sí dando tiempo al tiempo, en prudente espera, para que los medios técnicos se perfeccionen y la sociedad se conciencie”. De Vega Ruiz, J.A “El delito ecológico” Colex 1994 , pag 23.

3 Hormazábal Malarée, H., El delito ecológico. Trotta. Barcelona. 1992. Pags. 58 y ss.

Volver a Pakistán.

...por Abel Ortiz

El país que se inventó, financió y alentó, para debilitar a la India, y a Gandhi, durante el proceso “descolonizador” que llevaron a cabo los británicos recién terminada la segunda guerra mundial, asegurándose plato y tajadas, lleva, prácticamente desde entonces, desangrándose. Ciento setenta millones de personas, la inmensa mayoría musulmanes, viven prisioneros en un estado que se concibió como teocrático y que en la práctica está gobernado por una dictadura militar “amiga”, (con un muy reciente estado de excepción) esta si, con armas de destrucción masiva y varios conflictos regionales en marcha.

Pakistán acoge, por si fueran pocos, la mayor población de refugiados del mundo, procedente del fronterizo Afganistán, en un goteo continuo e incesante desde que los soviéticos decidieron enterrar su imperio en una guerra tan estúpida como la que ahora mantienen los estadounidenses y sus amiguitos. Entre los dos países un tráfico habitual de armas, drogas, espías, mercenarios, y soldados, convierten la región en uno de los lugares más peligrosos del mundo.

De Islamabad a nuestro Disney World particular, lejos de las minas, los bombardeos, los marines y los talibanes, los matrimonios obligatorios, la miseria en todas sus variantes, hay algo más que algunas horas de avión. A Ceuta llegaron recientemente ciento veinte pakistaníes, todos hombres, las mujeres y niños ni siquiera tienen esa “oportunidad”, cruzando medio mundo, sin dinero y sin papeles. Miren el mapa. Para llegar a Ceuta desde Pakistán, en esas condiciones, hay que hacer un viaje que nadie en este occidente insensibilizado haría ni loco. Huyen de una dictadura, de la guerra, del infierno. Un infierno en buena media, si no en toda, creado por occidente para servir sus “intereses”. Al llegar a Ceuta fueron recluidos en un centro de internamiento, detenidos. La puerta de Eurodisney al alcance de la mano, quizá el sueño de enviar a casa algún dinero, de empezar una nueva vida con los mismos derechos que los habitantes del bunker occidental. Que ingenuidad.

Al intuir que iban a ser enviados de vuelta a su país escaparon del centro y se refugiaron en un pequeño bosque junto al pantano del renegado. Cuarenta policías, con nocturnidad, fueron a por ellos. Una vez detenidos, tras un breve paso por otro centro, fueron trasladados al aeropuerto de Málaga. De allí a Islamabad. Repatriados. La ONU, la comunidad internacional, los gobiernos democráticos, los países avanzados, el fondo monetario, el banco mundial y demás inventos, cuentos, validan y suscriben estas actitudes, siempre dentro de la legalidad. Pero…. ¿Que mierda de legalidad es esta?

www.radioklara.org

El PSOE sigue la política exterior del PP y "apoya totalmente a Israel"

...por Agustín Velloso

El ex presidente Aznar se hizo tristemente famoso hace cuatro años cuando decidió unir su destino al del presidente estadounidense Bush en la guerra de agresión contra Iraq.

Las mentiras, tópicos y frases supuestamente ingeniosas que son una mezcla del machismo político y del españolismo rancio que caracterizan a Aznar, han resurgido en estos días con la novedad de que no las ha emitido él -aunque las comparta al cien por cien- sino Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Zapatero, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Poco antes del comienzo de la guerra contra Iraq, Aznar dijo que "en un conflicto, España sabe con quién ha de estar y estará con sus amigos, con EEUU". Esta malhadada confusión mental es la misma que padece Moratinos y que hace pública la agencia EFE el 15 de noviembre pasado: "España, modestamente, cual sea la situación, estará al lado de Israel".

La misma agencia añade que "el titular de Exteriores ha asegurado que quienes le conocen saben que el compromiso 'de amistad, de ayuda y de compromiso' en favor de Israel para que 'viva en paz y seguridad' es 'absoluto y total'."

Lo mismo que se dijo entonces respecto de Aznar hay que decir hoy respecto de Moratinos:

Uno y otro deberían saber que España ha de estar del lado de la legalidad internacional. Aznar (y Moratinos) no es libre de escoger tan malas amistades mientras sea presidente (ministro) de un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ésta no ha autorizado la agresión de Estados Unidos (ni las agresiones israelíes a naciones árabes: Palestina, Líbano, Iraq, Siria). Tampoco autoriza la partición de Iraq (en el caso de Palestina se trata del muro, de los asentamientos y de la ocupación de territorio, Jerusalén incluida). ¿Nos vamos a aliar con un Estado que ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia por violar la ley internacional? (Israel tiene el récord mundial de violaciones de la ley internacional y de resoluciones de la ONU). Aznar y Moratinos han olvidado el historial delincuente de su amigo y no quiere ver el presente de muy probable reincidencia (Israel amenaza a esos países árabes y a Irán también).

Al parecer hay una tendencia entre los líderes políticos españoles -y europeos, sin olvidar a los estadounidenses, por supuesto- de referirse a Israel con reverencia, servilismo, olvido total de las obligaciones propias de sus cargos y sin miedo al ridículo.

Es inimaginable que un líder de la izquierda oficial española declare, por ejemplo, que apoya totalmente el proyecto bolivariano de Venezuela hacia el socialismo. Además de que ese proyecto habría de ser atractivo a los que se definen como socialistas, con ese país nos une historia, idioma, idiosincrasia, religión, sangre y lo que se quiera añadir.

Sin embargo, el socialista Moratinos echa todo el peso de España -menos mal que reconoce que es modesto- a favor de un país que viola desde su nacimiento hace 60 años la ley internacional, con el que tiene relaciones diplomáticas hace 20 y poco más en común como no sea el intercambio militar y de armamento; que es un Estado paria no solamente para mil millones de musulmanes sino para gran parte del mundo, que mata y roba a diario en Palestina, que es el principal aliado -mejor dicho, cómplice- del otro gran delincuente a escala planetaria, Estados Unidos; que acaba de agredir a Líbano donde ha dejado miles de muertos y de bombas en situación de explotar, que amenaza a Irán, que ha estado y está implicado en guerras -abiertas y secretas- por medio mundo: Nicaragua, Colombia, Sudáfrica, Iraq; que tiene armamento nuclear, que condena al genocidio a los palestinos mediante un bloqueo único en la historia de la humanidad por aplicarse a una población refugiada, la cual está explícitamente protegida- en teoría nada más, obviamente- por la ley internacional, etc.

Sin duda Israel le ha exigido por los canales convenientes una expresión pública de apoyo de España. No cabe pensar que Moratinos, que es machaconamente presentado ante la sociedad española como experto conocedor del mundo árabe desde hace años, además de buen amigo de sus habitantes, de repente, motu proprio, ha olvidado la historia israelí y ha cambiado de amistades, justo ahora que Israel intenta, una vez más, en esta ocasión en Annapolis, mostrarse ante la opinión pública mundial no como el agresor impenitente que es, sino como un socio en la paz.

Es preciso acudir al pasado reciente para explicar el renovado amor entre el PSOE y el sionismo. Hace poco más de un año, el 20 de julio de 2006, Moratinos acudió a un desayuno del Foro Nueva Economía con destacados empresarios sionistas. Uno de éstos, Mauricio Hatchwell, según informó El País al día siguiente, manifestó "la indignación" de los judíos españoles ante unas declaraciones realizadas la víspera por el presidente del Gobierno: "Son declaraciones anti-israelíes y antisemitas y no las podemos aceptar".

Se refería al leve juicio -por no decir cobarde- de Zapatero sobre la guerra de Israel contra Líbano, que describía como "uso excesivo de la fuerza", algo que cualquier estudiante de bachillerato de la asignatura de Ciudadanía, Ética, Religión o similar, identificaría sin problemas como crimen de guerra.

Por si las declaraciones de un ciudadano particular no hubiesen impresionado al ministro, el entonces embajador de Israel en España, Víctor Harel, según el mismo diario, le dejó bien claro que "las manifestaciones de protesta por los ataques al Líbano convocadas anoche en varias ciudades -"en las que está incluido el partido del Gobierno", precisó- "son un premio al terrorismo islámico". A esto añadió: "las relaciones [entre España e Israel], aunque estemos en el vigésimo aniversario, no creo que estén para nada en su mejor momento. Hay aquí críticas muy duras, muy injustas para Israel, que van más allá del consenso de la UE", lamentó Harel.

Si se deja de lado ahora la injerencia de los sionistas en la política española, además de la mala educación y el desprecio mostrados hacia el ministro, el PSOE y la sociedad española -sobre lo que no hay protestas patrióticas ni artículos de opinión contra los sionistas en ese periódico ni en otros medios como sucede con Chávez-, se observa que las andanadas citadas han tenido un efecto educativo en Moratinos.
La concesión de dos de los premios Príncipe de Asturias de 2007 al Museo del Holocausto (ojo: el antiguo y finalizado de los judíos a manos de los nazis, no el actual y en activo de los palestinos a manos de los sionistas) y al escritor Amos Oz no fueron más que la demostración de que ha aprendido la lección y al tiempo la preparación de la opinión pública para la reciente afirmación a los cuatro vientos de que España apoya "total y absolutamente" a este país.

El ministro es uno de los firmantes de las cartas de apoyo a la candidatura de Yad Vashem al premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2007. Entre los firmantes destacan los archiconocidos valedores de los derechos humanos, en especial de los que se niegan a los palestinos, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Vicente Fox, Kofi Annan, Hillary Clinton e Israel Meir.

Con las acciones de estos faros del humanismo contemporáneo se podría llenar un museo de los horrores, con sala de torturas, testimonios de masacres, grabaciones de niños partidos en trozos por misiles, historias de familias enterradas vivas en sus casas al ser derribadas por excavadoras y otras muestras de concordia judeo-cristiana y tan principescas, que no es de extrañar que un señalado ministro del PSOE se muera de ganas de añadir su firma a las del grupo de proponentes al premio.

Aunque parece que a Aznar no le van mal las cosas, todo su dinero y sus amistades no le servirán para borrar su nombre de la lista de presidentes malditos, lugar donde tiene asegurado un elevado puesto a perpetuidad. Su partido, así como los diputados que aplaudían sus mentiras y sus bravuconadas en el Congreso de los Diputados, pasan -injustamente- algo más desapercibidos.

Moratinos prefiere la amistad de los sionistas a su buen nombre, allá él. El que quiera, que lo acompañe, pero no tiene derecho ni autoridad para embarcar a todos los españoles en una política ilegal y nefasta.
Lo que a día de hoy apenas resulta llamativo es que el PSOE imite sin pudor la política exterior del Partido Popular y diga en público que apoya totalmente a un Estado delincuente en sus políticas de extrema derecha. Lo que apenas sorprende es que ningún militante devuelva el carné del partido. Después del papel español en Líbano, ahora Israel ¿qué tal PSOI: Políticos Sometidos y Obedientes a Israel?

www.lahaine.org

“Cualquier forma de creencia que no se cuestiona puede resultar peligrosa”

Entrevista a Juanma Sánchez Arteaga

Al ser humano le gustan las cosas ‘probadas científicamente'. Así, pensar que el conocimiento se asienta sobre pilares racionales diseñados en laboratorios da mucha tranquilidad. Pero no todo está tan claro. El biólogo Juanma Sánchez Arteaga desvela en su primer libro el uso fraudulento del método científico y destapa la colección de intereses materiales y morales que esconden las ‘verdades irrefutables' de los investigadores. Lo hace repasando la historia más reciente de la ciencia, que ha avalado el racismo y la esclavitud. Su título, La Razón Salvaje (Lengua de Trapo, 2007).

Arteaga no tiene pinta de científico. Tampoco la tiene su discurso. Doctor en Biología y en pleno periplo por Brasil, duda cuando se le pregunta por qué se decidió a escribir un ensayo que dejara ‘en bragas’ los fundamentos del método científico. Sea cual fuera la razón, lo ha hecho. Y con muchos ejemplos, como la aplicación, durante el siglo XIX, de normas científicas de zoología para ‘criar’ a esclavos afroamericanos. Sucesos atroces que conducen a una pregunta:

DIAGONAL: ¿La ciencia puede ser tan peligrosa?

JUANMA SÁNCHEZ ARTEAGA: Mi libro sólo trata de contribuir a romper el mito de que las ciencias naturales están más allá del bien y del mal, que presentan superioridad absoluta con respecto a otras posibles formas de conocimiento y de interacción con la naturaleza. Cualquier forma de creencia que no se cuestiona puede resultar peligrosísima.

D.: Hay científicos que han validado verdaderas atrocidades.

J.S.A.: Existen infinidad de casos, desde Hiroshima a las biofarmacéuticas actuales. A comienzos del siglo XX se exhibía, junto a un orangután con el que compartía jaula, un ejemplar de africano joven, un pigmeo batwua llamado Ota Benga, en el zoológico del Bronx. Influyentes naturalistas y científicos de la época consideraban que aquella exhibición era verdaderamente instructiva desde un punto de vista científico.

D.: ¿Qué es necesario para generar una ciencia liberada de la lógica del dominio?

J.S.A.: La definición de esa ciencia utópica debería poder realizarse entre todos y todas, es decir, que no sólo decidan los científicos y sus financiadores, los Estados y las grandes compañías, sobre qué queremos saber y cómo queremos aplicar, entre todos, lo que sabemos. Y como decía Galeano, la utopía sirve para caminar. Pero quizá eso ya no sería la ciencia tal y como la conocemos. Quizá eso sería una anticiencia, otra cosa...

D.: En definitiva, desterrar el eslogan ‘probado por científicos’.

J.S.A.: El empleo de la frase científicamente comprobado es uno de los más manidos y burdos trucos publicitarios que pueden usarse para aumentar el efecto verdad de cualquier afirmación disparatada. A lo largo de la historia, la ciencia ha pretendido haber demostrado auténticas barbaridades.

D.: ¿No da vértigo pensar que todo postulado científico es obra humana y que, por tanto, no hay ningún conocimiento objetivo?

J.S.A.: Al revés. Eso debería estimularnos para acercarnos los unos a los otros. Me parece que hay pocas cosas tan fascinantes como intentar comprender qué es lo que el otro tiene que decir, comprender cómo desde su posición las cosas blancas pueden parecer negras e intentar llegar a un acuerdo entre los dos puntos de vista. Creo que el relativismo es la mejor fundamentación filosófica para la noviolencia.

D.: Pero hay verdades irrefutables, como que el agua hierve a 100 grados.

J.S.A.: El agua hierve a 100 grados sólo bajo determinadas condiciones de presión.

D.: Tocado. Otra crítica fácil: desdibujas las fronteras entre ciencia y religión.

J.S.A.: Desde una perspectiva histórica y antropológica, lo que llamamos ciencia es sólo un sistema de creencias relativamente reciente sobre el orden de la naturaleza, circunscrito a un período histórico y a unas comunidades humanas concretas. Con certeza, lo que llamamos ciencia se modificará y se transformará, dando lugar a nuevas formas de interpretar la realidad.

D.: Cuentas en tu libro que hay quien defiende que el darwinismo utilizaba estructuras similares a las de La Cenicienta. ¿Nos siguen contando cuentos?

J.S.A.: Si uno analiza la estructura narrativa de las teorías evolutivas más aceptadas, bajo el mismo prisma con el que los lingüistas estudian los mitos o los cuentos de hadas, la verdad es que puedes llevarte grandes sorpresas. A mí me maravilla descubrir que nuestra forma de explicarnos científicamente quiénes somos sigue tan radicada en el pensamiento mágico como lo estaba, probablemente, en los tiempos paleolíticos.

D.: O sea, que hasta las ciencias son humanas...

J.S.A.: La ciencia es sólo la transcripción histórica del diálogo entre los primates humanos acerca del sentido del mundo. La ciencia es literatura, es arte, es estética. La ciencia es tradición, es social, es política. La ciencia es histórica, es proceso, es filosofía. Sólo hay ciencias humanas, demasiado humanas.

D.: ¿No es un poco osado igualar literatura y ciencia?

J.S.A.: A mí no me parece nada arriesgado. La ciencia es sólo una forma particular de literatura, con una retórica y unos códigos narrativos muy particulares, pero una forma de literatura al fin y al cabo. Cuando uno profundiza en la historia de los conceptos científicos abandonados en la papelera de los siglos, resulta verdaderamente difícil establecer una frontera clara entre la ciencia real y la ciencia ficción.

D.: Una última curiosidad, ¿qué opinan tus compañeros científicos del libro?

J.S.A.: La verdad, a muchos científicos les cuesta tanto leer...

LA ‘MATEMATIZACIÓN’ DE LA ESTUPIDEZ

D.: El libro analiza el lenguaje que emplean los científicos para explicarse. Y, por lo que cuentas, parece que prefieren convertir algo accesible en un galimatías de acceso restringido. ¿Realmente quieren ser una sociedad secreta?

J.S.A.: Un problema que plantean los lenguajes especializados es, como en el caso de las ‘lenguas secretas’, la discriminación que imponen entre quienes tienen acceso a ellos y quienes no. Los científicos deberían esforzarse para que sus mensajes resultaran accesibles, especialmente para las comunidades que se ven afectadas directamente por sus investigaciones. Esa gente debería tener también un derecho a opinar sobre ello, ¿no es así? Es una tarea difícil, que debería complementarse con un compromiso decidido de todos en la lucha por la extensión general de la educación y el acceso democrático al conocimiento en nuestras sociedades.

D.: ¿Y cuál es la estratagema más peligrosa del lenguaje científico?

J.S.A.: La matematización de la estupidez. Pienso, por ejemplo, en la historia de la antropometría... Como decía el matemático y filósofo Whitehead, ¿acaso la fórmula es un conjuro mágico? En ocasiones, la matemática sólo sirve para dar un barniz de profundidad científica a un preconcepto, determinado por un interés. El efecto verdad de cualquier disparate aumenta exponencialmente si se presenta disfrazado detrás de una matemática aparentemente compleja. El público lego no puede hacer más que aceptar que aquella barbaridad ha sido ‘científicamente demostrada’.

La gran idea sanitaria.

...por Antonio Palomar, médico y miembro del colectivo Sumendi.

Tendemos a confundir salud, medicina y sanidad porque en los países desarrollados están muy relacionadas, pero son tres cosas bien distintas. La salud es la capacidad de adaptación al medio ambiente. La medicina es el arte y la ciencia de curar o aliviar enfermedades. Pero la sanidad tal y como la entendemos actualmente no tiene aún ni 200 años de existencia. Con la Revolución Industrial se produjo una gran crisis en los entornos urbanos. La ‘idea sanitaria’ nace en Liverpool, Londres, Manchester y otras grandes ciudades inglesas en la cuarta década del siglo XIX. La industrialización provoca una masiva emigración de gentes desde el campo a la ciudad. El pueblo se hacina en urbes insalubres que no estaban preparadas para acoger a tantos miles de personas. Las calles son estrechas y oscuras, no hay buenos desagües, las casas no tienen retrete ni agua corriente. Los trabajadores están siendo explotados con jornadas de 14 horas, salarios míseros, ausencia de vacaciones, la dieta es poco variada, el aire está contaminado, etc. Y para colmo, no hay aún buenos hospitales ni centros de salud. Cada dos por tres aparecen epidemias, hay una altísima mortalidad infantil y la esperanza de vida ronda los 40 años.

Calidad de vida urbana

Ante este estado de cosas, algunos miembros de la alta sociedad se plantearon la urgente necesidad de sanear la ciudad y mejorar la calidad de vida urbana. Pero lo más chocante es que esta revolución sanitaria no estuvo promovida ni capitaneada por médicos o profesionales sanitarios sino por gente de otras profesiones como abogados, políticos y reformadores sociales. Para atajar las epidemias se empezó por lo obvio: potabilizar las fuentes públicas, crear un buen alcantarillado público, instalar retretes en las casas nuevas, ensanchar las calles para que entrara el sol, habilitar lavaderos públicos en diversos barrios de la ciudad, etc. Todo esto unido a las primeras conquistas sindicales mejoró sustancialmente la miserable vida cotidiana de las clases bajas. Las epidemias y la mortalidad infantil empezaron a remitir y la longevidad empezó a aumentar.

La gran idea sanitaria consistió en ecologizar la ciudad, hacerla más habitable. Lamentablemente esta idea ecologista se fue eclipsando con la llegada de las vacunas y el éxito de la farmacología. Durante los dos primeros tercios del siglo XX la sanidad dejó de ser tan sanitaria para volverse más asistencial y farmacológica. Habría que esperar al empuje del ecologismo en los 60 para que resurgiera una visión más global de la medicina, el movimiento por la nueva salud pública.

www.diagonalperiodico.net

Demandan al gobierno de Brasil por violación de derechos humanos.

Represas del río Madera en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Las organizaciones indígenas y campesinas del Norte Amazónico de Bolivia hemos presentado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al atentado inminente, por parte del gobierno del presidente Ignacio Lula da Silva, a los derechos y libertades proclamados en instrumentos internacionales que protegen derechos humanos.

Los proyectos hidroeléctricos de Jirau y Santo Antonio que está implementando el gobierno de Brasil sobre un río de aguas transfronterizas de curso sucesivo internacionales tienen previsto causar serios impactos a los territorios de nuestras poblaciones, nuestra vida y nuestras costumbres. Brasil pretende implementar las represas violando el derecho a la consulta a nuestros pueblos establecido en el Convenio 169 de la OIT, que debió ser implementado a través de la consulta entre Estados, los propios estudios realizados en Brasil determinan los impactos transfronterizos de estas represas con la inundación de territorio boliviano, el incremento de enfermedades endémicas y otras, la afectación de actividades económicas, el desplazamiento de pobladores ribereños y la afectación del potencial de desarrollo de la región al inundar los afluentes donde existe gran potencial de aprovechamiento hidroeléctrico a través de pequeñas centrales hidroeléctricas.

Las comunidades en riesgo y el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), se han adherido al recurso presentado por las organizaciones bolivianas y de manera conjunta demandan que el gobierno de Brasil detenga la destrucción de la amazonía y sus habitantes; y al gobierno boliviano que exija al gobierno de Brasil la paralización del proceso de licitación o en su defecto que demande al gobierno de Brasil ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a los principios de: Buena Vecindad, Igualdad de Derechos de los Estados sobre la Soberanía de las Aguas, el Principio Precautorio, así como el Debido Proceso al haber violado la notificación y consulta previa al Estado boliviano.

¡Nuestra tierra y nuestros ríos no se venden, nuestra tierra y nuestros ríos se defienden !

movimientos.org

La Audiencia Nacional se salta incluso los pactos judiciales.

Igor Zearreta y Egoitz Fernández fueron arrestados ayer por la Guardia Civil para cumplir sendas penas de dos años por una operación desarrollada en Bizkaia en 2004. Pese a que en el juicio celebrado el pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo para evitar el ingreso en prisión de los encausados, la Audiencia Nacional no ha cumplido su palabra.

La represión policial contra los militantes abertzales se ha recrudecido de forma evidente en los últimos meses con el continuo goteo de encarcelamientos y arrestos que se ha producido después de que el ministro español de Interior anunciara que pensaba llegar a los tres dígitos.

Con la detención ayer de Igor Zearreta y Egoitz Fernández, la Audiencia Nacional española ha dado un salto cualitativo más en esa estrategia, ya que, por un lado, no ha respetado lo acordado entre las partes durante el juicio y, por otro, no ha aceptado la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel, solicitada por la defensa, por no ser superiores a los dos años.

Los dos jóvenes fueron detenidos ayer por agentes de la Guardia Civil a primera hora de la mañana en las localidades vizcainas de Zornotza y Derio, respectivamente, para cumplir, precisamernte, sendas condenas de dos años de prisión impuestas por el tribunal especial a consecuencia de una operación policial desarrollada entre octubre de 2004 y mayo de 2005.

Prácticamente la totalidad de los detenidos denunció haber sufrido torturas y malos tratos durante el periodo en que permanecieron incomunicados.

La operación desarrollada por la Guardia Civil afectó a una treintena de jóvenes vizcainos, la mayoría de ellos de Bilbo, aunque al final fueron procesadas 19 personas en el juicio que se celebró el 20 de junio de 2007.

Tras alcanzar un pacto entre las partes, la Fiscalía retiró la acusación contra Garikoitz Urizar, Gorka Ribadulla, Asier Arriola y Sergio Regeiro, y rebajó su solicitud de pena contra los otros quince encausados.

Penas de entre dos y cinco años

La sentencia firmada por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, María Teresa Palacios y Juan Francisco Martel se dio a conocer el 18 de julio e imponía las penas más altas, de cinco años de prisión y 27.000 euros de multa, a Amaia Urizar, Haritz Totorika, Aitziber Sagarminaga e Iker Arzeluz. Todos ellos permanecían encarcelados desde el inicio de la redada.

Otra de las encausadas, Nagore Bilbao, fue penada con dos años y siete meses de cárcel y 360 euros de multa, mientras que Inmaculada Basabe y Mikel Lizarribar fueron condenados a dos años de prisión y a la misma sanción económica.

Las penas más bajas, de dos años de prisión, fueron para Gaizka Larrinaga, Janire Couceiro, Iñaki Peña, Sonia Marín, Igor Zearreta, Leire Urrutia y Egoitz Fernández.

Según el acuerdo alcanzado, exceptuando a los cuatro que permanecían presos, el resto no debía de ingresar en prisión al no superar las penas los dos años.

Acuerdo incumplido

Pero cuando los abogados solicitaron a los jueces la suspensión de las mismas, se percataron de que el acuerdo se había roto. El 11 de diciembre recibieron la notificación de que se ordenaba la busca y captura para su ingreso en prisión de los nueve jóvenes con condenas de tan sólo dos años.

www.gara.net

El mercado ya ha dicho que las armas le ganan a lo verde.

Cualquiera que esté cansado de las malas noticias de los mercados debería hablar con Douglas Lloyd, director de Venture Business Research, compañía que sigue las tendencias del capitalismo de riesgo. “Mis expectativas son que la inversión en este sector se mantenga boyante”, dijo recientemente. Su entusiasta humor se inspiró en el dinero que entra a caudales a las compañías de seguridad y defensa privadas. Añadió: “también lo veo como un sector mucho más atractivo –y muchos coinciden– que la energía limpia”.

¿Entendido? Si buscas una apuesta segura en un nuevo mercado con potencial de crecimiento vende lo solar, compra vigilancia; olvídate del viento, compra armas.

Esta observación, viniendo de un ejecutivo en quien confían clientes como Goldman Sachs y Marsh & McLennan, merece especial atención en el contexto de la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, en Bali. Ahí, los ministros de medio ambiente supuestamente idearán un pacto global que sustituirá al de Kyoto.

La administración de George W. Bush, que aún obstaculiza firmes límites a las emisiones, quiere que el mercado resuelva la crisis. “Estamos en el umbral de dramáticos avances tecnológicos”, aseguró Bush, al mundo, el pasado mes de enero, y añadió: “lo dejaremos en manos del mercado, que decida la mezcla de combustibles que cumple con esta meta de manera más eficaz y eficiente”.

La idea de que el capitalismo puede salvarnos de la catástrofe climática tiene un poderoso atractivo. Le da a los políticos un pretexto para subsidiar las empresas en vez de regularlas, y cuidadosamente evade una discusión sobre cómo la lógica primaria del mercado, de un crecimiento sin fin, nos llevó, en primer lugar, adonde estamos.

Sin embargo, al parecer, el mercado tiene otras ideas acerca de cómo enfrentar los retos en un mundo cada vez más proclive a los desastres. Según Lloyd, a pesar de todos los incentivos gubernamentales, el gran capital le está dando la espalda a las tecnologías de energía limpia y, en vez, le apuesta a los aparatos que prometen sellar a los países e individuos ricos en fortalezas de alta tecnología. Las áreas clave de crecimiento en el capitalismo de riesgo son las empresas de seguridad privada que venden equipo de vigilancia y las privatizadas respuestas ante emergencias. En pocas palabras, en el mundo del capitalismo de riesgo hay una carrera entre los verdes, por un lado, y las armas y las guarniciones, por el otro. Y las armas van ganando.

Según Venture Business Research, en 2006 las compañías estadunidenses y europeas que desarrollaron tecnología verde y aquellas enfocadas a “seguridad interna” y armamento iban empatadas en la competencia por nuevas inversiones: la tecnología verde recibió 3.5 mil millones de dólares, cantidad que también recibió el sector de armas y guarniciones. Pero este año, las guarniciones de pronto se incrementaron drásticamente. Los verdes han recibido 4.2 mil millones de dólares, mientras las guarniciones casi duplicaron su dinero, recolectando 6 mil millones de dólares en nuevos fondos de inversión. Y aún no termina 2007.

Esta tendencia no tiene nada que ver con la verdadera oferta y demanda, ya que la demanda por tecnología de energías limpias no podría ser mayor. Con el petróleo llegando a 100 dólares el barril está claro que estamos necesitados de alternativas verdes, ya sea como consumidores como para la misma supervivencia de la especie. El último informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas, ganador del Premio Nobel, fue descrito por la revista Time como “última advertencia a la humanidad”, mientras un nuevo reporte de Oxfam deja claro que la reciente ola de desastres naturales no es casualidad: en las pasadas dos décadas el número de eventos de clima extremo se cuadruplicó. En cambio, en 2007 no hubo ningún acto terrorista importante en Estados Unidos o Europa; hay señales de una reducción de las tropas estadunidenses en Irak, y a pesar de la implacable propaganda no hay una inminente amenaza de Irán.

Así, ¿por qué la “seguridad interna”, no la energía verde, es el nuevo sector en auge? Quizá porque hay dos diferentes modelos de negocios que pueden responder a nuestra crisis climática y energética. Podemos desarrollar políticas y tecnologías que nos desvíen de este rumbo desastroso. O podemos desarrollar políticas y tecnologías para protegernos de aquellos a quienes hemos enfurecido debido a las guerras por los recursos y desplazado debido al cambio climático, mientras, a la vez, nos protege de lo peor de la guerra y el clima. (La máxima expresión de esta segunda opción son los nuevos anuncios televisivos de Hummer: se ve al traga-gasolina llevando su carga a un lugar seguro en varias zonas de desastre, seguido por el lema “esperanza: los dueños de los Hummer, preparados para las emergencias”*. Es un poco como si el hombre Marlboro ofreciera terapia de consolación en una sala de oncología.) En pocas palabras, podemos elegir reparar o fortificarnos. Los activistas del medio ambiente y los científicos claman por reparar. El sector de la seguridad interna, por otro lado, cree que el futuro yace en las fortalezas.

Si bien el 9/11 lanzó esta nueva economía, durante los desastres naturales, muchas de las originales tecnologías contraterroristas son actualizadas como respuestas privatizadas ante las emergencias. Blackwater se presenta como la nueva Cruz Roja, los bomberos trabajan para las grandes aseguradoras –ver mi reciente artículo- (publicado en La Jornada: www.jornada.unam.mx/2007/11/04/index.php?section=opinion&article=024a1mun). Por mucho, el mayor mercado es la fortificación de Europa y Norte América: el contrato de Halliburton para construir centros de detención para un influjo migratorio no especificado, la “virtual” valla fronteriza de Boeing, las credenciales de identificación biométricas. El blanco principal de estas tecnologías no son los terroristas, sino los migrantes, un creciente número de quienes han sido desplazados por eventos de clima extremo, como las recientes inundaciones en Tabasco, o el ciclón en Bangladesh. Conforme el cambio climático deje más gente sin tierra, el mercado de las fortalezas drásticamente se incrementará.

Claro, todavía hay dinero por ganar a través de lo verde; pero hay mucho más verde –al menos en el corto plazo– por ganar si se vende escape y protección. Lloyd lo explica así: “la tasa de fracaso de los negocios en seguridad es mucho menor que las de las tecnologías limpias e igual de importante la inversión de capital requerida para construir un exitoso negocio de seguridad es mucho menor”. En otras palabras, resolver problemas reales es difícil, pero obtener ganancia de éstos es fácil.

Bush quiere dejar nuestra crisis climática al ingenio del mercado. Bien, pues el mercado ha dicho: no nos desviará de este desastroso rumbo. De hecho, el dinero inteligente apuesta porque nos quedemos ahí.

* En inglés, esta frase empieza con hope, o sea, esperanza. N de la T.

www.jornada.unam.mx

"Calidad democrática es evitar que el dinero controle la política"

Fabián Bosoer entrevistó al politólogo Adam Przeworski durante una visita del profesor polaco-norteamericano a Buenos Aires.

La vida de Adam Przeworski, 67 años, polaco-norteamericano, estuvo signada desde su nacimiento por los acontecimientos de la política mundial. Nació nueve meses después de que los nazis invadieron y ocuparon Polonia y no alcanzó a conocer a su padre, que fue alistado en el ejército polaco y asesinado por los rusos en la masacre de Katyn. Estudió filosofía en la Universidad de Varsovia y marchó a los Estados Unidos en 1961, poco después de la construcción del Muro de Berlín. A comienzos de los 70 se encontró en Chile con la experiencia socialista de Salvador Allende e inició entonces una línea de estudio sobre la socialdemocracia y los problemas para conciliar el capitalismo y la democracia.

En las universidades norteamericanas desarrolló una prolífica carrera en ciencias políticas, llegando a ser reconocido como uno de los más prestigiosos politólogos contemporáneos. Enseñó en las Universidades de Washington, Chicago y Pensilvania, entre otras, y es profesor de la Universidad de Nueva York. Es autor de numerosos libros y artículos sobre las transiciones a la democracia en América latina y Europa del Este, junto a Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter.

Participó en Buenos Aires de las Jornadas "Repensando políticamente el estado del Estado" organizadas por la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Conversó con Clarín sobre las expectativas y desafíos que encuentra Cristina Kirchner al iniciar su mandato presidencial.

Actualmente se habla mucho -y todos parecen coincidir- sobre la necesidad de mejorar "la calidad de la democracia". Pero a la hora de explicar sus contenidos, las opiniones difieren. ¿Cuál es la suya?

Me parece que la forma correcta para pensar sobre esto es la siguiente. Hay algunos casos que no podemos ver como democráticos: comparar si Pinochet fue menos democrático que Videla, o si Stalin fue menos democrático que Hitler, no tiene sentido. Estos regímenes eran dictaduras, claramente, y tienen una puntuación de cero. Ahora bien, esto no quiere decir que no podamos decir que un país es más democrático que otro. Aquí es donde uso al embarazo como analogía. No se puede estar "un poco" embarazada; sí se puede estarlo de un mes, de dos meses, y así. Es posible hacer diferenciaciones. Por ello es que soy sumamente comprensivo respecto de los esfuerzos para evaluar la calidad de la democracia.

¿De qué modo debe evaluarse esa calidad y en qué medida puede representar una
extensión o una restricción a su desarrollo?

El problema con este tipo de esfuerzos es que es muy difícil idear medidas satisfactorias sobre la calidad de la democracia; y uno debe ser muy cuidadoso.

¿Cuidadoso en qué sentido?

Uno debe ser muy cuidadoso porque esta frase, "la calidad de la democracia", se está convirtiendo en un instrumento geopolítico del gobierno norteamericano y de las instituciones financieras internacionales, que es usado para impulsar una agenda política e institucional en varios países. En este sentido, existe una explosión de intentos para probar y calificar "un buen gobierno". Pero ¿qué significa buena gestión desde el punto de vista del gobierno de Kenia o de Indonesia? Significa que el gobierno norteamericano dice "vamos a darles cientos de millones de dólares si hacen tal cosa en su sistema político". Y mucha de la gente que defiende este tipo de agendas no tiene ni idea de lo que hace. Y las consecuencias, como se vio en la década del 90, resultan nefastas.

¿Sería diferente si este tipo de decisiones políticas se basaran en investigaciones sólidas y datos confiables, que tengan en cuenta las características de cada país?

En ese caso me mostraría renuente pero comprensivo igual. No lo sabemos. Digamos que introducimos una justicia independiente. ¿Qué logra una justicia independiente, pongamos, en Ecuador? Leo una nota corta sobre el tema y la conclusión es que una justicia independiente vuelve más baratos los sobornos a los jueces. Cuando los jueces carecen de independencia respecto de los políticos, es necesario sobornar a un político, y éste debe compartir ese dinero con otros políticos para que lo apoyen. Pero las reformas que aumentan la independencia del Poder Judicial lo que logran es "abaratar" los sobornos a los jueces ya que las firmas extranjeras pueden elegir un juez tras otro, eliminando la intermediación de los políticos. De tal modo que el debate sobre la calidad de la democracia debe llevarse adelante con una mayor comprensión de sus consecuencias políticas.

¿Lo que usted está diciendo es que no existe una neutralidad valorativa, una fórmula objetiva respecto de lo que significa mejorar nuestras democracias?

Así es, y que muchas de estas iniciativas ocultan una agenda ideológica. Tomemos, por ejemplo, el ranking de países de la Freedom House. Catalogan a los países según la libertad de la gente para hacer cosas. Es así como EE.UU. ocupa casi el primer puesto. Los norteamericanos tienen libertad para crear partidos políticos y para votar. Pero no forman partidos políticos y más de la mitad de la población no vota, ni siquiera en las elecciones presidenciales. Me parece que esta idea de libertad es un potencial abstracto divorciado de la capacidad para ejercitarla y es además poco convincente y contaminada desde el punto de vista político. Rosa Luxemburgo dijo alguna vez: "El problema no es ser libre sino poder actuar libremente". Dentro de este espíritu, debiéramos preguntar cuántos partidos existen, qué es lo que proponen, y con qué frecuencia compiten y son electos los pobres, por ejemplo.

¿Cómo encuentra en este plano a las instituciones democráticas en la Argentina?

Creo, en primer lugar, que la crisis del 2001, contrariamente a lo que se ha dicho y leído tantas veces, mostró la fortaleza de las instituciones democráticas, no su debilidad. En medio de un descalabro económico y social tan agudo, las decisiones institucionales se fueron tomando según las reglas constitucionales y con arreglos pacíficos. Eso pesó mucho para lograr la recuperación que se produjo en los años siguientes. Lo que no significa que se hayan superado los problemas que ya se veían entonces.

¿Qué viene primero: la recuperación política o la económica?

Mi visión es que hay un éxito económico notable que puso un parche sobre las dificultades institucionales. El papel del Congreso sigue siendo secundario y no se corresponde al que supone el propio régimen presidencialista como gran foro donde se habla y discute, y donde se arriba a algunos compromisos. Los partidos políticos, lo mismo: han dejado de funcionar como representaciones nacionales de las opiniones e intereses del espectro social. Y hay también un serio problema con el federalismo argentino, con una descentralización excesiva y contraproducente. Todo esto aguarda algún tipo de reformas, pero por lo que veo no se ha avanzado mucho.

La flamante presidenta argentina lanzó algunas ideas sobre estas cuestiones: reformas institucionales, pacto social, nuevas fuerzas políticas... ¿Qué opinión le merece?

Creo que Cristina Kirchner tiene varias condiciones favorables, que no tuvieron sus antecesores, para realizar un buen gobierno. El Estado es más fuerte, está menos endeudado, su capacidad para implementar políticas ha aumentado, además, claro, del marco externo que le permite al país sacar grandes provechos de esta fase de la globalización gracias a sus exportaciones de alimentos, o al turismo. Habrá que ver cómo aprovecha estas circunstancias con políticas que sostengan el crecimiento y mejoren la distribución de la riqueza.

¿Cómo abordaría entonces usted el estudio de la calidad de la democracia?

Lo primero que consideraría es el ingreso del dinero en la política. Esto es lo que diferencia realmente a las democracias. La democracia es un sistema universalista, una suerte de juego con reglas abstractas universalistas. Pero los recursos que los distintos grupos aportan a este sistema son distintos. Ahora bien (suelo dar siempre este ejemplo), imagine un partido de básquet que se juegue entre gente de dos metros de altura y otros petisos como yo, que medimos poco más que un metro y medio. El resultado es claro: por más que se respeten y apliquen las reglas de juego establecidas, estamos jugando partidos en condiciones muy desiguales, entre gente que puede gastar mucho dinero y otra que no.

¿O sea que no alcanza con establecer y respetar las reglas de juego para tener un juego justo?

Lo que digo es que cuando el dinero ingresa en la política, el poder económico se transforma en poder político y éste a su vez se vuelve instrumento del poder económico. Esto es lo que estamos viendo en muchos países. Si tuviera que medir la calidad de la democracia, allí donde me fijaría primero es en todas las reglas y prácticas que regulan el ingreso de dinero en la política. Calidad democrática es evitar que el dinero controle a la política.

Adam Przeworski, actualmente profesor de ciencia política en la New york University, fue uno de los fundadores del “grupo de septiembre” de marxistas analíticos que se organizó en el Oxford de los años 80 en torno a personalidades intelectuales como el filósofo Gerald A. Cohen y el historiador Robert Brenner.

www.sinpermiso.info