lunes, 10 de marzo de 2008

Ante el asesinato de Isaías Carrasco. Comunicado del Espacio Alternativo.

Creemos que esta repulsa no puede legitimar el recorte de libertades políticas que está sufriendo una parte significativa de la sociedad vasca, ni el Estado de excepción de facto impuesto con el fin, no solamente de combatir las acciones de ETA, sino de aplastar el legítimo derecho del pueblo vasco a decidir pacífica, democrática y libremente su futuro.

Desde Espacio Alternativo queremos manifestar nuestro más rotundo rechazo ante el atentado cometido hoy por ETA y nuestra solidaridad con la familia, los amigos y los compañeros de la víctima, sindicalista de la UGT además de afiliado del PSE. Actos como este son tan demenciales como inútiles y demuestran que ETA ha perdido completamente el norte.

Sin embargo, creemos que esta repulsa no puede legitimar el recorte de libertades políticas que está sufriendo una parte significativa de la sociedad vasca, ni el Estado de excepción de facto impuesto con el fin, no solamente de combatir las acciones de ETA, sino de aplastar el legítimo derecho del pueblo vasco a decidir pacífica, democrática y libremente su futuro.

Por ello, creemos que es necesario unir nuestra repulsa sin paliativos a crímenes como el de hoy a la defensa de una salida dialogada y pacífica al conflicto vasco, única forma de evitar una espiral de violencia y represión que ponga en peligro nuestras ya frágiles libertades democráticas tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado español. Pero, a su vez, creemos que la izquierda abertzale debe desmarcarse de la tutela militar de ETA y rechazar explícitamente acciones como la de hoy, que, sin duda, ni apoyan ni comparten el grueso de sus militantes y simpatizantes.

7 de marzo de 2008

www.espacioalternativo.org

Escandalosa censura de Estados Unidos contra sitios web de temas cubanos.

05/03/2008

La lista negra de los sitios vinculados con Cuba en la OFAC


Publicamos un artículo que apareció este martes en The New York Times, donde se revela cómo Estados Unidos ha bloqueado sitios en Internet con el dominio .com de una empresa inglesa, aplicando extraterritorialmente la legislación norteamericana. Cubadebate añade algunas preguntas y respuestas que no hace el diario norteamericano.


De un plumazo en la lista de vigilancia, y desaparece la voz

4 de marzo, 2008


Por ADAM LIPTAK

The New York Times

Traducido por Margarita Alarcón, del equipo de Traductores de Cubadebate y Rebelión.

Steve Marshall es un agente de viajes inglés. Vive en España, y vende opciones de viajes a europeos que desean ir a lugares soleados, incluyendo de Cuba. En octubre, cerca de 80 de sus sitios Web dejaron de funcionar, gracias al gobierno de los EEUU.

Los sitios, en inglés, francés y español, llevaban funcionando desde 1998. Algunos como www.cuba-hemingway.com, eran literarios. Otros como www.cuba-havanacity.com, trataban temas de historia y cultura de Cuba. Y otros como www.ciaocuba.com y www.bonjourcuba.com — eran puros sitios comerciales dirigidos a turistas italianos y franceses.

“Vine por la mañana al trabajo y no teníamos ni una sola reservación,” dijo el Sr. Marshall por teléfono desde las Islas Canarias. “Pensamos que era un problema de desperfecto técnico.”

En cambio resultó ser que los sitios Web del Sr. Marshall habían sido incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de los EEUU, y a consecuencia de esto, el registro de su dominio que es la compañía eNom Inc. los había inactivado. El Sr. Marshall dijo que eNom le había dicho que así había sido después que recibieran una llamada del Departamento del Tesoro, la compañía que radica en Bellevue, Wash., dijo haberse enterado por un blog que los sitios estaban en una lista negra.

Sea como sea, lo que no se disputa es que eNom canceló los sitios de Marchall sin notificación previa y se ha negado a entregarle los nombres de los dominios. De hecho, el Sr. Marshall nos dijo que eNom le ha quitado su propiedad y ha interferido en sus negocios. Él ha tenido que rearmar su negocio por Internet en estos últimos meses y ahora muchos de los sitios mantienen el mismo nombre pero operan con el sufijo .net en vez de .com, a través de un registro europeo. Sus servidores, ha dicho, siempre han estado en las Bahamas.

El Sr. Marshall ha dicho no entender “cómo es que sitios Web pertenecientes a un nacional británico y operando a través de una agencia española de viajes pueda verse afectada por las leyes de los EEUU.” Y lo que es peor aun, dijo, “en estos tiempos ni siquiera hace falta un juez para que el gobierno de los EEUU censure materiales en línea.”

Un vocero del Departamento del Tesoro, John Rankin, se refirió por teléfono a una información de prensa emitida en diciembre del 2004, casi tres años antes de que eNom actuara como lo hizo. Dijo que la compañía del Sr. Marshall había ayudado a que norteamericanos evadieran las restricciones de viajes hacia Cuba y que era “generadora de recursos empleados por el régimen cubano para oprimir al pueblo.” Dicho texto añadía que las compañías norteamericanas no solo tenían que dejar de hacer negocios con esa compañía sino que también tenían que congelar los bienes de la misma, de tal manera que eNom hizo exactamente lo que le era requerido por ley.

El Sr. Marshall dijo que no le interesan los turistas norteamericanos. “De todas maneras no pueden ir,” dijo.

Peter L. Fitzgerald, profesor de leyes de la Universidad de Stetson en la Florida que ha estudiado la lista negra – la cual el Tesoro llama una lista para “nacionales especialmente escogidos” — dijo que el negocio resultaba muy misterioso. “No hay realmente ni explicación, ni lógica,” dijo, “tras la razón que lleva a alguien a aparecer en dicha lista.”

Susan Crawford, una profesora de la Universidad Yale y una de las voces más autorizadas en leyes sobre la Internet, aseguró que el hecho de que muchos de los principales registros de dominios están en los EEUU le da a la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), control “sobre una gran cantidad de voces – muchas de las cuales puede que ni siquiera estén el los EEUU, ni se refieran a los EEUU o entren en conflicto con las leyes de los EEUU.”

“OFAC al parecer tiene poder para hacer que tales voces desaparezcan,” dijo la profesora Crawford.

La ley bajo la cual está actuando el Departamento del Tesoro tiene una exención, la enmienda Berman, cuyo objetivo es proteger “la información y los materiales informativos.” Los sitios del Sr. Marshall, aunque eran al fin y al cabo sitios comerciales, podrían caer dentro de la enmienda Berman, y no queda claro el porque es que aparecen en la lista. A diferencia de los norteamericanos, quienes se enfrentan a restricciones significativas respecto a viajar hacia Cuba, los europeos son libres de ir a donde les de la gana, y muchos así lo hacen. Charles S. Sims, abogado de la firma Proskauer Rose de New York, dijo que es posible que en esta instancia con el caso del Sr. Marshall, al Departamento del Tesoro se le haya ido la mano.

“Los EEUU, pueden penalizar el gasto de dinero en Cuba por parte de ciudadanos de los EEUU,” dijo el Sr. Sims, “pero no tiene jurisdicción propiamente dicha sobre sitios extranjeros que no se dirigen a hacia los EEUU y que son legales bajo las leyes extranjeras.” El Sr. Rankin, vocero del departamento del Tesoro, dijo que el Sr. Marshall era libre de solicitar que se le revisara su caso. “Si es que desea que lo quiten de la lista,” dijo el Sr. Rankin, “deben contactarnos y presentar su apelación.”

Eso es algo problemático, dijo el profesor Fitzgerald. “La manera en la que uno intenta que lo quiten de la lista,” dijo, “es volver al mismo burócrata que te puso en ella.”

El pasado mes de marzo, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles emitió un informe preocupante respecto a la lista de la OFAC. El subtitulo de dicho informe era: “Cómo una lista de vigilancia respecto a terroristas del Departamento de Estado atrapa al consumidor común y corriente.”

El informe hecho por Shirin Sinnar, plantea que existen 6,400 nombres en la lista y que las listas de como la que impide que una persona vuele o no, estaba dando pie a un sin fin de problemas serios de errores de identidad.

“Instituciones financieras, oficinas de crédito, caridades filantrópicas, negocios de vehículos, aseguradores médicos, empleadores y hasta propietarios de viviendas,” decía el informe, “ahora están revisando los nombres contra la lista antes de abrir una cuenta bancaria, cerrar un negocio de compra ventas, alquilar un apartamento o incluso ofrecer un empleo.”

Pero el caso del Sr. Marshall no parece ser uno de confusión de identidad. El gobierno de manera muy específica buscó interferir en sus negocios.

Según la profesora Crawford eso escandaloso. “La manera en que uno se comunica hoy en día es a través de los nombres de dominios y el Departamento del Tesoro no debe estarse entrometiendo con los nombres de los dominios de la misma manera en que no debe entrometerse con las líneas telefónicas.”

Curiosamente, el Departamento no ha cerrado todos los sitios .com del Sr. Marshall. Aun se puede acceder, por ahora, a www.cuba-guantanamo.com.


NOTA AL MARGEN PARA THE NEW YORK TIMES

Por Rosa Miriam Elizalde, editora de Cubadebate

La lista negra de los sitios vinculados con Cuba en la OFAC

Tiene razón The New York Times al calificar de “escandalosa” la decisión norteamericana de aplicar en Internet, para cualquier país, regulaciones cuya legalidad no se sustenta ni siquiera en el propio territorio de los Estados Unidos. Es una nota excelente, pero deja al margen elementos informativos esenciales que ayudarían a entender por qué la censura a los sitios web cuyos nombres llevan el sufijo .com, el más utilizado en la Red de Redes, es solo la punta del iceberg de una agresión de mayor alcance contra Cuba y contra la Internet mundial.

¿Cuántos nombres de dominio .com vinculados a Cuba aparecen en la lista negra del Departamento del Tesoro norteamericano?

Revisada con paciencia asiática, la lista negra de la OFAC reseña 557 empresas “malditas” de todo el orbe y 3 719 dominios .com que han sido bloqueados en la Red sin la más mínima notificación previa a sus dueños. Para que se tenga una idea de lo que eso significa basta mirar el reporte más reciente de registros de dominio en Latinoamérica (www.latinoamericann.org). Aquí se registra que Cuba tiene 1434 sitios con el dominio .cu. Es decir, Estados Unidos ha bloqueado casi tres veces más sitios que todos los que tiene registrados la Isla bajo el genérico de nuestro país.

¿Quién es eNom, la empresa que bloqueó los sitios del señor Marshall?

La empresa eNom Inc. es la segunda más grande de registro de dominios en el mundo, acreditada por la ICANN (acrónimo en inglés de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), una supuesta organización independiente bajo la cual se ordena la Red. La ICANN designa los nombres y los números de dominio, el equivalente de los distritos postales en Internet.

¿Puede Estados Unidos bloquear toda la Internet?

Esta es una nueva prueba de que Estados Unidos controla no solo el acceso de sus ciudadanos en el ciberespacio, sino el de todos los usuarios de la Internet global. Aunque abunda una gran retórica libertaria sobre la Red de Redes a nivel mundial, la ICANN depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de las legislaciones norteamericanas, y tan es así que ha violado sin chistar sus propios estatutos. Supuestamente, todas sus intervenciones en la Red son de orden técnico y no puede censurar sitios, ni combatir o apoyar ninguna normativa legal o política. Ante cualquier reclamación sobre derechos de propiedad, debe llevarlo a un arbitraje internacional. Sin embargo, eNom, adscrita a esta Corporación y con estas mismas funciones, no solo se sometió a una decisión del gobierno norteamericano violando las legislaciones de otros países, sino que lo hizo sin siquiera notificar a las empresas y personas perjudicadas como bien señala The New York Times. El hecho demuestra que Estados Unidos controla los principales servidores internacionales y puede bloquear en la práctica todo lo que se le antoje en la red, sin que medie ni siquiera el pretexto de una agresión terrorista.

¿Qué Ley esgrime al gobierno de Estados Unidos para violar la soberanía de nuestro país y la de todas las naciones del mundo en el ámbito de la Internet?

La llamada Ley Torricelli o Ley de autorización y de defensa nacional para el año fiscal 1992, que autorizó la conexión de la Isla a la Red, por vía satelital, con el condicionamiento de que cada megabyte (rango de velocidad de conexión) debía ser contratado a empresas norteamericanas o sus subsidiarias y aprobado por el Departamento del Tesoro. Estableció limitar esa contratación y decidió sanciones extraordinarias –multas de 50 000 dólares por cada violación- para quienes favorezcan, dentro o fuera de EE.UU., el negocio electrónico o el más mínimo beneficio económico de la Isla. Esto se ha estado aplicando rigurosamente y poco a poco la OFAC ha ido ampliando su lista negra hasta el delirio que acaba de descubrir el diario norteamericano. Por cierto, esta Oficina mantiene más funcionarios en plantilla dedicados a vigilar a los ciudadanos de este mundo que viajen o envíen dinero a Cuba, que a perseguir las transacciones sospechosas de financiar el terrorismo en EE.UU. En abril de 2004, la OFAC informó al Congreso que de sus 120 empleados, cuatro fueron asignados para seguir la pista de las finanzas de Osama bin Laden y Saddam Hussein, mientras que casi dos docenas se ocupaban de reforzar el bloqueo contra Cuba. Admitieron que utilizaban la Internet como fuente fundamental para seguir las pistas del dinero.

¿Qué se puede hacer?

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) establece que cualquier persona del mundo puede presentar una demanda relacionada con un nombre de dominio registrado bajo .com, .net y .org. Conforme al Artículo 4 de la política de la ICANN, se puede llevar a arbitraje internacional los casos de registro abusivo de un nombre de dominio o censura de este, circunstancias que habrá que probar en el escrito de demanda. Pues bien, gracias a esta nota de The New York Times y a la opinión de los especialistas que su reportero consultó, existen 3 719 posibles demandas por censura de Estados Unidos a la vista. ¿Quién empieza?


www.cubadebate.cu

Israel es declarado culpable de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo libanés.

En la ciudad de Bruselas, sede del Cuartel General de la OTAN y capital de la Unión Europea, ha tenido lugar del 22 al 24 de febrero un importante acontecimiento de signo bien distinto al de los intereses del capital y la guerra que en ella residen. Los de una OTAN que comanda en la sombra las tropas de la FINUL desplegadas no en el país agresor –Israel - sino ocupando el Líbano, y los de una Unión Europea que en el colmo del cinismo mantiene un Acuerdo Comercial Preferente con Israel desde 1997, cuya vigencia está (sic) supeditada al “respeto de los derechos humanos por parte de éste”.

Por primera vez en la sangrienta historia del Estado sionista, un Tribunal Popular se ha reunido para juzgar a Israel por las acciones perpetradas contra el pueblo libanés entre el 12 de julio y el 24 de agosto de 2006 y le ha declarado culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Nadie lo había hecho hasta ahora. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decidió crear un Tribunal Internacional exclusivamente para procesar a los autores del asesinato de Rafik Hariri, no consideró de interés atender las repetidas demandas de organizaciones libanesas para que hiciera otro tanto para juzgar el asesinato de miles de civiles y, como salvajemente han declarado dirigentes israelíes, la destrucción de gran parte del país de los cedros para hacerle retroceder 20 años.

Según el texto de la convocatoria, este Tribunal Internacional de conciencia para el Líbano fue convocado con unos fines bien precisos y limitaciones concretas: “se inscribe en la lucha contra la impunidad de todos los crímenes cometidos, pretende promover el derecho internacional y en particular el derecho humanitario y sitúa el respeto a los derechos humanos fundamentales por encima de cualquier otra consideración (…) Este proyecto no incluye ningún debate político sobre las relaciones entre Israel y sus vecinos, ni sobre la cuestión palestina”

No ha sido fácil la tarea de preparación del mismo para la Comisión Organizadora encabezada por la escritora libanesa Leila Ghanem. La larga mano de las embajadas de EE.UU. y Israel y del Mosad ha intentado por todos los medios impedir que el Tribunal sesionase. Por dos veces se anuló el permiso para utilizar sendas salas de la Universidad de Bruselas para la celebración de la audiencia, las presiones sobre el hotel previsto para alojar a las delegaciones extranjeras obligaron a realizar cambios de última hora, hubo amenazas telefónicas a los miembros de la Comisión, se negaron visados a abogados y magistrados que habían comprometido su presencia, a alcaldes de pueblos masacrados que iban a acudir a testificar , así como a Hisham Bastawisi, juez del Tribunal de Apelación de Egipto, a quien el gobierno de su país le impidió asistir.

Esta vez el sabotaje no fue suficiente. El Tribunal, presidido por la jueza colombiana Lilia Solano, estaba integrado además por Rajindar Sachar, ex presidente del Tribunal Supremo de Nueva Delhi, India, Claudio Moffa, profesor de la Universidad Téramo, Italia, y por el juez Adolfo Abascal de Cuba, juzgó y sentenció.

Ha sido sólo una condena ética, de conciencia, la única alcance de los pueblos, por ahora, pero que ha servido para sacar a la luz la magnitud de los crímenes y dejar en evidencia la vergüenza de la “comunidad internacional”. Al menos ante los pueblos árabes, para quienes Al Jazeera retransmitió íntegramente los trabajos del Tribunal; el resto de los grandes medios – quien paga manda – no lo consideraron de interés. La nutrida representación internacional de los cinco continentes que contaba, entre otros con la presencia de Georges Labica, Francia, Miguel Urbano, Portugal, Paola Manduca y Luisa Morgantini, Italia, John Catalinotto, EE.UU, Ángeles Maestro (Estado español), etc.

Los testimonios y los informes

La declaración del International Action Center de EE.UU. que preside Ramsey Cark, leída por John Catalinotto, dio comienzo a las intervenciones y calentó rápidamente la temperatura política de la sala. Su breve pero denso informe concluía que EE.UU ha tenido tanta responsabilidad como Israel en el ataque a Líbano y que este no se habría producido sin la complicidad estadounidense.

Citó sendos artículos de TheWashingron Post y San Francisco Chronicle en los que se afirmaba que la estrategia de debilitar a Hezbollah era compartida por Israel y EE.UU y que un año antes un alto responsable militar israelí informó detalladamente a diplomáticos, periodistas y “think tanks” estadounidenses de la planificación del ataque a Líbano.

Dio detalles acerca de los contenidos de la ayuda militar USA a Israel: al menos 90.000 millones de dólares desde 1948, que le han permitido acceder a las más sofisticadas armas fabricadas en EE.UU., incluida toda la tecnología nuclear.

En pleno ataque a Líbano, el 22 de julio, el Pentágono realizó un envió de bombas guiadas por láser con uranio empobrecido. Un millón de bombas racimo de fabricación USA fueron lanzadas en los últimos días de bombardeo y muchas de ellas están sin explotar en los campos y pueblos del país. También procedía de EE.UU. la corbeta INS Hanit , que vale 260 millones de dólares y que fue atacada y destruida por Hezbollah el 14 de julio, mientras participaba en el bloqueo naval de las costas de Líbano.

Mostró cómo EE.UU, con Condoleeza Rice en Israel, bloqueó todo tipo de negociación en el Consejo de Seguridad de la ONU para el alto el fuego. Afirmó que la Resolución 1701 de este organismo, promovida junto con Francia, formaba parte del plan para formalizar la ocupación israelí y reforzarla con tropas internacionales.

Finalmente, tras describir los estrechos vínculos entre las multinacionales petroleras, los grandes bancos y las empresas de fabricación de armamento con el lobby sionista de EE.UU., declaró que la firmeza y el valor del pueblo libanés capaz de derrotar a la más poderosa maquinaria de guerra de la región, ha sido fuente de inspiración para todos quienes luchamos por la libertad y la justicia.

La acusación ante el Tribunal fue realizada por los abogados libaneses Issam Naaman, Hassan Jouni y Albert Farhat y por Hugo Ruiz Díaz Balbuena, de Paraguay.

Afirmaron que lo que diferencia esta agresión israelí de los numerosos ataques anteriores a otros pueblos de la región, es que su ejército fue derrotado. La resistencia libanesa integrada por 2.000 guerrilleros de Hezbollah junto a los de otras organizaciones nacionalistas y comunistas, fue capaz de infligir graves daños al poderoso Tsahal israelí y, en lugar de debilitarse, obligó al agresor a retirarse.

La derrota fue tan inesperada y tan grande que Israel constituyó la Comisión Winograd para investigar su propia estrategia militar. Lo más importante para este Tribunal, dijeron, es que en el curso de las entrevistas realizadas a altos cargos militares y del gobierno por esta Comisión, las autoridades israelíes afirmaron -según se refleja en el Informe final que pretendían mantener en secreto – que la planificación del ataque se realizó varios meses antes de que se produjera el hecho aducido como causa de la agresión: la captura de dos soldados israelíes por Hezbollah.

Así pues, por si había alguna duda, queda claro quién es el agresor, el cinismo del pretexto pre-fabricado, semejante a las “armas de destrucción masiva” de Iraq, y cómo, por lo tanto, el pueblo libanés y sus milicias hicieron en julio y agosto de 2006 lo mismo que todos los pueblos a lo largo de la historia: defender con las armas su libertad y su dignidad.

Los testimonios del dolor, el horror y el ensañamiento que produjeron la muerte a más de mil civiles, muchas familias enteras, algunas de trabajadores libaneses que habían acudido a sus pueblos a pasar el verano, contenían tanta verdad, tanto sufrimiento contenido que el silencio parecia poder cortarse en la sala durante sus declaraciones:

* Como el de los familiares de los 25 muertos durante el bombardeo del edificio de Naciones Unidas, la mayor parte mujeres y niños, que mostraron las fotos de los cadáveres infantiles cuyas hermosas caritas tenían una seriedad y una serena tristeza, difícil de contemplar. Contaron cómo, cuando socorrían a los heridos, que fueron transportados al hospital de Tiro, fueron nuevamente bombardeados en la carretera.

* Como los siniestros trozos de misil encontrados en varios edificios destrozados, entre los cadáveres, firmados como regalo por niños israelíes.

* Como el relato de un médico cardiólogo que denuncia la deliberación con la que se bombardeaban hospitales, mientras el personal sanitario continuaba trabajando en lo que quedaba en pie, sin electricidad, sin medicamentos…Acusó de complicidad a las instituciones internacionales que asistieron semanas y semanas impasibles, sin reaccionar ante la descomunal masacre.

Mención especial merece el informe del físico nuclear Mohamed Al Kubaisi, que llevó a cabo una rigurosa investigación con medición de la radioactividad y recogida de muestras sobre el terreno y posteriormente analizadas en reconocidos laboratorios de Suiza y Gran Bretaña. Pudo demostrar la utilización de bombas con uranio empobrecido y enriquecido (más del 4% de U235). Su investigación, que pudo confirmar Bernard Kouchner – quien previamente había negado enfáticamente su uso – y que se encontraba de visita en la zona, demuestra la falta de rigor del estudio llevado a cabo por Naciones Unidas, que no encontró rastros de radioactividad mediante el procedimiento de tomar muestras en zonas alejadas de las que fueron bombardeadas. Los mismos restos de uranio fueron encontrados por Al Kubaisi en el filtro de las ambulancias que habían acudido a socorrer a la gente y en la orina de familias de barrios bombardeados.

El informe de la profesora italiana Paola Manduca, también realizado a partir de investigaciones sobre el terreno, dio cuenta con datos e imágenes espeluznantes de la utilización de nuevas armas, desconocidas hasta ahora. Entre ellas las termobáricas enriquecidas con metales pesados como las usadas en el bombardeo de un puente de Tiro, que dejó varios muertos, entre ellos varios niños sin grandes heridas aparentes pero que sangraban por múltiples orificios de su cuerpo. En las muestras de piel analizadas siempre se encontraba un extraño polvo negro, así como un aumento de tamaño del hígado. Los mismos resultados los encontró la investigadora italiana en cadáveres de palestinos atacados en Gaza por armamento israelí. Las armas conocidas como LCD (bajos daños colaterales) y DIME (bombas pequeñas guiadas por láser) utilizadas en Libano y en Gaza, que también contienen pequeñas partículas de metales pesados son producidas en EE.UU. y vendidas a Israel. Dado que existen acuerdos secretos para la producción de armas entre Israel y la OTAN, Paola Manduca apuntó que podrían ser fabricadas en países europeos de la OTAN.

La doctora Rani Masri de Green Line Liban realizó investigaciones sobre el impacto ambiental de la guerra como:

- las mareas negras producidas tras el bombardeo de la principal central eléctrica que dio lugar a una capa de petróleo de 140 kms de largo por 15 de ancho y más de 20cms. de espesor. La destrucción ocasionada en el mar ha dejado a 3.000 familias de pescadores sin trabajo.

- la contaminación del aire. Como consecuencia del mismo bombardeo ardieron 45.000 toneladas de petróleo de forma continuada durante tres semanas que ocasionaron una enorme polución del aire. Cuando naciones Unidas reclamó indemnizaciones a Israel, la respuesta fue que el tanque de petróleo era un objetivo legítimo de guerra.

- las bombas racimo y la agricultura. El 70% de las familias del sur del Líbano viven de la agricultura y se calcula que hay un millón de bombas sin explotar, que tapizan el suelo y que son enterradas por las lluvias. La alternativa es no cultivar los campos o quedar mutilado por estas minas anti-personas. Es lógico pensar que precisamente lo que Israel perseguía es forzar a las gentes a abandonar sus tierras. Israel no entregó nunca los mapas de las minas terrestres en Líbano, a lo que le instaba la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

- el polvo de demolición. El bombardeo masivo de edificios se calcula que pulverizó 100 millones de Toneladas de ladrillos, cuatro veces el ocasionado por la demolición del World Trade Center que el gobierno libanés arrojó irresponsablemente al mar Mediterráneo. además se ha liberado masivamente polvo de amianto – utilizado de forma general en la reconstrucción de Beirut tras la guerra de 1982.

El economista libanés y profesor de la Universidad del Sur de California Kamal Hamdan, analizó las graves consecuencias sociales y económicas de la agresión israelí. 2.200 millones de dólares de pérdidas directas de capital, el 5% del stock total, público y privado. Israel bombardeó sobre todo la gran industria, sobre todo aquellas más avanzadas tecnológicamente. Las pérdidas indirectas, lo que se hubiera podido producir si el ataque no se hubiera producido, alcanza el 12% del PIB de 2006. Sólo en el mes de julio de 2006 se destruyó el 17% del empleo, un 7% mas hasta octubre del mismo año y un10% más en 2007. Han aumentado enormemente las desigualdades sociales, aumentando en un 30% los hogares que tienen ingresos por debajo de 2,4 dólares por persona. Ofreció un dato espectacular: el coste directo de la guerra para Israel fue de 2.300 millones de dólares, el 2% de su PIB. Realizó una valoración estratégica acerca de la razón de fondo para producir tanto desastre: se calcula que en 2030, 2/3 del petróleo vendrán de Oriente Medio y su control permitiría a EE.UU: usarlo como arma sobre la competencia. Terminó con una pregunta inquietante: ¿quién ha sido el aliado interno de Israel que quería la derrota de la Resistencia?

El Veredicto

El Tribunal produjo el siguiente Veredicto Final que puede consultarse en http://www.corrienteroja.net /articulo.php?p=3783&more=1&c=1

No hubo sentencia condenatoria. El único Tribunal que ha conocido los hechos desde el punto de vista del Derecho internacional aplicable y ha emitido un veredicto, carece de reconocimiento oficial. Su legitimidad le es conferida por el hecho de ser el único que ha respondido a las múltiples demandas exigiendo justicia por parte del pueblo libanés por los monstruosos crímenes cometidos.

La vergüenza de la “Comunidad Internacional”

El Veredicto que, sobre fundamentos de derecho inapelables, condena a las autoridades israelíes responsables de la guerra contra el Líbano por Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad y Genocidio, deja en evidencia la desvergüenza y el doble rasero de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de 11 de agosto[1] – ¡30 días después del inicio de los bombardeos! - que dice literalmente en su segundo y tercer párrafo:

“Expresando suma preocupación por la constante intensificación de las hostilidades en Líbano y en Israel desde el ataque lanzado por Hizbollah contra Israel el 12 de julio de 2006, que ya ha causado centenares de muertos y heridos en ambas partes, grandes daños en la infraestructura civil y centenares de millares de desplazados internos.

Haciendo hincapié en la necesidad de que se ponga fin a la violencia, pero al mismo tiempo haciendo hincapié en la necesidad de abordar con urgencia las causas que han dado origen a la crisis actual, entre otras cosas mediante la liberación sin condiciones de los soldados israelíes secuestrados”

Estas valoraciones merecerían un lugar destacado entre las ignominias producidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra los pueblos y en defensa del imperialismo, sino fueran tan frecuentes. A partir de estas valoraciones se entiende perfectamente que dicha Resolución:

- no condene de ninguna forma a Israel, que según ella es el país atacado

- ubique las tropas de la FINUL, supuestamente de interposición, en territorio libanés y no en el del país agresor

- no trate sobre la ocupación por parte de Israel de los Altos del Golán, ni de las Granjas de la Chebá

- no establezca ninguna sanción a Israel, ni le obligue a pagar ningún tipo de deuda de guerra

- imponga un embargo de armas a la resistencia libanesa y no a Israel, una de las mayores potencias militares del mundo, que recibe anualmente más de tres mil millones de dólares de ayuda militar de EE.UU. y que emplea en asesina a diario a civiles palestinos[2].

Este Tribunal Internacional reunido en Bruselas ha contribuido a romper la losa de silencio sobre los crímenes sio-imperialista que asegura su impunidad. Sin embargo el análisis geoestratégico más elemental – que explícitamente quedó fuera de los temas tratados por este Tribunal – indican que el ataque a Líbano y la posterior ocupación, valerosamente enfrentados por las milicias de su Resistencia, formaba y forma parte de planes compartidos por Israel, EE.UU y la UE de control económico y militar de Oriente Medio y del corazón de euroasia[3].

En Líbano los planes imperialistas de dominación sufrieron un importante revés y los pueblos pudimos acceder a la imprescindible conciencia de que es posible resistir y obligar a la retirada al invasor en condiciones de escandalosa desigualdad militar y armamentística.

No obstante, es evidente que se trata de un alto en el camino. Las organizaciones políticas y el pueblo libanés están seguros de que habrá pronto una próxima guerra. Ellos saben qué hacer. Ahora toca que las organizaciones antiimperialistas de Europa sepamos estar a la altura de las circunstancias.

6 de marzo de 2008

[1] Resolución 1701 (2006) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5511ª sesión, celebrada el 11 de agoasto de 2006. Puede consultarse en www.unic.org.ar/prensa%20hojasinfo/archivos/resolucion1701esp.pdf

[2] Las causas reales de la guerra de Israel contra el Líbano, amparado por EE.UU. y la UE, así como la ignorancia y/o la complicidad por parte de la izquierda europea que han contribuido decisivamente a su legitimación y a paralizar la respuesta popular, han sido analizadas en Maestro. A.

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Las extrañas inversiones de la jerarquía católica española.

...por Juan Torres López

Coincidiendo con el nuevo nombramiento del cardenal Rouco Varela como Presidente de la Conferencia Episcopal española se difunde una vez más que su arzobispado, y la empresa de inversión en bolsa de la jerarquía católica española (llamada Umasges Simcav), invierte en empresas que fabrican viagras, anticonceptivos, licores o fondos opacos (20 MINUTOS, 6/3/08).

Podríamos hacer chiste del asunto pero a mí me parece una cuestión grave y vergonzosa.

Y que nadie crea que se trata de algún error o de decisiones financieras equivocadas. Ni mucho menos. Lo increíble es que los jerarcas más a la derecha de la Iglesia católica están convencidos de que ahí es donde mejor están los recursos que reciben de sus fieles o del Estado.

Hace unos años, en septiembre de 2001, el entonces Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Bernardo Herráez, lo decía claramente: “¿Dónde quiere que esté el dinero de la Iglesia? ¿En la luna? El dinero de la Iglesia tiene que estar en los mercados".

Y José Gea Escolano, prelado de Mondoñedo, lo ratificaba también en una pastoral a sus fieles: "Es un deber invertir para hacer producir el patrimonio. Sabéis que invertimos financieramente nuestras reservas. Es posible que no acertemos, pero de hecho hasta ahora no nos ha ido mal y en pocos años hemos hecho muchas cosas" (ver Mariano Sánchez Soler, "Las sotanas del PP. El pacto entre la Iglesia y la derecha española". Editorial Temas de Hoy, 2002).

Esa filosofía llevó a crear la mencionada Umasges Simcav y a que a través o con independencia de ella se realizaran inversiones especulativas y oscuras multimillonarias, de rentabilidad dudosa y en todo caso de evidente contraste con la doctrina que predican los jerarcas responsables.

El llamado caso Gescartera fue un episodio especialmente negro de esta política financiera que permitió descubrir que arzobispados, obispados, congregaciones y todo tipo de entidades religiosas invertían de modo irregular miles de millones de pesetas para engañar a fisco y para obtener, en apariencia, suculentos beneficios especulativos.

Pero a la postre, estas inversiones ni siquiera son rentables, como no suelen serlo a corto y medio plazo las inversiones en bolsa de esa naturaleza.

De hecho, se acaba de saber que, como consecuencia de la reciente crisis financiera, la Iglesia española ha perdido el 20% de las que había venido realizando, y eso a pesar de que “milagrosamente”, según informó la prensa especializada, la Iglesia trató de ponerlas a salvo justo antes de que estallara (“¿Un milagro? La Iglesia "huyó" de la bolsa justo antes de empezar la caída”. EL ECONOMISTA, 1/02/2008).

Pero además de poco rentables, lo más sangrante es evidente que se trata de inversiones muy contradictorias con lo que dicen pensar Rouco Varela y demás jerarcas. Una muestra demasiado palpable de doble moral y del mantenimiento de un discurso doctrinal que ni siquiera es consecuente consigo mismo.

Tanto es así, que, además, tratan de ocultarla o disimularlas, ocultando generalmente a sus fieles y al resto de los ciudadanos lo que hacen con el dinero que reciben .

Hace unos años, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española (y ahora de nuevo elegido), Antonio María Rouco, declaró que la Iglesia no tiene dinero para otra finalidad que no sea “el ejercicio de su misión y sus actividades pastorales” (“La Iglesia creó en 1999 su sociedad de inversión en Bolsa”. EL PAÍS, 11/09/2001). Una mentira, como una vez más acaba de difundirse.

Se trata, en suma, de un uso del dinero que debería avergonzar a los Rouco y compañía, aunque esto no es algo que quepa esperar a la vista de su tradicional comportamiento, ya bien conocido.

Debería avergonzarles que dispongan realizar ese tipo de inversiones cuando ese dinero no es suyo en realidad, sino donado generosamente por quienes creen estar ayudando a obras pastorales o del Estado, cuando hay tantos católicos sin medios suficientes para llevar a cabo multitud de obras de apoyo y solidaridad con los desfavorecidos y cuando lo están dedicando a que se pueda llevar a cabo todo lo que luego quieren que sus fieles no hagan.

Es una verdadera tomadura de pelo que mientras el obispo de Murcia lanza "brigadas" callejeras en favor de la virginidad, contra el aborto y el matrimonio homosexual, su empresa financiera invierta en acciones del laboratorio Pfizer que se dedica a fabricar viagras y anticonceptivos.

En cualquier caso, esas contradicciones son cosa suya, de los jerarcas de derecha extrema que hoy día gobiernan la conferencia episcopal. Lo que es importante y relevante para todos no es exactamente eso sino que su comportamiento pone también cada vez más de manifiesto que es urgente que no haya ni un euro del dinero público, ni recursos del Estado destinado a este tipo de cosas.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Su web: http://www.juantorreslopez.com

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Libertad de expresión: el derecho a comparar Gaza con Auschwitz.

Discurso pronunciado por el músico y escritor Gilad Atzmon el sábado 1 de marzo de 2008 en Hampshire (Reino Unido).

Está bien claro que el viceministro de Defensa israelí no se sintió nada incómodo al comparar a Israel con la Alemania nazi cuando reveló el futuro genocida que le espera al pueblo palestino, pero por algún motivo los medios occidentales evitan poner el dedo en la llaga de dicha comparación. A pesar de que los hechos se desarrollan ante nuestros ojos; a pesar del hambre en Gaza; a pesar de que un alto funcionario israelí admite las inclinaciones genocidas contra los palestinos; a pesar de la intensificación de las matanzas, todavía nos asusta admitir que Gaza es un campo de concentración y que está a punto de convertirse en un campo de la muerte. Por alguna extraña razón, muchos de nosotros aún no han aceptado que en lo tocante al mal, Israel es el campeón mundial de la inclemencia y la venganza.

Libertad y autoridad

En su impagable texto On Liberty [Sobre la libertad], John Stuart Mill se refirió a la tensión que siempre existe entre libertad y autoridad. En otras palabras, libertad y hegemonía están destinadas a oponerse. Sin embargo, la ideología liberal igualitaria occidental está ahí para ofrecer una salida política y alimentar el mito de que “autoridad” y “libertad” pueden ser consideradas como las dos caras de una misma moneda.

Hoy voy a tratar de exponer con mayor detalle la dinámica estructural del discurso liberal y los diferentes elementos que salvaguardan la falsa imagen de la “libertad”, de la “libertad de expresión” y de la “libertad de pensamiento”. Trataré de demostrar que nuestra supuesta “libertad” es en realidad lo que nos impide pensar libre y éticamente. Como ven, he dicho “la imagen falsa de la libertad”, y ello porque estoy convencido de que en lo tocante al discurso liberal, la libertad no es más que una simple imagen. En la práctica, no existe. La imagen de la “libertad” está ahí para alimentar y mantener nuestra buena conciencia y así poder enviar a nuestros soldados a matar millones de personas en nombre de la “democracia”.

Libertad de expresión y libertad de pensamiento

Me gustaría empezar explicando la diferencia entre “libertad de expresión” y “libertad de pensamiento”.

La libertad de expresión es la libertad que uno tiene para exteriorizar sus ideas. Si tenemos en cuenta que los seres humanos son criaturas expresivas, no existe método alguno capaz de garantizar que una voz disidente será silenciada. Como hablar es innato a la naturaleza humana, cualquier intento de reducir un derecho tan elemental resulta complicado: ¿Se le prohíbe un libro a alguien? Lo distribuirá en octavillas en la calle. ¿Se le confiscan las octavillas? Lo subirá a internet. ¿Se le corta la electricidad, se le confisca el ordenador? Se pondrá a gritarlo a voz en cuello. ¿Se le corta la lengua? Asentirá con la cabeza cuando otros repitan su manifiesto. La última opción es cortarle la cabeza, pero entonces lo habrán convertido en un mártir.

Los liberales disponen de dos métodos para callar al disidente:

A. La prohibición (mediante multa o encarcelamiento);

B. La exclusión social.

Sin embargo, es importante mencionar que, dentro del denominado discurso liberal, cualquier intento de prohibir una idea o una voz disconforme es contraproducente, pues pone en mal lugar a la autoridad liberal y al sistema. Por eso mismo los liberales tratan de implementar métodos sofisticados de censura y de control del pensamiento que necesiten muy poca intervención autoritaria. Como veremos de inmediato, en la sociedad liberal la censura y el control del pensamiento se suelen autoimponer.

Reducir la libertad de expresión es muy difícil, pero reprimir la libertad de pensamiento es casi imposible. La libertad de pensamiento es la libertad de pensar, sentir, soñar, recordar, olvidar, perdonar, amar y odiar.

Por difícil que sea imponer el pensamiento a los demás, impedir que la gente vea por sí misma la verdad es casi impracticable. Sin embargo, existen métodos para reprimir y contener el pensamiento intuitivo y la introspección ética. Obviamente, me estoy refiriendo al sentimiento de culpa.

El sentimiento de culpa, infligido principalmente a través de axiomas expresados como “corrección política”, es el método más eficaz para mantener a la sociedad o a cualquier discurso en un estado de “autocontrol”. Convierte al denominado individuo liberal en un ciudadano servil, automoderado y obediente. Así, la autoridad se ahorra cualquier intervención. Es el individuo liberal quien se prohíbe a sí mismo la aceptación de las ideas en que se basa la imagen igualitaria de la libertad y de la sociedad universal.

Dicho lo cual, es necesario aclarar que la pretensión liberal de que busca la paz no impide que las sociedades liberales en general –y la anglo-usamericana en particular– estén en la actualidad involucradas en crímenes contra la humanidad a una escala genocida. Por consiguiente, cuanto más horroroso se vuelve Occidente, mayor es la brecha entre la “libertad de pensamiento” y la “libertad de expresión”.

Esta brecha puede convertirse fácilmente en una disonancia cognitiva, que en muchos casos madura en una forma grave de apatía. Suele decirse que “para que el mal prospere sólo hace falta que la buena gente no haga nada”. Esto resume a la perfección la apática negligencia de las masas occidentales. No hay muchos que se preocupan por el genocidio que en Iraq se está cometiendo en nuestro nombre o por las matanzas en Palestina, que se están cometiendo con el apoyo de nuestros gobiernos. ¿Por qué somos apáticos? Porque cuando queremos ponernos en pie y decir lo que sentimos, cuando queremos celebrar nuestra supuesta libertad y comparar Gaza con Auschwitz o Bagdad con Dresde, algo dentro de nosotros nos lo impide. No es ni el gobierno ni las leyes ni cualquier otra forma de autoridad: es más bien un diminuto y eficaz “microchip de culpabilidad” autoinfligida, que funciona como vigilante en nombre de la “corrección política”.

Trataré ahora de seguir la evolución histórica y filosófica que nos ha conducido desde la utopía igualitaria liberal hasta la autocastración ética e intelectual actual.

El principio del daño

John Stuart Mill, el fundador del pensamiento liberal moderno, afirma que cualquier doctrina debe poder enunciarse, por muy inmoral que pueda resultarle a los demás. Ésta es, obviamente, la expresión definitiva del pensamiento liberal. Atribuye libertad absoluta de opinión y sentimiento a todos los sujetos, prácticos o especulativos, científicos, éticos, políticos, religiosos o teológicos.

Pero si bien Mill refrendó la forma más completa de libertad de expresión, sugirió que la única limitación a la libertad era la interdicción del “daño a los demás”. Está claro que resulta muy difícil defender la libertad de expresión si ésta conduce a la transgresión de los derechos ajenos. La pregunta que surge entonces es ésta: ¿Qué tipos de discurso pueden causar daño? Mill distingue entre el daño legítimo y el ilegítimo. Según él, solamente cuando el discurso viola directa y claramente los derechos ajenos puede limitarse. Pero entonces, ¿qué clase de discurso puede causar tal violación?

Las feministas, por ejemplo, han venido manteniendo que la pornografía degrada, pone en peligro y daña las vidas de las mujeres. Otro caso difícil es el discurso del odio. La mayoría de las democracias liberales europeas han impuesto limitaciones al discurso del odio. Pero es discutible si la prohibición de la pornografía o del discurso del odio puede basarse en el principio del daño tal como lo formuló Mill. Habría que probar que tal discurso o tal imagen infringen los derechos, directamente y en primer lugar.

Por ello, el principio del daño de Mill es objeto de críticas, bien por ser demasiado estrecho o demasiado ancho. Es demasiado estrecho porque no logra defender el derecho del marginal. Es demasiado ancho porque si se interpreta en toda su amplitud puede conducir a una potencial abolición de casi cualquier discurso político, religioso o socialmente orientado.

El principio de la ofensa y la libertad de expresión

Teniendo en cuenta los defectos del “principio del daño”, no pasó mucho tiempo antes de que surgiese un “principio de la ofensa”, que puede definirse así: “La libertad de expresión no debe limitarse, salvo si ofende a los demás”.

El razonamiento básico que subyace al “principio de la ofensa” es trivial. Está ahí para defender los derechos del marginal y del débil. Está ahí para tapar el agujero creado por el demasiado ancho principio del daño.

El principio de la ofensa es muy eficaz a la hora de reducir la pornografía y el discurso del odio. En rigor, tal como sucede con la pornografía violenta, la ofensa causada por una marcha nazi en un vecindario judío resulta inevitable y, por eso, debe prohibirse. Sin embargo, al principio de la ofensa se le puede criticar que sitúa el listón demasiado bajo. En teoría, todo el mundo puede sentirse “ofendido” por algo.

Los grupos judíos de presión y el discurso liberal

No cabe duda de que la utilización desmedida del principio de la ofensa atribuye mucho poder político a algunos grupos de presión marginales en general y judíos en particular. Contando con la premisa del “principio de la ofensa”, los activistas étnicos nacionalistas judíos afirman sentirse ofendidos por cualquier forma de crítica al Estado judío y al sionismo. Pero la cosa va mucho más lejos, pues en la práctica no es sólo la crítica al sionismo y a Israel lo que se nos exige que evitemos. Los izquierdistas judíos insisten en que debemos evitar cualquier cuestionamiento que tenga que ver con el proyecto nacional judío, con la identidad judía e incluso con la historia judía. En pocas palabras, al utilizar de forma desmedida el principio de la ofensa, los líderes étnicos judíos, tanto de la izquierda como de la derecha, han conseguido abolir la posibilidad de cualquier crítica a la identidad y a la política judías. Mediante el uso del principio de la ofensa, los grupos judíos de presión de derecha, izquierda y centro se han las arreglado para acallar cualquier crítica posible a Israel y a sus crímenes contra los palestinos. Lo más preocupante es que los activistas e intelectuales judíos de izquierda exigen sin vergüenza alguna que se impida cualquier crítica al grupo judío de presión en USA y Gran Bretaña (el denominado Jewish Lobby).

Como puede verse, el “principio de la ofensa” regula e incluso sirve a los intereses de algunos notorios grupos sionistas y judíos izquierdistas de presión en el corazón del denominado Occidente democrático liberal. En la práctica, un grupo de vigilantes nos somete mediante el terror y limita nuestra libertad mediante un elástico mecanismo mental que está ahí para reprimir nuestras ideas antes de que maduren en una nueva percepción ética. La manipulación establecida por la corrección política es el terreno abonado de nuestra destrozada disonancia cognitiva. Es exactamente ahí donde la libertad de expresión no concuerda con la libertad de pensamiento.

Auschwitz frente a Gaza a la luz de la corrección política

Tendemos a aceptar que el principio de la ofensa debe proteger los discursos marginales para que el sujeto marginal mantenga su voz única. Obviamente, también aceptamos que dicho principio debe ser aplicable a los muchos discursos marginales judíos (religioso, nacionalista, trotskista, etc.). Pero los grupos judíos de presión quieren mucho más que eso, insisten en deslegitimizar cualquier referencia intelectual al cabildeo sionista de sus grupos de presión y al sionismo global en curso. Y, por si esto no fuera suficiente, cualquier referencia a la historia judía moderna está prohibida, a menos que la apruebe una autoridad “sionista” kosherizada. Por muy extraño que parezca, el Holocausto judío ha pasado a ser hoy, intelectualmente, un acontecimiento metahistórico. Se trata de un hecho del pasado que no admite escrutinio alguno, ya sea de orden histórico, ideológico, teológico o sociológico.

De acuerdo con el principio de la ofensa, los judíos pueden argüir que cualquier forma de reflexión que ataña a su sufrimiento anterior es “ofensiva e hiriente”. Pero uno está en su derecho de exigir algunas explicaciones. ¿Cómo es posible que una investigación histórica capaz de dar lugar a versiones diferentes de acontecimientos del pasado –que ocurrieron hace seis décadas y media– ofenda a quienes viven hoy entre nosotros? Evidentemente, no es tarea fácil sugerir una respuesta racional a dicha pregunta.

Está claro que la investigación histórica no debería herir u ofender ni al judío contemporáneo ni a cualquier otra persona. A menos, por supuesto, que el Holocausto se utilice contra los palestinos o contra aquellos a quienes se acusa de ser “enemigos de Israel”. Tal como nos ha mostrado en fechas recientes Matan Vilnai, el Estado judío no dudaría en provocar un Holocausto entre los palestinos. Los israelíes y sus partidarios no cesan de utilizar retóricamente el holocausto, pero los grupos judíos de presión del mundo entero harían lo imposible por impedir que quienes no somos judíos comprendiésemos lo que significa el holocausto. Estarían dispuestos a utilizar su poder devastador para que no utilicemos el holocausto como herramienta crítica de la barbarie israelí.

Como es fácil de prever, la corrección política entra aquí en juego para censurar la investigación histórica de la historia judía y la comprensión adicional de la actual iniquidad israelí. La corrección política está aquí para impedirnos ver y expresar lo obvio, para impedirnos comprender que la verdad –y la verdad histórica en particular– son una noción elástica. Así, cabría preguntar qué es exactamente la corrección política.

La corrección política, para aquellos que no lo entiendan, es básicamente una postura política que no admite la crítica política. La corrección política es una postura que no puede justificarse en términos racionales, filosóficos o políticos. Está implantada como un juego de axiomas en el corazón del discurso liberal. Funciona como un autoimpuesto regulador de silencio alimentado por un sentimiento autoinfligido de culpabilidad.

La corrección política es, de hecho, la agresión más grosera a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y a la libertad humana, pero manipuladoramente se expresa como la encarnación definitiva de la libertad.

Por eso, afirmo con todas mis fuerzas que la corrección política es el peor enemigo de la libertad humana y que quienes regulan tales axiomas sociales y los implantan en nuestro discurso son los peores enemigos de la humanidad.

Afirmo con todas mis fuerzas que como los palestinos se están enfrentando a un terrorismo de Estado de corte nazi, el discurso del holocausto y su significado les pertenece cuanto menos en la misma medida que les pertenece a los judíos o a cualquier otro.

Afirmo con todas mis fuerzas que si los palestinos son, de hecho, las últimas víctimas de Hitler, el holocausto y su significado les pertenecen más que a nadie.

Teniendo en cuenta lo anterior, la equiparación de Gaza con Auschwitz es la única y correcta manera de avanzar. Cuestionar el holocausto y su significado es lo que hoy y en el futuro inmediato debe hacerse para liberar a la humanidad.

Esta traducción en Cubadebate: http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=10995

Esta traducción en Tlaxcala: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=4762&lg=es

Gilad Atzmon es un músico, escritor y activista ex judío nacido en Israel y autoexiliado en Londres, desde donde defiende la causa de la liberación del pueblo palestino.

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Los periódicos proscritos de la "democracia"

El 20 de febrero se cumplían cinco años del cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria. El juez Juan del Olmo decretó un cierre “cautelar”, tras acusar a sus responsables de vinculación con ETA. En la práctica, la detención de sus editores y el despido de los trabajadores suponía la muerte del primer diario íntegramente en euskera desde la II República. No era la primera decisión de este tipo. En julio de 1998, otro diario vasco, Egin, era cerrado bajo la misma acusación: formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. Y la ofensiva judicial continuo en 2001 con la clausura de Ardi Beltza. Pero la presión sobre medios incómodos no se queda en publicaciones con nombre vasco. En diciembre de 2001, el semanario crítico cántabro La Realidad echaba el cierre tras una sentencia inasumible de 120.000 euros de multa por un artículo satírico sobre el ex presidente del PP Cántabro, Carlos Saiz. Ocurre también con los informadores.

Según recuerda el periodista David Fernández, “antes del cierre de medios de comunicación, muchos periodistas y medios de comunicación sufrieron la persecución política y judicial. Casi siempre con el trasfondo de artículos donde aparecían el Ejército o Juan Carlos de Borbón”. Así, Fernández recuerda varios casos. La directora de Punto y Hora de Euskal Herria, Mirentxu Purroy, estuvo encarcelada 14 días por ‘injurias al Ejército’ en enero de 1977. Su siguiente director Sánchez Erauskin sufrió meses de cárcel por injurias al rey tras ser condenado a dos años por el artículo Paseíllo y espantá en 1981, tras la accidentada visita de Juan Carlos I a Gernika. Sobre Juanjo Fernández, también en el mismo medio, recayó una sentencia –tras ser absuelto en primera instancia– de seis años y un día en 1986 por el artículo Julio de los mundiales y agosto de las multinacionales publicado en Punto y Hora en 1982. Ha habido otros juicios menores. En Galicia, periodistas de A Nosa Terra fueron juzgados: el director Alfonso Eyre y el colaborador Manuel Ribeiro. El director de Egin también fue procesado en 1993.

En esta página recordamos algunas publicaciones silenciadas. Hay más. No incluimos radios o televisiones, que exigirían un mayor espacio. Los casos aquí descritos son la muestra, no obstante, de que la libertad de expresión reconocida por los derechos humanos y la Constitución no rige para quienes se desvían.

El diario Egin y la ley del silencio

El 15 de julio de 1998 se abrió la etapa liberticida del cierre de medios de comunicación en el Estado español. Cierres que políticamente le equiparaban –en la vieja Europa– a la calidad democrática de Serbia o Turquía. Paradójicamente, aquel cierre se justificó en nombre del “patriotismo constitucional”, cuando la misma Constitución Española prohíbe su cierre (aunque prevé su secuestro, como en el caso de El Jueves, de ediciones concretas) y sólo lo prevé en caso de Estado de excepción declarado (art 55.1). Eso consagró –judicialmente y de facto– un Estado de excepción contra los medios disidentes y un atentado flagrante no sólo a la libertad de expresión e información, sino también a la pluralidad y al derecho a recibir una información libre y veraz. Con el cierre de Egin –un periódico nacido en la Transición a través de una amplia participación popular– Garzón y el PP arrasaban también con la doctrina establecida por la sentencia 199/1987 del Tribunal Constitucional, que excluía toda posibilidad de cerrar medios de comunicación y modificaba la Ley de Prensa de 1984, que sí lo pretendía incluir.

La Operación Persiana, con la irrupción de 200 policías bajo las órdenes de Baltasar Garzón y el cierre de Egin y la radio Egin Irratia, abrió oficialmente la era de la caza de brujas, la ley del silencio y las voces candadas. A certificar la genética política de la operación contribuyó, desde Turquía, el ex presidente Aznar cuando anunció impertérrito: “¿Pensaban que no nos íbamos a atrever a cerrar Egin?”. El enésimo periódico del Estado español que había nacido con el lema “la voz de los sin voz” sucumbía herido de muerte después de una campaña lanzada en 1993 por Juan María Atutxa. Paradojas, la máquina enloquecida del antiterrorismo devoraba a uno de sus inventores, porque el ex consejero de Interior vasco ha acabado conociendo su propia medicina tras su procesamiento judicial. Si insólito es cerrar un medio –“delinquen las personas, no los medios”, dijeron entonces hasta Pedro J. y Ansón–, grave es la indefensión jurídica dilatada en el tiempo. Sólo tras ocho años –cuando la ley sólo prevé el cierre cautelar de empresas mercantiles por un período máximo de cinco años– se inició el juicio contra sus directivos, integrados en la causa del macrosumario 18/98. La sentencia conocida en diciembre pasado ha puesto precio a ser director y subdirectora de Egin en el Estado español: 14 años para Javier Salutregi y 14 años para Teresa Toda. Es la síntesis del precio de la libertad de expresión, que se cobra caro y con años de cárcel.

‘Ardi Beltza’, siguiente muesca:
La revista de periodismo de investigación Ardi Beltza (La Oveja Negra) siguió, en marzo de 2001, los mismos pasos que Egin. Cierre cautelar y suspensión de actividad ordenada por el juez Baltasar Garzón en aplicación del artículo 129, encarcelamiento de su director y muerte de otro medio de comunicación.

En este episodio, cabe destacar que la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional desestimó las acusaciones de Garzón –al que acusó de inventarse delitos inexistentes en el Código Penal como el de ‘señalamiento’– y puso en libertad al director en un auto donde se ubicaba el carácter “independentista y anticapitalista” de la publicación en el ejercicio al derecho de la libertad de expresión. Los jueces de la Sala Cuarta tardaron poco en comprobar el huracán inquisitorial, porque fue desmantelada después de una campaña mediática infame. Paradigmático del caso Ardi Beltza es el caso de su director, el periodista vasco-gallego Pepe Rei. En democracia ha sido detenido cuatro veces, tres veces encarcelado, pero nunca condenado. Rei sufrió la peor campaña personalizada de estigmatización y satanización contra un periodista libre.

Cabe señalar que en ambos casos la estrategia estatal fracasó. A la mañana siguiente de cada cierre, otra iniciativa tomaba el relevo y cubría el hueco del medio clausurado. Así, el 16 de julio nacía Euskadi Información –“una pataleta”, según Mayor Oreja, que le costó al ex ministro protagonizar la segunda portada: A Mayor Oreja, mayor bocazas– y que enlazó con el nacimiento de Gara, tras una campaña de suscripción popular que logró mil millones de pesetas. Similar experiencia vivió Ardi Beltza. Sus trabajadores decidieron que en el Estado español la libertad de expresión ya no estaba garantizada y decidieron instalarse, como antaño bajo la dictadura franquista, al ‘otro lado’ de los Pirineos, en el País Vasco bajo administración francesa. Allí nació Kale Gorria (la cruda realidad de la calle), que también sufrió la persecución de Baltasar Garzón.

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Kosova y el derecho de los Estados.

...por Carlos Taibo

Kosova declaraba su independencia el 17 de febrero. La bienvenida dada al nuevo país por EE UU y diversos países de la UE evidenciaba una vez más el doble rasero a la hora de reconocer el derecho a la autodeterminación.

Salta a la vista que la independencia de Kosova ha suscitado entre nuestros expertos políticos una manifiesta hostilidad. No deja de ser sorprendente que a esas gentes poco les importe, sin embargo, y pese a las apariencias, lo que sucede en ese pequeño país del interior de los Balcanes. Porque en los hechos su única preocupación parece ser el efecto que un reconocimiento de la independencia kosovar tenga en el maltrecho debate nacional que acosa al Estado español.

En ese magma, que no es sino el de una miserable discusión, despunta por doquier un teledirigido argumento: el de que, a la hora de encarar eventuales derechos de autodeterminación y secesión, hay que respetar escrupulosamente lo que dicen las leyes de los Estados, de tal suerte que si, como sucede en casi todos los lugares, esas leyes rechazan tales derechos se impone acatar sin más semejante opción. Poco relieve se le concede entonces a todos los demás datos que se supone nos deberían atraer a la hora de evaluar la condición de un conflicto y su posible resolución. Si no ha lugar a preguntarse desde cuándo el territorio o la población objeto de litigio forman parte del Estado en cuestión, tampoco interesa saber si los ciudadanos afectados –o sus antepasados– fueron consultados al respecto. Pueden obviarse, por lo demás, los avatares recientes del conflicto, como puede eludirse lo que a algunos nos parece importantísimo: el hecho de que casi todos los Estados que conocemos han surgido de forma violenta e impositiva.

Conviene que planteemos de forma cruda alguna de las secuelas de semejantes omisiones, y que por una vez lo hagamos obviando el escenario kosovar (y con él las numerosas tramas de intereses que lo acompañan). Imaginemos un caso que, por desgracia, nada tiene de extremo: el de que un gobierno dictatorial decida acometer un genocidio en toda regla contra la población de una parte del territorio del Estado correspondiente. Si el único criterio que manejamos, o al menos el principal, a la hora de encarar un escenario como el mencionado es el que nace de lo que rezan las leyes de ese Estado, parecerá servida la conclusión de que, como quiera que lo suyo es que esas leyes corten de sajo cualquier horizonte de autodeterminación y secesión, a las víctimas del genocidio en cuestión no les quedará otro remedio que acatar su vinculación, de por vida, a la entidad estatal cuyo gobierno hizo lo que hizo. Mal que bien esto es lo que ocurre en estas horas –por rescatar un ejemplo entre muchos– en Chechenia, un país incorporado manu militari, luego de 80 años de operaciones de conquista, al imperio ruso, privado de un derecho a la autodeterminación que los dirigentes bolcheviques se comprometieron a reconocer antes de 1922, sometido a la deportación del grueso de sus habitantes en 1944 y víctima de dos sangrientas guerras asestadas, en los últimos tiempos, por el imperio del norte. ¿Es de recibo que personas sensatas afirmen sin sonrojo que hay que aceptar que Chechenia tiene por fuerza que formar parte de Rusia porque así lo dicen las normas legales de esta última?

Autodeterminación

Vaya, con todo, un segundo ejemplo que da cuenta de una situación dramática que, al menos en lo que hace a lo que ahora tenemos entre manos, se antoja muy relevante: el del reconocimiento de un Estado palestino. Uno tiene derecho a preguntarse en virtud de qué extraño razonamiento ha de ser Israel el que determine si ese Estado debe cobrar cuerpo o no. Pues bien, la razón de fondo remite a esta discusión que ahora nos convoca. Como quiera que Israel ocupa –sabido es que ilegalmente, conforme a lo que rezan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas– los territorios que deberían servir de asiento a ese Estado palestino, de la decisión de los gobernantes israelíes depende que el reconocimiento correspondiente sea o no una realidad.

Obsérvese lo que hay por detrás: el designio de acatar que es la legislación interna de un Estado la que debe dar alas –o por el contrario cerrar el camino– a una eventual independencia permite, ni más ni menos, que Israel, ocupante ilegal de territorios en los que violenta de manera sistemática los derechos más básicos, tenga en su poder una plena capacidad de decisión sobre el destino de sus víctimas. Seamos claros en nuestra conclusión: el principio que ahora es objeto de nuestra atención, y que blanden la abrumadora mayoría de nuestros todólogos, obedece al designio de poner el cerrojo a cualquier perspectiva de secesión. Ello es así, claro, porque resulta raro, rarísimo, que un Estado reconozca el derecho de autodeterminación de los territorios o las poblaciones que lo integran. Limitémonos a señalar que, hasta donde llega nuestra sabiduría, ese reconocimiento sólo se hizo valer, con evidente carga retórica, y en el pasado, en los casos de la Unión Soviética, de Checoslovaquia y de Yugoslavia, y sólo se manifiesta hoy con razonable claridad en Canadá.

Reflexionemos un momento sobre lo que en los hechos se nos está diciendo, las más de las veces con meridiana y obscena claridad: aun en el caso de que una mayoría de catalanes, gallegos o vascos declare con firmeza su deseo de abandonar el Estado español, a esos díscolos ciudadanos no les quedará otro remedio que permanecer de por vida dentro de aquél. Al respecto, por cierto, y tras olvidar que no consta que a los habitantes de Cataluña, de Galicia o de Euskadi –o de cualquier otro lugar– se les haya preguntado en momento alguno si deseaban vivir en España, se invoca con desparpajo que la decisión en lo que se refiere a estas cuestiones habrá de recaer, en el mejor de los casos, sobre el conjunto de la población española, que podrá aplicar al efecto su rodillo uniformizador. Entiendo que muchas gentes defiendan eso. Lo que me cuesta más trabajo aceptar es que semejante opción tenga, hablando en propiedad, algo que ver con la democracia.

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George Bush se pierde en África.

La gira de Bush por África fracasa estrepitosamente al no encontrar localización para el comando militar estadounidense en el continente, que continuará en Stuttgart, ante la negativa de los países africanos.

En su visita a África, George W. Bush ha elegido tres países estables, Ghana, Tanzania y Benin, y dos que emergen de sendos conflictos civiles: Liberia y Ruanda. Escenario apropiado para predicar las bonanzas de iniciativas como el Plan de Emergencia del Presidente para la Ayuda contra el Sida (criticado por su focalización en la abstinencia) o la lucha contra la malaria. Temáticas alejadas de aquello que intrigaba realmente a sus anfitriones: el anunciado establecimiento de los cuarteles generales del AFRICOM (mando africano de los EE UU) en el continente.

A su pesar, Bush no pudo obviar el tema, manifestando el 20 de febrero en Ghana: “Sé que hay rumores [de que] lo que Bush está haciendo es venir a intentar convenceros de poner una gran base militar aquí”. No será así: el AFRICOM se queda en su base actual de Stuttgart. El General William Ward, procedente de la cúpula del EUCOM (mando europeo) y designado para liderar el nuevo mando, ha desempeñado arduos esfuerzos diplomáticos que se han revelado ineficaces: primero fueron los aliados del África septentrional quienes se negaron; Marruecos, Libia y Argelia (esta última ya alberga un centro antiterrorista estadounidense), Ghana, Sudáfrica y Nigeria han mostrado también su oposición. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson- Sirleaf, se ofreció, pero no contaba con respaldo de la población. El mismo AFRICOM enuncia en su web: “nuestro objetivo es construir asociaciones para capacitar el trabajo de los africanos en proveer su propia seguridad”. El argumento levanta sospechas: “si el AFRICOM persigue asistir a la formación del personal, proveer servicios de salud y luchar contra el sida, no es necesario situar sus cuarteles generales en África”, dedujo el ministro de AA EE nigeriano, Alhaji Yayale.

Parece una visión compartida por los demás mandatarios. El AFRICOM, creado en febrero del pasado año, es reflejo del cambio de prioridades estadounidense. Actualmente EE UU obtiene alrededor de un 15% de su petróleo y gas del continente africano. Se espera que este porcentaje ascienda en 2015 al 25%. La competencia de países como China o India y la presencia de grupos de tendencias salafistas en el Magreb y el Sahel, explicarían las pretensiones estadounidenses de una mayor presencia militar en el continente. De hecho, ya en 2002, se instalaron 1.800 militares en Yibuti, pequeño Estado sin recursos que obtiene 30 millones de dólares anuales por el alquiler de esta base.

Las últimas noticias apuntan a un importante cambio. Tras las resistencias generalizadas a los tratados de asociación económica (EPA) que la UE intenta negociar, el bloqueo al AFRICOM contribuye a la idea de que finalmente África exige otros términos de interlocución.

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Artículo relacionado en Diagonal Periódico: AFRICOM, un nuevo estilo de mando

Especial Expo Zaragoza 2008: El negocio privado del dinero público.

La Expo no va de agua. Es un acontecimiento de segunda, con nula repercusión internacional. Y lo primero que percibe el ciudadano es la subida del precio de la vivienda y de los servicios, además del incremento de la conflictividad laboral en diversos sectores, como el transporte. Entonces, ¿a quién beneficia la Expo? Hay que ir más allá de lo que nos cuentan y prestar atención al entramado de empresas patrocinadoras.

El negocio privado del dinero público

Algunos mitos de la Expo

Zaragoza a vista de "pájaros": Mapa para no perderse en la Expo (pdf)

De ilusión tampo se vive

Zaragoza: un nuevo estilo de ciudad insostenible

ENTREVISTA: APUDEPA
“La Expo debe saber que la ciudad es cosa de todos”

El ‘tinglao’

La Zaragoza del siglo XXI

Las cuentas que no existen

CARTAS

Robin Hood en Zaragoza

La Expo no fabla aragonés

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La gran fiesta de la democracia que nunca existió.

...por Francisco Badarán

En el momento en que se está celebrando una vez más “la gran fiesta de la democracia que nunca existió” y que cada vez se aleja más de existir, parece conveniente hacer una recapitulación sobre lo que ha sido el proceso electoral desde una perspectiva de izquierdas. Las coordenadas que determinan las características de estos procesos en España son bien conocidas: listas de candidatos cerradas y bloqueadas, falta absoluta de proporcionalidad entre votos emitidos y candidatos electos, falta de respeto a las minorías y partidos ilegalizados en el País Vasco, negando con ello el derecho a votar a las opciones abertzales a cientos de miles de ciudadanos. Las peculiaridades citadas de la legislación electoral no son nuevas, pero las ilegalizaciones son un ingrediente que ha marcado la entrada de España en el siglo XXI, y que son la consecuencia de una Ley de Partidos, cuyo alcance en manos de los fascistas aún está por conocer. Todo indica la minúscula participación del ciudadano en la política del país y la decrepitud del sistema político español desde una perspectiva democrática. Son, en definitiva, las características de una sistema lastrado desde su inicio por una Constitución seudodemocrática cuyo desarrollo permite lindezas como las citadas.

La subvención que los partidos políticos reciben del Estado para sufragar gastos electorales añade otro ingrediente más que discutible. Cuesta mucho digerir a un ciudadano de izquierdas ver que su dinero sirva para engalanar las calles con carteles del PP y del PSOE. Curiosamente, el Estado es tremendamente cicatero en poner espacios de televisión a disposición de todos los partidos políticos. Hubo un tiempo, en que al menos pareció existir una norma para la distribución de tales espacios, en los cuales los partidos tenían un tiempo para exponer, o al menos resumir, su programa. La norma podría ser discutible en cuanto su generosidad y ecuanimidad, pero lo cierto es que ahora la única norma que parece imperar es la ley del más fuerte. Los espacios destinados a los partidos están dedicados a spots más propios de la Coca Cola que de una campaña electoral seria, con la diferencia de que en la publicidad no circula el insulto con la fluidez que tiene en la boca de los políticos. Por lo demás, hay que destacar los debates excluyentes protagonizados por los partidos más poderosos, que son los que han impuesto su ley en la radio y televisión. Estos debates han representado un insulto al pluralismo político, y son un reflejo más del cáncer del sistema político español. Tales debates han ido precedidos de una campaña larga e intensa y de una parafernalia difícil de calificar. Tonterías tales como la temperatura de la sala del debate, el color y la situación de las sillas, el color de la corbata y del traje de los candidatos, etc., han sido repetidas veces y veces por los medios de comunicación de masas sin ningún recato ni rubor. ¿Tan estúpidos nos creen a los españoles? ¿Realmente, nos merecemos esto? Como contraste, el tiempo de dedicado al fútbol y a los programas basura en la radio-televisión pública del país es un buen índice de la prioridad de valores y de la concepción de la cultura que tienen sus dirigentes.

El contenido del discurso de los políticos ha sido estremecedor. Como ya es costumbre, el insulto, sobre todo en la boca de los representantes del PP, y la denuncia grosera al adversario han prevalecido sobre la clarificación de los programas propios y el análisis de los problemas reales que presenta el país. Por lo demás, la desnudez y la ordinariez de un mercadeo desprovisto de todo raciocinio y credibilidad han marcado la campaña electoral, mostrando el “gran interés” que los candidatos han mostrado por los ciudadanos, en relación con el que muestran cuando salen de la campaña electoral y gobiernan. ¿Cómo personajes que están llevando progresivamente a la ruina al país con su neoliberalismo radical pueden tener tanta desfachatez? Hubiera sido cómico, sino fuera por las consecuencias nefastas que acarreará para el país, escuchar las esperpénticas propuestas de los candidatos. Zapatero se ha comprometido a devolver 400 euros a todos los contribuyentes y a eliminar el impuesto sobre el patrimonio, medidas progresistas donde las haya. También se ha comprometido a que nuestros niños aprendan a hablar fluidamente el inglés desde la más tierna infancia; probablemente la pista de esta oferta se la ha dado su correligionario Belloch y sus colegas del Ayuntamiento de Zaragoza, con su buen nivel de inglés. Ciertamente, sería un buen logro; no obstante, sería bueno que, por el momento, nos garantizase que nuestros infantes y jóvenes aprenden a leer y escribir. Su contrincante y correligionario neoliberal, Rajoy, aunque de color más cercano al azul falange, no le ha ido a la zaga. Ha prometido bajar los impuestos e impulsar la educación ¿De donde va a sacar el dinero este mago de la economía para mejorar tan preciado bien público? Además va a plantar 500 millones de árboles en cuatro años (342.500 árboles diarios según el cálculo de algunos –Sr. Rajoy, debe Vd volver a la escuela y aprender a resolver problemas de dividir-). Obviamente, esto se entiende si se tiene en cuenta el “ambicioso programa en defensa del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático” que presenta este carismático líder, para lo cual cuenta con su primo, el catedrático.

Los debates de la televisión entre los dos egregios candidatos nos ha permitido vislumbrar bastante a fondo su catadura ética e intelectual. Obviamente, a ninguno de ellos se le ha ocurrido prometer medidas para erradicar la tortura o derogar la Ley de Partidos. Tampoco lo esperábamos, están muy de acuerdo ambos candidatos en que todo siga como hasta ahora, en el mejor de los casos. Tampoco íbamos a esperar que debatiesen cambios constitucionales hacia una mayor democracia o las relaciones entre la Iglesia y el Estado, por supuesto. Sin embargo, algunos ilusos esperábamos que discutiesen sobre la solución de algunos de los grandes problemas que tiene el país, como la corrupción y los contratos basura.

La generalización de la corrupción en nuestro país es algo que conoce sobradamente cualquier ciudadano mínimamente informado. Todo el mundo sabe la gravedad de este secular fenómeno, principalmente en materia de urbanismo y construcción. Son cientos los escándalos que han saltado a la prensa en los últimos años, y cientos los ayuntamientos implicados. Un índice de esta corrupción nos la da el hecho de que más del 26% de los billetes de 500 euros que existen en Europa circulan en España. En el caso de la construcción, la corrupción comienza con la calificación del terreno y termina con la venta de las viviendas, constituyendo además en muchos casos la continuación de los procesos de delincuencia y corrupción llevados a cabo por otros métodos. Propietarios de terrenos, promotores, constructores, banqueros y gestores públicos sin escrúpulos son los grandes beneficiarios de esta corrupción, que permite además la financiación de ayuntamientos y partidos. Las consecuencias de esta lacra son muy graves, ya que representa un saqueo de la riqueza del país y una gran estafa al conjunto de los ciudadanos, generando el gran problema de la vivienda en España y un deterioro irreversible del medio ambiente. Sin embargo, los dos líderes políticos de los partidos mayoritarios, Zapatero y Rajoy, han preferido ignorar este grave asunto en los debates y mirar ambos hacia otro lodo. Es de suponer, que al igual que en los otros temas ya mencionados, están muy interesados en que las cosas sigan como están.

Igualmente, ambos candidatos han eludido tratar de dar soluciones al gran problema de los contratos basura, caracterizados por su temporalidad y bajos salarios. Se trata de un problema grave que nos distingue del resto de Europa, ya que el porcentaje de estos contratos es del orden del 33%, veinte puntos por encima de la media europea. ¿Qué van a proponer estos individuos en sus debates si son sus partidos y gobiernos los que han generado el problema abriendo una fosa insalvable con el resto de Europa? ¿Con qué cara pueden hablar de solucionar el problema, si la propia administración, a todos los niveles, es la primera en promover los contratos basura? Es por tanto muy coherente con su repugnante política social el que ambos candidatos hayan estado de acuerdo en soslayar este gravísimo problema.

Desgraciadamente, tampoco Izquierda Unida ha destacado por saber denunciar con la garra necesaria estos problemas, dando la impresión de que lo que buscan los líderes de esta formación política es un sillón, cuanto más grande y cómodo mejor, al lado de Zapatero, si es que éste gana las elecciones.

Como en cierto modo era de esperar, ETA ha irrumpido en la campaña electoral asesinando a un ex concejal socialista de Mondragón. La violencia y la pena de muerte no caben en la ética democrática, y por tanto estos hechos deben ser rotundamente condenados. Además, es esta lacra la que ha dado la disculpa a los Gobiernos del PP y del PSOE para desarrollar una política de excepción en el Estado, principalmente en el País Vasco, y la que da alas al PP para desarrollar su política de ultraderecha. Resulta absolutamente evidente que este partido ha basado gran parte de su campaña en la política contra ETA y que la existencia de esta organización contribuye de manera muy eficaz a dar votos al Partido Popular.

Independientemente de quien gane las elecciones, el panorama para el futuro del Estado Español es sombrío. En estos momentos en los que existe una crisis económica mundial profunda, nuestros gobernantes se empeñan en minimalizarla y en afirmar que España está muy bien preparada para afrontarla. No es así. La riqueza nacional está siendo saqueada por una corrupción generalizada, lo que está implicando un deterioro grave de los servicios públicos. El sistema educativo es lamentable, con un número de analfabetos funcionales que se estima entre el 15 y el 20% de la población, y el sistema sanitario está empeorando de forma alarmante. Las familias españolas tienen un endeudamiento que se aproxima al producto interior bruto. La economía española gravita en gran parte en la construcción. Sin embargo, el problema de la vivienda es grave, con más de 300 000 familias viviendo en infraviviendas o sin techo. Se está produciendo una proliferación gravísima del trabajo basura, con alta temporalidad y bajos salarios, que contrasta con el incremento salvaje y los beneficios sin control de las grandes empresas. Por otro lado, el paro se está acercando al 9%. Todo ello está dando lugar a un porcentaje de pobreza relativa que supera el 20% de la población, que afecta a las capas de mayor edad de la población, pero que avanza también entre las personas jóvenes.

La crisis no ha hecho más que comenzar, pero afecta ya claramente al sector inmobiliario, lo cual esta generando un claro incremento del paro. El decrecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos empieza también a manifestarse por el inicio de la crisis del sector del automóvil. Por otro lado, la inflación empieza a alcanzar niveles preocupantes, con una subida alarmante de los artículos de primera necesidad. ¿Dónde terminará esta cadena de empobrecimiento? Desde luego, los augurios no son nada buenos. Si el trabajo basura va aumentando y se va imponiendo sobre el trabajo digno, el poder adquisitivo de la población caerá drásticamente y el sistema colapsará. Este puede ser el resultado final de la contradicción del capitalismo neoliberal salvaje y ciego del que España es campeona en Europa. El mantenimiento de un sistema económicamente empobrecido y altamente inestable puede conducir al fascismo, del que España ya empieza a tener buenos síntomas; como dijo Bertold Brecha: “no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”. Se cumplirá así un hecho que ya es claro: el capitalismo es incompatible con la democracia. Ante esto, solo cabe la urgente organización de un gran Frente de Izquierdas capaz de eliminar las nefastas consecuencias del neoliberalismo. El reto es muy difícil, pero hay mucho en juego y merece la pena intentarlo, aunque ello implique llevar a cabo cambios importantes y asumir riesgos importantes, ya que, en definitiva, los cambios implican suprimir privilegios a los poderosos.

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