Las dos bolivias

La fracción indigenista del MAS logró romper el pacto de los dos tercios, lo que obligó a la oligarquía a lanzarse a la calle en busca de apoyo popular en contra de Morales y la Constituyente. La intención del vicepresidente García Linera para que las viejas élites compartan el poder con las nuevas élites emergentes de indígenas y campesinos, no ha podido cristalizarse

En Bolivia hay dos gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena Evo Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí). El Ejército y la Policía responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases medias lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles y llanuras del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial, que cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército para derrocar al "indio presidente".

Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni consignas y está arrinconada y perseguida.

Esta división se hizo más patente tras que en La Paz, y con el apoyo de cuatro mil campesinos que cercaron el Congreso, el Gobierno de Evo Morales logró la medianoche del martes 27 de noviembre que el Parlamento aprobara una ley para recortar los recursos de todos los gobiernos regionales para financiar con 200 millones de dólares el pago de un beneficio anual y vitalicio para todos los mayores de 60 años. Este beneficio, sin algunas mejoras introducidas por Morales, era pagado hasta ahora con recursos de la petrolera estatal de YPFB para que los ancianos tengan 25 dólares al mes para comprar un plato de comida, un vaso de leche y dos marraquetas (panes).

Otra medida, aprobada también por los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) leales a Morales y sin la participación de los congresales opositores, amedrentados por los grupos campesinos, fue la autorización para que la directiva de la Asamblea Constituyente pueda sesionar en cualquier ciudad para formular la nueva propuesta de Constitución Política del Estado. Hasta ahora, estas sesiones estaban recluidas en la ciudad de Sucre, controlada por las fuerzas ligadas a la oligarquía y que habían logrado movilizar a los sectores ciudadanos para impedir la continuidad de las sesiones. Allí, grupos fascistas dirigían las acciones de acoso e intimidación contra los asambleístas oficialistas y azuzaban el creciente odio racial contra los altiplánicos.

Diálogo bajo presión

Con estas medidas, el gobierno de Morales busca presionar al máximo a los opositores para obligarlos, desde una posición de fuerza, a negociar sobre la nueva Constitución, que debe decidir sobre el alcance de las autonomías regionales, la reelección presidencial y la concesión de derechos iguales a los indígenas y pueblos originarios, entre sus temas centrales.

Sin embargo, en lo inmediato, la aprobación de ambas medidas, una que les resta recursos a los gobiernos regionales y otra que les arrebata el veto que tenían sobre la Constituyente, exacerbó la oposición política regional que realizó una masiva huelga de 24 horas el miércoles 28 de noviembre, paralizando casi en su totalidad a seis de las nueve regiones de Bolivia. Allí se produjeron movilizaciones populares, golpizas a los grupos leales al presidente Morales y acoso a los migrantes llegados del altiplano.

Tras cumplir el paro, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron estar listos, como lo dijo el presidente del fascista Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, para "pasar al estado de resistencia civil movilizada ante el quiebre de la democracia".

En franca rebeldía, los prefectos (gobernadores), dirigentes cívicos, empresariales y populares de los valles, el oriente y sur del país se declararon en virtual desacato, comenzaron una huelga de hambre desde el 3 de diciembre y anunciaron la resistencia civil a las medidas gubernamentales, junto a la denuncia internacional contra Morales. Los alzados, como era de esperar, ya viajaron a Washington. En la agenda también están la toma de las oficinas públicas, el control de la Policía y la fractura del Ejército. Los prefectos de Pando y Cochabamba ya convocaron al desacato militar.

Un alto a la conspiración

La decisión del gobierno de Morales para recortar por ley los recursos de los gobiernos regionales y aprobar la reinstalación en otra ciudad de la Asamblea Constituyente, que había logrado aprobar en grande, en la primera de tres etapas la nueva Constitución en Sucre, en un recinto militar y ante el acoso de la población (los enfrentamientos ocasionaron la muerte de tres civiles y más de 200 heridos), se da ante la evidencia de que la oligarquía y la oposición de derecha están saboteando la Asamblea y que mediante la constante confrontación están fortaleciéndose cada vez más.

Por ello, la oligarquía y la oposición derechista intentan ahora revertir las medidas aprobadas por Morales, pero sobre todo acrecentar su poder, que ha crecido como la espuma por los desaciertos de la política conciliadora, contradictoria y demagógica de Morales, que ha rifado la enorme popularidad y expectativa que había logrado obtener con las elecciones de diciembre de 2005 cuando logró el 54 por ciento de los votos.

Conciliación, demagogia y violencia

En su intento por lograr un gran acuerdo nacional --que le permita desarrollar el capitalismo andino sobre la base de la gran propiedad privada burguesa, el respeto a la inversión extranjera que paga impuestos, el impulso a la pequeña producción campesina, urbana e informal y el retorno parcial y limitado de las empresas públicas a la economía— el gobierno de Morales había entregado a la oligarquía en el 2006 un poder de veto para definir el alcance de la nueva Constitución Política del Estado, a través de la elección de los congresales y la definición de los temas con el voto de los dos tercios.

Allí, el gobierno del MAS y los opositores acordaron que la nueva Constitución sería fruto del pacto y la conciliación. Sin embargo, la fracción indigenista del MAS intentó desconocer el acuerdo y logró romper el pacto de los dos tercios, lo que obligó a la oligarquía a lanzarse a la calle en busca de apoyo popular en contra de Morales y la Constituyente.

Desde ahí, y en medio de la pugna al interior del Gobierno, entre el ala indigenista y la fracción dialoguista y concertadora de las clases medias e intelectuales timoneados por el vicepresidente Alvaro García Linera, la Asamblea transitó entre acercamientos y rupturas con las fuerzas de la oligarquía, que tras estar arrinconadas desde el 2003, se reactivaron en el 2006 y cobraron gran fuerza y poder en el 2007.

Así, cada victoria del ala dialoguista, cada concesión de Morales y el MAS se convertía en un aliciente para que la derecha y la oligarquía puedan endurecerse más; en tanto que cada avance del ala indigenista y campesina, cada ataque de Morales les servía para potenciarse, para levantar nuevas banderas.

La derecha dirige a las masas

Hoy, en seis de las 10 más grandes ciudades del país, la derecha más reaccionaria ha logrado arrastrar a las masas, enarbolando las banderas de la democracia, de libertad, de la autonomía. Ha tomado, incluso, la bandera de la defensa de la economía popular, ante el virtual silencio de las organizaciones sindicales que han sido cooptadas y neutralizadas por el MAS, y ante la oposición gubernamental que no supo ni pudo quebrar el bloque enemigo.

Por ahora, la intención del vicepresidente García Linera para que las viejas élites compartan el poder con las nuevas élites emergentes de indígenas y campesinos, no ha podido cristalizarse, a pesar de las enormes concesiones que hizo el gobierno.

Concesiones del MAS

El proyecto de nueva Constitución, elaborada por el MAS, garantiza la vigencia de todas las formas de propiedad (tanto estatal como privada y comunitaria), el respeto a los inmensos latifundios productivos que son la fuente de la pobreza campesina y el minifundio, el respeto a la inversión extranjera y a las transnacionales que siguen saqueando Bolivia, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, autoriza autonomías regionales limitadas y da paso a la reelección de Morales.

En este texto constitucional, que debe ser aún aprobado en su etapa de detalle y revisión por la Constituyente, antes de ser sometido a un referéndum, no hay lugar para la revolución agraria ni para la estatización de la minería ni los hidrocarburos.

La nueva Constitución apuntala, en el fondo, la perspectiva gubernamental de impulsar el capitalismo andino, en la visión de Morales de convertir a Bolivia en un socio confiable de las transnacionales. En la concepción gubernamental, la industria petrolera, minera, agroindustria, banca, servicios de telecomunicaciones, energía, industrias seguirán en manos de las grandes compañías privadas transnacionales, algunas de ellas con fuertes lazos con el capital boliviano.

La legalización de los contratos petroleros (presentadas demagógicamente como una nacionalización ficticia), el impulso al latifundio agroexportador y productivo, el respeto a las transnacionales mineras, incluida la Glencore, junto al leve aumento de impuestos en el sector, forman parte de este proyecto que intenta "normalizar" el funcionamiento de un capitalismo que cumpla la ley, que explote pero que no robe, que incentive los negocios y la ganancia, pero que sancione a los especuladores de tierra, que promueva el lucro empresarial pero que castigue al que no pague impuestos o defraude al fisco.

Una propuesta que no sirve, sin embargo, para resolver los grandes problemas de la economía boliviana y de los sectores empobrecidos que seguirán atados a sus cadenas mientras la tierra siga en manos de los terratenientes, mientras las minas, bancos, hidrocarburos y bosques sigan en manos de las transnacionales.

Todo o nada, por ahora

La propuesta del MAS tampoco es aceptada por la oligarquía, aunque no tanto por su impacto económico, sino por las características de la rancia oligarquía boliviana, que es extremadamente racista, profundamente odiadora de los indios y los pobres, y que no quiere ceder en nada a Morales, a pesar que las reformas no le afectan en lo esencial.

La oligarquía no quiere compartir el poder con Morales y por ello avanza en la construcción de su propio poder político, desgastando al "indio presidente". Hasta hoy, la táctica de la confrontación los ha potenciado, les ha dado poder político en seis de los nueve departamentos de Bolivia. Ahora están calculando los siguientes pasos, los más reaccionarios quieren declarar ya la secesión y su independencia, los más inteligentes siguen acumulando fuerzas, esperando nuevos yerros del MAS y de Morales, en la perspectiva de que vaya madurando el doble poder que hoy se da en Bolivia.

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