jueves, 24 de enero de 2008

El control de las libertades en internet y la nueva ‘ley mordaza’

Con la LISI, el Gobierno amplía a las “autoridades competentes” la posibilidad de ordenar el cierre de una página web, algo que hasta hace poco sólo se podía llevar a cabo con una resolución judicial.

Hubo una época en la que los académicos, los periodistas, los ciudadanos y los políticos planteaban recurrentemente la cuestión: ¿se puede regular internet? La respuesta ha llegado de unos años a esta parte en forma de leyes que tanto en Europa como en el resto del mundo están cercando un campo que se creía imposible de vallar. La última ley aprobada en el Estado español, la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), establece que determinadas “autoridades competentes” (que no se especifican en la ley) podrán ordenar el cierre de páginas web y sitios de internet, algo que hasta hace poco sólo podía autorizar un juez. La medida supone un recorte drástico a la libertad de expresión de los ciudadanos en internet, que queda en manos de esas ‘indefinidas’ autoridades competentes, según diversas asociaciones que se han manifestado en contra, entre ellas la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de internet y la Comisión de Libertades de Internet, entre otras.

La ley, publicada el 29 de diciembre de 2007, “vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, y otros, como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales”, según el informe de la Oficina del defensor del internauta de la AI. Un par de meses antes, el Congreso aprobaba otra ley que suscitó la airada reacción de los activistas de internet nuevamente. Una nueva ley para la retención de datos en las comunicaciones electrónicas que obliga a las empresas de comunicaciones (operadoras móviles y fijas, proveedores de internet, etc.) a guardar masivamente, durante dos años, los datos de todas nuestras comunicaciones: cuándo llamamos o nos conectamos a internet, a quién llamamos, desde qué lugar (en el caso de los móviles)...

Todo ello para que la Policía y demás cuerpos de seguridad puedan acceder a esa información. Ante este panorama, la opinión del presidente de la AI, Víctor Domingo, es pesimista: “Nos encontramos con un retroceso de las libertades con unas leyes que son aprobadas por el Gobierno, como si tal cosa, con toda naturalidad”. La nueva LISI, por ejemplo, toca de lleno la cotidianidad de los internautas. Un joven abre un blog y critica a la dirección de su instituto, la cual solicita el cierre del blog por la “mala imagen que da del centro”. El caso señalado se saldó con una denuncia y juicio por un comentario anónimo injurioso en el blog. Sentencia y multa de 200 euros por las injurias del anónimo. Un año después, aquel joven continúa con su blog escribiendo sobre política y temas sociales. Es el ejemplo perfecto que plantea la nueva LISI, porque, ya aprobada la ley: ¿quién será el responsable del cierre de esa web?, ¿podrá solicitarlo el centro escolar a una ‘autoridad competente’ que suprimirá la opinión de un alumno de internet?

Para unos, como la AI, la LISI abre la puerta a que conflictos de ese tipo o similares se solucionen sin pasar por los tribunales, dándole potestad a ciertos ‘órganos competentes’ para cerrar las páginas. Desde el PSOE se ha defendido que la ley “no atribuye nuevas competencias a nadie, ocurre lo mismo que en la vida real, y nadie podrá cerrar un blog salvo un juez”. Pero para las asociaciones civiles como la AI el asunto no está tan claro, y tampoco para el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Pedro Martínez, que considera que “es una ley que nace viciada, que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que debería haber sido tramitada por lo tanto como ley orgánica y no como ley ordinaria”.

Las entidades de gestión como la SGAE, responsables de recaudar el canon, han tratado de que la ley les facilite la posibilidad de perseguir determinadas prácticas que hasta el momento los tribunales no han considerado ilegales. No han accedido a sus reclamaciones. “Han hecho una ley a medida de las entidades de gestión, para permitirles clausurar páginas web de internet sin necesidad de acudir a los tribunales”, replica Martínez. “Este debate no es nuevo, ya lo tuvimos hace unos años”, recuerda Domingo, “y lo ganamos”. La batalla, sin embargo, vuelve a plantearse. Y lo que para algunos constituye la lógica regulación de internet para otros representa la amputación de derechos fundamentales. Lejos queda aquel alegato que hace 11 años lanzaba John Perry Barlow: “Gobiernos del mundo industrial… no sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos”. En aquel momento se creía que internet no podría ser regulado. Las tornas han cambiado, con cada nueva ley de internet los ciudadanos se juegan buena parte de sus derechos civiles, y lo hacen de forma definitiva, sin vuelta atrás. Las previsiones de algunos testigos sobre el tipo de sociedad que va a resultar son sombrías. Y la indiferencia sobre estos asuntos es extensa.

Las comunicaciones privadas al descubierto
Con la nueva ley sobre retención de datos, aprobada el pasado octubre, se crean repositorios masivos de datos a los que la Policía podrá acceder de forma indiscriminada una vez que tienen autorización judicial. Los datos de nuestras comunicaciones privadas podrán ser examinados “para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir”, somos sospechosos por defecto, señala el teniente fiscal de Madrid Pedro Martínez. Esta legislación crea una asimetría total entre el Estado y los ciudadanos, según lo interpreta la Comisión para las Libertades en Internet. Mientras el Estado sabe cada vez más de los ciudadanos, éstos ignoran cada vez más la vigilancia a la que se encuentran sistemáticamente sometidos: “El Estado y las empresas acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros”, decía en un informe realizado sobre esta ley.

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Fabra, el cacique del PP en Castellón.

El protagonista del lento y complejo ‘Caso Fabra’ ha sido agraciado –y ya van tres veces– con un premio de dos millones de euros en el sorteo del Niño de la lotería. El hecho recuerda sospechosamente a las 50 veces que, en 15 años, la suerte sonrió a la familia de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama urbanística de corrupción en Marbella. La compra de billetes premiados de lotería es todo un clásico del blanqueo de dinero negro.

El sorteo del Niño de la lotería ha dejado un ganador muy aficionado a ganar dinero: Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y máximo líder del PP castellonense. Dos millones de euros que han ido a parar al bolsillo del polémico político castellonense, imputado por una posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.

El particular estilo de Carlos Fabra, abogado y corredor de seguros, le ha llevado a tejer una amplia red clientelar dentro y fuera del Partido Popular en Castellón. El sector empresarial –especialmente de la construcción– ha estado muy ligado a los tejemanejes del presidente de la Diputación en la remodelación radical que ha sufrido Castellón. Su peculiar forma de hacer política incluye a 26 asesores nombrados a dedo –700.000 euros en sueldos– o gastos en 2003 de 165.000 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros. Todo ello a cargo del erario público. Su influencia en la política valenciana ha sido fundamental. En plena carrera por el poder autonómico en 1993, Eduardo Zaplana, cuya influencia se concentraba en la zona de Alicante, comprendió perfectamente que debía contar con el cacique castellonense. La experiencia de Zaplana en el ‘Caso Naseiro’ se convertiría en un interesante espejo para el castellonense.

Sin embargo, años más tarde, Zaplana parte hacia Madrid, al Ministerio de Trabajo del Gobierno de José María Aznar. La persona que, en un principio, era el fiel escudero que protegía la retaguardia política valenciana de Zaplana, Francisco Camps, se rebeló contra el cartagenero, convirtiéndose en su peor enemigo y desencadenando una fraticida guerra interna entre campistas y zaplanistas. Y en esta guerra el eterno cacique de las gafas oscuras tuvo un papel clave accediendo finalmente a apoyar la hegemonía campista que el nuevo presidente autonómico reclamaba frente al cada vez más alejado portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso.

Apoyo del partido

Pero significativamente, Fabra, que está siendo investigado por el uso electoral de censos de extranjeros en las últimas elecciones municipales del 27-M, a las cuales el imputado se presentaba contradiciendo así el “código ético” del PP, ha contado con el apoyo de ambos en relación a sus numerosos problemas con la justicia. “Tengo la seguridad” –afirmaba Zaplana en 2004– “de que cuando acabe el proceso, sea de forma inmediata o posteriormente, con la tramitación de la querella, la honorabilidad del señor Fabra quedará fuera de toda duda”. “Le conozco bien y sé que será así”, añadía. Por su parte, Camps afirmaba que el político imputado “tiene todo el respaldo personal y político de todo el Gobierno y del PP”. Hasta le organizó una cena de homenaje.

La carrera política de Fabra al frente del PP de Castellón ha ido en paralelo a un sospechoso enriquecimiento personal. Desde que accedió al cargo en 1995, ha multiplicado por siete el valor de su patrimonio. También multiplicó por 11 el número de sus acciones en bolsa: de 696 a 7.910. La Agencia Tributaria detectó 600.000 euros no justificados por Fabra y la jueza sumó esta investigación a la causa abierta en 2003 contra el líder del PP por el empresario Vicente Vilar. Éste acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de agilizar las gestiones políticas para obtener la autorización de productos fitosanitarios.

Fabra es administrador único de Carmacas S.L., una empresa de consultoría, creada en agosto de 2004 para la asesoría laboral y la formación y prevención de riesgos laborales. Por su parte, Vilar es propietario de Naranjax, un fabricante formulador de productos fitosanitarios. En junio de 1998, las esposas de Fabra y Vilar –María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente (ésta última separada de Vilar desde abril de 2003)– crean Artemis 2000, que paga, en agosto de 2000, 8.300.000 pesetas (49.884 euros) a la consultoría de Fabra en concepto de distintas asesorías, según Vilar. Asimismo, Artemis 2000 cede en exclusiva la distribución de sus productos (la gestión de las autorizaciones) a Naranjax.

Otro empresario, Manuel Ruiz, declaró que pagó 11 millones de las antiguas pesetas en una bolsa de plástico para que Fabra agilizase las autorizaciones de los productos fitosanitarios. Ruiz aseguró que el pago causó efecto desbloqueando así las licencias en Madrid. El empresario Ginés Márquez, testigo del ‘Caso Fabra’, declaró que el presidente de la Diputación participó en una cena en la que se trató sobre la venta de la firma Naranjax, S.L. contradiciendo así la versión de Fabra según la cual nunca ha “participado en nada de Naranjax”.

Altos cargos del PP

El ‘Caso Fabra’ ha salpicado de lleno a dos ex altos cargos del PP que han sido imputadas por la Audiencia de Castellón. Se trata de la ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y actual directora general de Familia, Infancia y Voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores, y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana y subsecretaria de la Consellería de Bienestar Social hasta junio del 2007, Pilar Máñez. Ambas deberán declarar en los juzgados sobre presuntos delitos contra la Administración pública. Esteban González Pons, conseller de Camps, declaró desde su despacho en condición de testigo. La magistrada suspendió la declaración del ex jefe de gabinete de Aznar, Alfredo Timermans, al no ser éste encontrado por la policía en su domicilio madrileño –un medio de Prisa lo localizó en Nueva York–.

En el juzgado de instrucción nº1 de Nules también han testificado por escrito Juan Posada (ex ministro de Agricultura), Celia Villalobos (ex ministra de Sanidad) y Miguel Ángel Arias Cañete (ex ministro de Agricultura). El ex ministro de Ciencia y Tecnología y actual coordinador electoral del PP, Juan Costa, tuvo que desplazarse hasta el juzgado. El empresario Vicente Vilar amenazó con aportar datos sobre la financiación ilegal del partido implicando además al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y al diputado del PP Miguel Prim. La juez Lourdes Novarques se convirtió hace un mes en la séptima magistrada que, en cuatro años, abandona el ‘Caso Fabra’. Cuando el cacique se sienta en el banquillo, la justicia se hace lenta, flexible, amable.

Los Fabra: un siglo en el poder
Carlos Fabra ha sido considerado por muchos como un auténtico cacique del siglo XXI. Porque de la mayor parte del siglo XX ya lo fueron sus antepasados. Y es que los Fabra han sido los caciques de Castellón desde principios del siglo pasado. Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente de la Diputación. Antes de morir tres sobrinos suyos fueron presidentes de la Diputación: Victorino, Hipólito y Plácido. El primero de los sobrinos dejará a su hijo Luis Fabra Sanz la Diputación como herencia que luego pasará a manos de Carlos Fabra Andrés. El hijo de éste, Carlos Fabra Carreras ocupará la presidencia de la Diputación en 1987 hasta nuestros días. Todo un siglo en el poder.

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De la CEE a la UE ‘superpotencia mundial’

...por Ramón Fernández Durán

La elaboración del nuevo Tratado de Reforma ha sido aún más antidemocrática que la de la Constitución. Su redacción final ha sido el resultado de una Conferencia Intergubernamental presidida por el secretismo, sin ninguna participación del Parlamento Europeo, ni de los parlamentos nacionales, ni ningún contacto o negociación con los “agentes sociales” –Confederación Europea de Sindicatos (CES), grandes ONG...–, a los que se involucró antes de cara a vender mediáticamente la imagen participativa del proceso constitucional. La aprobación del nuevo Tratado se hará por vía parlamentaria. La nueva Europa será una “Unión de Estados” en la que han sido suprimidos los ciudadanos, que ni siquiera se mencionan en el preámbulo, al contrario que en la Constitución.

El nuevo Tratado sigue abriendo la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones, sometiendo a estos “servicios de interés general” (ya no se habla de servicios públicos) a la lógica del mercado. Mientras tanto, la política social y la fiscalidad siguen sometidas al veto, imposibilitando una política comunitaria al respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la Unión. El gasto público social queda muy severamente limitado por el Pacto de Estabilidad, y se preconiza que los Estados deben alcanzar el superávit presupuestario, pero eso sí, se anima a gastar más, bastante más, en los presupuestos militares. Además, debido al hecho de que la iniciativa legislativa sigue residiendo en la Comisión Europea, ello hará que el marco comunitario responda cada vez más a las lógicas de los grandes conglomerados empresariales y financieros, que poseen importantes lobbies de presión en Bruselas. La Nueva Estrategia de Lisboa, o el nuevo documento de la Comisión: Europa Global, compitiendo en el mundo son un muy buen ejemplo de ello. Según el Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, puedan ganar acceso a los mercados mundiales”. El Tratado (y la nueva directiva del mercado único de capitales) da aún más poder al mundo del dinero, reforzando el papel del Banco Central Europeo. Por otro lado, el nuevo Tratado dota a la Unión de estatus jurídico internacional.

Más desigual

El Tratado configura una estructura institucional europea con distintos núcleos y periferias, que contendrá al menos dos grandes Europas. Una, el Eurogrupo, los 15 países que han adoptado el euro como moneda común. Ellos serán con toda probabilidad los que intentarán ir más allá en sus políticas de integración (“cooperaciones reforzadas”), y el nuevo Tratado lo permite en las áreas en que se pueden tomar decisiones por mayoría, aunque serán los actores más poderosos los que condicionarán su evolución. El otro grupo son los no miembros del euro –pero sí ya “eurizados”– del Este, que lo más probable es que tarden en integrarse en la moneda única, pues manifiestan severos desequilibrios económicos como consecuencia de su incorporación (dependiente) a la Unión.

Pero la futura Europa tendrá también otras periferias o círculos concéntricos. De hecho, las lleva construyendo desde hace tiempo. Una será la que se está creando en su flanco sur, la Unión Mediterránea, “presidida” por Francia pero en la que tendrán un papel importante España e Italia. La Unión Mediterránea buscaría también disputar a EE UU su hegemonía en el Mediterráneo. La otra gran periferia sería la del Este de la Unión (Ucrania, Bielorrusia, etc.), y su gestión más directa correspondería a Alemania.

La UE se está convirtiendo cada vez más en un nuevo Gran Hermano incontrolable. El proceso se inició ya hace años (acuerdo Schengen, grupo Trevi, etc.), pero en los últimos años, este endurecimiento no ha hecho sino profundizarse, en especial hacia los movimientos contestatarios, y el nuevo Tratado significa un nuevo e importante paso en la misma dirección. Los derechos políticos y las libertades están seriamente en cuestión. Las políticas de seguridad (y justicia) se comunitarizan. Y los Estados se decantan cada vez más por las políticas de ‘Tolerancia Cero’. Es más, el nuevo Tratado (al igual que la Constitución) contiene una Cláusula de Seguridad, que permite a la Unión intervenir en un país miembro en caso de ataque terrorista, catástrofe natural o humana (¿un levantamiento popular, tal vez?). Todo ello se intenta encubrir con una Carta de Derechos Fundamentales, de consecuencias jurídicas dudosas, que para nada recoge de forma vinculante los derechos sociales (cada día más erosionados), y que además ha quedado fuera del nuevo Tratado (en el que tan sólo se menciona su existencia).

De cualquier forma, todavía no está claro que los 27 puedan ratificar, todos ellos, el Tratado de Reforma antes de 2009. Las sociedades civiles europeas, organizaciones sindicales (principalmente fuera de la CES, aunque también dentro de la propia CES), organizaciones políticas y muy diversas organizaciones y movimientos sociales a escala de la Unión están rechazando progresivamente esta futura Europa que se diseña en el nuevo Tratado. Otra cosa es que ese rechazo in crescendo se pueda manifestar organizada y abiertamente, como cuando la Constitución. Máxime ahora que la ratificación del nuevo Tratado se quiere llevar a cabo eludiendo las consultas populares. Es por eso por lo que el punto de confluencia común de todos los rechazos es que el nuevo texto, al menos, se someta a consulta popular. Sin embargo, ese rechazo se manifestará con toda seguridad el día de las futuras elecciones europeas en 2009, cuando los ciudadanos europeos den la espalda de una forma aún más profunda que en el pasado a su cita con las urnas. Será un rechazo pasivo, lo cual agudizará aún más la profunda falta de legitimidad de la Unión.

En el Estado español, el referéndum de la Constitución fue la consulta electoral de más baja participación de la democracia española: 42%. A pesar del 77% de ‘síes’, sólo algo más de tres de cada diez ciudadanos apoyaron la Constitución. Al igual que el referéndum sirvió para impulsar un debate sobre el “proyecto europeo”, la futura y subrepticia ratificación parlamentaria debe ser utilizada para profundizar el debate en torno a esta Europa que está condicionando tanto nuestras vidas y nuestro entorno. Se están empezando a articular las resistencias a este proyecto en el interior y en el exterior de la Unión (el proceso Enlazando Alternativas entre América Latina y de Europa por ejemplo). Todo lo cual hará aún más complicado la cristalización de esta nueva Europa, provocando que los poderes europeos (o parte de ellos) se vean obligados a construir este futuro de forma autoritaria, y a defenderla a través de intervenciones militares a escala mundial.

El nuevo mundo que se abrirá dentro de poco tras el agotamiento del petróleo pondrá en cuestión las estructuras de poder. Es preciso pues oponerse a este proyecto y empezar a deconstruir esta Europa (y las estructuras estatales que la componen), para poder caminar hacia otras Europas y mundos. Todo es posible. El futuro está abierto.

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Los mercenarios, modernos guerreros del Imperio.

...por Daniel Pereyra, autor del libro ‘Mercenarios guerreros del Imperio’, de reciente aparición.

Uno de los oficios más antiguos del mundo cobra actualidad por obra y gracia de las necesidades militares de Estados Unidos y la avidez de ganancias de las empresas del entramado militar-industrial.

La CIA y el Pentágono utilizaron mercenarios en Guatemala (1954, golpe contra el presidente Jacobo Arbenz), Cuba (1961, intento de invasión por Bahía de Cochinos), Nicaragua (creación de la Contra, 1980 a 1990) y Afganistán (contra las tropas soviéticas, 1979 a 1989) y en la primera Guerra del Golfo (1990 a 1991). Fomentaron el empleo de mercenarios en África y América Latina, por parte de dictaduras y empresas multinacionales, que desarrollaban guerras sucias por la conquista del poder local o de materias primas.

A partir de la disolución de la URSS es cuando se produjeron los mayores cambios en la forma de hacer la guerra y en los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Uno de los más importantes cambios fue en 1992, cuando el secretario de Defensa Dick Cheney encomendó a Kellog, Brown & Root, filial de Halliburton (receptora de sustanciosos contratos con el Pentágono) un estudio sobre la privatización de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ese proyecto se comenzó a aplicar de inmediato, contratándose a Corporaciones Militares Privadas (CMP) y por su intermedio a mercenarios para múltiples tareas en sustitución de soldados regulares.

Los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos fueron ampliados, puesto que ya no existía el competidor soviético. En 1992, el proyecto Guía para la planificación de la defensa elaborado por el Pentágono y el Departamento de Estado “apuesta por la búsqueda de una primacía imperial basada en la necesidad de prevenir la emergencia de cualquier potencial futuro competidor global y de controlar para ello esa región (…) En Oriente Medio y el sudeste asiático, nuestro objetivo global es conservar al extremo el poder dominante en la región y reservar el acceso al petróleo existente en ella a EE UU y al mundo occidental”. El Imperio apuntaba a la primacía en toda la región asiática al sur de Rusia y China, desde el Mediterráneo al Pacífico, como una prolongación de su fuerte influencia en Europa, asentada con sus bases militares en los Balcanes y su creciente influencia en Oriente Medio después de la Guerra del Golfo y el hostigamiento a Iraq.

La excusa perfecta, el atentado a las Torres Gemelas en 2001, que dió el pretexto para intervenir en todo el mundo: Estados Unidos declaró la guerra global al terrorismo e invadió Afganistán e Iraq. Entonces la necesidad de los mercenarios se hizo imperiosa, ya que se requerían para ambos frentes centenares de miles de hombres. El ejército de Estados Unidos no estaba en condiciones de aceptar ese reto por falta de efectivos. Una parte se cubrió con soldados norteamericanos regulares, otra con aliados encabezados por Gran Bretaña, pero una cantidad creciente fue suministrada por los mercenarios de las CMP. En la actualidad hay entre Iraq y Afganistán unos 200.000 soldados regulares, y otros tantos mercenarios.

Las mayores dificultades en estos teatros de guerra han hecho crecer la demanda de efectivos, que el Pentágono no puede facilitar por los problemas para conseguir nuevos voluntarios. Además varios aliados se retiran: Gran Bretaña y Polonia entre ellos. ¿Entonces a qué se apeló? Lo más sencillo es pedir más mercenarios, reclutando en todo el mundo a través de las CMP; luego se intenta reemplazar a los soldados de Estados Unidos con naturales de Iraq y Afganistán, auténticos cipayos al servicio del invasor, aun a sabiendas de que se trata de militares poco confiables si tienen que enfrentarse a su propio pueblo. En el orden interno, el jefe de la Infantería de Marina solicitó que sus efectivos salieran de Iraq para ser enviados a Afganistán, lo que le fue denegado, pero evidencia el espíritu de derrota que se adueña de los mandos.

El último intento, que cambiaría la estrategia militar en ambos conflictos, es el acuerdo de que las tropas norteamericanas permanezcan por largo tiempo en estos países y se trasladen a emplazamientos fuera de las ciudades, reduciendo su número y encomendando la seguridad a los iraquíes y afganos. Lo que no haría sino volver mucho más caótica la situación e implicaría entregar el control de la mayor parte del territorio a la resistencia.

¿Qué hacen los mercenarios?
¿Qué hacen esos mercenarios? Realizan todas las tareas administrativas y logísticas, tales como alimentación, correo, aprovisionamiento de armas y municiones a las tropas, sanidad, construcciones, etc; colaboran en custodia, interrogatorios y torturas a los prisioneros; también realizan tareas de guardaespaldas de personalidades, custodia y vigilancia a cuarteles, convoyes de soldados y otras instalaciones militares, y cumplen tareas de combate, junto a las unidades regulares. Lo hacen desconociendo los derechos humanos, torturando presos, asesinando civiles, como se denunció recientemente en el caso de Blackwater, que asesinó a 17 civiles, u otras CMP que sometieron a vejaciones y torturas a presos en Abu Grhaib. Estos son casos que han saltado a las primeras páginas, mientras muchos otros permanecen en el anonimato.

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