Panamá: Al amigo plata...

La falta de respeto del Gobierno a la dignidad humana provocó el caos que sufrimos el 13-2-2008. El asesinato de un obrero y las flagrantes violaciones a los derechos humanos realizadas por la Policía, imponía separar inmediatamente a estos jenízaros e iniciar una investigación por una comisión independiente. El principal responsable del caos y de las pérdidas económicas es el presidente Torrijos.

El Instituto de Medicina Legal confirmó que Al Iromi Smith Rentaría, dirigente del SUNTRACS y estudiante de Matemáticas en el Centro Regional Universitario de Colón, fue asesinado el 12 de febrero por un policía motorizado (‘lince’), que le propinó un balazo por la espalda en la policlínica Hugo Spadafora.

Según la autopsia “la muerte ocurrió por un choque hemorrágico (masiva pérdida de sangre), producto de las lesiones internas causadas por el impacto y trayectoria de un proyectil de arma de fuego que entró por la región lumbar”. Gerardo González, dirigente de ANFACSS, denunció que estaba en la policlínica “cuando la unidad policial disparó contra el dirigente del SUNTRACS, sin tomar en cuenta la gran cantidad de pacientes, usuarios y funcionarios administrativos presentes”.

TVN mostró a los ‘linces’ y a un policía del tránsito pateando por la espalda a ciudadanos que se encontraban indefensos en el piso, lo cual ha generado el repudio de la mayor parte de la población, pero otras personas han guardado un silencio cómplice o, peor aún, han pretendido justificarlo.

Con Al Iromi Smith Rentaría, son tres los obreros asesinados en menos de un año. Si se le añade los fallecimientos de obreros de la construcción -29 en 2006 y 25 en 2007-, ocurridos porque muchas obras no cumplen con las elementales normas de seguridad, suman 57 los obreros que han muerto. Ni una sola de las voces que se han levantado para condenar las protestas del 13 de febrero, se han pronunciado para denunciar estas muertes y evitarlas; sólo hablan del derecho de los terceros a circular, sin pensar tan siquiera que 57 obreros jamás podrán volver a respirar y decenas de niños crecerán sin su padre.

El especialista en medicina laboral más reconocido de Centroamérica -Dr. Francisco Díaz Mérida- señala “la lucha vertical del SUNTRACS por la defensa de la salud y seguridad de los trabajadores de la construcción se complica, aún más, por la presencia del gangsterismo sindical…”.

La falta de respeto del Gobierno a la dignidad humana provocó el caos que sufrimos el 13 de febrero. Ante el asesinato del obrero y las flagrantes violaciones a los derechos humanos realizadas por la Policía en Colón, se imponía separar inmediatamente a estos jenízaros e iniciar una investigación por una comisión independiente. Cuando el miércoles comenzaron los desórdenes, un gobernante preocupado por su pueblo hubiese llamado inmediatamente a los dirigentes del SUNTRACS para dialogar. El principal responsable del caos y de las pérdidas económicas es el presidente Torrijos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció el 13 de febrero que el gobierno de Torrijospagó 45 mil balboasa Juan Antonio Tejada Espino, que representó a Panamá como juez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia por el caso de desaparición forzada y muerte del líder sindical Heliodoro Portugal durante la dictadura de Omar Torrijos.

En el siguiente enlace, http://www.panamacompra.gob.pa/PanamaCompra/detallecompradirecta.aspx?ID=2007-0-05-0-08-CD-000408 se puede leer que el 14 enero de 2008 se registró una contratación directa a favor de Juan Antonio Tejada Espino por: “Servicios especiales en calidad de juez ad-hoc para que participe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede Costa Rica en consideración caso de Heliodoro Portugal contra la República de Panamá”.

"Consideramos que este pago compromete la actitud de un juez que un Estado propuso y luego le da semejante pago, no sabemos si él (Tejada) aceptó o no el dinero y no sabemos si es ilegal, pero a todas luces es algo anti-ético y compromete la independencia e imparcialidad del juez", declaró a la AP, Soraya Long, directora de CEJIL Mesoamérica.

Long lamentó que Panamá dispusiera pagarle 45 mil balboas a Tejada Espino, cuando se rehusó a otorgar una reparación económica a la familia Portugal, que fue solicitada por CEJIL y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Con esta actitud, el gobierno del presidente Torrijos provocó que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana, exponiendo pública e internacionalmente a Panamá a responder ante un tribunal internacional por violaciones a derechos humanos", concluyó Long.

Ante una consulta de AP, el vocero del tribunal, Arturo Monge, expresó que los jueces ‘ad hoc’ reciben 150 dólares de honorario por cada día laborado.

Juan Antonio Tejada Espino –primo de Martín Torrijos- se desempeñó como Defensor del Pueblo y fiscal en el Ministerio Público. Según CEJIL, Tejada Espino también participó en las exhumaciones de restos humanos en el desaparecido cuartel de Los Pumas en Tocumen;se comprobó que esos restos eran de Heliodoro Portugal, desaparecido en 1970.

La máxima preferida del dictador Noriega: “Al amigo, plata; al indeciso, palo; y al enemigo, plomo” tiene plena vigencia en la administración Torrijos.

www.dialogociudadano.com

Políticas Energéticas en Panamá 2008: Represión e interconexión energética.

Como hecho emblemático de las Políticas Energéticas oficiales de Panamá, el año 2008 da inicios con un auge represivo del Estado y empresarios privados con los intentos, a toda costa, de desarrollar la construcción de proyectos hidroeléctricos en la Cuenca Hidrográfica de Teribe -Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, en Veraguas, Chiriquí y otras principales cuencas del país.

El gobierno no parece escatimar esfuerzos represivos. En cualquier parte del país donde se desarrolla una manifestación de las organizaciones comunitarias y ambientalistas contra la avanzada jurídica y practica que están llevando los empresarios, inmediatamente las fuerzas policiales intervienen. AES, Unión Fenosa, Carlos Slim, Eduardor Vallarino, son algunos de los nombres vinculados a estos intereses, que están decididos a montar sus negocios con la exportación de energía eléctrica.

Ya en 2003 Panamá exportada hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER) un 4.30% del total de la energía eléctrica generada en el país. Para ese entonces, Humberto A. González, gerente de Asuntos Corporativos y Proyectos Especiales de AES PANAMA S.A. denominaba positiva la exportación de energía ya que al aumentar la demanda, se promueve el desarrollo de mayor capacidad de generación, argumentaba. "Esta necesidad de aumentar la capacidad de producción, se convierte a su vez, en un promotor de desarrollo para Panamá, de fuentes de empleo adicionales para los panameños y de mayores ingresos para el Estado", decía al diario La Prensa.

En abril de 2007, en el mismo Diario, el director de la Comisión de Política Energética del Ministerio de Economía y Finanzas, Aderito Pastor Cabrera Panamá secundaba esta visión empresarial argumentando que Panamá tiene las características para convertirse en un centro de exportación de energía hacia Centroamérica donde cada día crece la demanda y el consumo. El plantel de generación panameño es suficiente para abastecer el consumo de los 600 mil clientes de todo el país, pero la demanda -que ya superó los mil megavatios diarios- ha encendido las luces rojas del sistema.

"Además de la posición geográfica, las leyes de Panamá ofrecen ventajas competitivas a los generadores que decidan instalarse en Panamá vis-à-vis los de Centroamérica", dijo Cabrera. "A ello se añade como elemento favorable la existencia de un negocio de bunkering que permite a los generadores térmicos procurarse el combustible de manera segura y con precios competitivos". Esta visión del funcionario, expone su pensamiento como un empresario y no como un servidor público que tiene que ver con la gestión y disponibilidad de recursos naturales y sociales frente los abusos del mercado; lo que deja claro cual es la posición del Estado con respecto al tema. El funcionario también hace uso del desgastado pensamiento del siglo XIX de tener al país como un territorio "pro mundi beneficio", abierto -por su posición geográfica- a la economía transnacional y sus intereses socioambientalmente depredadores.

Bajo el mismo argumento, el de la posición geográfica, las políticas energéticas oficiales en materia de hidrocarburos en Panamá marchan hacia el desarrollo de la infraestructura petrolera de trasiego y almacenamiento, con el ideal de transformar a Panamá en un Enlace (Hub) Energético.

Para el mes de octubre del 2007 técnicos venezolanos y colombianos visitaron el país para revisar la posibilidad del proyecto del gasoducto transcaribeño. Alfredo Guerrero Sosa, encargado de negocios de Venezuela en Panamá, decía en Veraguas, en noviembre, que su Gobierno esperaba la respuesta del Gobierno panameño sobre el tema de la reconversión de Panamá en un centro energético con el suministro de crudo venezolano.

El viceministro de Comercio, José Manuel Paredes, informó de la visita de técnicos venezolanos y colombianos para el estudio del gasoducto transcaribeño, pero meses antes, Panamá firmó un acuerdo con la firma qatarí Oxy para iniciar la segunda fase del proyecto de una refinería en Charco Azul, Puerto Armuelles, empezó los tramites para el desarrollo de otra refinería en provincia de Colon a cargo de la empresas Dutemp y un proyecto mas ambicioso en la misma zona a cargo del consorcio Centro Energético de las Américas, con varias empresas transnacionales detrás. Por otro lado Harken Energy acaba de firmar convenio con el gobierno para iniciar exploración y explotación de crudo en la zona del golfo de Darién.

Por otro lado, las comunidades de Taboga, María Chiquita y Ambientalista continúan oponiéndose al desarrollo petrolero. Mientras que alcaldes, como el del distrito de Barú, Chiriquí, Franklin Valdés ve bueno el desarrollo de una refinería en esa zona del país, porque según dice, va a salvar de la crisis económica en que está sumida esta región desde hace más de 10 años.

"Yo tengo mis esperanzas puestas en la Refinería de Barú, porque va a generar mucho empleo y traerá buenas expectativas para esta zona", dijo a La Prensa.

Para marzo de 2008 se espera que se firme el contrato de construcción de la refinería con Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Una refinería podría representar alrededor de 11 mil empleos directos e indirectos, aunado a que la Petroterminal de Panamá, dice el alcalde que le dijeron, que va a construir más tanques en Rambala y en Barú. Además, el alcalde busca que el Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano se instale en Barú para ofrecer cursos de albañilería, soldadores y demás que se requieren para la refinería. Las instalaciones de almacenamiento y trasiego del oleoducto de Petroterminales de Panamá, ubicadas en esa zona, llevan más de 30 años en la zona con evidentes impactos ambientales, situación que más han resentido los pescadores de la bahía de Charco Azul.

Frente a la ingenuidad de algunas autoridades locales, la voracidad de los empresarios y la impunidad procurada por las autoridades estatales la alianza ambiental comunitaria reunida en santiago de Veraguas, que coordina esfuerzos de lucha de grupos ecologistas y comunidades afectados por hidroeléctricas, minería y demás desarrollo depredador, se movilizarán desde diversos puntos del país, para marchar sobre la ciudad de Panamá el 25 de febrero para exigir al gobierno la moratoria a estos proyectos del desarrollo depredador.

www.omal.info

¿De qué Democracia me hablan?

...por Genaro López

El neoliberalismo no es sólo una expresión económica, sino también política. La imposición de las medidas de globalización neoliberal han demandado, si bien un Estado más chico, también un Estado más controlador, en el sentido de intentar acallar las voces de quienes luchan por respuestas a las justas demandas de la población, lo que ha significado cercenamiento de las libertades de expresión, represión a movimientos sociales, persecución a los dirigentes de organizaciones populares.

Serios cuestionamientos se han vertido a los distintos Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por los altos grados de corrupción y nepotismo que denotan estas instancias totalmente deslegitimadas. La crisis alcanza también la cúpula de los partidos políticos, los gremios empresariales, la dirigencia sindical y gremial plegada al gobierno, la Policía y hasta la jerarquía de algunos grupos religiosos.

¿Quiénes han ejecutado esta política? Todos los gobiernos que se han sucedido, esto significa que entre gobierno y oposición no existe diferencias, sus intereses de clases son los mismos. Es más, hoy la patronal (grandes capitales) se han «conglomerado» y sus enormes capitales actúan en todos los sectores, por tanto, las expresiones políticas de la clase dominante también se fusionan, cualquiera de sus partidos políticos (PRD, Arnulfismo, Solidaridad, Molirena, Liberal, Cambio Democrático, Vanguardia Moral, etc.) representan globalmente los mismos intereses, el de la clase dominante.

Esto explica, por qué el último proceso electoral para presidente, alcaldes y diputados fue testimonio de una gigantesca campaña de mercadeo, donde las grandes publicitarias, a través de los grandes medios de comunicación bajo control de grupos políticos y económicos reconocidos, se encargan de vender un producto (lavar la imagen de candidatos o sencillamente darlos a conocer). Dónde se siembran falsas ilusiones y promesas electorales, mismas que se desvanecen al poco tiempo de ejercer el poder el nuevo Gobierno.

Los datos del proceso electoral del 2004 confirman que uno de cada cuatro panameños muestra rechazo o se pronuncia en contra del sistema electoral excluyente, por lo que optan por la abstención, voto en blanco o nulo.

Encuestas realizadas, por los diversos medios de comunicación social, indican una alta percepción de que los partidos políticos no contribuyen en nada a la democracia, que estos sólo aparecen en el período electoral y que jamás toman en cuenta los problemas de las comunidades.

Cabe preguntarse ¿qué democracia puede haber en un país donde más del 60% de la población vive en pobreza, donde niños mueren de hambre o por falta de medicamentos básicos en nuestros hospitales, donde más del 40% de la población que recibe salario no logra cubrir el costo de la canasta de necesidades materiales de vida, donde la población que acude a las instalaciones de salud muere envenenada? Todo ello frente al silencio de gobierno y partidos políticos. ¿Qué hay de democrático en la exoneración de impuestos a los grupos de poder económico?

¿Qué democracia hay en votar por partidos con una larga trayectoria de corrupción, de atropellos al pueblo, de represión, de imposición de medidas antipopulares?, ¿qué civismo puede haber en votar por partidos y figuras que se prestaron a la violación de los derechos humanos y las libertades ciudadanas?, ¿de qué civismo podemos hablar cuando un importante número de legisladores reconocidos como vagos, corruptos e incapaces vuelven a la Asamblea Legislativa, mientras otras desprestigiadas y desgastadas figuras de la politiquería criolla se refugian en el PARLACEN?

Los llamados partidos políticos imponen la dinámica del dedo en sus decisiones internas, donde no hay debate, donde se manipula la verdad y convierten las elecciones en esa especie de marketing publicitario, vulgar mercadeo electoral carente de propuestas de solución seria y real a los grandes problemas nacionales.

En realidad lo que debe ser debatido es la necesidad de romper con este sistema de elecciones excluyente, reservado a los partidos burgueses, que promueve el clientelismo, que no pone límite a las «donaciones» ni a los espacios televisivos, radiales, etc.

Democracia es más que un proceso electoral, en lo cual nos han querido sumergir, las élites dominantes. En Panamá, no existe una real democracia, no existe democracia participativa. El juego de la democracia se quiere imponer en el marco de los procesos electorales, donde la normativa jurídica pasa a favorecer la partidocracia, el clientelismo electorero.

Para el pueblo panameño, el concepto de democracia debe estar expresado hoy en la conciencia de lucha para demandar la atención a las necesidades más urgentes, la superación de las condiciones de superexplotación y miseria en que viven los trabajadores y campesinos, la edificación de una sociedad que, al basarse en el respeto a la voluntad de la mayoría, haga de los intereses de ésta el criterio prioritario de acción. En esta perspectiva, la lucha por la democracia es la lucha contra la dominación y explotación de los muchos por unos cuantos, es la lucha por un orden social tendiente a la justicia y a la igualdad.

En medio del carnaval electoral, en que la maquinaria publicitaria de los llamados partidos políticos nos quiere arrastrar, los sectores populares, democráticos y patrióticos estamos llamados a redoblar la lucha por el respeto a los derechos humanos, por la defensa ecológica, por la real democracia, por la defensa de la soberanía nacional y por la emancipación social. Igualmente, seguir luchando contra la partidocracia, contra la corrupción y la impunidad. Se trataría de un planteamiento que recoja las demandas de la población, de ir creando conciencia de la necesidad de un cambio político transformador, donde el pueblo sea finalmente quien tome las decisiones que atañen a su propio destino.

Es necesario organizarnos para construir un poder popular que permita crear las condiciones para llamar a una Asamblea Constituyente Originaria, que refunda la República, como única garantía para que nuestras demandas sociales sean atendidas; para que haya democracia, donde tengamos plena participación en la toma de decisiones.

-El autor es obrero de la construcción, Secretario General del SUNTRACS y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO.

www.suntracs.org