Los países ricos se apropian de las semillas tradicionales y de las plantas medicinales.

...por Ernesto Carmona

Lo que calla la prensa.

La ausencia de un debate público abierto sobre los Tratados de Libre Comercio (TLCs) en los medios de información de América Latina pone de relieve la impotencia de los periodistas ante su responsabilidad de informar verazmente a los ciudadanos sobre los verdaderos alcances de estos acuerdos con Estados Unidos y la Unión europea (UE).

Los grandes medios de comunicación latinoamericanos, periódicos, cadenas de televisión y de radioemisoras son cómplices en la tarea imperial de engañar a la opinión pública y ocultar los verdaderos propósitos que encubre los TLCs. Los medios de información alternativos e independientes y el periodismo comunitario rasguñan este grueso cristal de la mentira, con el apoyo de muchas organizaciones sociales, partidos políticos progresistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas, y los medios informativos de las redes horizontales, más el esfuerzo de organismos como la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), entre otros.

Los periodistas no son los dueños de los grandes medios, cuyos propietarios están agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es una entidad empresarial estadounidense de apariencia interamericana y en una decena de mega corporaciones que manejan la información hemisférica desde una vasta red de grandes corporaciones cuya cabeza más visible en la región es la cadena de noticias CNN, del consorcio Warner-Times-AOL.

Grandes omisiones

Mucha gente observa como razonables los resguardos de la «propiedad intelectual» que reclaman los TLC en favor de las corporaciones transnacionales, pero nadie explica que no se trata sólo de los razonables derechos de autor de artistas y escritores, sino de una oscura trampa para incrementar las ganancias de las corporaciones de la industria farmacéutica e incluso aquellas que controlan la industria alimentaria. Por ejemplo, los derechos de «propiedad intelectual» sobre las semillas autóctonas cedidos a las transnacionales en las cláusulas de «letra chica» de los TLCs amenazan directamente la seguridad alimentaria de los países signatarios.

La propaganda del capitalismo global presenta a los tratados como una esperanza de progreso para los países subdesarrollados que resultan «agraciados» con esta pretendida merced que les otorgan las naciones desarrolladas, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), mientras los grandes medios informativos de todo el mundo ocultan los dañinos «efectos colaterales» del tipo «fuego amigo» encubierto por los tratados.

Los TLCs permiten a EEUU obtener por la «vía pacífica» los objetivos económicos que suele buscar con o­nerosas invasiones y guerras interminables. El periodismo tiene la responsabilidad de explicar al grueso público que los llamados «derechos de propiedad intelectual» no se refieren a la protección de los derechos de autor de los artistas, escritores y creadores en general, ni a sus libros, discos y otros productos culturales, cuya propiedad más bien pertenece a las grandes corporaciones editoriales y musicales internacionales, sino que están orientados a proteger los intereses de las transnacionales que explotan negocios que van desde la producción de fármacos a la utilización de las semillas que garantizan la seguridad alimentaria de los pueblos.

La «letra chica»

La obsesión por abrir mercados aparentemente «seguros» a los productos primarios y recursos naturales carentes de valor agregado y por tanto, generadores de muy escaso empleo, sino al revés, obnubilan a la mayoría de los legisladores que sólo tienen en mente los intereses de los grandes grupos económicos locales que suelen coincidir con el apetito insaciable de las grandes corporaciones transnacionales.

Estos compromisos en letra chica pocas veces son leídos por los legisladores, incluso en países llamados «cultos», como Chile, México, Costa Rica, y otros que han suscrito estos tratados. En rigor, en los tiempos que vivimos no hace falta mucha propaganda para vender productos primarios y recursos naturales que los países ricos están forzados a comprar simplemente porque no los tienen.

Engañosa «propiedad intelectual»

Pero en lugar de aprovechar la coyuntura para mejorar la pésima distribución del ingreso en las naciones subdesarrolladas y obtener recursos para erradicar la pobreza, los gobiernos y parlamentos que rubrican estos tratados se comprometen a dictar leyes y a modificar su propia legislación interna para reconocer esos pretendidos derechos de «propiedad intelectual» tal como aparecen en el ordenamiento jurídico de EEUU y de la Unión Europea, por añadidura redactados en el lenguaje enrevesado de los abogados al servicio de las corporaciones. Se trata de unos textos crípticos para el ciudadano común que jamás son objeto de debate ni explicados por la prensa latinoamericana y probablemente inaccesibles para el entendimiento de los miembros habitualmente poco ilustrados de las clases políticas criollas.

No fue casual que una de las primeras «leyes» dictadas por el primer gobernador estadounidense de Irak, Paul Bremer III, designado por George Bush como jefe supremo inmediatamente después de la invasión en 2003, estableció la Orden 81, disponiendo que los «derechos de propiedad» intelectual de las semillas autóctonas sólo pueden ser reconocidos a sus «legítimos dueños», o sea, a las compañías multinacionales que reclamaron y patentaron su «propiedad intelectual», como Monsanto, Carhill o Syngenta, extendiendo esos derechos exclusivos a todos los productos nacidos de esas semillas. Con el fenómeno natural de la llamada «polinización cruzada», el nuevo sistema obliga a los agricultores iraquíes a comprar sus semillas en lugar de utilizar las de sus propios cultivos o las que ofrece el mercado local.

Rapiña imperial

La agricultura del trigo apareció hace más de 19 mil años en la Mesopotamia, es decir en Iraq, pero ahora las variedades nativas comenzaron a reemplazarse por semillas foráneas genéticamente modificadas, destruyendo la diversidad biológica y haciendo vulnerable a la agricultura iraquí a enfermedades hasta ahora desconocidas que obligan a adquirir fertilizantes, desinfectantes y pesticidas fabricados por esas mismas corporaciones que se apropiaron de las semillas por la vía de «los derechos de propiedad intelectual», en una rapiña inmoral, abusiva, con una frescura sin límites.

En cinco años de ocupación los agricultores iraqueses están perdiendo sus tierras y el país fue despojado de su capacidad de auto-alimentarse, generando pobreza y dependencia. Jeremy Smith, del Ecologist, escribió que «la gente cuyos antepasados dominaron por primera vez la domesticación del trigo tendrán que pagar ahora por el privilegio de cultivarlo para otros. Y con eso el patrimonio agrícola más antiguo del mundo se convierte en sólo un eslabón más en la vasta cadena de suministros estadounidense».

La revista Grain, citada por el periodistas progresista estadounidense Greg Palast, que se refugió en la BBC de Londres huyendo de la tiranía de George Bush, argumenta que la «libertad y la soberanía de Irak seguirán siendo cuestionables para largo, mientras los iraquíes no tengan control sobre lo que siembren, cultiven, cosechen y coman».

Palast dice conmovedoramente: «el paraíso de mercado libre en Irak no es libre».

Más pobres en EEUU

La prensa oculta que los tratados también empobrecen a la clase obrera de EEUU, debido a que las grandes corporaciones buscan mayor rentabilidad en la mano de obra mal pagada de los países subdesarrollados signatarios de TLCs. En realidad, se oculta que está ocurriendo un nuevo reparto del mundo en favor del gran capital de las naciones ricas. El Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California, que desde hace más de 30 años investiga las noticias más censuradas y ocultas por el periodismo corporativo estadounidense, a su vez «el padre» de la gran prensa latinoamericana, concluyó este año que el tema de los TLCs fue una de las 25 noticias más censuradas del año precisamente por la ausencia de debate público en los medios de EEUU.

Bajo el título Destructivos tratados de libre comercio esclavizan a países pobres, la periodista Laura Rusu, del Oxfam Report, y Sanjay Suri, de InterPress Service, IPS, entregaron un valioso informe periodístico esclarecedor que entre otras afirmaciones dice que:

«recién aparece a la luz el doble estándar en las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual que contienen la mayoría de los acuerdos comerciales, pues los nuevos acuerdos limitan el acceso de los países en vías de desarrollo a la tecnología patentada y a las medicinas –mientras tampoco pueden proteger el conocimiento tradicional– con un creciente perjuicio para la salud pública. Se espera que el TLC EEUU/Colombia reduzca el acceso a las medicinas en 40%, en tanto el TLC EEUU/Perú dejará de 700.000 a unos 900.000 peruanos pobres sin acceso a medicinas comprables».

Sin embargo, la nueva generación de TLCs lleva mucho más lejos esta tradicional imposición de políticas que devienen en reglas dañinas y obligatorias sobre propiedad intelectual, servicios e inversiones, con consecuencias mucho más profundas para el desarrollo y de gran impacto entre los pobres. Los TLCs con EEUU y la UE también imponen «derechos de semillas» que impiden a los granjeros locales ejercer su capacidad ancestral de utilizar sus propias semillas.

Así se hace aún más vulnerable el sustento de los cultivadores de la tierra más pobres del mundo, mientras continúan subiendo los márgenes de beneficio de los negocios agrícolas más grandes del planeta. Los TLCs de EEUU ahora están comenzando a patentar las plantas, algo que no sólo limitará los derechos de los granjeros a intercambiar o vender semillas, sino también les prohíbe guardar y reutilizar semillas que han cultivado por generaciones.

Bajo los TLCs con EEUU, incluyendo los de Perú, Colombia y República Dominicana-Centro América (DR-CAFTA, sigla en inglés), los gobiernos de los países subdesarrollados no podrán rechazar el uso de patentes porque ninguna empresa podría indicar el origen de una planta o demostrar con pruebas el consentimiento para su uso en una comunidad local.

Como resultado, las comunidades podrían verse obligadas a pagar por las variedades de planta patentadas basadas en recursos genéticos de su propio suelo. Esta misma amenaza se cierne sobre el uso de las plantas medicinales autóctonas, de cuyos derechos de «propiedad intelectual» también quiere apropiarse la gran industria farmacéutica transnacional.

www.voltairenet.org

Perú presenta una ley para privatizar su selva amazónica.

EL presidente de Perú, Alan García, acaba de presentar un proyecto de Ley para privatizar terrenos del Estado que afectan a la Amazonía peruana y tacha de “comunistas primitivos” a quienes se oponen.

Alan García, presidente del Perú y favorito de Washington en la región, ha propuesto vender parte de la Amazonía peruana a inversionistas privados nacionales y transnacionales. El motivo que aduce es la creación de puestos de trabajo para las personas peruanas. El proyecto de ley nº 840/2006- PE (Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería), más conocido como la Ley de la Selva, ha provocado reacciones en contra de las comunidades que viven en estas zonas, y también entre los políticos en Lima. La Ley de la Selva buscaría, según García, “dar valor” a los terrenos eriazos de propiedad del Estado, los que según él están ahora sin uso útil por la ideología del “comunismo primitivo”, que no quiere generar riqueza para el país.

Pasión privatizadora

La loca pasión privatizadora del actual Gobierno se ha manifestado en sendos proyectos de ley que han sido recibidos por la población con un rotundo rechazo. Además de la Ley de la Selva se está discutiendo en el Congreso de la República otro proyecto propuesto por el Gobierno: la Ley de Promoción de Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, que busca privatizar las zonas aledañas a los monumentos históricos para la instalación de negocios turísticos privados.

En su reciente visita al Estado español, el presidente peruano declaró a la prensa que venía “a la búsqueda de Colón, que partió de América hace mucho tiempo y no ha vuelto” y señaló que espera esta segunda oleada de inversiones económicas, culturales y medioambientales. Para esto presentó como credenciales para los empresarios las fabulosas cifras del crecimiento económico peruano y la “estabilidad democrática y jurídica” que necesitarían los inversionistas.

García, después de afirmar que España es ejemplo de democracia, tolerancia y respeto de los derechos humanos, insistió en conseguir una nueva llegada de inversiones españolas en Perú, invitando a la “vuelta de Cristóbal Colón”. Preguntado por la prensa española y ante el rechazo de las comunidades, el mandatario aseveró que “el perro del hortelano”, teoría que utiliza para identificar a quienes no están de acuerdo con su gestión, son “todos los peruanos” y sus ideologías, que les “impiden ver lo práctico”, por lo que es necesario terminar con esas ideologías “deformantes” que llevan a la “intolerancia”.

Luego precisaría sobre dichas ideologías: “De ahí ciertas ideas, como que no hay que dar propiedad en la Amazonía porque es un bien intocable que pertenece a la Humanidad. ¡Hombre! La producción de oxígeno debe ser una obligación que pertenece a la humanidad. Aprovechar la madera y renovarla es una posibilidad de generar trabajo haciendo inversión. Estamos en un mundo ideológico que dice que no se puede tocar la Amazonía, porque es parte del idilio del comunismo primitivo”, asegura el mandatario.

Los principales problemas de la Ley de la Selva se refieren a la carencia en Perú de una política ambiental independiente. Hasta el momento, la gestión de esta tarea era llevada por el Ministerio de Energía y Minas, con un claro conflicto de interés –por no decir totalmente a favor– de las empresas mineras, a la hora de evaluar los impactos ambientales de los proyectos mineros en el país.

La actual propuesta de creación de un Ministerio de Medio Ambiente, lejos de ser una preocupación, es más un requisito cumplido tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Lo que se expresa en el tiempo récord de 20 días para la creación del mismo y de una política ambiental dirigida por el ambientalista Antonio Brack, quien también ha trabajado para algunas empresas mineras.

La consulta popular de sectores afectados es ilegalizada

Las comunidades afectadas, organizadas en el Frente Patriótico de Loreto (nombre de una región afectada), han rechazado estas propuestas y están preparando una consulta popular en contra de la misma. La consulta, como en casos anteriores, ha sido ilegalizada por el Gobierno. También se están preparando manifestaciones callejeras, huelgas y paros cívicos en las respectivas regiones. Ante esto, el Gobierno del APRA (el partido el poder) ha respondido acusando a las comunidades y a los ambientalistas de “comunistas del siglo XXI”, “perros del hortelano” y “traidores a la patria” por no querer el desarrollo económico del país. Por otra parte, organizaciones indígenas de la zona han hecho público un pronunciamiento en el que manifiestan: “Rechazamos categóricamente los proyectos de ley (...) por ser atentatorios contra los derechos adquiridos del pueblo amazónico en su conjunto. Más aún cuando los tratados internacionales conexos a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas forman parte de los compromisos del Estado peruano”. “Mientras perdure la arbitrariedad del Gobierno regional de Loreto y COFOPRI, digitados desde el Gobierno central, expresamos nuestro enérgico rechazo y advertimos a las autoridades centrales, regionales y locales la firme decisión de no reconocer las resoluciones que recortan el derecho al territorio y a la posesión. La Amazonía es nuestra, no del autor del perro del hortelano, ni mucho menos de los grandes consorcios económicos que pretenden ocupar nuestros territorios con la complicidad de este régimen”, continúan. Las cumbres del capital transnacional que se están preparando en Lima tendrán un recibimiento como se merecen.

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Perú, país de propietarios .

...por Vicente Romano

El fascismo español quiso liquidar las clases sociales mediante un decreto del general Franco por el que se declaraba que en España solo había productores. Se desterró así, manu militare, el término obrero del lenguaje de los medios de comunicación y de los libros.
El opusdeista y depresivo presidente Alan García proclama en tono solemne que quiere convertir el Perú en un “país de propietarios”. Y este adalid del libre mercado y del TLC con Usamérica, esto es del intercambio desigual con las grandes compañías yanquis, lleva camino de hacerlo realidad. Más del 70% del trabaja de Perú es informal, o sea no regulado, autónomo, como se suele decir en términos eufemísticos.
La ausencia de Estado, de asistencia social, de servicios públicos, de jornada laboral, de vacaciones, etc., lleva al pueblo peruano a desarrollar una asombrosa inventiva de supervivencia. La “sociedad libre de mercado” genera los oficios y autoempleos más inverosímiles. He aquí unos ejemplos.
Ante la desidia estatal y municipal para reparar las carreteras y calles surgen surge el tapabaches. Se trata de un muchacho que armado de una carretilla llena de tierra o escombros y una pala monta su negocio junto al socavón correspondiente. Lo tapa para que los vehículos no sufran y los conductores le agradecen el servicio depositando en su mano una moneda.
El datero es otro hombre joven, bien vestido, que se sitúa al borde de las aceras y en determinados trayectos de las calles por donde discurre el alocado tráfico de viajeros, los “colectivos”. Sus herramientas de trabajo son una libreta de apuntes y un lápiz. Su trabajo consiste en apuntar hora y minuto del paso de los distintos vehículos y comunicárselo al conductor correspondiente. Así sabe la hora precisa en que pasó el último y, en consecuencia, acelerar o reducir la marcha para mantener el ritmo. Dicen que las propinas que recibe le procuran un sueldo que muchos quisieran para sí.
El guachimán, castellanización del watchman (vigilante) anglosajón, es un hombre joven que establece su empresa privada en una sección de calle de los barrios de clase media y alta. Sus medios de producción los integran un uniforme con visos de policía o militar que se agencia en Gamarra, el gran almacén de ropa barata, una gorra, unos galones o estrellas que se reparte a discreción por chaqueta y pantalón. Se compra una cabina del material más barato posible para protegerse del sol o del frío, tan pequeña que, por lo general, ni siquiera puede sentarse. Desde la abertura que hace de ventanilla vigila las aceras, coches y puertas de las 8-10 casas de su “jurisdicción” y avisa a sus propietarios de cualquier incidente. Cada fin de semana pasa a cobrar la “voluntad” a los respectivos vecinos.
La infinidad de vendedores que pueblan calles y aceras de Lima encarna a la perfección esa sociedad de propietarios. Peruanos y peruanas de cualquier edad y mestizaje étnico ofrecen toda clase de productos y servicios: chicles, caramelos, pastelillos y bocaditos fabricados por ellos mismos, refrescos, niños haciendo piruetas en los escasos semáforos, y un largo etcétera. La obsesión por el negocio personal se manifiesta incluso en el recinto de la Universidad Mayor de San Marcos. Los espacios exteriores e interiores están ocupados por innumerables tenderetes y puestecillos donde se merca de todo. Principalmente de comida, libros de segunda mano y fotocopias de todos los textos que uno pueda imaginarse. Algunos muchachos, probablemente estudiantes, cocinan en diminutos hornillos el tradicional anticucho, un sabroso pincho elaborado con el corazón de las reses. Las vísceras que otrora despreciaran los esclavistas y patronos sirven ahora para sufragar estudios de los pobres.
El transporte público, esto es, los medios privados utilizados para el desplazamiento del público, reflejan a la perfección la lucha por la supervivencia, la competitividad por el cliente y el beneficio, eso que los economistas del libre mercado llaman competencia. En Lima, esta ley feroz de la selva, en este caso de asfalto, la ejemplifican los “colectivos”, en particular los “micros” o “combis” y los taxis. Los microbuses que se dedican al transporte urbano de pasajeros son unas furgonetas pequeñas con unas filas de asientos y una puerta de acceso lateral. Enganchado a ella va una especie de cazaviajeros, un joven que grita el trayecto a las personas que esperan en las aceras. A veces ocurre que engancha a algún indeciso que tiene otro destino. La agresividad por captar o raptar clientes no tiene límites.
Como no existen tarifas oficiales ni taxímetros, el importe de una carrera en taxi hay que regatearlo con el conductor antes de entrar en el taxi. De ahí que la ventanilla delantera vaya siempre abierta, haga frío o calor, llueva o haga viento, con la consiguiente incomodidad para el viajero. Existen taxis de todos los colores, tamaños y marcas: de 2, 4 y 5 puertas, blancos, amarillos, azules, rojos, marrones, con pintas, con distintivo y sin él, nuevos, viejos y viejísimos, de 4 o de tres ruedas. Estos últimos en los barrios periféricos pobres. Los hay con una pegatina que el conductor saca de la guantera y la coloca en el parabrisas cuando cree que puede captar un cliente entre los paseantes de las aceras. Están, por fin, los colectivos que van recogiendo la clientela que va en un trayecto determinado.
Con motivo del gran terremoto del 15 de agosto pasado, y ante la falta de Estado, de regulación, aumentó considerablemente la demanda de transporte a las zonas afectadas. Así que, de conformidad con la sacrosanta ley de la oferta y la demanda, los precios de los taxis, autobuses y hasta pelajes de las carreteras se duplicaron y triplicaron. Precisamente para los más necesitados, para los pobres que querían ir a comprobar si los suyos estaban vivos y los podían socorrer. Para que luego digan que el libre mercado no soluciona las necesidades humanas.
La ingeniosidad de la supervivencia ha llevado incluso a una especie de democratización de la banca. Los cambistas constituyen otra de las manifestaciones de este país de propietarios. Vestidos con sus cazadoras de aspecto militar en las que refulgen los símbolos y palabras del dólar y del euro, se colocan en las esquinas, aceras, puertas de los restaurantes y centros por donde pueden pasar turistas. Con una calculadora en una mano y un fajo de billetes en la otra abordan a los transeúntes ofreciendo sus servicios de “¡Cambio, cambio!”. Así se pasan horas y horas, por lo general en grupos de dos o tres, y a la vista cercana de la policía para mayor seguridad. Viven de ofrecer un par de céntimos más que los bancos. Pero este cambio también hay que regatearlo. Y uno no tiene por menos que extrañarse de que no los asalten y les arranquen los billetes de la mano.
La seguridad la garantiza una diversidad inabarcable de policías estatales, municipales, distritales y, sobre todo, privados. Con sus uniformes multicolores inundan las calles céntricas, las esquinas y puertas de bancos, colegios y tiendas. Predomina el verde olivo y los distintivos similares a los de la policía oficial. Es más, dado el bajo nivel de sus sueldos, muchos de los policías oficiales l complementan con servicios a la propiedad privada, sin dejar por eso sus uniformes ni armas en casa. Sí hay que guardar la libertad de mercado.
Pero esta proliferación de propietarios, de autoempleados, no puede ocultar las infinitas formas de mendicidad presentes por doquier. Las más llamativas, las de los indígenas, o mejor dicho las indígenas, pues son ellas las que desde las comunidades andinas bajan a las ciudades. Non piden directamente ni alargan su mano a los transeúntes. Ofrecen su maravillosa artesanía, con el consiguiente regateo. Vestidas con sus vistosas ropas tradicionales, algunas de ellas se dejan fotografiar con una cría de llama o un corderito en brazos a cambio de unas monedas. Este tipo de propietario florece en Cuzco, a causa del turismo. En una de sus plazas he podido ver al trabajador más joven que se pueda imaginar: un bebé de unos 8 meses.
La madre, vestida con la ropa tradicional de las indígenas andinas, se posiciona en una plaza de Cuzco por donde pasen turistas para dejarse hacer una foto típica por un pequeño óbolo. En sus brazos sujeta, arropado, un corderito de impecable blancura. A la espalda, el bebé trabajador, arrebozadito en la lliclla, la manta andina de colores. Fuera de ella asoma su cabecita, coronada por el multicolor gorrito indígena, y su manita derecha. Al entrar el transeúnte en su campo visual agita llama con su manita. Una vez en su cercanía, vuelve la mano para que deposite una moneda en la palma, sonríe agradecido y se la da a la madre. O sea, que este bebé sabe ya hacer algo, un trabajito, para contribuir a la economía doméstica.
Invasiones. Quienes se toman en serio la apropiación son los prófugos de la sierra, los pobres de las comunidades andinas que huyen de la explotación y de la violencia política. Los sin nada bajan a la costa a privatizar lo de todos. Se trata de los invasores. Llegan en grupos organizados, dirigidos por un señor que cobra por participar en estas comitivas de apropiación. Eligen una determinada porción de desierto y clavan una bandera peruana en la arena. Equipados con cinco esteras de totora o cañizo, de 2,5 por 2,5 metros, ocupan los arenales y dunas, carentes del menor rastro de vegetación, de las periferias de las ciudades costeras. Con estas cinco esteras, una para cada pared y otra para el techo, levantan su choza de 6,25 meteros cuadrados. En los primeros meses apenas se distinguen se distinguen de la arena por su color amarillento. Desde la carretera parecen plantaciones más o menos caprichosas de Asentamientos Humanos, pueblos jóvenes, barriadas, que se prolongan a lo largo de 70 kilómetros al sur de Lima, a ambos lados de la carretera panamericana. Los más previsores dejan ya, desde un principio, espacios para las futuras calles.
Guiados por la idea de que lo público es del populicus, del pueblo, invaden terrenos del Estado o que están en litigio. Mas, sabedores también, por experiencia propia, de que las fuerzas del Estado no están para defender sus intereses, sino para proteger los de unos pocos, planifican de antemano las periódicas luchas con la policía o el ejército. Para mayor seguridad se hacen acompañar de su abogado.
Una vez instalados eligen un comité encargado de organizar y dirigir las actividades. Luego clavan un gran poste con dos altavoces al lado de una de las chabolas en la que se instala el equipo de audio. A través de ellos se anuncian los acontecimientos que interesan a la incipiente comunidad: cuándo viene la poli, el cambio de guardia, día del mercadillo, etc.
Inmediatamente brota el primer “restaurante”, el que improvisa una señora avispada. Se construye un fogón con unas piedras y la poca leña que puede recoger de los vertederos más o menos lejanos. Su único plato, el popular ceviche elaborado con los pescados atrapados en el mar cercano. Al carecer de refrigeración, los altavoces empiezan por pregonar el precio. 1,50 soles la ración (unos 35 céntimos de euro). Al poco rato se reduce a 1 sol, y un poco más tarde a 0,80 soles. El sol amenaza con echar a perder la mercancía y hay que venderla lo antes posible.
Una vez instalada y reconocida la primera invasión, llega la segunda ola. Los nuevos invasores quieren hacer lo mismo, aunque ya tienen que establecer sus viviendas en peores sitios. Hay que acordarlos con los primeros.
Por término medio, estos poblados improvisados, tardan de 15 a 20 años en conseguir que las autoridades municipales y las compañías les lleven el agua y la electricidad. El alcantarillado puede durar más todavía.
Pero la lucha de estos asentamientos humanos no cesa. Hay que pelear con los tribunales de justicia, con las autoridades habidas y por haber. Al estar ubicados en zonas de riesgo, es necesario que se les socorra en necesidades tan perentorias como construir muros de contención que mitiguen los derrumbes ocasionados por los frecuentes desprendimientos y terremotos, y calles y escaleras de materia noble, esto es, sólida (ladrillo, piedra, cemento), que faciliten la movilidad y el acceso. Hay que obtener los documentos acreditativos de la propiedad del predio, una pelea jurídica con los dueños o el Estado que dura años y años. Y muchas cosas más. En la actualidad están organizados en una Federación de Organizaciones Vecinales de Lima y Callao. Algunos de estos asentamientos, como el de Villa El Salvador, con sus 460.000 habitantes, ha adquirido renombre internacional por su capacidad de lucha y autoorganización. Ha sido objeto de curiosidad científica para sociólogos y políticos.

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