Durante la primera quincena de septiembre, las regiones norte, oriente y sur de Bolivia vivieron en el caos. Aún ahora, cuando el huracán de violencia, confusión y muerte desatado desde las regiones "autonómicas" parece haber amainado y está abierta una difícil negociación entre el gobierno central y los prefectos de los departamentos inconformes, que cuenta, además, con intermediarios y observadores nacionales y extranjeros—entre ellos representantes de varias iglesias asentadas en Bolivia y funcionarios de la OEA—la tensión interna no termina de ceder. Tal como suele ocurrir en los recientes conflictos internos en diversos países, la comprensión de los eventos resulta sumamente difícil dado el cúmulo de disputas, de vieja y larga data y a distinto nivel, que se suelen enmarañar configurando escenarios inéditos. El propósito de las siguientes páginas es, básicamente, mostrar esquemáticamente el despliegue de los últimos acontecimientos que tuvieron un punto límite en la masacre de El Porvenir en Pando; presentando simultáneamente elementos para identificar a los diversos componentes en conflicto....por Raquel Gutiérrez Aguilar
Días de enfrentamiento y muerte
El viernes 5, concluyendo la primera semana después de emitido el "paquete de decretos" que el gobierno de Evo Morales diseñó como camino político para, de acuerdo a sus propias palabras, "continuar avanzando en el proceso de cambio3", ocurrieron los siguientes sucesos: las oficinas de las "Representaciones Presidenciales5" fueron atacadas en Santa Cruz, Tarija, Trinidad (capital del Beni) y Cobija (capital de Pando); en Santa Cruz, la oficina fue, además, saqueada y sus equipos destruidos. En otros incidentes a cual más violentos, grupos de jóvenes paramilitares dependientes del Comités Cívico de Pando tomaron las oficinas de la Prefectura, el aeropuerto y saquearon una avioneta que llevaba a esa ciudad equipo "antimotín" para la policía5. Mientras tanto, en Tarija, al sur del país, los universitarios tomaron la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Esto fue sólo el comienzo, pues durante los siguientes días las cosas fueron empeorando. El martes 9 de septiembre, el ejemplo de la toma de instituciones iniciado en el norteño, casi incomunicado y poco habitado departamento de Pando donde el Prefecto Leopoldo Fernández se arrogó incluso el derecho de nombrar un nuevo director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se generalizó hacia las demás regiones convulsionadas. En Santa Cruz principalmente, los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron oficinas públicas, las saquearon, incendiaron algunas y ocuparon las calles durante todo el día en sistemáticos enfrentamientos contra la policía. El objetivo fue, aparentemente, además de causar un gran caos, apoderarse de las oficinas de recaudación de impuestos, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de Migración y de ENTEL, la empresa de telecomunicaciones recientemente "nacionalizada".
La fuerza con la que estos grupos de choque lograron enfrentar y neutralizar la vigilancia policial y militar de las instituciones ocupadas se basa, en primer lugar, en su forma de actuar compacta así no sea demasiado numerosa, en su organización paramilitar y en el uso todavía no masivo de algunas armas y explosivos. En segundo lugar, en una gran cantidad de vehículos a su disposición que les permiten el rápido traslado de sus fuerzas y amplia capacidad de maniobra; además, no han dudado en estrellar alguno de estos vehículos contra las puertas de las oficinas públicas a fin de abrirlas. En tercer lugar, también hay en todos estos eventos una extraña, obscura y sistemática incapacidad de la fuerza pública en el trabajo de contención, más allá de que las ordenes recibidas sean de "evitar la provocación" a cualquier costo y de cautela extrema.
Finalmente el clímax de la violencia llegó el día 11 de septiembre por la mañana en un paraje camino a Cobija, Pando, en la Amazonía boliviana: un contingente numeroso de campesinos, cosechadores de castaña, estudiantes normalistas y comerciantes minoristas, varones, mujeres, niños y ancianos, se trasladaba muy temprano hacia la capital del departamento para reunirse en Ampliado y decidir los pasos a seguir para frenar el descontrol sembrado por la Prefectura y los "cívicos", cuando artera y brutalmente fueron detenidos en la mitad del puente que ingresa hacia la comunidad de El Porvenir y asesinados a balazos por funcionarios de la misma Prefectura y por grupos de sicarios formados por algunos grandes ganaderos y narcotraficantes de la zona. Fue una masacre, una carnicería: dispararon hasta que agotaron sus cartuchos y después, remataron a machetazos a los que todavía se movían. A algunos aterrados hombres y mujeres que escapaban corriendo por los senderos de la selva los persiguieron y los cazaron. El saldo de esta acción es, hasta ahora, de 25 personas asesinadas, más de 70 heridos de bala y de machete y más de 100 desaparecidos.
Las escenas que describen los sobrevivientes en sus testimonios así como las fotos de los cadáveres que comienzan poco a poco a conocerse exhiben cuerpos mutilados, niños baleados, cuerpos reventados6. Las imágenes hacen recuerdo a las masacres ocurridas en África: tal es la locura criminal que se ha desatado en el norte boliviano.
¿Qué es lo que está pasando?
El clima de desacato civil, bloqueo de caminos, toma de instituciones y agresiones a los funcionarios del gobierno central y, finalmente, de criminal masacre de campesinos que está ocurriendo sobre todo en la parte norte de la llamada "Media Luna"—Pando, Beni y Santa Cruz—asume la apariencia de un creciente enfrentamiento entre, por un lado, el gobierno de Morales y algunas organizaciones sociales allegadas y, por otro, las autoridades políticas y "cívicas" de los departamentos de la región conocida como Media Luna. Sin embargo, en las siguientes páginas hilvanaré un argumento intentando leer los sucesos antes mencionados más bien como una guerra civil en marcha en cuatro frentes simultáneos: el gobierno de Morales y el MAS; las élites regionales dirigidas por los Comités Cívicos y apadrinadas por las Prefecturas; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia y, finalmente, el conjunto de organizaciones, colectivos, federaciones, juntas y todo tipo de cuerpos de agregación que constituyen la fuerza más íntima y enérgica de la sociedad boliviana. Vayamos paso a paso describiendo lo que han hecho cada uno de estos actores, para intentar conseguir cierta claridad en la madeja de violencia y conflictos que se ha desatado.
En un primer acercamiento lo que se mira es, efectivamente, la confrontación entre el gobierno central y las autoridades políticas y cívicas de las regiones que durante más de un año han protagonizado un prolongado conflicto en dos líneas argumentales: a) la aprobación o no de la nueva Constitución Política del Estado y b) el destino de los recursos extraordinarios obtenidos por el Estado mediante la venta del gas a mejores precios internacionales y bajo nuevos contratos con las empresas transnacionales.
En la primera línea de conflicto se acumulan ya varias escaramuzas como el traslado de sede de la Asamblea Constituyente desde Sucre hacia Oruro en diciembre pasado y la actual negativa radical de los Prefectos y los Cívicos de la Media Luna a que se lleve a cabo el referéndum aprobatorio de la Constitución, presumiblemente, en enero del próximo año. En términos políticos, a la nueva Constitución Política del Estado las fuerzas cívicas regionales y los Prefectos le oponen sus Estatutos Autonómicos Departamentales.
En lo sustancial, las diferencias entre estos dos proyectos son las siguientes: la nueva Constitución propone una complicada estructura estatal que reconoce autonomías departamentales pero también indígenas, regionales y, además, busca que las autoridades de las sub-prefecturas provinciales sean también electas por voto directo—lo cual hasta ahora no ocurre. La propuesta de organización territorial de gobierno por niveles que está en la Constitución, pese a reconocer casi sin cambio las formas de representación políticas liberales, abre ciertos cauces para promover un posible control territorial desde abajo y, sin lugar a dudas, constituye una ampliación democrática a niveles locales.
Por su parte, el propósito explícito de los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz en materia de organización política de los departamentos, que están sirviendo de modelo para las demás regiones "autonomistas", consiste básicamente en establecer la soberanía política, fiscal, en materia de recursos naturales y de uso y usufructo de las tierras, para los propios departamentos. Los autonomistas no proponen un plan de "federalización", el cual podría contemplar el paso de una serie de atribuciones y derechos desde el gobierno central hacia los departamentos ahora soberanos y unidos en un pacto federal.
Lo que proponen es que el conjunto completo de competencias estatales pase desde el gobierno de La Paz hacia los departamentos y, explícitamente, proponen no dejar casi ninguna función en manos del gobierno central: ni la decisión sobre la tenencia de tierras y el tamaño de la propiedad, ni la prerrogativa de usar y usufructuar los recursos naturales contenidos en los departamentos, ni la facultad de cobrar impuestos o de organizar el comercio exterior. Nada de esto, de acuerdo a los "estatutos autonómicos" del Comité Cívico de Santa Cruz sería función del gobierno central y, más bien, cada departamento autonómico procedería según sus propias consideraciones políticas. Además, la estructura de gobierno que proponen sencillamente copia, a nivel regional, exactamente la misma forma, vertical y central, que critican a nivel nacional; considerando que esa concentración de la capacidad de decisión es lo mejor para el nivel departamental.
Esta disputa de fondo por las formas políticas en las que han de controlarse, administrarse y gestionarse, tanto los territorios que componen Bolivia como los recursos que hay en ellos es el más profundo conflicto que se juega en el gran escenario político nacional. En ella se contraponen el presidente, el gobierno central, el MAS y los Constituyentes, contra los Prefectos de los departamentos "autonomistas", las élites regionales, los grandes terratenientes y, en general, los empresarios de la agroindustria, la ganadería, el narcotráfico, los medios y los asociados a los negocios con hidrocarburos.
Entrelazada con el anterior antagonismo discurre el segundo nivel del conflicto gobierno-regiones, el más inmediato y el que ha sido el caballito de batalla de los últimos meses—la disputa en torno a la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), es decir, cuánto y cómo de los recursos estatales puede gastar cada autoridad política.
En el siguiente y más significativo nivel de conflicto, que ha ido desplegándose sistemática y constantemente al menos desde el 11 de enero de 2007 en Cochabamba, están las múltiples acciones, manifestaciones, discursos y agresiones emprendidas por los dirigentes de los Comités Cívicos, las élites locales y los Prefectos para intimidar y amedrentar a la población sencilla y trabajadora de sus respectivas regiones. Incluyen acciones y agresiones para silenciarla, dividirla, paralizarla y confundirla. Diversos momentos pueden rastrearse desde hace más de año y medio en esta dirección, casi todos con el mismo formato: se instala una "reivindicación de las élites" en el imaginario social y en el discurso público. En Cochabamba en enero de 2007 la cuestión fue "defender" al hoy revocado prefecto Reyes Villa y "arrojar" de "su" ciudad a los "odiosos cocaleros bloqueadores". En Sucre, entre octubre de 2007 y mayo de 2008, el tema de la agitación fue la "capitalía plena" y los derechos ancestrales de los señoritos y señoritas sucrenses a ser los burócratas y funcionarios estatales de mayor rango. En el Oriente, el tema central es la "autonomía", tal como la entiende uno de los mayores terratenientes de Santa Cruz, Branko Marinkovic, quien además funge como dirigente cívico.
Para alentar e inscribir como central una demanda movilizadora desde las élites contra los sectores trabajadores rurales y urbanos, los medios de comunicación así como algunas universidades y organizaciones no gubernamentales de reciente creación han jugado un papel decisivo. Los segundos han "inventado" y alentado tal demanda en foros, artículos y todo tipo de reuniones; los primeros han funcionado como caja de resonancia de las elites, insistiendo hasta la saciedad en estos "temas nuevos y sensibles de la población".
Estas "demandas regionales" han sido el mecanismo para instaurar divisiones binarias al interior de los distintos departamentos. En Sucre "los que apoyan la capitalía plena contra aquellos MASistas que no la quieren y son traidores a la región", en el Oriente "los que apoyan la autonomía de Santa Cruz (o de Beni o Pando) contra aquellos MASistas que son traidores a la región". Este esquema de división y clasificación de la población, así como el lenguaje agresivo y visceral, han sido la tónica durante los últimos meses. Su reiteración sistemática ha conformado un ambiente de odio y agresión emprendida por las élites y sus sicarios contra los trabajadores, pobladores humildes, vecinos y personas sensatas en general. Dicha atmósfera de confrontación y un difuso clima de guerra se ha reforzado una y otra vez, además, dada la ferocidad de las bandas de "jóvenes cruceñistas", " jóvenes por la democracia" en Cochabamba y en Sucre, etc., que a patada y chicote intimidan a la población más desprotegida, añadiendo a sus acciones ya conocidas, durante las últimas dos semanas, los saqueos y quema de sedes sindicales y organizativas, el saqueo a mercados y la destrucción de viviendas.
Este conjunto de actitudes y acciones son los elementos más nítidos de la guerra civil desatada en Bolivia: son las élites regionales en directa confrontación contra la población humilde y trabajadora como ya es inocultable tras la masacre de Porvenir y la quema de la Alcaldía de Filadelfia. El objetivo de todo esto ha sido, hasta ahora, desatar una ofensiva de disuasión de largo alcance para paralizar cualquier atisbo de disenso y resistencia, y también, como efecto de ello, mostrar la debilidad del gobierno para asegurar el control del territorio y la protección de la población. Esto ocurre, sobre todo, porque ante la sistemática agresión de las élites contra la población humilde de las regiones, el gobierno central ha respondido, por lo general, de manera tímida, torpe y tardía—"sin poner límites", tal como se ha expresado en cientos de reuniones de base.
El escenario de guerra se completa, además, con la sistemática ofensiva mediática que desde hace ya largos meses, a cada paso confunde y obscurece la comprensión de lo que acontece. Por ejemplo, en relación a los enfrentamientos del martes 9, especialmente feroces en la ciudad de Santa Cruz, la estrategia de comunicación de los dirigentes cívicos fue inmediata y similar en todos los casos: en el mismo momento en que sus brigadas paramilitares embestían contra la policía y contra la población de piel obscura y rasgos indígenas—qullas—y las agresiones eran mostradas y saludadas por televisión como "actos de resistencia por la autonomía", todos los voceros "cívicos" hacían declaraciones, enviaban cartas y repetían ad nauseam que "Evo es un asesino", que "Evo es el responsable de la violencia desatada", que es él quien "está agrediendo a los cruceños y a los bolivianos".
Sin embargo y pese a todo, la resistencia comunitaria y popular, tendencialmente autónoma y solidaria no está ausente. Es ella, en su enérgica multiplicidad quien ha renacido en las últimas semanas después de más de 30 meses de gobierno de Morales . Diversas organizaciones, con mayor o menor cercanía al MAS, participantes ocasionales o habituales en la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), hartas tanto de sufrir las agresiones y vejaciones por parte de los cívicos y sus paramilitares, como de esperar acciones drásticas del gobierno que marcaran el alto a los desmanes y violencia de los primeros, han comenzado poco a poco a reorganizarse, a discutir, a tomar la palabra recuperando la variedad de voces y tonos que constituye la riqueza más vital de las luchas bolivianas recientes. Y, sobre todo, han comenzado a actuar.
Después del contundente bloqueo a la ciudad de Sucre efectuado por los comunarios quechuas a finales de agosto, los productores de hoja de coca establecieron un bloqueo a Santa Cruz desde el occidente, en una acción realizada en coordinación con el gobierno que interrumpió la comunicación Santa Cruz-Cochabamba en la región del Chapare.
Igualmente importante ha sido en las últimas semanas la resistencia en el asentamiento urbano Plan 3000 en Santa Cruz, donde durante varios días grupos de vecinos, jóvenes de los barrios y trabajadores diversos de origen qulla han resistido y enfrentado a las bandas de paramilitares "cruceñistas". De hecho, también en Pando, los campesinos masacrados y los que aún siguen escondidos en la selva, heridos o agonizantes, iban justamente a una reunión donde el punto a discutir era cómo emprender la resistencia contra la violencia de los cívicos y cómo apresurar la reforma agraria.
Así, en los últimos días se han realizado reuniones de emergencia en casi toda la geografía boliviana: en la Chiquitanía al norte de la ciudad de Santa Cruz y camino hacia el Beni, en las vastas regiones guaraníes al Sur, en Cochabamba, en El Alto. Los comunicados que las organizaciones sociales emiten tienen una similitud: todos se declaran en estado de apronte, conminan al gobierno a que utilice los medios a su disposición para enjuiciar a los asesinos de Pando y establecen, palabras más, palabras menos, que irán al combate por su propia cuenta y riesgo, que no van a permitir ya ni la brutalidad ni la insolencia de los sicarios afines a los dirigentes cívicos.
En todos los comunicados públicos e intervenciones recientes se nota un nuevo margen de autonomía política recuperada ante las decisiones gubernamentales, por parte de diversas e importantes organizaciones sociales en Bolivia. Y, aclaremos, no es que estas organizaciones estén "en contra" del gobierno de Morales . A ese gobierno lo apoyan, lo quieren, lo refrendaron el 10 de agosto pasado con la masiva votación en el referéndum; pero están, ahora sí, asumiendo poco a poco que el gobierno no va a ser capaz de contener la ofensiva por sí mismo. Una vez más, miles y miles de hombres y mujeres en Bolivia están asimilando que la transformación de las relaciones sociales y políticas no es una cuestión que pueda hacerse de "arriba hacia abajo". Ven al gobierno como un aliado, pero no están, al menos tendencialmente, dispuestos a subordinarse a que ese gobierno les garantice lo que anhelan. En estos 30 meses han aprendido que eso no es posible. Con cautela y energía se lanzan poco a poco a pelearlo por su cuenta. Como ayer, como siempre.
Estas variadas acciones de resistencia son las que en los últimos días han configurado el escurridizo escenario móvil de conflictos múltiples. La delirante y sistemática agresión de los cívicos ha sido enfrentada poco a poco por la población en términos locales y, también, por supuesto, como telón de fondo, estuvo el salto hacia delante que el gobierno emprendió el 28 de agosto estableciendo su plan político a corto plazo. Esto último no ha hecho sino acelerar la agresión y la locura de las élites manifiesta en los cadáveres apilados en Porvenir.
Mientras tanto, el cuarto flanco de esta confrontación está constituido por la fuerza pública en Bolivia. La Policía Nacional—entidad única con delegaciones departamentales jerárquicamente organizadas y dependientes de un mando central—así como las Fuerzas Armadas, se han movido con cautela y, hasta ahora, habían permanecido en la escena sólo como un actor de reparto.
A lo largo de todo su plan de contraofensiva, los dirigentes cívicos han tenido especial cuidado de agredir y ofender todo lo que han podido a la policía y a los militares, buscando quizá, generar malestar y apostando, tal vez, a desencadenar una rebelión militar. Si los más agredidos han sido los comunarios, campesinos y trabajadores, varones y mujeres, de las áreas rurales; los siguientes en la lista han sido las clases y tropa de la policía nacional y el cuerpo de policía militar que fue agredido con dinamita y humillado en el estadio de la ciudad de Sucre el 24 de mayo. La policía, además, tuvo que soportar estupefacta la pateadura de su comandante general hace menos de tres semanas en la ciudad de Santa Cruz.
Hasta ahora, en todos estos conflictos la orden gubernamental a las fuerzas armadas y policiales parece haber sido intentar contener y tener el mayor cuidado en no agredir. En muchas ocasiones durante las últimas semanas, la población boliviana se ha preguntado por qué las fuerzas públicas no intervenían y detenían los desmanes de los cívicos de manera más contundente. Una hipótesis interesante que se maneja entre diversos grupos es la siguiente: hay una abrumadora ausencia de mando en la fuerza pública, los comandantes de la policía y del ejército no tienen la garantía de que la tropa los seguirá si deciden rebelarse contra el gobierno del MAS y plegarse a los cívicos, pero el gobierno, a su vez, no tiene la seguridad de que las fuerzas armadas reprimirán a los dirigentes cívicos ni controlarán la situación si se les da la orden7.
Esto último parece haberse modificado en los últimos días con la intervención militar del departamento de Pando y la captura del prefecto, Leopoldo Fernández, acusado de comandar la masacre de Porvenir. La tensión entre autoridad política y fuerza militar parece haber cedido un tanto y habrá que mirar con cuidado lo que suceda en los siguientes días.
¿Cómo entender los acontecimientos más recientes y qué se puede esperar?
Manteniendo en mente los rasgos básicos de este conflicto a cuatro bandas van aquí algunas hipótesis esquemáticas:
Los hechos de los últimos días presentan unos escenarios probables que son inciertos aunque, quizá, un poco más previsibles que hace algunas semanas.
En primer lugar, ya es cada vez más claro que lo que quieren los más recalcitrantes terratenientes y dirigentes cívicos, así como el gobierno estadounidense es consolidar en Bolivia un clima de intensa confrontación civil. Los llamados de los Comités Cívicos a la mediación de la OEA y de la ONU8 en el "conflicto interno de Bolivia", tal como lo catalogan; la manera en la que los principales medios de comunicación norteamericanos presentan y explican la situación, y las campañas de propaganda y desinformación interna que llevan a cabo los medios de comunicación, entre otras cosas, así lo señalan.
Si después del referéndum cuando Morales fue ratificado por 2/3 de la población quedó claro que la fuerza de la opción política representada por los Comités Cívicos, a nivel nacional es minoritaria. También se fue despejando la interrogante acerca de las verdaderas intenciones de tales Comités: no buscan llegar a acuerdo alguno con el gobierno central. Lo que intentan, por uno y otro medio, y una y otra vez, es generar confusión, introducir la mayor inestabilidad posible, bloquear la iniciativa política que está consagrada en la aprobación de la nueva Constitución y, en última, ganar tiempo para que todo continúe igual, para que cualquier medida gubernamental sea lo más ineficaz posible y, finalmente, para provocar en algún momento y por alguna vía el desplazamiento del gobierno legítimamente electo y refrendado.
La claridad que sobre este punto han dejado los trágicos sucesos de septiembre resulta, paradójicamente, alentadora. En los meses anteriores e incluso hasta el referéndum del 10 de agosto, parecía posible, por un lado, que el gobierno central llegara a algún tipo de acuerdo político con las Prefecturas y Comités Cívicos "autonomistas". Morales, García Linera y diversos ministros del gabinete, una y otra vez negociaron, ofrecieron y buscaron mecanismos de diálogo, sin éxito, para llegar a compromisos. Ahora, tras la masacre de El Porvenir, la detención del Prefecto Fernández y la crisis de los juicios y las contrademandas que se ha desatado, parece que el propio gobierno tiene más decisión sobre la necesidad de establecer límites a la acción de los Comités Cívicos y los Prefectos y de obligarlos a ceñirse a cauces legales para manifestar sus inconformidades.
Por otro lado, para la población llana también parecen haberse aclarado la situación: recuperar la capacidad de deliberación y movilización tanto para "frenar" la ofensiva de las élites, tal como muestra el creciente "cerco" a la ciudad de Santa Cruz; como para empujar al gobierno a que no negocie ni retrace lo que desde hace años es la voluntad soberana de la población expresada en las urnas y en las calles: dotarse de un nuevo marco legal para regular las relaciones sociales y políticas.
En general, la situación continúa siendo delicada y la confusión, aunque menor, es todavía grande. Los discursos que han comenzado a emitirse sobre la masacre de los campesinos de Pando son versiones diametralmente contrapuestas. Una cosa dicen los sobrevivientes que poco a poco van apareciendo mientras que los dirigentes cívicos aun insisten en esconder y disfrazar sus fines y sus modos. Sin embargo, la población boliviana y los gobiernos de los países vecinos, poco a poco refrendan su postura de condena de la masacre: son los prefectos, los dirigentes cívicos y sus grupos de sicarios quienes dispararon las armas asesinas, ellos organizaron la cacería de los heridos.
Hoy por hoy, los gobiernos de Argentina, Chile, Venezuela y, sobre todo Brasil han repudiado los hechos de sangre, y apoyado al gobierno de Morales y contienen, mediante su respaldo, sus declaraciones y su presencia, cualquier intención de invasión "pacificadora" o de envío de tropas de ocupación que pudiera comenzar a plantearse en la discusión política internacional.
Es muy probable que en las siguientes semanas Bolivia atraviese un espacio de tregua aunque, insistimos, el conflicto no ha terminado; únicamente se ha replegado a vías institucionalizadas que, ojala sea así, eviten nuevas muertes. Sin embargo, el conjunto de causas que convulsionan al país corazón de América del Sur seguirá abierto, latente ... al acecho.
En esas circunstancias tanto la información como la posibilidad de comprender lo que sucede es vital para todos. Bolivia es hoy, nuevamente, no sólo el lugar donde se condensa la lucha de la sociedad trabajadora por modificar desde abajo el conjunto de relaciones sociales; es, lamentablemente, también, el lugar donde con mayor belicosidad se despliega la modalidad contemporánea de confusión y violencia en remolino para la destrucción de los países, que impulsan tanto el gobierno estadounidense como sus aliados locales. La esperanza en Bolivia está presente pese a todo. No descansa ni sólo ni principalmente en la habilidad del gobierno de Morales para continuar en el gobierno empujando su proyecto progresista; está, más bien, en la nueva ebullición que comienza a sentirse una vez más desde abajo, desde los pueblos y las comunidades.
Notas
1-En un cínico comunicado del Comité Cívico de Santa Cruz fechado el 16 de septiembre, cuando los primeros cadáveres de Pando llegaban a La Paz en avión y el país se conmocionaba ante la brutalidad sufrida por esas personas; los dirigentes cívicos afirmaban lo siguiente en el punto 4 de su documento: "Llamar a la población a no caer en la trampa de dejarse provocar por la violencia que quiere impulsar el MAS. También, llamamos al presidente Evo Morales a suspender esa estrategia de provocar la violencia; y declaramos ante nuestra población, ante el país y el mundo, que nuestra voluntad es de paz y que cualquier hecho violento será responsabilidad exclusiva del MAS, de sus dirigentes y del gobierno nacional que es quien controla a esos militantes masistas".
2-Ejemplo de la retirada del conflicto a niveles institucionales tras la detención del Prefecto Fernández son la seguidilla de juicios que se han abierto en una semana: la Corte Suprema—encabezada por Magistrados nombrados todavía bajo el anterior régimen de "cuoteo partidario"—pide que todos los obrados y el detenido—ie, Leopoldo Fernández—queden bajo su competencia y pretende limitar la jurisdicción de otras instancias para su apresamiento y para el tratamiento de su caso; además, inicia un juicio al Ministro de Gobierno por los acontecimientos ocurridos el pasado 24 y 25 de noviembre en Sucre cuando la Asamblea Constituyente tuvo que trasladarse a Oruro. Por su parte, los sobrevivientes de la Masacre y los familiares de los asesinados abren un juicio al Fiscal General de la Nación por omisión de funciones en el caso de la Masacre.
3-El 28 de agosto por la noche, el gobierno público un "paquete de decretos supremos" con los que convocó a la sociedad a un conjunto de nuevos comicios a realizarse, inicialmente, el 7 de diciembre próximo; en esa fecha se propuso llevar adelante un conjunto de tres elecciones—para elegir a los prefectos en los departamentos donde fueron revocados, a los subprefectos de las 112 provincias y a los consejeros departamentales- así como para someter a votación la aprobación del texto de la nueva Constitución Política del Estado, y dirimir, además, lo relativo al artículo 398 sobre la extensión legalmente permitida de la propiedad agraria. Un análisis más amplio sobre el plan gubernamental se encuentra en Gutiérrez Raquel, Territorios en disputa: confusos escenarios de conflictos superpuestos, ircamericas , agosto 08.
4-Las "Representaciones Presidenciales" son cargos públicos inaugurados en abril de 2007 que tienen una función paralela a la Prefectural. En la estructura política del Estado Boliviano, hasta 2005 los Prefectos de los departamentos, también llamados "primera autoridad política", eran designados por el Presidente de la República. A partir de 2005 estos cargos se tornaron de elección popular y, en los cinco departamentos mencionados existen actualmente Prefectos contrarios al gobierno de Evo Morales. En ese contexto, la designación de "Representantes Presidenciales", que en teoría "coadyuvan" a la coordinación entre los ahora Prefectos electos y el gobierno central, es vista por los Comités Cívicos y por las mismas Prefecturas como una duplicación de la función pública; los "Representantes" son una especie de intermediarios incómodos y hay ambigüedad en sus funciones, por ejemplo, en el control de la policía y la toma de ciertas decisiones políticas y administrativas.
5-Erbol, Cobija, Pando, 5 de septiembre de 2008. Por su parte, la Agencia Boliviana de Información completó la noticia explicando que: " Las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Superintendencia Forestal, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las oficinas de Migración en la ciudad fronteriza de Cobija están bajo el control de la dirigencia cívica. La Aduana Nacional también permanece ocupada, pero por un reducido número de discapacitados que procuran obtener un bono anual y vitalicio de parte del Estado". 6 de septiembre de 2008.
6-Hay dos páginas web donde puede encontrarse información sobre lo que está ocurriendo en Bolivia: la de la Agencia Boliviana de Información (ABI) para enterarse de las cuestiones oficiales y Ukhampacha Bolivia que está permanentemente informando y enlazando las diversas denuncias dispersas sobre lo que acontece en ese rincón de Bolivia.
7-La historia de Bolivia ha estado marcada por recurrentes y cruentos golpes de estado, asonadas y cuartelazos. Después de 1982, cuando inició la llamada "apertura democrática", los militares se han mantenido en sus cuarteles, estableciendo una pausa en su protagonismo directo en política. Sin embargo, la idea de "golpe" de estado habita el imaginario social en Bolivia como un fantasma que, de tanto en tanto, vuelve a presentarse como una amenaza; sobre todo en épocas de gran convulsión.
8-El 12 de septiembre el Comité Cívico de Santa Cruz envió una carta al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, pidiendo intervención de la ONU. En uno de los párrafos de esa misiva se afirma lo siguiente: "Desde el principio de su administración, el señor Presidente de Bolivia Evo Morales, además importante productor de hojas de coca y presidente de la Federación de cocaleros, demostró una animadversión absolutamente injusta y totalmente racista hacia el oriente boliviano, como también hacia otros sectores y regiones de la nación boliviana (como ser Tarija, Chuquisaca, Beni, Pando). Si bien el señor Morales fue elegido por la mayoría, el respeto a quienes piensan distinto es un factor fundamental de todo proceso democrático. Desde un principio, su conducta ha venido contraviniendo los pactos que conforman el ordenamiento jurídico internacional, en particular aquellos referentes a las garantías democráticas y derechos individuales."
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