Como hecho emblemático de las Políticas Energéticas oficiales de Panamá, el año 2008 da inicios con un auge represivo del Estado y empresarios privados con los intentos, a toda costa, de desarrollar la construcción de proyectos hidroeléctricos en la Cuenca Hidrográfica de Teribe -Changuinola en la provincia de Bocas del Toro, en Veraguas, Chiriquí y otras principales cuencas del país. El gobierno no parece escatimar esfuerzos represivos. En cualquier parte del país donde se desarrolla una manifestación de las organizaciones comunitarias y ambientalistas contra la avanzada jurídica y practica que están llevando los empresarios, inmediatamente las fuerzas policiales intervienen. AES, Unión Fenosa, Carlos Slim, Eduardor Vallarino, son algunos de los nombres vinculados a estos intereses, que están decididos a montar sus negocios con la exportación de energía eléctrica.
Ya en 2003 Panamá exportada hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER) un 4.30% del total de la energía eléctrica generada en el país. Para ese entonces, Humberto A. González, gerente de Asuntos Corporativos y Proyectos Especiales de AES PANAMA S.A. denominaba positiva la exportación de energía ya que al aumentar la demanda, se promueve el desarrollo de mayor capacidad de generación, argumentaba. "Esta necesidad de aumentar la capacidad de producción, se convierte a su vez, en un promotor de desarrollo para Panamá, de fuentes de empleo adicionales para los panameños y de mayores ingresos para el Estado", decía al diario La Prensa.
En abril de 2007, en el mismo Diario, el director de la Comisión de Política Energética del Ministerio de Economía y Finanzas, Aderito Pastor Cabrera Panamá secundaba esta visión empresarial argumentando que Panamá tiene las características para convertirse en un centro de exportación de energía hacia Centroamérica donde cada día crece la demanda y el consumo. El plantel de generación panameño es suficiente para abastecer el consumo de los 600 mil clientes de todo el país, pero la demanda -que ya superó los mil megavatios diarios- ha encendido las luces rojas del sistema.
"Además de la posición geográfica, las leyes de Panamá ofrecen ventajas competitivas a los generadores que decidan instalarse en Panamá vis-à-vis los de Centroamérica", dijo Cabrera. "A ello se añade como elemento favorable la existencia de un negocio de bunkering que permite a los generadores térmicos procurarse el combustible de manera segura y con precios competitivos". Esta visión del funcionario, expone su pensamiento como un empresario y no como un servidor público que tiene que ver con la gestión y disponibilidad de recursos naturales y sociales frente los abusos del mercado; lo que deja claro cual es la posición del Estado con respecto al tema. El funcionario también hace uso del desgastado pensamiento del siglo XIX de tener al país como un territorio "pro mundi beneficio", abierto -por su posición geográfica- a la economía transnacional y sus intereses socioambientalmente depredadores.
Bajo el mismo argumento, el de la posición geográfica, las políticas energéticas oficiales en materia de hidrocarburos en Panamá marchan hacia el desarrollo de la infraestructura petrolera de trasiego y almacenamiento, con el ideal de transformar a Panamá en un Enlace (Hub) Energético.
Para el mes de octubre del 2007 técnicos venezolanos y colombianos visitaron el país para revisar la posibilidad del proyecto del gasoducto transcaribeño. Alfredo Guerrero Sosa, encargado de negocios de Venezuela en Panamá, decía en Veraguas, en noviembre, que su Gobierno esperaba la respuesta del Gobierno panameño sobre el tema de la reconversión de Panamá en un centro energético con el suministro de crudo venezolano.
El viceministro de Comercio, José Manuel Paredes, informó de la visita de técnicos venezolanos y colombianos para el estudio del gasoducto transcaribeño, pero meses antes, Panamá firmó un acuerdo con la firma qatarí Oxy para iniciar la segunda fase del proyecto de una refinería en Charco Azul, Puerto Armuelles, empezó los tramites para el desarrollo de otra refinería en provincia de Colon a cargo de la empresas Dutemp y un proyecto mas ambicioso en la misma zona a cargo del consorcio Centro Energético de las Américas, con varias empresas transnacionales detrás. Por otro lado Harken Energy acaba de firmar convenio con el gobierno para iniciar exploración y explotación de crudo en la zona del golfo de Darién.
Por otro lado, las comunidades de Taboga, María Chiquita y Ambientalista continúan oponiéndose al desarrollo petrolero. Mientras que alcaldes, como el del distrito de Barú, Chiriquí, Franklin Valdés ve bueno el desarrollo de una refinería en esa zona del país, porque según dice, va a salvar de la crisis económica en que está sumida esta región desde hace más de 10 años.
"Yo tengo mis esperanzas puestas en la Refinería de Barú, porque va a generar mucho empleo y traerá buenas expectativas para esta zona", dijo a La Prensa.
Para marzo de 2008 se espera que se firme el contrato de construcción de la refinería con Occidental Petroleum Corporation (OXY).
Una refinería podría representar alrededor de 11 mil empleos directos e indirectos, aunado a que la Petroterminal de Panamá, dice el alcalde que le dijeron, que va a construir más tanques en Rambala y en Barú. Además, el alcalde busca que el Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano se instale en Barú para ofrecer cursos de albañilería, soldadores y demás que se requieren para la refinería. Las instalaciones de almacenamiento y trasiego del oleoducto de Petroterminales de Panamá, ubicadas en esa zona, llevan más de 30 años en la zona con evidentes impactos ambientales, situación que más han resentido los pescadores de la bahía de Charco Azul.
Frente a la ingenuidad de algunas autoridades locales, la voracidad de los empresarios y la impunidad procurada por las autoridades estatales la alianza ambiental comunitaria reunida en santiago de Veraguas, que coordina esfuerzos de lucha de grupos ecologistas y comunidades afectados por hidroeléctricas, minería y demás desarrollo depredador, se movilizarán desde diversos puntos del país, para marchar sobre la ciudad de Panamá el 25 de febrero para exigir al gobierno la moratoria a estos proyectos del desarrollo depredador.
0 comentarios:
Publicar un comentario