lunes, 10 de diciembre de 2007

Arzobispito boliviano.

...por Abel Ortiz

La iglesia católica, cuyo director de marketing en la sucursal terrícola inició su carrera en las juventudes hitlerianas, sin que esto supusiese impedimento alguno para su elección en el cónclave, o junta general de accionistas, al contrario que ser mujer, o negro, circunstancias hasta la fecha incapacitantes, mete la cuchara ahora, tan inoportunamente como tiene por costumbre, en la “sopa” boliviana.

El arzobispo de Sucre, Jesús Pérez Rodríguez, en pía comunión de intereses con la oposición, ha hablado, o algo parecido. Ataca al gobierno del presidente Evo Morales, un indio, (al que probablemente nunca hubieran admitido en las juventudes hitlerianas) y del vicepresidente García Linera, señalado por sus enemigos, (¿ante quien?), como homosexual; en Auschwitz lo habrían marcado con un triángulo rosa al mismo tiempo que el papa trabajaba en el servicio de estrategia nazi, (Reichsarbeitsdienst). Heidegger, adherido al partido de Hitler en 1933, una de las mayores influencias filosóficas de Ratzinger, según sus biógrafos, no habría protestado. Indios, marxistas, trompetistas, matemáticos y homosexuales. Demasiado para el arzobispito, para su santidad, para el santo oficio; y para el occidente blanco, bienpensante y nazificado.

El arzobispito: "Tenemos que acostumbrarnos a vivir divididos, violentados porque lo que tenemos es un gobierno de confrontación". Haciendo amigos. Se le olvidó decir que es un gobierno salido de las urnas, con mayoría parlamentaria sobrada. Por mucho que le pese a la oposición, legal y legítimo. Menudencias para los arzobispos poco dados a respetar jerarquías terrenales pero dispuestos a montar una cruzada, trabuco en mano, a la primera oportunidad. No sería la primera vez.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas bolivianas, Wilfredo Morales, acusa a los prefectos de la “media luna”, las regiones más ricas unidas contra Morales, (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) de acudir a los cuarteles buscando “romper la democracia”. Viniendo de un militar de tan alta graduación es como para tomar nota. Ha habido llamamientos descarados a la intervención militar desde cargos públicos; por supuesto dando por descontado, los enemigos de los indígenas, que el ejército les sería favorable. De momento no.

Lo que si es favorable a los prefectos y su golpe de estado es la apatía, el desconocimiento y la indiferencia internacional. En el guión, escrito por la “comunidad” mundial (Bush, Ratzinger y Solana) ganan los buenos, blancos, a poder ser de ojos azules, y pierden los malos, los indios, como siempre. Esperemos que en Bolivia sepan improvisar. El final de la película está por ver. Puede que aparezcan, ante la agresión de los prefectos y sus mercenarios, “los ponchos rojos” que acompañaron a Morales en la ceremonia indígena de posesión. Querrá decir que la violencia se instala. Será la señal de que se han sublevado los prefectos apoyado por los arzobispos, los terratenientes y las potencias. Otra vez. ¿Sarkozy, Merkel y Gordon Brown abogarán por un “comité de no intervención”?

www.radioklara.org

La Generalitat Valenciana tanca amb nocturnitat i sense avís el repetidor de la Carrasqueta

Des d'ahir els valencians i les valencianes del sud no poden veure TV3

10.12.2007

Un dia abans del finalitzar el termini donat pel Contenciòs Administratiu d'Alacant, a les deu de la nit d'ahir diumenge, funcionaris de la Generalitat Valenciana van procedir al precintat i tancament del repetidor que ACPV té a la Serra de la Carrasqueta (Alacantí). Avui es reunirà d'urgència la Junta Directiva d'ACPV per analitzar la situació creada, i respondre amb la contundència i la fermesa que requereix aquest atac antidemocràtic a la llibertat d'expressió i al dret a la pluralitat informativa dels valencians. (VÍDEO)


www.acpv.cat

Sobre el boicot del ayuntamiento de Valencia a la investigación de las fosas comunes del cementerio.

Comunicado del "Fòrum per la Memòria del País Valencià"

Como ya informamos en un comunicado anterior, el Ayuntamiento de Valencia ha bloqueado la entrada al Archivo del cementerio municipal, a los miembros del Fòrum per la Memòria del país Valencià que realizan los trabajos de identificación de las personas enterradas en las Fosas Comunes, y con el fin de verificar que el atentado que supone esta actitud al derecho a la investigación e información no era un error, hemos comparecido en el Archivo con una notario para que levantara Acta de si existía un impedimento a la documentación que pudiera afectar a la continuidad de la investigación.

Según se puede comprobar en el Acta Notarial, en todo momento hemos cumplido con las normas fijadas por el propio Ayuntamiento para el acceso al Archivo, quedando patente que durante los dos años en los que hemos comparecido diariamente, en todas las ocasiones hemos cumplimentado el impreso que nos han facilitado en las propias oficinas del Archivo, que comprende la autorización de la entrada por el funcionario correspondiente, poniéndose en evidencia que lo que se ha pretendido es impedir y obstruir la investigación.

Las trabas impuestas y la negación del derecho al acceso a la información y a la investigación, no han sido suficientes para paralizar la trabajos, ya que conociendo el comportamiento arbitrario y discriminatorio del ayuntamiento (por un lado intenta destruir la Fosa Común de la Sección 7ª Derecha en la que fueron enterrados represaliados del franquismo construyendo encima 1.030 nichos, y por otro, regala al Arzobispado de Valencia los terrenos en el lugar más caro de la ciudad para construir el “macrosantuari”, en memoria de las “víctimas inocentes de la santa cruzada”), y teniendo en cuenta la envergadura e importancia de la investigación de las Fosas Comunes, el acceso a los datos necesarios, no podíamos dejarlo depender de la discrecionalidad del Ayuntamiento, con lo que el resultado de esta investigación saldrá a la luz contando con toda la documentación necesaria depositada en dicho Archivo.

No obstante, nos alegramos de que el Ayuntamiento quiera por fin tomar medidas (tal y como alega), encaminadas a la protección de los Libros de Registro de Enterramiento, que junto a la Fosa de la Sección 7ª Derecha (única que queda sin destruir, pero que ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le autoriza a destrozar, junto con los restos de los represaliados/as, con la construcción de los nichos), son la prueba del genocidio que el franquismo realizó en Valencia. En el Fòrum per la Memoria, preocupados por la seguridad e integridad de estos Libros y adelantándonos a la preocupación que ahora parece tener el Ayuntamiento, el día 11 de mayo de 2.006, requerimos a una notario para que levantara Acta de la existencia de dichos Libros, incluso con fotos de los mismos, que fue depositada en el Juzgado correspondiente, con el fin de proteger y dar testimonio de su existencia.

En el momento en que aparezca la publicación impresa del resultado de la investigación, no tendremos inconveniente en facilitar al Ayuntamiento un ejemplar, por si le fuera de utilidad para sacar de una vez de la clandestinidad a las Fosas Comunes, señalizándolas convenientemente y poniendo en ellas los nombres de las víctimas y represaliados del franquismo allí enterrados.

Y queremos terminar este comunicado agradeciendo infinitamente todas las muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido, que poco a poco, dado el volumen, lo iremos haciendo de forma personalizada.

Valencia, 5 de diciembre de 2.007

El franquismo fue sustituido por un monarca apoyado por el Ejército

Tomo notas para un libro que llamaré “Memoria irredenta del franquismo”, en que prestaré atención a sus dimensiones “militares” (no sólo). Dejen que les cuente una sinopsis breve del mismo. El franquismo, nacido de la traición, la mentira y la ignorancia (a lo que se llamó “Alzamiento”), amamantado bélicamente por Mussolini y Hitler –-sin cuyo decidente apoyo no hubiere sino un golpe de estado frustrado--, tuvo en los militares facciosos las herramientas determinantes para consumar el fusilamiento de la II República y cuanto ésta había significado. Dichos militones, acabada la guerra, fueron columna principal, durante casi cuatro décadas, del “Régimen” bonapartista-clericalista-militarista-fascistoide, cumpliendo, pues, una esencial y básica función política en tal dictadura, mantenida a base de exilio, terror, incultura, engaño, y el dictador bajo palio como la Hostia Santa.

Cuando el césar marroquí se aproximaba a su ocaso vital, “los de siempre”, que decía Bernat Muniesa en las recientes Jornadas Republicanas de UCR en Barcelona, los que habían mandado toda la sufrida Historia de España, concibieron la operación denominada “transición”, de dimensiones “lampedusianas”, también tomado de Muniesa: que pareciese que todo cambiaba y llegaba la democracia, para/pero que todo siguiese bajo su control, cerrando el paso a cualesquiera caminos alternativos. El franquismo debía ser sustituido por un monarca apoyado por el Ejército. Un monarca clave de bóveda implicado directamente con Franco, garantía para los franquistas y los militares de que no se pondría en cuestión la rebelión del 36, la represión genocida de la posguerra, la pretendida “honorabilidad” de las Fuerzas Armadas del “Caudillo”. Todo bajo los auspicios de USA (visitas de Vernon Walters, H.A. Kissinger, etcétera, recordaba Juan R. Capella, igualmente en las Jornadas de UCR citadas). Venía, así, una democracia “otorgada”, y el trágala de una Constitución (digna en no pocos aspectos, pues Europa occidental no se chupaba el dedo, y habían de imitarse sus Cartas máximas) que debía legitimar o/y sepultar los crímenes del franquismo, entre cuyos padres autores o “framers” se contaban homicidas de Estado como Fraga (que había dado solidario visto bueno a fusilamientos desde el Consejo de Ministros) o fascistetes como Cisneros. ¿Y cómo quedaría “atado y bien atado” todo esto? Con el Ejército. Al que metieron con fórceps en el Título Preliminar de la Constitución, en línea con la franquiana Ley Orgánica del Estado.

Los de siempre tenían pánico a la ruptura (y eventual asunción de responsabilidades), así que lo mejor era llamar “ruptura” al inteligente y forzado apaño, como han hecho historiadores del establishment. “Éstas son lentejas”, vinieron a decir a los demócratas; si no os gustan, nos sobran generales tipo Iniesta (por ejemplo) y policías tipo Conesa, y vosotros seguís con boca sellada, tras rejas y torturas. Conque llamaron “transición” a la “transacción”, la convirtieron en mito, como explica muy bien Jordi Mir, y llamaron “amnistía” a la “amnesia”. La memoria de los sin nombre quedó enterrada viva (hasta hoy mismo), Felipe González sirvió a despintar el color republicano de Rodolfo Llopis y los históricos del PSOE, y se amañó bien, el mismo FG (obseso del pragmatismo), para congraciarse con “los poderes fácticos”. De paso, o por ello, tiró por la ventana a los militares significados como demócratas coherentes, en particular a los de la UMD. Los media colaboraron en la gran operación, en buena conjunción con el dinero o capital, e incluso con buena fe (algunos, o algunas veces), construyendo en buena parte el relato mítico de la transición. La cual apisonó la memoria de millones de ciudadanos honrados, y no tuvo reparos en incluir guetos: guerrilleros/maquis, UMD, ascenso a general de los firmantes del golpista “manifiesto de los cien”, pero no de los dignos oficiales “úmedos”, o negar a éstos la cruz de años de servicio, otorgándosela (en delito de prevaricación cometido por muy altos mandos) a condenados por la rebelión del 23-F, resolviendo dichos prevaricantes generales que tales rebeldes habían observado “la más intachable conducta” (sic) toda su vida militar.

Por resumir, a los mílites custodios del “atado y bien atado” les cabe harta responsabilidad en tanto escarnecer la memoria de los “vencidos” –-aunque muchos de aquéllos no sean conscientes-—, pues fueron los garantes máximos de que la transición se hiciera como se hizo. Además, produjeron continuo “ruido de sables”, al menos hasta el teniente general Mena y el capitán legionario melillense González Calderón, que se iba a ir con su compañía a acojonar al Ministerio de Defensa en pleno, enero de 2006. El propio fracaso de la “Operación De Gaulle” camastrona que fue el 23-F reforzó a los milicos más ultras, al ver que quedaban impunes casi todos quienes debieron sentarse en un banquillo penal, gracias a una justicia militar que fue a la justicia lo que la música militar es a la música (viejo adagio). Oliart, autoridad político-administrativa, incluso daba instrucciones al juez cineasta militar García Escudero (José María, no Pío) sobre si procesar o no a muchos militares sediciosos y rebeldes de la División Acorazada madrileira, y de la “Maestrazgo” de Valencia y la Capitanía General de la misma. Con oliares y múgicas moviendo hilos, casi toda la bajada de pantalones se explica.

La democracia otorgada, en fin, “toleró”, muerta de miedo, las infames condenas mínimas de Tejero e Ynestrillas (otro ejemplo paradigmático de la seguridad jurídica de la justicia militar) por la Operación Galaxia, sentencia de la que disintió el honesto general Quintana Lacaci, pero el Consejo Supremo de Justicia Militar (¡?) disintió de Quintana y cuasi-absolvió a dichos galácticos; como toleró el ascenso y nombramiento de Capitán General de Zaragoza (5ª Región Militar) de Caruana, en lugar de mandarlo a la cárcel con Milans por ocupar pistola al cinto, poco antes, el Gobierno Civil de Valencia; o que un buen grupo de oficiales de Estados Mayores de varias Capitanías Generales estableciesen una organización golpista durante años (caso “cintas aleatorias”). Terminemos: que la prudencia no nos haga traidores (Jordi Carbonell), y salgamos ya de esta odiosa interinidad. No pedimos vindicta ni ajuste de cuentas, sólo dignidad y verdad. Que se redima de una vez la memoria emparedada por los “vencedores”, pues no es posible abdicar del pasado, y hay que informar a los que vienen después (“recuérdalo tú y recuérdalo a otros”, que decía Cernuda y recapitula Carlos Castilla). Somos lo que recordamos, sin memoria no hay identidad, véase el enfermo de alzheimer.

* José Luis Pitarch. Vicepresidente de Unidad Cívica por la República

Ahora lo verde cotiza en bolsa

La historiadora Alizia Stürtze critica la pretensión de las grandes empresas y de los Gobiernos occidentales de engañar a sus respectivas sociedades calificando como «verdes» proyectos y políticas que, bajo una retórica ecologista, esconden la «búsqueda del enriquecimiento inmediato». Partiendo de esa constatación, cuestiona la corriente de opinión que ve en esa vertiente del capitalismo una especie de «mal menor». Tajantemente, Stürtze concluye que podemos «tener o bien capitalismo o bien un planeta habitable». En ningún caso los dos.

O de cómo convertir el calentamiento global en un negocio redondo, y, en nombre del desarrollo sostenible, montar una nueva burbuja bursátil similar a la de 2000 en torno a Internet, y seguir acumulando, y seguir explotando... en el altamente especulativo «mercado del cambio climático».

Los que, como Iberdrola, Fenosa, Repsol YPF o Acciona (por poner algún ejemplo «casero»), se han forrado y se siguen forrando contaminando y calentando nuestro entorno y el planeta, ahora quieren enriquecerse también limpiándolo y enfriándolo (o eso dicen). Imbuidos de un súbito amor por la naturaleza y lo verde, han empezado a crear filiales de energías renovables que cotizan en bolsa y, al parecer, les van a dar pingües beneficios (sobre todo a los que las construyen y las venden, claro).

Al neoliberal Sarkozy también le ha entrado la vena ecologista y anuncia una revolución total de ecología y economía en su país, con desarrollo de energías renovables; todo esto mientras sigue, como Merkel en Alemania, desarrollando y exportando energía nuclear y construye reactores de segunda generación en el propio territorio.

Vestidas de verde clorofila, las instituciones públicas españolas y vascas también se han apropiado del vocabulario ecologista y, por el bien del desarrollo sostenible, subvencionan con millones de euros las inversiones privadas en campos eólicos y solares y en plantas de producción de biocarburantes; todo ello a la espera del mejor momento para, por ejemplo, dar a Iberdrola Ingeniería (otra filial no tan «verde») licencia de construcción de una central de ciclo combinado en las instalaciones de Lemoiz que, como es sabido, hemos ido pagando a través del recibo de la luz, «como compensación por la inversión realizada y la moratoria nuclear».

La revista «Time» dedica portada y artículo central a los «héroes del medio ambiente», entre los que destacan, claro está, el premiado Al Gore con su famosa casa de 20 habitaciones y baños. La ciencia también se apunta, y la revista «La Recherche» dedica un especial al TAV y a Alstom -la corporación francesa líder mundial en infraestructuras de energía y transporte ferroviario-, y nos permite enterarnos de cosas tan hermosas como que a ese tren, que tan duramente critican desde AHT Gelditu! por ser un pelotazo ecológicamente insostenible y socialmente despilfarrador, deberíamos llamarlo «Libertad» porque «combina perfectamente la sed de libertad, de desplazamiento, de descubrimiento, con la protección del medio ambiente...».

Aunque eso ya nos lo han repetido montones de veces las consejeras de transporte y de medioambiente y ordenación del territorio López de Guereñu y Esther Larrañaga que, mientras insisten en que la Y vasca es una imprescindible «red de transporte sostenible», no parecen haberse enterado de las multimillonarias inversiones accesorias que el Gobierno Vasco piensa seguir realizando en otras infraestructuras de transporte, principalmente carreteras; dejando así bien patente que Jaurlaritza no está precisamente defendiendo un modelo de desarrollo sostenible.

Pero aún va más allá el cinismo de esos capitalistas depredadores y contaminadores transmutados en amantes de la clorofila. Se han montado un «mercado verde», llamado fondo de carbono, con el que consiguen un doble objetivo: ganar dinero (que es lo suyo) y, además, aparecer como compañías ambientalmente amables que luchan a brazo partido por cumplir con el protocolo de Kioto y a favor del desarrollo sostenible.

Dado que ahorrar toneladas de CO2 es mucho más caro en los países desarrollados (en Europa cuesta 80 euros, en China sólo 3), pues compran «aire limpio» a empresas de países como China, India, Sudáfrica, Egipto o Chile, que han reducido sus emisiones de carbono y les venden «descontaminación» a buen precio, sobre todo a través de la generación de energías renovables con equipo comprado ya nos podemos imaginar a quién.

Así, como destaca el artículo «El derecho a contaminar» de «Le Monde Diplomatique» de diciembre, de cara a reservar cuotas, muchas empresas prefieren crear en otros países actividades que ahorran GEI (emisiones de gases de efecto invernadero) o modernizar instalaciones ya existentes, antes que reducir sus propias emisiones... aprovechándose, además, de las generosas subvenciones que los estados otorgan a esas «compras de cuotas». Queda así en tela de juicio el supuesto esfuerzo de reducción estructural de las emisiones de CO2.

Nos hablan de sostenibilidad, pero sólo se ven lobbys, avidez especulativa y búsqueda del enriquecimiento inmediato. Grandes compañías, empresas participadas por entes públicos, bancos, promotores, inversores, gestoras de fondos y entidades especializadas en gestionar grandes patrimonios se han lanzado ya a sacar partido del «negocio verde», «movilidad sostenible» incluida, of course.

Y al que ponga en duda su buena fé medioambiental y consecuentemente cuestione sus proyectos, criminalización y represión, con la inestimable colaboración de los medios que ya no tienen empacho en llamar terrorista a todo aquel que resista y reclame democracia participativa.

Leo en un artículo titulado «Beyond the G8 summit» que pensar que dejar en manos del «capitalismo verde» la solución al cambio climático y al agotamiento del planeta es mejor que no hacer nada es como creer que es menos peligroso dejar a nuestra querida hijita con el vecino psicópata que sola en casa.

El capitalismo es añadir valor para lo que necesita utilizar recursos (incluidas las personas) que históricamente han estado fuera de la economía global de mercado (el agua, el sol, el aire...). Se basa en el crecimiento ilimitado, en un planeta limitado, por lo que es simplemente un sinsentido hablar de un crecimiento sostenible dentro de un sistema capitalista.

Podemos tener o bien capitalismo o bien un planeta habitable. O lo uno o lo otro. Y a los que elegimos lo segundo sólo nos queda la lucha anticapitalista y la denuncia permanente y lúcida del falso discurso ecologista del capital y sus representantes políticos. Con gobiernos tan extremadamente neoliberal como el de Ibarretxe o el de Sanz tenemos trabajo de sobra.

Militares y policías aparecen entre los agresores ultras

El asesino del joven antifascista muerto en Madrid el 11 de noviembre es militar profesional. No es el único caso. Militares y policías han sido implicados en numerosos ataques.

“La verdad es que muy habitual que cada vez que hay una redada o una actuación contra grupos fascistas o parafascistas, alguno de ellos sea militar o directamente policía”. Es lo que afirma Jorge del Cura, uno de los responsables del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid, que desde hace años sigue muy de cerca las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

Y es que la implicación de militares, sobre todo soldados profesionales y oficiales de baja graduación en grupos ultras organizados es antigua. El considerado primer crimen por motivos raciales en el Estado español, en 1992, fue organizado por un guardia civil. El agente, acompañado de un grupo de neonazis, disparó su arma en una discoteca abandonada de Aravaca, Madrid, a la que iban a dormir inmigrantes, acabando con la vida de la dominicana Lucrecia Pérez.

Igualmente, en 2003, en Valladolid, fueron detenidos tres fascistas cuando, según la policía, iban a atacar las sedes de diferentes organizaciones sociales. Llevaban cócteles molotov, y gasolina. Entre los detenidos estaba Alberto Aparicio, militar formado en la Academia de Zaragoza y destinado en el cuartel leonés del Ejército de Tierra de El Ferral del Bernesga.

Según colectivos antifascistas, la policía nunca ha intentado investigar su relación con los neonazis de León destinados en este mismo cuartel. Ultras como, por ejemplo, David Miguel Galán Da Costa, alias ‘Cholo’, destinado en ese cuartel que destaca entre los nazis responsables de las agresiones en León.

En el Levante, una de las zonas de mayor actividad de grupos ultras, también son sonados algunos casos. Como la desarticulación, en 2005 en un operativo de la Guardia Civil del grupo Frente AntiSistema (FAS), al que le fue requisado armamento de guerra. Entre sus miembros había dos militares. El local del FAS continúa abierto ahora como sede de AN en Valencia.

Ni siquiera la conmoción social tras el asesinato de Carlos ha mitigado la actividad de los grupos neonazis. En la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) el 15 de noviembre, 15 neonazis amedrentaban a estudiantes en la facultad de derecho y poco después agredían a una persona en la estación de Cercanías del campus. Según afirman estudiantes, se trataba de militares que provenían del cercano cuartel de El Goloso.

Abusos de uniforme

En Almería, en septiembre, varios cientos de inmigrantes denunciaron públicamente malos tratos y abusos policiales al amparo de supuestos controles rutinarios de documentación en una zona de Níjar con gran presencia de temporeros inmigrantes. Los testigos apuntan a un agente “rubio y joven” como uno de los más agresivos. Según el Sindicato de Obreros del Campo, el agente ha sido reconocido “como un miembro de un grupo neonazi de la hinchada del equipo de fútbol de Almería. Ya teníamos denuncias previas de que hay neonazis metiéndose en la Guardia Civil. Eso explicaría un poco su manera de actuar”.

Como remacha Del Cura, “Es evidente que si un grupo de estos tiene contacto con la policía se entera de cosas. No es que toda la policía esté detrás, pero en los grupos fascistas es evidente que hay muchos”.

Las dos bolivias

La fracción indigenista del MAS logró romper el pacto de los dos tercios, lo que obligó a la oligarquía a lanzarse a la calle en busca de apoyo popular en contra de Morales y la Constituyente. La intención del vicepresidente García Linera para que las viejas élites compartan el poder con las nuevas élites emergentes de indígenas y campesinos, no ha podido cristalizarse


En Bolivia hay dos gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena Evo Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí). El Ejército y la Policía responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases medias lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles y llanuras del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial, que cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército para derrocar al "indio presidente".

Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni consignas y está arrinconada y perseguida.

Esta división se hizo más patente tras que en La Paz, y con el apoyo de cuatro mil campesinos que cercaron el Congreso, el Gobierno de Evo Morales logró la medianoche del martes 27 de noviembre que el Parlamento aprobara una ley para recortar los recursos de todos los gobiernos regionales para financiar con 200 millones de dólares el pago de un beneficio anual y vitalicio para todos los mayores de 60 años. Este beneficio, sin algunas mejoras introducidas por Morales, era pagado hasta ahora con recursos de la petrolera estatal de YPFB para que los ancianos tengan 25 dólares al mes para comprar un plato de comida, un vaso de leche y dos marraquetas (panes).

Otra medida, aprobada también por los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) leales a Morales y sin la participación de los congresales opositores, amedrentados por los grupos campesinos, fue la autorización para que la directiva de la Asamblea Constituyente pueda sesionar en cualquier ciudad para formular la nueva propuesta de Constitución Política del Estado. Hasta ahora, estas sesiones estaban recluidas en la ciudad de Sucre, controlada por las fuerzas ligadas a la oligarquía y que habían logrado movilizar a los sectores ciudadanos para impedir la continuidad de las sesiones. Allí, grupos fascistas dirigían las acciones de acoso e intimidación contra los asambleístas oficialistas y azuzaban el creciente odio racial contra los altiplánicos.

Diálogo bajo presión

Con estas medidas, el gobierno de Morales busca presionar al máximo a los opositores para obligarlos, desde una posición de fuerza, a negociar sobre la nueva Constitución, que debe decidir sobre el alcance de las autonomías regionales, la reelección presidencial y la concesión de derechos iguales a los indígenas y pueblos originarios, entre sus temas centrales.

Sin embargo, en lo inmediato, la aprobación de ambas medidas, una que les resta recursos a los gobiernos regionales y otra que les arrebata el veto que tenían sobre la Constituyente, exacerbó la oposición política regional que realizó una masiva huelga de 24 horas el miércoles 28 de noviembre, paralizando casi en su totalidad a seis de las nueve regiones de Bolivia. Allí se produjeron movilizaciones populares, golpizas a los grupos leales al presidente Morales y acoso a los migrantes llegados del altiplano.

Tras cumplir el paro, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca anunciaron estar listos, como lo dijo el presidente del fascista Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, para "pasar al estado de resistencia civil movilizada ante el quiebre de la democracia".

En franca rebeldía, los prefectos (gobernadores), dirigentes cívicos, empresariales y populares de los valles, el oriente y sur del país se declararon en virtual desacato, comenzaron una huelga de hambre desde el 3 de diciembre y anunciaron la resistencia civil a las medidas gubernamentales, junto a la denuncia internacional contra Morales. Los alzados, como era de esperar, ya viajaron a Washington. En la agenda también están la toma de las oficinas públicas, el control de la Policía y la fractura del Ejército. Los prefectos de Pando y Cochabamba ya convocaron al desacato militar.

Un alto a la conspiración

La decisión del gobierno de Morales para recortar por ley los recursos de los gobiernos regionales y aprobar la reinstalación en otra ciudad de la Asamblea Constituyente, que había logrado aprobar en grande, en la primera de tres etapas la nueva Constitución en Sucre, en un recinto militar y ante el acoso de la población (los enfrentamientos ocasionaron la muerte de tres civiles y más de 200 heridos), se da ante la evidencia de que la oligarquía y la oposición de derecha están saboteando la Asamblea y que mediante la constante confrontación están fortaleciéndose cada vez más.

Por ello, la oligarquía y la oposición derechista intentan ahora revertir las medidas aprobadas por Morales, pero sobre todo acrecentar su poder, que ha crecido como la espuma por los desaciertos de la política conciliadora, contradictoria y demagógica de Morales, que ha rifado la enorme popularidad y expectativa que había logrado obtener con las elecciones de diciembre de 2005 cuando logró el 54 por ciento de los votos.

Conciliación, demagogia y violencia

En su intento por lograr un gran acuerdo nacional --que le permita desarrollar el capitalismo andino sobre la base de la gran propiedad privada burguesa, el respeto a la inversión extranjera que paga impuestos, el impulso a la pequeña producción campesina, urbana e informal y el retorno parcial y limitado de las empresas públicas a la economía— el gobierno de Morales había entregado a la oligarquía en el 2006 un poder de veto para definir el alcance de la nueva Constitución Política del Estado, a través de la elección de los congresales y la definición de los temas con el voto de los dos tercios.

Allí, el gobierno del MAS y los opositores acordaron que la nueva Constitución sería fruto del pacto y la conciliación. Sin embargo, la fracción indigenista del MAS intentó desconocer el acuerdo y logró romper el pacto de los dos tercios, lo que obligó a la oligarquía a lanzarse a la calle en busca de apoyo popular en contra de Morales y la Constituyente.

Desde ahí, y en medio de la pugna al interior del Gobierno, entre el ala indigenista y la fracción dialoguista y concertadora de las clases medias e intelectuales timoneados por el vicepresidente Alvaro García Linera, la Asamblea transitó entre acercamientos y rupturas con las fuerzas de la oligarquía, que tras estar arrinconadas desde el 2003, se reactivaron en el 2006 y cobraron gran fuerza y poder en el 2007.

Así, cada victoria del ala dialoguista, cada concesión de Morales y el MAS se convertía en un aliciente para que la derecha y la oligarquía puedan endurecerse más; en tanto que cada avance del ala indigenista y campesina, cada ataque de Morales les servía para potenciarse, para levantar nuevas banderas.

La derecha dirige a las masas

Hoy, en seis de las 10 más grandes ciudades del país, la derecha más reaccionaria ha logrado arrastrar a las masas, enarbolando las banderas de la democracia, de libertad, de la autonomía. Ha tomado, incluso, la bandera de la defensa de la economía popular, ante el virtual silencio de las organizaciones sindicales que han sido cooptadas y neutralizadas por el MAS, y ante la oposición gubernamental que no supo ni pudo quebrar el bloque enemigo.

Por ahora, la intención del vicepresidente García Linera para que las viejas élites compartan el poder con las nuevas élites emergentes de indígenas y campesinos, no ha podido cristalizarse, a pesar de las enormes concesiones que hizo el gobierno.

Concesiones del MAS

El proyecto de nueva Constitución, elaborada por el MAS, garantiza la vigencia de todas las formas de propiedad (tanto estatal como privada y comunitaria), el respeto a los inmensos latifundios productivos que son la fuente de la pobreza campesina y el minifundio, el respeto a la inversión extranjera y a las transnacionales que siguen saqueando Bolivia, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, autoriza autonomías regionales limitadas y da paso a la reelección de Morales.

En este texto constitucional, que debe ser aún aprobado en su etapa de detalle y revisión por la Constituyente, antes de ser sometido a un referéndum, no hay lugar para la revolución agraria ni para la estatización de la minería ni los hidrocarburos.

La nueva Constitución apuntala, en el fondo, la perspectiva gubernamental de impulsar el capitalismo andino, en la visión de Morales de convertir a Bolivia en un socio confiable de las transnacionales. En la concepción gubernamental, la industria petrolera, minera, agroindustria, banca, servicios de telecomunicaciones, energía, industrias seguirán en manos de las grandes compañías privadas transnacionales, algunas de ellas con fuertes lazos con el capital boliviano.

La legalización de los contratos petroleros (presentadas demagógicamente como una nacionalización ficticia), el impulso al latifundio agroexportador y productivo, el respeto a las transnacionales mineras, incluida la Glencore, junto al leve aumento de impuestos en el sector, forman parte de este proyecto que intenta "normalizar" el funcionamiento de un capitalismo que cumpla la ley, que explote pero que no robe, que incentive los negocios y la ganancia, pero que sancione a los especuladores de tierra, que promueva el lucro empresarial pero que castigue al que no pague impuestos o defraude al fisco.

Una propuesta que no sirve, sin embargo, para resolver los grandes problemas de la economía boliviana y de los sectores empobrecidos que seguirán atados a sus cadenas mientras la tierra siga en manos de los terratenientes, mientras las minas, bancos, hidrocarburos y bosques sigan en manos de las transnacionales.

Todo o nada, por ahora

La propuesta del MAS tampoco es aceptada por la oligarquía, aunque no tanto por su impacto económico, sino por las características de la rancia oligarquía boliviana, que es extremadamente racista, profundamente odiadora de los indios y los pobres, y que no quiere ceder en nada a Morales, a pesar que las reformas no le afectan en lo esencial.

La oligarquía no quiere compartir el poder con Morales y por ello avanza en la construcción de su propio poder político, desgastando al "indio presidente". Hasta hoy, la táctica de la confrontación los ha potenciado, les ha dado poder político en seis de los nueve departamentos de Bolivia. Ahora están calculando los siguientes pasos, los más reaccionarios quieren declarar ya la secesión y su independencia, los más inteligentes siguen acumulando fuerzas, esperando nuevos yerros del MAS y de Morales, en la perspectiva de que vaya madurando el doble poder que hoy se da en Bolivia.

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