Los prefectos y organizaciones cívicas, que impulsan una autonomía de facto para desmembrar Bolivia, salieron en defensa de los hacendados que esclavizan en el oriente a casi un millar de indígenas guaraníes y avanzaron en su campaña para aislar en las montañas al presidente Evo Morales, que otra vez retrocedió en su doble intención de liberar a los indígenas cautivos y entregarles tierras.
En el sur del país, en la ciudad de Tarija que festejó el 191 aniversario de la histórica batalla por la independencia del yugo español, los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos de seis de las nueve regiones de Bolivia (Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz) dieron este martes su respaldo a los hacendados latifundistas y grupos de choque que frenaron a bala, piedra y machete el ingreso de una misión del Gobierno de Morales para sanear tierras y liberar de la servidumbre a los guaraníes.
Ese mismo día, en Tarija, los opositores encabezaron los festejos oficiales en los que reiteraron sus demandas de autonomía y desairaron al presidente Morales, al que virtualmente se le impidió participar en los actos oficiales, por lo que sólo atinó a reunirse con dirigentes campesinos y organizaciones afines a su administración.
Los prefectos y líderes cívicos respaldaron a los hacendados del Chaco cruceño, que mantienen en la servidumbre a los guaraníes, y acusaron al gobierno de Morales de intentar generar violencia para justificar una posible intervención militar/policial en contra del ilegal e inconstitucional referéndum del 4 de mayo en Santa Cruz, con el que la oligarquía y los 100 poderosos clanes que son dueños de la tierra y la vida en los valles y el oriente intentan legitimar el poder que de facto ejercen en más de la mitad del territorio nacional.
En franco retroceso, este miércoles, el propio presidente Morales instruyó a su viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, salir de la zona de conflicto, parar el saneamiento de tierras y postergar sin fecha la liberación de los cautivos y la entrega de tierras a los indígenas de la región, accediendo a la presión de los terratenientes.
Conciliación y protestas
Ya la pasada semana, en el extremo de la impotencia y atrapado por su política conciliadora, el gobierno de Morales optó por alzar las manos ante la rebelión oligárquica y anunció que ya no hará nada para intentar frenar el manipulado referéndum autonómico. Todos en el gobierno, desde el presidente Evo Morales hasta el último de sus ministros, ratificaron que no frenarán la "consulta popular" prevista para el 4 de mayo en Santa Cruz y que no usarán ni la ley, ni la fuerza pública ni la movilización de masas para detener la conjura regional que apunta fortalecer el victorioso retorno de la extrema derecha al poder (ver: Evo alza las manos ante el poder de la oligarquía).
El retroceso gubernamental fue cuestionado este miércoles por la Central Obrera Boliviana (COB), que realizó en La Paz una masiva manifestación reclamando por un incremento salarial que cubra el creciente costo de vida y una guerra frontal contra la oligarquía y los 100 clanes que quieren frenar todos los cambios en la empobrecida Bolivia y así mantener intactos sus privilegios e ingentes ganancias (ver: La rebelión de los 100 clanes).
Desarmando la Resistencia
Las exigencias para que Evo Morales deje de conciliar con la burguesía agrocomercial y financiera también se hicieron sentir entre los productores de coca del Chapare, que exigieron organizar el boicot social y sindical al referéndum secesionista del 4 de mayo. Esta postura, sin embargo, fue ignorada por el propio Morales, quien ratificó que no usará la fuerza pública, ni la ley para detener el referéndum en el que se validarán unos estatutos autonómicos que dan vía libre para que la oligarquía cruceña pueda crear su propio Parlamento, su propia Policía, manejar sus impuestos y definir por sí solos el uso y destino de las tierras y los recursos naturales de la región, además de firmar contratos con empresas extranjeras y hacer tratos con gobiernos extranjeros.
En este mismo sentido, desarmando la protesta popular, el principal dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Isaac Avalos, muy leal a Morales, aseguró este jueves que los campesinos de Santa Cruz se quedarán en sus casas el 4 de mayo y se abstendrán de votar y de participar en las protestas. Anunció que lo mismo harán los campesinos y colonizadores de otras regiones que inicialmente preveían ir hacia Santa Cruz.
El diputado oficialista Gustavo Torrico afirmó este jueves, tras reunirse con Evo, que “persuadirán a las organizaciones sociales de que no vayan a ese departamento”.
Fascistas organizados
Para garantizar la realización de su referéndum, el prefecto de Santa Cruz, el derechista Rubén Costas, y el presidente del Comité Cívico, el fascista Branko Marinkovich, organizan y arman a 15 mil jóvenes voluntarios sobre la base de las bandas fascistas aglutinadas ya en torno a la Unión Juvenil Cruceñista.
En los otros departamentos del oriente y los valles (Bani, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca) también se organizan grupos de choque para defender el referéndum cruceño.
Más neoliberalismo y explotación
Y es que los grupos empresariales, dueños de la tierra, del comercio exterior, de la industria, la banca y los grandes medios de comunicación, tienen enormes esperanzas en el referéndum.
Así, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Exportadores del Oriente, Ramiro Monje, aseguró este miércoles que luego de la consulta del estatuto autonómico del 4 de mayo regirá en Santa Cruz y en el resto del país un "nuevo modelo económico".
“Cambia el criterio y la correlación política que existe en el país, después del 4 de mayo empieza a funcionar otro modelo económico y en función de ese modelo creemos que es lo más adecuado no sólo para Santa Cruz sino para el país”, dijo en el encuentro nacional de empresarios, donde todos los que viven de explotar el trabajo ajeno respaldaron la rebelión de los prefectos derechistas y de los 100 clanes, además de cuestionar las políticas seguidas por Morales.
Fin de la batalla del aceite
Este congreso empresarial nacional también respaldó la acción que este martes realizaron en la ciudad de Santa Cruz miles de transportistas, empresarios y trabajadores que marcharon en respaldo a los dueños de las aceiteras, entre los que se encuentra el fascista Branko Marinkovic, la cabeza visible de los 100 poderosos clanes familiares que, junto a los prefectos, dirigen la conjura contra el “indio presidente”.
Todos ellos exigen la anulación de un decreto que prohíbe la exportación temporal de aceites y que fue dictado por Morales con la doble intención de obligarlos a bajar los precios de comercialización en el mercado interno y, sobre todo, para que suspendan el referéndum del 4 de mayo. Logrado parcialmente el primer objetivo y habiendo fracasado totalmente en el segundo, el Gobierno anunció su disposición para derogar este decreto (ver: La batalla del aceite).
“Representantes de empresas aceiteras y autoridades del Ejecutivo se reunirán en las próximas horas para lograr acuerdos que permitan levantar las restricciones a la exportación del aceite comestible”, aseguró la agencia gubernamental de noticias ABI, mientras que el ministro de Producción y la Microempresa, Javier Hurtado, informó que “se levantará la restricción a las empresas que estén de acuerdo en lograr precios justos”. Según el ministro Hurtado, “existe buena predisposición de varios aceiteros para llegar a acuerdos satisfactorios”.
Con la suspensión de este decreto y la paralización de los trabajos de saneamiento de tierras en Santa Cruz, el gobierno de Morales estaría completando el repliegue de todas sus líneas, dando vía libre para que la envalentonada y rancia oligarquía boliviana, con apoyo de la embajada de Estados Unidos, le aseste el 4 de mayo su mayor derrota política desde que asumió el mando de la nación a principios del 2006, legitimando de este modo la existencia de dos gobiernos en Bolivia (ver: En Bolivia hay dos gobiernos).
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