Comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los pasados días 20 y 21 de octubre, el Gobierno español compareció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del 94 periodo de sesiones y en relación al 5º informe periódico, que comenzó el 13 de octubre.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y que tiene como tarea la de comprobar si los Estados parte del Pacto están cumpliendo con sus disposiciones, (el reconocimiento y garantía de los derechos de la persona en su faceta individual –integridad física- y de acción política) que se comprometieron a respetar. Para ello, y entre otras tareas, dicho Comité debe analizar los informes que, cada seis años, han de presentar los Estados parte del Pacto sobre las disposiciones que hayan adoptado y que hagan efectivos a los derechos reconocidos en dicho Pacto.

En este sentido hay que recordar que el Estado español ratificó el pacto en 1977 y desde entonces, y hasta 1996, presentó 4 informes periódicos. En 2002, el Estado español incumplió su obligación de comparecer ante el Comité de Derechos Humanos, y no ha sido hasta 2008 que ha presentado el 5º informe, con un retraso de 12 años. Además, como expresaron los expertos del Comité, en este tiempo los Gobiernos españoles no han cumplido con algunas de las recomendaciones realizadas en el último informe, ni en posteriores informes de diversas instancias internacionales (como el CAT, la Comisión de DDHH del Consejo de Europa o el Relator especial contra la tortura), lo que pone de manifiesto el problema de la pervivencia de la tortura y otras violaciones del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este 5º informe periódico del Estado español ha generado un gran interés por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, que han remitido informes al Comité para su examen: AEDIDH, ALA y APDHE, Amnesty International, CAMHA, Conscience & Peace Tax International, ICJ, Democracy Reporting International, ACAT-FIACAT, Human Rights Watch, APDHA, Basque Observatory of Human Rights – Behatokia-, International Commission of Jurists, además de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Estos informes reflejan una valoración absolutamente opuesta a la que efectúa el Estado español en los informes remitidos al Comité [1] para esta ocasión.

Durante las sesiones, la delegación española, formada por ocho miembros de distintos ministerios afectados por las cuestiones a tratar, y presidida por el Sr. Javier Garrigues, embajador representante permanente de la Misión permanente de España en Ginebra, y por Fernando Irurzun, Jefe de la Abogacía General del Estado ante la Audiencia Nacional, que hizo de portavoz de la delegación, expuso los avances que, a su entender, se han realizado en relación a la última evaluación al Estado por parte del Comité en el año 1996. Entre otras cuestiones, se plantearon las medidas que se están tomando para hacer efectiva la doble instancia penal, la mejora de la situación en las prisiones con la construcción de mas cárceles y el aumento en la aplicación de regímenes de semi libertad y los elementos que mejoran la detención incomunicada. Posteriormente, el Estado pasó a responder a las 24 preguntas realizadas, por el Comité. El Gobierno español no cumplió los plazos previstos para enviar sus respuestas escritas, lo que ha dificultado la labor de las organizaciones sociales y de los propios miembros del Comité, que no han podido tener la documentación traducida para las sesiones, hecho apuntado por diversos miembros del Comité.

En el diálogo posterior, los miembros del Comité expresaron sus preocupaciones en relación con la detención incomunicada, (y en concreto la imposibilidad del detenido a ser asistido por un abogado de confianza, la duración de la incomunicación, las reticencias del Gobierno español para grabar los interrogatorios); la prisión provisional, el aislamiento penitenciario; la ‘evidente’ persistencia de la tortura y malos tratos en el Estado español, así como a la ‘poca voluntad’ del Gobierno de ‘mantener un dialogo’ con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre estas cuestiones; la segunda instancia y secreto de sumario; la extensión de la noción terrorismo que se ha producido en la ultima década en el Estado español; y episodios de torturas y malos tratos a inmigrantes, algunos con resultado de muerte, sobre los que han solicitado más información. Otras temas tratados por el examen del Comité han sido el tratamiento de los menores inmigrantes no acompañados, las expulsiones masivas de inmigrantes, el acceso al derecho de asilo, las políticas de lucha contra el racismo y la discriminación, la violencia doméstica y la memoria histórica.

Los expertos también mostraron su preocupación por las cuestiones relativas a la libertad de expresión, en referencia a los cierres de periódicos, la encarcelación de un ex-parlamentario europeo, y las persecuciones a las que a veces se ven sometidas las personas pertenecientes a grupos de denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos (a este respecto nuestra Coordinadora presentó un informe completo al Comité el pasado julio).[2]

En las deliberaciones de los próximos días, El Comité de Derechos Humanos analizará la información recibida sobre la observancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los avances realizados –o retrocesos- por parte del Estado español, y, en los próximos meses, se hará público el correspondiente Informe. Las recomendaciones que en él se incluyan serán de especial relevancia para la visión que pueda tener la comunidad internacional en referencia a la observancia de los derechos humanos en el Estado español.

Últimos informes de los Comités de Naciones Unidas en relación al Estado español

El último informe de conclusiones publicado por el Comité de Derechos Humanos, tras la comparecencia de abril de 1996 ya mencionada, documento CCPR/C79/Add.61 ([3]), ya incluía referencias a la “falta de investigaciones” en materia de tortura y que “cuando miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados con penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos”. Asimismo, señalaban la detención incomunicada por la que los detenidos acusados de pertenencia a organizaciones armadas “no tienen derecho a designar su propio abogado y son juzgados en la Audiencia Nacional sin tener posibilidad de presentar recurso”, ante lo que exhorta al Estado parte a “abstenerse de utilizar la detención incomunicada y le invita a reducir la duración de la prisión provisional”.

Aquel mismo año, 2002, El Estado español tuvo que comparecer ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura que, tras dicha comparecencia, emitió su informe final, recogido en CAT/C/CR/29/3 [4], y en el que mostraba su preocupación por: la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; el mantenimiento de la detención incomunicada; la prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura; las denuncias de malos tratos infligidos a inmigrantes, incluyendo abuso sexual y violación, supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas; y las severas condiciones de reclusión de algunos de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento.

Madrid, 22 de octubre de 2008

Notas:

[1]Todos ellos, junto con los informes del Estado español, pueden verse en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm
[2]http://acat.pangea.org/publica/Informe-defensores.pdf
[3]http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.61.En?Opendocument
[4] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.29.3.Sp?Opendocument

www.prevenciontortura.org

Una experiencia de lucha contra la privatización de la sanidad pública: "el PP privatiza, el PSOE autoriza"

...por Ángeles Maestro*

Los hechos

El 23 de septiembre, en la concentración frente al Hotel Ritz donde tenía lugar un acto dirigido a empresas privadas e instituciones financieras en el que la Consejería de Sanidad presentaba las oportunidades de negocio que les ofrece la sanidad pública, con una inversión inicial de 1000 millones de euros(1), se inauguraba una nueva forma de movilización y de lucha contra la privatización de la sanidad.

Una concentración de 8.000 personas, cifra calculada estrictamente en función del espacio ocupado por los asistentes, convocadas por la recién creada(2) Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).

La novedad con respecto a movilizaciones anteriores es la aparición en escena de la citada Coordinadora, una nueva organización que surge ante el silencio clamoroso del autodenominado "sindicalismo de clase" y de la izquierda política, y la percepción de que se está produciendo un rapidísimo y demoledor proceso de liquidación de la sanidad pública.

En Madrid no se ha producido ningún tipo – no ya de movilización contra la privatización – sino de la información más elemental por parte de estas organizaciones, mientras entraban en funcionamiento los nuevos hospitales en condiciones penosas con falta de personal y de recursos con graves repercusiones para la salud y la vida de los usuarios. Las convocatorias a finales de mayo y mediados de junio por parte de CC.OO. y UGT de algunas manifestaciones en la calle, con un seguimiento mucho mayor al esperable en función de los escasos recursos destinados a la propaganda de las mismas por parte de estos sindicatos – se enviaban por fax a los centros el día anterior – se centraron en reivindicaciones económicas o laborales marginales. Las decenas miles de personas, trabajadores y usuarios,que se manifestaron, hicieron caso omiso de los objetivos de los convocantes, y en sus consignas ampliamente coreadas, se centraron en la denuncia de la avalancha privatizadora.

La Coordinadora de Trabajadores asume directamente el objetivo de organizar a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad desde la base y de construir la organización y el poder de movilización suficiente para, junto a las organizaciones sociales, parar la privatización, conseguir que se derogue la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y las leyes regionales que amparan la privatización, y reconstruir una sanidad pública que excluya cualquier forma de negocio privado y tenga por objetivo satisfacer las necesidades de salud de toda la población. La Coordinadora se organiza mediante la creación de comisiones en cada centro de trabajo, adoptando la forma asamblearia para la toma de decisiones y publicando un Boletín Informativo quincenal muy sencillo y fácil de reproducir (un folio por las dos caras), que llega por correo electrónico a la totalidad de los centros y hospitales, con información rigurosa de las decisiones que la Consejería va adoptando y de sus repercusiones para trabajadores y usuarios – consciente de que la opacidad informativa es vital para extender la sensación de impotencia e impedir cualquier tipo de respuesta. Obvio es decir que los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial están hurtando la información que poseen tanto a sus afiliados como al resto de los trabajadores y a la población afectada.

Ante el riesgo que entraña una organización que no se subordina a los grandes poderes políticos y económicos decididos a degradar un servicio público esencial como la sanidad - tanto como exijan los objetivos de lucro de las empresas financiadas con dinero público - , que denuncia tanto al gobierno del PP que ejecuta la privatización, como al PSOE que gobierna el Estado y que votó a favor de la Ley 15/97 que permite la privatización, y que no se somete a la maraña de complicidades económicas y de pequeñas o grandes corruptelas que corroen a las burocracias sindicales, se han alertado todas las alarmas.

La última muestra ha sido que ante la receptividad de la convocatoria del día 23, decidida en asamblea por la Coordinadora en el mes de julio, extendida sin medio económico alguno, pero reproducida por correo electrónico y difundida por los medios que cada trabajador tenía a su alcance a las compañeras y compañeros de trabajo y a usuarios y boicoteada por las organizaciones sindicales mayoritarias en la sanidad, el día antes de la concentración CC.OO. y UGT convocaron una rueda de prensa apropiándose de la convocatoria, sin mencionar a la Coordinadora(3).

La "información" difundida en los grandes medios de comunicación fue que 1.500 personas se concentra ante el Hotel Ritz, convocadas por CC.OO y UGT. La Coordinadora emitió un comunicado de prensa4 con video y fotos que, obviamente, no ha sido reproducido en los medios citados.

Los miles de personas que allí estuvieron, que comprobaron la fuerza, la combatividad e incluso la violencia contenida y el odio de algunas personas mayores que pretendían entrar como fuera a gritarles "carroñeros y ladrones" a los políticos y empresarios allí reunidos, y que coreaban consignas como: "Ley 15/97, derogación" y "El PP privatiza, el PSOE autoriza", comprobaron el papel de los medios de comunicación en un doble sentido: minimizar las movilizaciones que escapan a los objetivos del poder y atribuirlas a organizaciones controladas por el mismo.

El objetivo de este artículo es poner a disposición de compañer@s y colectivos una experiencia de organización y de lucha que les puede ser útil. Las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, como los de cualquier otro sector, no somos gentes que pasivamente asistamos impasibles a lo que sucede con nuestras condiciones de trabajo. Percibimos – como trabajadores y usuarios – las dimensiones de la liquidación de un sector que trabaja directamente con algo tan trascendente como la salud y la enfermedad de la población. Eso es lo que nos quieren hacer creer organizaciones sindicales y políticas, supuestamente de izquierda, que para justificar su pasividad, dicen que "los trabajadores pasan" y que la población asiste apática a la liquidación de sus derechos. La verdad es que esos argumentos apenas sirven para ocultar las vergüenzas de quienes han renunciado, en función de intereses personales y de complicidades injustificables, a cumplir la función de representación de las trabajadoras y trabajadores

Es preciso reinventar formas de organización y de lucha. La experiencia de la Coordinadora de Madrid muestra que es posible organizar la movilización. La percepción de los trabajadores y usuarios de las consecuencias concretas para el mantenimiento de sus puestos de trabajos, de sus condiciones laborales y, sobre todo, de su derecho a una sanidad pública y de calidad, son el terreno abonado para construir formas de organización y de lucha capaces de enfrentar la barbarie privatizadora.

La privatización de la sanidad es un proceso general, que viene de lejos

En todas las CC.AA del Estado se está produciendo un proceso, con velocidades e intensidad variables, de transferencia a las empresas privadas – constructoras, empresas financieras y aseguradoras privadas – de la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria.

Es un asalto a un servicio público de primera necesidad por parte del capital privado que, en una situación de grave crisis económica, se refugia en la garantía que ofrece el dinero público y una clientela asegurada; cautiva, mas bien. El "riesgo y ventura" que el capitalismo aduce como justificación para la apropiación de beneficios se reduce aquí a cero.

Es la versión bis del escándalo de la transferencia de dinero público a bancos y aseguradoras en crisis que reedita a gran escala y con intensidad inédita el gran negocio del gran capital: privatización de beneficios y socialización de las pérdidas.

En el caso de la sanidad la obtención de beneficios privados a partir de la financiación pública ofrecida generosamente por los respectivos gobiernos regionales, independientemente de su composición política, se realiza de la única forma posible:

-Mediante la reducción de pruebas diagnósticas, de remisiones a especialistas, altas hospitalarias precoces, disminución del gasto farmaceútico, etc
-Reducciones de la cantidad y de la cualificación del personal sanitario
-Seleccionando pacientes, es decir, deshaciéndose como sea de los no rentables: enfermos crónicos, personas mayores con patologías múltiples y pobres en general, en los que las necesidades sociales y sanitarias se multiplican.

El "modelo" privado, de atención individual a la demanda que se generaliza implica el abandono de todas las actividades preventivas y de salud pública, precisamente las más eficaces para intervenir sobre las principales causas de enfermedad y de muerte y justo aquéllas consideradas no rentables para la gran mafia de la industria farmacéutica y de las aseguradoras privadas. Hay que añadir que no existe estudio alguno que acredite – porque es imposible – que la privatización ahorre gasto, manteniendo la calidad. Más bien todo lo contrario. Valgan algunos ejemplos absolutamente contrastados en multitud de países:

-Los programas de actividades preventivas y de educación para la salud son capaces de intervenir disminuyendo significativamente la morbilidad y mortalidad por las principales patologías crónicas (infecciones, diabetes, hipertensión, cáncer, etc) y de reducir el consumo innecesario de medicamentos
-La sanidad privada o las diversas fórmulas de gestión sanitaria con ánimo de lucro, multiplican por cuatro las intervenciones quirúrgicas consideradas de "dudosa indicación"
-Las reducciones de personal y el alargamiento de jornadas tienen como consecuencias el aumento de la mortalidad, mayores índices de infecciones hospitalarias, más complicaciones, etc.

Pese a que todo ello es bien conocido por los políticos de turno y por la pléyade de gerentes y altos cargos de la sanidad , la privatización se generaliza. Los Ayuntamientos, independientemente del partido que les gobierne – el concepto de izquierda y derecha ha pasado a no significar absolutamente nada – ceden suelo público a empresas que se encargan de la construcción de nuevos hospitales y centros de salud y que los gestionan con evidente ánimo de lucro.

El modelo que se extiende es el de PFI (Iniciativa de Financiación Privada) mediante el cual las empresas que construyen nuevos hospitales – que no tienen otra justificación que detraer pacientes de hospitales públicos que se devalúan - reciben un canon calculado en función de la población atendida, financiado con dinero público durante 30 años, que supondrá recibir cuatro veces el gasto de la construcción, que se encargan de la gestión de toda la actividad "no sanitaria" - por ejemplo la esterilización se considera "no sanitaria" - que se subcontrata a otras empresas, y la explotación del espacio en el que se construyen aparcamientos, restaurantes, tiendas, etc.

A todo ello hay que añadir que no existe control de calidad que merezca tal nombre, ni por parte de las CC.AA, ni por el Ministerio de Sanidad, quien conserva las competencias de Alta Inspección y que , sobre todo, que si tuviera voluntad política, que no es el caso, debería intervenir para poner freno a tanta aberración.

La pregunta es: ¿todo esto es legal, es constitucional?

Este interrogante se generaliza para trabajadores de la sanidad, que ven degradarse hasta límites insospechados sus condiciones de trabajo, las reducciones de plantilla vía despidos o no renovaciones de contrato a la gran cantidad de trabajdoras y trabajadores precarios que existen en la sanidad y a usuarios que asisten, uno a uno - cuando les toca – a la degradación de la calidad que viven con consecuencias dramáticas.

La respuesta es clara. La Constitución, que asegura el Derecho a la Propiedad Privada y a la Libre Empresa otorgando toda la protección del Estado y la posibilidad de reclamar esos derechos directamente ante los Tribunales de Justicia, establece que el Derecho a la Sanidad Pública, al igual que el Derecho al Trabajo , a la Vivienda, etc, son meros principios de política social y económica, interpretables por los gobiernos de turno. Es decir, papel mojado.

El proceso de preparación para la privatización, anterior a las transferencias a las CC.AA., fue ejecutado por el Gobierno PSOE. Tal y como planteaba el Informe Abril Martorell, se cambió la gestión económica y organizativa para identificar el coste por proceso – el gasto por cada actividad sanitaria - de forma que pudiera ser vendido a la empresa privada, la gestión por objetivos asistenciales no por resultados en salud, etc.. Los mecanismos de control de calidad nunca fueron aplicados.

La clave de bóveda de todo el proceso de privatización es la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de la asistencia sanitaria. Fue propuesta por el PP ante el Congreso de los Diputados en 1997, gobernando en minoría. La aprobación de esa Ley, piedra angular de la privatización sanitaria, requirió, y obtuvo, el voto del PSOE y de las derechas nacionalistas, con el único voto en contra de IU y el BNG.

Ante la presión popular creciente exigiendo la derogación de la Ley 15/97, que llevó a que militantes de PSOE plantearan enmiendas a los documentos de sus recientes Congresos, su dirección estatal ha elaborado un "argumentario" en el que intenta devaluar el alcance de esa Ley – y su responsabilidad directa en su aprobación - con el objetivo evidente de conseguir réditos electorales de la movilización ciudadana y señalando al PP como único responsable de la privatización(5).

¿Qué hacer?

Obvio es decir que nada de esto podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de CC.OO, UGT (además del resto de sindicatos corporativos de la sanidad). Ambos sindicatos, que se llaman "de clase", si se hubieran comportado como tales deberían haber movilizado a los trabajadores de la sanidad, al conjunto de la clase obrera y al pueblo en general, ante un auténtico proceso de demolición de conquistas históricas del movimiento obrero y de las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.

Nada se puede esperar de estas cúpulas sindicales. Las evidencias de sus vinculaciones económicas y corruptelas con los gobiernos de turno, sea cual sea su color, cada vez son más patentes. Ello no quiere decir que debamos prescindir de la experiencia, la conciencia de clase y la voluntad de trabajo de militantes honestos de estas organizaciones. Lo que es evidente es que el desprestigio ante la mayoría de los trabajadores , ganado a pulso de las burocracias sindicales exige construir formas nuevas, en las que – desde el principio – la democracia, la voluntad de lucha y la búsqueda de unidad desde la base, reconstruyan el poder real que tenemos, organizados y unidos, los trabajadores.

En cada CC.AA. las condiciones y las peculiaridades de los procesos de privatización son diferentes. En función de la experiencia vivida hay que afirmar que las transferencias sanitarias han sido otra enorme estafa y que, lejos de acercar la gestión a las necesidades de la ciudadanía, han servido para crear más burocracias al servicio de mafias locales vinculadas a los poderes políticos de turno y facilitar la desmembración de la sanidad y su privatización.

Frente a ellos, trabajadores y trabajadoras de la sanidad, la clase obrera en su conjunto y los usuarios, tenemos dos tareas complementarias:

1. A nivel de Comunidad Autónoma, provincia, pueblo, barrio y centro sanitario: crear organizaciones de base de trabajadoras y trabajadores frente a los despidos, a la precarización progresiva de la sanidad pública, a la degradación y la violencia profesional que supone supeditar la atención sanitaria a los objetivos de lucro privado, y de los usuarios que sufren directamente las consecuencias de la subordinación de la calidad y la seguridad de la asistencia al negocio de las empresas.

2. En el conjunto del Estado: sobre la base de la construcción de formas de organización y de lucha de trabajadores y usuarios en cada Comunidad Autónoma, articular una Plataforma Estatal contra la privatización, para exigir la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que ampara y legaliza todo el proceso de privatización y por la construcción de un sistema sanitario, y de salud pública, de financiación, gestión y provisión de servicios estrictamente público, con participación democrática de trabajadores y usuarios en la toma de decisiones, y que responda a las necesidades de salud de la población.

Madrid, 28 de septiembre de 2008

(*) Ángeles Maestro, diputada de IU por Madrid hace ya muchos años, fue impulsora y cofundadora de Corriente Roja de la que es dirigente destacada.

Notas:

(1) http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/07/04/pdf-plan-de-infraestructuras-sanitarias--1

(2) Dicha Coordinadora se constituyó el 12 de junio de 2008 en una asamblea a la que asistieron 140 trabajadores y trabajadoras, sanitarios y no sanitarios, de la práctica totalidad de hospitales – grandes y pequeños de la Comunidad de Madrid, de numerosos centros de salud, de salud mental, de centros de la Consejería de Sanidad, etc. Los principios de funcionamiento y objetivos por los que la Coordinadora se constituye pueden consultarse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/06/15/nace-en-madrid-la-coordinadora-de-trabaj-1

(3) El comunicado de prensa de la Coordinadora puede verse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/09/23/comunicado-de-prensa-acerca-de-la-convoc#feedbacks

(4) http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/09/24/cronica-de-la-concentracion-del-23-de-se-1

(5) Casmadrid ha elaborado recientemente un documento en el que se desmonta con claridad meridiana todo el "argumentario" del PSOE. Puede verse en www.casmadrid.org en la sección de documentos.

www.insurgente.org

Carlos Dívar Blanco, vinculado à extrema direita franquista, presidirá o CGPJ e o TS espanhol com o apoio de PP e PSOE.

Que trás a morte física de Francisco Franco em 1975 nom se produziu a exigida rutura democrática com o fascismo é um facto tam notório que incluso se exprime, ainda hoje, 34 anos depois, na eleiçom dos mais altos cargos do Estado espanhol. PSOE e PP acabam de juntar votos para que Carlos Dívar Blanco, um fundamentalista religioso vinculado a organizaçons tam pouco recomendáveis como a ‘Hermandad del Valle de los Caídos’, seja simultaneamente presidente do Tribunal Supremo espanhol e do CGPJ.

Contodo, um facto tam salientável parece que nom provocou excessivo barulho mediático e político. O novo presidente do TS e do CGPJ que substitui Francisco José Hernando à frente deste último cargo é um indivíduo marcadamente conservador que se inspira em textos do papa católico Joám Paulo II. A sua nominaçom fai-se a iniciativa do PSOE após o pacto recentemente alcançado com o PP para renovar o Poder Judicial, processo que se produz quando há quase dous anos que o órgao de governo dos juízes espanhóis se encontra em funçons.

Do currículum de Dívar (Málaga, Andalucia, 1941) destacam factos como o seu deslocamento a Euskal Herria para exercer como juíz a finais da década de 70. A sua identificaçom com o aparato repressivo do Estado levou o actual presidente do CGPJ a ser eleito em 1980 como magistrado no Julgado Central de Instruçom nº 4 da ‘Audiencia Nacional’, tribunal de recente criaçom que substituia o ‘Tribunal de Orden Público’ franquista, operativo de 1963 a 1977. Posteriormente, Dívar deveu ser considerado ideal para o cargo, umha vez que em 2001 foi elegido presidente do tribunal de excepçom e em 2006, trás cinco anos de mandado, reelegido novamente por unanimidade no CGPJ.

Significativamente, a sua re-eleiçom à frente da ‘Audiencia Nacional’ produz-se num período em que o Estado aprova e aplica novas legislaçons de excepçom como a ‘Ley de Partidos’ e agudiza multidom de aspectos repressivos da legislaçom penal –supressom das redençons no cárcere, ‘Doutrina Parot’, etc... Trás o pacto alcançado entre PSOE e PP para renovar o ‘Consejo General del Poder Judicial’ espanhol, que demonstra a nula independência do Poder Judicial a respeito do legislativo e do executivo, Dívar será o presidente deste importante órgao do Estado.

‘El Valle de los Caídos’

Além dos dados achegados, a actual integraçom de Carlos Dívar Blanco numha associaçom das características da ‘Hermandad del Valle de los Caídos’ é significativa do perfil do novo presidente do CGPJ. Recordamos que este sinistro ‘monumento’ que o ditador espanhol ordenava construir a partir de 1940, foi levantado com a mao de obra escrava de milhares de presos políticos para “perpetuar la memoria de los caídos en nuestra gloriosa Cruzada”. Além dumha cifra desconhecida de falecimentos durante a construçom, que se prolongou até 1958, o mausoleo fascista acolhe os corpos de dezenas de milhares de pessoas nom identificadas.

Contodo, apesar de que Carlos Dívar qualifica os movimentos de liberaçom nacional como “forças malignas” –ver nº 84 da revista da ‘Hermandad del Valle de los Caídos’- e assegura ao respeito em tom mesiánico que há que “chamar as cousas polo seu nome, isto é, ao bem, Bem e ao mal, Mal”, o ministro espanhol de Justiça Fernández Bermejo caracterizou o novo presidente do CGPJ e do TS como um exemplo de “neutralidade permanente”.

www.ceivar.org

Fahrenheit 490-491.

...por Rafael Cid

Zapatero no sólo goza de la confianza del rey, que le considera un gran tipo, sino que además él mismo actúa como un válido: cada vez que está ante una encrucijada llama a un consejo de sabios. Lo hizo para confeccionar el programa electoral del 9-M que le permitió mentir descaradamente sobre la gravedad de la desaceleración económica. Y ahora vuelve a las andadas para tomar medidas ante la situación de crisis declarada. Pero en esta ocasión, como ya no hay nada que tapar para no espantar a los votantes, se muestra en todo su esplendor y reúne en cónclave a los economistas jefes de la gran banca y las finanzas. O sea, comparte mesa y mantel con los responsables de la crisis, sus trujamanes, esos exquisitos pirómanos ahora convertidos en providenciales bomberos por expreso deseo de ZP. Todo cuadra. Si durante el feudalismo los reyes se hacían aconsejar por los hombres de negocios que les mantenían, ahora lo suyo es que sean las grandes fortunas que financian a los partidos políticos y los yates del rey quienes se pronuncien sobre el brusco ajuste que tendrá que sufragar el sufrido contribuyente.

Cuando sienta cátedra la fórmula de impunidad legal para los máximos representantes del Estado, como acaba de suceder en la Italia de Berlusconi, se comprende mejor que nuestro modelo político de monarquía parlamentaria vitalicia haya sido considerado digno de imitación. Su gran activo es un rey que reina pero que en teoría no gobierna, aunque ostente la jefatura de las Fuerzas Armadas, y que ha sido alabado como el “motor del cambio”. Pero al cumplirse los 30 años del referéndum constitucional que legitimó la dinastía restaurada por Franco, o le cambian el aceite a ese motor o acaba con la poca ética cívica que nos queda. El país, democráticamente hablando, es un puro disparate. Se empezó con Juan Carlos I designando a dedo senadores reales. Luego la Casa Real nombró condes y marqueses a ex presidentes de gobierno, como Suárez y Calvo Sotelo. Más tarde sus homólogos, seguramente por aquello de la “mano invisible” que regula el equilibrio del merado, devolvieron el favor recibido concediendo a su vez honores a Grandes de Estaña, como hizo Manuel Chaves al designar hija predilecta de Andalucía a la duquesa de Alba. Y ahora, no contentos con el tobogán de sandeces cosechado, mandan a la cárcel a varios jóvenes republicanos por prácticas “falleras” (prendieron fuego a una foto de los reyes) con la corona. Parecer claro que el código de una sola familia tiene cautiva a la democracia de todos.

Aunque apenas ha tenido eco en los medios, la condena a 15 meses de cárcel a varios ciudadanos por quemar unas fotos de los reyes es uno de los hechos más graves ocurridos desde la transición. El fuego amigo de la corona, una institución inviolable y no sujeta a responsabilidad (art.56, 3 de la Constitución) y además blindada por ley (arts. 490, 3 y 491 del Código Penal), ha convertido todo acto de disidencia política a la monarquía en una especie de “regicidio de papel”. La ejecución de estos artículos, la graduación Fahrenheit a que se quema el papel de la corona, supone una quiebra de los valores democráticos y potencialmente rebaja a todos los españoles a la condición de simples súbditos. Lo que viene a demostrar, como dice el profesor Elías Díaz, que un Estado con Derecho no siempre es un Estado de Derecho.

Hay un señor muy gracioso, que fue ministro de Defensa cuando los aviones Gulag de la CIA se paseaban por el espacio aéreo español con sus fardos humanos y repostaban en nuestros aeropuertos, que en ejercicio como presidente del Congreso, no sé sabe si como causa o efecto del plácet anterior, dijo durante la solemne inauguración de la cámara aquello de “no ha nacido un español ni se espera que valga más que otro”. Y lanzó la ocurrencia para mejorar el protocolo al uso, el bonapartista que tanto gusta de hablar con titulares, sin prever que estaba profiriendo otra frase casposa para la historia. Como aquella de “mientes, Marcelino y tú lo sabes”, de Nicolás Redondo (UGT) a Marcelino Camacho (CCOO), la de “puedo prometer y prometo”, pronunciada por el ex vicesecretario general del Movimiento Nacional franquista, duque de Suarez, en el papel de primer presidente de la democracia otorgada, o la más rimada del soso ex premier Calvo Sotelo, marqués de la Ría de Robadeo, al calificar de problema “distinto y distante” el caso de la guerra de la Malvinas. Tan histórica como histérica porque no sólo era una flagrante cursilería de nuestro primer estadista bolo, sino que, además, estaba citando la soga en casa del ahorcado. Como fino jurista que se le supone (qué otra cosa puede justificar su ascenso al tercer puesto en el ranking del Estado), José Bono debería saber que la Constitución del 78 consagra la impunidad, gratis total, de la corona y que fue su propio partido, durante el Gobierno felipista del 95, quien reformó el Código Penal para tipificar como delito determinados supuestos sobre la familia real, en línea ascendente y descendente. Y si el amigo de El Pocero no lo sabía debería haberlo preguntado a sus invitados en aquella apertura de legislatura: los reyes, el príncipe y las infantas.

Pero esto que, a simple vista, parece una melonada sin mayor enjundia, visualiza en realidad el encefalograma plano de la democracia vigente. Como los malos bufones en las cortes medievales, al hijo del secretario del Movimiento de Segorbe no se le ocurrió sólo decir una boutade para ganar puntos ante los jefes sino que encima, en plena sede de la soberanía nacional (¿o popular?), se permitió la afrenta de insinuar que son unos “malnacidos” los numerosos jóvenes catalanistas que ejercen su rebeldía refutando a la monarquía en sus símbolos a cara descubierta. O sea, a riesgo de que se la partan echando mano del gran garrote que facilita el Código Penal de la Democracia (también llamado de Belloch por el ministro de Justicia impulsor, con la ayuda de su entonces secretaria de Estado, Teresa Fernández de la Vega). La prueba es que a fecha de hoy, junio de 2008, dos independentistas catalanes han sido ya condenados a 15 meses de cárcel por quemar varias efigies de los reyes cuando éstos visitaban Gerona, con el irresistible razonamiento jurídico en sentencia de que “para manifestar el rechazo a la monarquía no es necesario menospreciar y vilipendiar a los Reyes (con mayúscula en el auto) quemando su fotografía, tras haberla colocado deliberadamente boca abajo”. Un argumento que, bien visto, debe haber inspirado también la Ley de Memoria Histórica en lo referente al respeto de los símbolos de la dictadura acogidos al sagrado del patrimonio artístico de la Iglesia y, tiro porque me toca, el último hallazgo laicista de Rodríguez Zapatero al aclarar que la retirada de biblias y crucifijos en actos oficiales no afectará a los que se celebren en la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado, o sea, en la toma de posesión de los miembros del Gobierno, los representantes del pueblo español ( en lugar de que sean los religiosos quieren proclamen su lealtad a la Constitución) .

Es decir, que cuando se cumplen 30 años de la Constitución democrática, la corona goza de una impunidad perfectamente punitiva: sus caretos son tan protegidos jurídicamente como el de Mahoma por el Islam integrista (¿osará alguien con esas bendiciones escribir la versión borbónica de Versos Satánicos?) y un ciudadano puede dar democráticamente con sus huesos en la cárcel por prender una cerilla sobre una foto coronada -persona jurídica deificada- sin que nadie toque un pelo a la persona física representada, inventando la figura del “regicidio” de papel. Mientras, el dignatario, su majestad en el argot de esa corte “republicana” tan alabada por ese Ku Klux Klan de monárquicos empedernidos, puede estar disfrutando del nuevo Bribón que, como el Azor de su “padrino” Franco, le fue regalado al módico precio de 3.000 millones de pesetas por suscripción impopular de un grupo de empresarios.

Pero de bien nacidos es ser agradecidos. Y quizá como demostración del poder moderador y arbitrista (que no arbitrario) que le confiere la constitución (art. 56)), al tiempo que se cuentan los daños colaterales ocasionadas por su real fuero, la Casa Real premia a “los otros catalanes” otorgándoles máximas dignidades. Acaba de suceder con Javier Godó, el propietario de La Vanguardia, nombrado “grande de España” por la gracia de Juan Carlos I. El único problema es que con tantas ínfulas gastadas en el editor, cuando haya que reconocer los servicios prestados por un hombre de tan probados principios como José Bono, que abroncó a los viejos republicanos por pasearse por el Congreso son su “ilegal” bandera, ya sólo se le podrá recompensar haciéndole Almirante de la Mar Océana.

(Fahrenheit 490-491 son los números de los artículos del Código Penal vigente que protegen jurídicamente la inviolabilidad y la irresponsabilidad de la corona, pero ya también es una parábola sobre temperatura inquisitorial que condena a cuantos cuestionan su papel de curso legal en una España que se pretende democrática).

www.radioklara.org

Zapatero es el líder global de la derecha "civilizada".

...por Rafael Cid

Nunca desde la transición un gobernante ha tenido tanto poder en España sin contar con mayoría parlamentaria como Rodríguez Zapatero. Ni siquiera Felipe González igualó al actual líder del PSOE a pesar de tener margen de maniobra suficiente en el Congreso para manejar el BOE a su antojo. El por qué de esta situación tiene varias respuestas, pero todas van en la línea de que el “toque ZP” radica en su habilidad para manejar una democracia de percepción (esa que llaman democracia y no lo es). O sea, la capacidad de configurar a su medida un escenario que cuenta con el apoyo de la izquierda política y social institucionalizada, incluidos los nacionalismos periféricos a tiempo parcial curados de espanto por la embestida aznarista, y al mismo tiempo tiene la confianza de los sectores dominantes de la economía, industria monopolística, gran banca y finanzas. Los primeros por el efecto placebo de la “retirada de Irak” y reformas positivas en el terreno de la discriminación, y los segundos porque han comprendido que su “prosperidad” está unida a esa “movida” cívico-cultural pendiente en que el zapaterismo basa su hegemonía política.

Pero ahí acaba todo. El felipismo produjo en sus 14 años de “reinado” una de la mayores tasas de desempleo e inflación conocidas, incubó dos huelgas generales y llevó a cabo una reconversión industrial al dictado de la patronal, pero son indiscutibles algunos hitos históricos como la universalización de la enseñanza y la sanidad, aparte de una notable modernización en infraestructuras, bien es cierto que aupada ésta última por los generosos fondos estructurales procedentes de la Unión Europea. ZP, por su lado, además de profundizar en la mejora de dichas infraestructuras, ha cimentado su política en generar unas señas de identidad que fidelicen hacia el PSOE el centro social formado por esas clases medias que alumbró el desarrollismo de anteriores etapas. Esa es la razón de ser de la “ideología” de ZP como socialismo del siglo XXI, basada en la normalización pautada en temas como igualdad de género, aborto, eutanasia, laicismo, paridad, etc.

Esta política de grandes gestos consiste en insertar en la sociedad actual elementos de convivencia ya homologados en todas las democracias de mercado y que en España estaban pendientes por la cerril oposición de la derecha y la iglesia de toda la vida. En realidad se trata de retroceder 32 años para tomar impulso. Porque la magia donde radica el éxito de Zapatero no es sino lo que constituyó el rotundo fracaso del primer presidente de la actual democracia otorgada, Adolfo Suárez, cuando en julio del 76 condensó su programa de reformas en la frase “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal”. La cuestión es saber si triunfará ZP donde derrapó Suarez. A día de hoy, todo parece indicar que esta vez será la vencida, porque, y esto es clave, los poderes fácticos y la corona suscriben ahora esa misión (“es un ser humano integro, muy honesto y nunca divaga”, Juan Carlos de Zapatero). Lo que sin duda sería un cambio, sobre todo teniendo en cuenta que durante todos estos años los mensajes de la derechona y el integrismo eclesial han ganado nuevos adeptos, tanto entre los ciudadanos como entre las fuerzas políticas, lo que no deja de resultar significativo en un país en que la democracia cristiana no pudo alcanzar el visto bueno de las urnas, posiblemente porque era demasiado avanzada para su momento.

Dicho lo anterior, y analizado el activo del proyecto ZP, hay que ver dónde puede estar su talón de Aquiles, esa zona de sombra que de buenas a primeras puede dar al traste con los mejores augurios. Ese “imprevisto” se llama crisis económica y su deflagración haciendo pleno sobre las clases medias apolíticas, que tradicionalmente están siendo el granero del PSOE desde el arranque de la transición, el voto útil, es lo que quita el sueño a los gurús que han diseñado la hoja de ruta del “socialismo del siglo XXI”. Por eso, el líder ZP, más Cesar-bambi que nunca tras un 37 Congreso que ha aprobado todo casi por aclamación, no quiere ni oír hablar de crisis. Se empieza reconociendo lo evidente y nunca se sabe cómo se termina. ¡Qué inventen ellos!

El tan celebrado efecto Zapatero, pues, no es más que recuperar el atraso histórico que este país tiene en materia de “formas de vida” y sincronizarlas con lo que en el resto del mundo democrático es habitual. Y el que sea visto como un avance progresista se debe sobre todo a la asimetría existente entre la estructura económica y la social, la primera capitalista, propia de las naciones desarrolladas, y la segunda precapitalista, característica de las subdesarrolladas. Lo que en la terminología marxista se definía como infraestructura y superestructura. Con la notoria especificidad en el caso español de que ese inmovilismo endogámico de los códigos y normas de convivencia, con hábitos más propios de las sociedades estamentales que de las sociedades abiertas, ha estado colonizando a la dinámica económica. De ahí la pervivencia de “las dos Españas”, la oficial y la real, la del urbanismo salvaje y el consumismo desenfrenado y la rancia de los valores eternos. Al fin y a la postre, España no tuvo ni revolución industrial, ni reforma religiosa, ni revolución burguesa: todos los pilares del antiguo régimen que aún sobreviven amojamados.

Pero incluso así, con esa ventaja de entrada, el proyecto de Rodríguez Zapatero no pasa de ser una política propia de la derecha civilizada, la que nuestra derecha tradicional abortó en la Segunda República al secundar junto con la Iglesia el alzamiento fascista, y que la derecha postfranquista salida de la transición no pudo desplegar por llevar plomo totalitario en sus alas. De hecho, incluso esa reforma pendiente ha estado embargada durante los 14 años de felipismo y sigue siendo en parte tabú para el “socialismo del siglo XXI”. Se normaliza con cuentagotas temas como la igualdad de género, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la discriminación femenina en el trabajo y el hogar, la paridad, la interrupción del embarazo, los cuidados paliativos a enfermos terminales, el laicismo-trampa (¿por qué los privatizadores neoliberales se obstinan en no “privatizar” la religión católica?) y otras cuestiones del mismo o similar rango. Pero no va más. Valores como el ecologismo, la sostenibilidad, el pacifismo y la integración no están en la agenda de Zapatero, como demuestran los incumplimientos de Kyoto, el desmontaje del ministerio de Medio Ambiente, la profusión de misiones militares en zonas de conflicto, la apertura del espacio aéreo a los vuelos de la CIA y la decidida aceptación de la Directiva del Retorno (que por cierto recoge casi de manera literal las medidas más draconianas del Informe Vestrynge sobre emigración ilegal), por poner algunos de los ejemplos más recalcitrantes.

Y todo ello porque, el atado y bien atado en que se fundamentó la transición actúa como un ogro filantrópico que no deja de vigilar el proceso para impedir que las cosas se descontrolen. Un invisible panóptico acecha, lo que a la postre se toma su prenda inoculando cuotas de la misma corrupción que asume en los compañeros de viaje que coyunturalmente acceden al primer plano de la responsabilidad política. Por algo, el pacto jamás reconocido entre los figurantes del consenso inaugural exigía la aceptación sin fisuras de la monarquía del 18 de julio, el suma y sigue de los servidores de la dictadura como agentes del cambio y el respeto de las reglas del juego de la economía de mercado. Eso explica el vuelo rasante de las políticas sociales más allá de algunos bien venidos ejercicios de progresismo cívico-cultural ya amortizados por la historia. De ahí que la realidad económica de la 8ª potencia industrial del mundo cohabite con la irracionalidad democrática de una Familia Real en la cúspide del Estado jurídicamente irresponsable, que las privatizaciones sean el alfa y el omega de la política industrial de todos los gobiernos que en la democracia han sido y que el derecho de autodeterminación se demonice como un caduco y peligroso derecho de auto-terminación. Una democracia sin demócratas. Unanimidades a la búlgara (o a la franquista) como la demostrada por los asistentes al último congreso socialista (cuando pinten bastos, quién podrá decir “yo no fui”) vienen a confirmar las peores previsiones: que la función crea el órgano. Ya no es que la política económica de la derecha y la izquierda cada vez se parezcan más, la realidad constatable es que la verdadera política de derechas, la que estructuralmente sienta las bases para mantener la tasa de acumulación del capital y sus relaciones de dominio, es la que borda la izquierda en el poder. Ocurrió con el felipismo (reconversión industrial a la carta, OTAN de entrada NO y GAL sin señor X) y ahora el zapaterismo la perfecciona al utilizar la inseguridad que moviliza la crisis para endosarla sobre las espaldas de los trabajadores. Una crisis, no caiga en saco roto, desatada por el sector financiero más depredador, que tan seguro de su ascendencia se halla que ha llegado a la desfachatez de sugerir utilizar en su provecho el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La piedra de toque del conflicto en puertas será saber hasta qué punto se dejará ningunear la clase media o, ante la perspectiva de perder su tren de vida, abanderará una rebelión de las masas buscando protección en territorio ultra. Una cosa es que a la ambivalente mesocracia le importe poco valores de estirpe democrática como la destrucción urbanística, la corrupción generalizada en la función pública, la aprobación de una Ley de Memoria Histórica que ha servido para legitimar la cruzada sin derogar los juicios de la dictadura o que siga el abuso de las listas cerradas y bloqueadas, pero está por ver que se vaya a resignar a no llegar a fin de mes sin cambiar de bando. Y si esa hipótesis extrema se produjera, si las clases medias se volvieran desafectas al efecto Zapatero y su socialismo del siglo XXI, la bronca podría estar servida. Porque lo inherente a la condición de clase media es el voto útil y volátil, dependiendo de su grado de satisfacción como propietario-consumidor, ya que su perfil centrista se alimenta más de transacciones que de relaciones, y cuando se siente “expropiada” busca la seguridad en nuevos amos. Reconociendo que esos cambios cívico-culturales que conforman la particular perestroika de Rodríguez Zapatero son importantes, porque ayudan a crear mejores condiciones de vida, conviene contextualizar su sobrevalorado progresismo con otras medidas de carácter político-económico-social también emprendidas, por acción u omisión, por el gobierno de ZP que, por el contrario, revelan la cara de un sistema que ahonda en la privatización, la desigualdad y el sometimiento de las políticas públicas a los intereses de los grupos económicos dominantes. Con datos tomados entre 2006 y 2008 del Banco de España, la OCDE y Euroestat, se ofrecen algunos ejemplos de ese zapaterismo más ingrato y peor percibido:

España ocupa el puesto 28 de un total de 30 países en cuanto a gasto público para educación.

Los hogares españoles ahorran el 2,6 por 100 de su renta, la peor tasa desde 1999.

La ONU denuncia que un nivel extremo de corrupción impide que un 25 por 100 de españoles acceda a una vivienda digna, aunque España sea el país europeo con mayor dotación inmobiliaria por habitante.

En 2006 la financiación de la Iglesia vía Presupuestos Generales del Estado fue de 141,5 millones de euros.

El nuevo yate del rey, Bribón, costó 3.000 millones de pesetas y fue financiado por un cartel de empresarios.

Las rentas del trabajo soportan el 78 por 100 de la contribución fiscal.

Somos el único país de la OCDE donde no se ha producido incremento real de los salarios en los últimos 10 años, y en 2006 el sueldo medio efectivo cayó un 0,7 por 100.

La renta media del 20 por 100 de los hogares de menor ingreso bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 en 2005, mientras el 10 por 100 de las familias con más ingresos vio aumentar sus rentas de 102.300 euros a 118.100 en el mismo periodo.

España es el décimo país del mundo con más ricos. En el año 2006 hubo cerca de 10.000 nuevos millonarios.

Y como colofón, refresquemos nuestra memoria financiera. Ahora que tanto se insiste desde todos los púlpitos mediáticos, no sabemos con qué propósito, en proclamar la insólita salud de nuestros bancos y cajas de ahorro, asombro del mundo y del Banco de España por su nula exposición a las hipotecas de alto riesgo, conviene recordar que entre 1977 y 1985 se produjo un crac bancario que afectó a 58 entidades, el 27,14 por 100 del sistema bancario y 48.351 trabajadores, con un coste de saneamiento para el sector público de 1.215.727 millones de pesetas de 1985, que ese fue el precio que tuvo que pagar una generación de contribuyentes por la “bancarización” de la política española. Una crisis que, a decir de los expertos fue debida tanto a factores externos como a “la falta de profesionalidad, temeridad y las conductas y practicas ilegales de determinados banqueros y/o administradores de bancos” (Alvaro Cuervo, La crisis bancaria en España 1977-1985, pág.198). Con semejante antecedente, la intriga se sitúa en conocer qué ha cambiado en el sector para lograr el milagro de haber pasado de aquella tenebrosa sima a la esplendorosa cima en la que dicen encontrarse hoy bancos y cajas. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en buena parte, en la cúspide del sistema siguen las mismas sagas dirigentes.

Puestos a indagar, la diferencia más notable entre una y otra etapa puede estar en esa especie de bicefalia de facto que parece haberse establecido entre el actual gobierno de ZP y el gotha financiero. Un consenso que, entre otras afinidades, se visualiza en prendas como la condonación de la deuda contraída por el PSOE con la gran banca (12 millones de euros por el BSCH; 2O por la BKK y 7,5 La Caixa al PSC) y, a la recíproca, la decisión de María Teresa Fernández de la Vega, como secretaria de Estado del último gobierno de Felipe González, de no solicitar “acción penal alguna” contra el Banco Santander de Emilio Botín ( el banquero con más banquillo en la Audiencia Nacional) por el presunto fraude fiscal de las primas únicas. Un episodio que afectaba a unos 3.000 millones de euros en nuevos depósitos de imprecisa procedencia.

La fórmula magistral de ZP tiene truco. Como ocurre con algunas recetas de la nouvelle cousine, es sobre todo imaginativa. El Punto G de su talante consiste en golosinarnos con la izquierda para zamparnos con la derecha: encumbrar como nivel legal lo que hace tiempo es simplemente normal en las restantes democracias. Al menos, mientras la obstinada realidad, y no la falsa percepción que los medios de manipulación de masas transmiten, no sentencien lo contrario.

www.radioklara.org

SGAE: Sociedad Gansteril por la Acumulación del Euro.

SGAE : el negocio de cobrar por todo:

Miguel González se quedó atónito cuando un representante de la SGAE entró en su bar de Badajoz y le dijo que a partir de ese momento tendría que pagar a la entidad 13,52 euros al mes por tener un televisor. “No es lógico que nos quieran cobrar, porque yo estoy en el bar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y tengo derecho a informarme de lo que pasa”, señalaba González, quien añadía : “Se están pasando un poco, a este paso nos van a cobrar por todo”. Estas declaraciones del hostelero extremeño en 2006 parecen una premonición, corroborada por la explicación de ese caso por parte del delegado de la SGAE en Extremadura : “Si todavía hay negocios que no han sido visitados es porque no hemos tenido tiempo de ir a todos”.

De momento, siguen sin conseguir llegar a todos, pero cada vez son más los que sufren el afán recaudatorio de la SGAE : desde bodas y bares hasta compañías de autobuses y hoteles, pasando por festivales solidarios y radios comunitarias. Como es lógico, esta intensa labor da sus frutos : la entidad alcanzó en 2007 unos ingresos de 377,2 millones de euros, un 10,1% más que en 2006. Y eso que en 2007 el nuevo canon por copia privada a los soportes digitales aún no se aplicaba. Esta medida supondrá 40 millones más al año, según estimaciones de Teddy Bautista, presidente de su consejo de dirección. Se supone que este dinero va a sus afiliados. Sin embargo, según ha revelado Público, la SGAE acumula 179,7 millones procedentes de recaudaciones de ejercicios anteriores, porque parte de sus beneficiarios últimos están “en proceso de identificación”.

Si éstos no aparecen en cinco años, el dinero pasa a la caja de la entidad, según sus estatutos. La normativa interna también especifica que son los autores quienes deben reclamar la cantidad, pues la SGAE nunca reparte por voluntad propia.

La vida sonríe a la SGAE, pero ésta no se conforma con ser una sociedad de gestión y busca, al estilo de las empresas capitalistas, la expansión. En los últimos años, ésta ha venido de la mano de la compra de cines y teatros, tanto en el Estado español (por ejemplo, el Teatro Fleta de Zaragoza, del que es copropietaria junto al Gobierno de Aragón) como en el extranjero (cines Astro, en Buenos Aires, o el Teatro Lírico de México DF).

Socios disidentes:

No obstante, no todo es idílico en la SGAE. La Agencia Tributaria tiene abiertos expedientes e inspecciones fiscales que abarcan sus últimos cuatro ejercicios, de 2004 a 2007, por haber detectado indicios de fraude fiscal. Las críticas a la gestión no sólo le vienen desde fuera. Los músicos Luis Cobo “Manglis”, José Antonio Prieto y Antoliano Toldos, todos ellos socios de la SGAE que tienen varias denuncias interpuestas contra la entidad, convocaron una rueda de prensa el pasado 7 de mayo con el fin de denunciar la situación en que se hallan los socios, así como las deficiencias del funcionamiento interno y gestión de la SGAE. Los músicos criticaron que el 90% de los socios no tienen ni voz ni voto en la gestión de la entidad y que sólo una tercera parte de los asociados perciben ingresos. Según ellos, la SGAE abre expedientes disciplinarios y sanciones económicas a los socios que mantienen discrepancias con la dirección.

Además, denunciaron la desaparición de más de 60 millones de euros procedentes de los fondos de pensiones del Montepío de Autores de la Fundación de la SGAE. Curiosa fue también su narración de las irregularidades en la ‘toma del poder’ de la actual dirección de la entidad en 1977. Fue en 1988 cuando ésta misma incluyó a los editores en la SGAE. Son éstos quienes manejan la sociedad gestora en detrimento de los autores, indicaron los socios disidentes.

Otro de los indicios preocupantes para la entidad son los reveses judiciales que ha recibido últimamente en cuanto a recaudación. Un caso conocido es el hotel burgalés al que la SGAE reclamaba 2.157 euros por no pagar los derechos de autor por la música que ofrecía a través de su hilo musical, y que fue absuelto porque pudo obtener dicha música mediante un sistema de licencias libres. Otro que también se libró fue el propietario de una sala de Tomelloso. El juez pidió a la SGAE que probara la posesión de los derechos de los grupos que sonaban en el bar, y la SGAE rehusó hacerlo. Más curioso fue el caso de la comisión de festejos de un barrio ourensano, a quien la entidad pedía 3.400 euros, pero la demanda no prosperó al carecer la comisión de personalidad jurídica. Se trata de pequeños casos que, si se extendieran, podrían hacer cumplir el viejo refrán : “La avaricia rompe el saco”

A por las radios libres:

En 2005, la SGAE la tomó con las radios libres. Exigía el pago de las “cuotas no pagadas” (entre 2.000 y 3.000 euros) y el pago de una cuota mensual desde entonces (60 euros como mínimo). Radio Vallekas, Onda Merlín, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Fuga, Radio Utopía y Radio Almenara (a la que pedían 30.000 euros) se vieron en el banquillo de acusados. Según Javier García, de Radio Almenara, “la estrategia de la SGAE ha sido la presión y coacción jurídica aprovechando nuestro desconocimiento y poca capacidad de defensa legal”. La mayoría de los casos se resolvieron con la retirada de la demanda a cambio de empezar a pagar la cuota mensual, aunque otras radios como Radio Guinguada o Radio Libre de Segovia consiguieron escapar de la SGAE.

CNT responde en la calle:

La SGAE no se conforma con acallar las críticas internas. En febrero de 2006, su director de Relaciones Corporativas, Pedro Farré, avisó : “Vamos a ir hasta el final. El que nos llame gángsters, que busque un buen abogado”. La Asociación de Internautas, la Frikipedia y Alasbarricadas pueden dar fe de lo caro que sale criticar a la SGAE o a sus miembros más destacados. Las tres entidades fueron condenadas judicialmente por “intromisión ilegítima al derecho al honor” de la organización. Este año el sindicato CNT y el diario Público se han sumado a la lista de víctimas. Al primero la SGAE le pide 9.000 euros por escribir un comunicado en solidaridad con la web anarquista Alasbarricadas.org. El segundo se enfrenta con la petición de 30.000 euros por llevar a cabo una supuesta “campaña en contra” de la sociedad de gestión. La novedad que supone el caso de CNT es que ésta no se ha limitado a defenderse por la vía judicial, sino que ha comenzado una campaña de acción directa que ya ha dado sus primeros pasos, como se puede comprobar en www.cnt.es/sgae

El canon, sueldo por gestionar, no por crear:

"Esta polémica es gratuita. El canon está firmado y fijado. No tiene freno, no hay marcha atrás, se llegó a un consenso mayoritario, y eso tiene que ir a misa. Sólo queda que el Gobierno firme la orden ministerial donde se dice cuánto se debe pagar por cada aparato. Y se habrá acabado la polémica”. Así de categórico se mostró Eduardo Teddy Bautista, el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en el mes de diciembre en El País, ante la polémica enmienda aprobada por el Senado que insta a suprimir el canon digital en el plazo de un año.

Un día después el Gobierno hizo público el reglamento que le reclamaban desde la SGAE. Seis meses después, la polémica sobre el canon digital continúa con mayor crudeza si cabe, el consenso se ha perdido porque PP, ICV, o UPyD, incluso el Parlamento Vasco, cuestionan en sede parlamentaria el canon digital. También los sindicatos CC OO y CNT-AIT. Incluso a la hora de escribir este artículo la Audiencia provincial de Barcelona ha paralizado las vistas de al menos seis casos de tiendas de informática, denunciadas por las entidades de gestión de derechos de autor por no facturar el canon digital. Según la Audiencia, “al habérsele planteado dudas sobre la ‘equidad’ del mismo, suspende todos los procedimientos hasta tener la opinión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Además, el reglamento está denunciado por la Plataforma Todos contra el Canon en la Comisión Europea y en el Defensor del Pueblo, por considerar que es arbitrario, indiscriminado e injusto. Nada de lo que anunció el señor Bautista se ha cumplido.

¿Cómo compensar a los autores por sus legítimos derechos, cuestión ésta que reconocemos como necesaria? Primero es necesario que el Gobierno dé marcha atrás con el reglamento y al menos espere a ver qué indicaciones de Europa. Después podemos hablar de las múltiples alternativas propuestas para que los autores tengan compensación y de las que sociedades de gestión y Ministerio de Cultura han hecho caso omiso. Una de las alternativas que gozan de mayor consenso es la de poner canon en los originales y no en los soportes, pero desde luego todas ellas pasan por aprovechar las ventajas que internet ofrece para que los autores sean compensados directamente por sus clientes.

Aquí topamos con la Iglesia, perdón, con las sociedades de gestión, que ven que con la utilización de internet su papel intermediario pierde todo su significado y por ende sus desmedidos afanes recaudatorios quedan en agua de borrajas.

Por eso no es extraño que muchos internautas razonen que el canon digital no es el salario de los autores, tal y como mantienen las sociedades de gestión, sino que es el salario de los que gestionan los derechos de los autores. Cosa muy distinta, y que sólo el ministro de Cultura y las sociedades de gestión no quieren aceptar.

Los trabajadores de la SGAE tienen miedo:

“Los derechos” son la piedra angular del discurso habitual de los directivos de la SGAE, quienes en ocasiones han llegado a comparar su labor de gestión con la actividad de un sindicato. “Nos haría mucha ilusión que compartieran estos sentimientos sindicales con los trabajadores”, declara sarcásticamente un miembro del comité de empresa de la sede madrileña de la SGAE que prefiere mantener el anonimato. Al margen de la polémica sobre la forma en que la entidad ejerce los “derechos de autor”, parece claro que los “derechos del trabajador” no son tan apreciados por el consejo de dirección presidido por Teddy Bautista.

El sindicalista consultado por este periódico declara que en los últimos años se han producido “actuaciones en delegaciones de la SGAE que son muy duras, cacicadas”. Éstas responden, según él, a una “lotería” que busca “escarmientos públicos irracionales y aleatorios”, por lo que la sociedad de gestión consigue su objetivo entre sus 470 empleados : “La gente tiene miedo”.

Sevilla es una de las localidades donde hay más ejemplos de este comportamiento. El más sonado fue el despido de una trabajadora en 2004. Según UGT, la razón real era que había testificado a favor de un compañero que había demandado por acoso a la SGAE y había sido despedido en el proceso. Además, esta trabajadora ya había recibido la carta de despido anteriormente porque en opinión del jefe de la delegación “vestía una minifalda y ésa no era la imagen de la SGAE”, siempre según la versión de UGT. La entidad tuvo que readmitirla, pero con el segundo despido la SGAE se cobraba sus ‘insubordinaciones’.

Sumados a otros casos, estos hechos llevaron en 2004 al comité de empresa de la SGAE a hacer público un duro comunicado. “Éstos son los nuevos tiempos en la SGAE ; siempre paga el más débil”, afirmaba el comunicado, que continuaba señalando que se había instalado “un régimen de terror en el que no hay compasión con el disidente”, pues el mensaje de “o estás conmigo o contra mí se ha convertido en moneda de curso legal”. Así mismo, el comité explicaba que la sociedad de gestión mantiene “jefes tóxicos” que han “ejercido presiones brutales a trabajadores que han desembocado en profundas depresiones” y, “una vez destruidos psicológicamente”, aceptan su baja como “una salida liberadora”.

De acuerdo a la fuente consultada por DIAGONAL, esta política laboral ha tenido muestras recientes en Madrid. En septiembre de 2007, una trabajadora que reclamaba que se le aplicase una categoría profesional superior fue despedida. Ya en 2008, un informático ha ido a la calle por reconocer su incapacidad para llevar a cabo un encargo. Nada extraño, si no fuera porque llevaba diez años trabajando para la empresa.

Convenio sin cumplir:

En octubre de 2007, Natalia Gómez de Enterría sustituyó a Estrella Pérez de la Fuente como gerente de Recursos Humanos de la SGAE. Las expectativas sindicales de que el cambio de persona conllevase un cambio de actitud no se cumplieron.

Desde el comité de empresa de Madrid se asegura que Gómez de Enterría sigue las “mismas sendas” que su antecesora : “falta de respeto” y “saltarse el convenio”. Este incumplimiento del convenio de empresa se traduce principalmente en unos “límites de tiempo traspasados ampliamente”. Según esta fuente, el pacto horario entre empresa y trabajadores de la SGAE indica que el 35% de los empleados desarrollarán su actividad en horario partido, y esta cláusula se ignora de forma constante. El sindicalista afirma en este sentido que un dictamen de Inspección de Trabajo en el verano del año 2005 denuncia a la SGAE por incumplimiento de convenio. Por todo ello, la fuente consultada advierte : “No desechamos la posibilidad de movilizaciones”. “Si insistentemente no se respetan los acuerdos, combinaremos los juzgados con la acción sindical”, añade, consciente de la potencia de los gabinetes jurídicos de la SGAE.

Socios de la SGAE contra la demanda a CNT:

Continúa el conflicto entre la SGAE y el sindicato CNT, al que pide 9.000 euros por hacer público un comunicado en su contra. La organización anarcosindicalista, que considera la demanda como un ataque a la libertad de expresión, continúa su campaña de concentraciones frente a actos de la SGAE en diversas localidades. Por otro lado, CNT ha hecho público un manifiesto en el que 33 asociados de la SGAE critican el proceso judicial iniciado por ésta.

Los socios de la SGAE, entre los cuales se encuentran músicos reconocidos como el cantante y compositor vasco Fermin Muguruza, la cantante Amparo Sánchez o el grupo madrileño de hardcore Habeas Corpus, se deslindan de la actitud de la SGAE al manifestar su “total desacuerdo con la demanda” pues “cualquier individuo u organización tiene el derecho de expresar su opinión acerca del funcionamiento y actividad de la SGAE”. Así mismo, los firmantes afirman que la entidad dirigida por José Luis Borau y Teddy Bautista no les consultó en ningún momento la decisión de iniciar el proceso judicial, lo que para ellos constituye una muestra de “serias deficiencias en cuanto a su democracia interna”. El comunicado concluye solicitando a la SGAE que retire la demanda y que no recurra a estos métodos de ahora en adelante. De esta “política de imagen” son víctimas, además de CNT, la web Alasbarricadas. org, el diario Público o la Asociación de Internautas. Al cierre de esta edición la SGAE no había respondido públicamente a la opinión de estos socios, cuyo número no deja de aumentar, según CNT. El sindicato recoge firmas de los asociados en la dirección de correo electrónico graficas_madrid@cnt.es

De asesora a practicante:

Antes de fichar por la SGAE, su actual gerente de Recursos Humanos, Natalia Gómez de Enterría, formaba parte del plantel, junto a varios familiares, de Sagardoy Abogados, un despacho dedicado fundamentalmente a la asesoría laboral a empresas. Esta empresa es una escuela excelente para cualquier abogado de empresario, pues para algo fue su presidente, Juan Antonio Sagardoy, uno de los principales responsables de la legislación laboral de la Transición, época en la que se puso fin al pujante movimiento obrero en el Estado español. Sagardoy Abogados ha estado involucrada en diferentes reestructuraciones de plantilla, como en el reciente Expediente de Regulación de Empleo aplicado por Radio Televisión Española. Las malas lenguas insinúan que la llegada de Gómez de Enterría podría tener algo que ver con posibles despidos en la SGAE de cara al futuro traslado a su nueva multisede en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, pero DIAGONAL no ha podido confirmar esta información. “Ni por parte de las fuentes sindicales consultadas, que hablan de ‘rumorología’, ni por parte de la empresa, cuyo departamento de comunicación ha declinado hacer declaraciones a este periódico”.

Lo aquí presentado es un compendio de artículos públicados durante el mes de junio en diagonalperiodico.net

El escándalo de los créditos en I+D militar.

Entre las formas de disimular el gasto militar en los presupuestos, una enrevesada fórmula financiera permite aumentar el gasto sin molestar a la opinión pública.

Todo empezó en 1996 con la llegada al Gobierno del Partido Popular con la promesa electoral de profesionalizar las fuerzas armadas y abandonar el Servicio Militar Obligatorio. Al incremento de gasto en personal había que añadir los proyectos militares de nuevas armas puestos en marcha en la etapa anterior del Gobierno del PSOE. La combinación de ambos no podía llevarse a cabo sin incrementar de manera importante el presupuesto militar. Esto, evidentemente, tenía un elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo político aumentando sensiblemente el gasto militar, algo que no sería bien acogido por la opinión pública española.

La solución fue llevada a cabo desde la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una alambicada fórmula de ingeniería financiera, que permitía hacer frente a los gastos derivados de la profesionalización, así como continuar con los grandes proyectos de armas. De este modo se conseguían tres propósitos : no incrementar en demasía el gasto militar del Ministerio de Defensa, aumentar la contribución en I+D, entonces en la cola de los países de la OCDE, y satisfacer las demandas de ayuda de la industria militar para financiar la investigación y desarrollo de los nuevos prototipos de armas.

La fórmula consistía en conceder préstamos para I+D a cero interés reembolsables, desde el Ministerio de Industria, con un plazo de retorno a 20 años, a las industrias militares a cuenta de las compras de armamentos. Se firmó un convenio entre ambos Ministerios (Industria y Defensa), según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían a Defensa cuando ésta pagara las armas. Esta situación iniciada por el PP, a pesar de las críticas que desde la oposición llevó a cabo el PSOE, fue continuada por éste tras su victoria electoral en 2004, convirtiéndose en crónica a día de hoy. Así, los créditos en I+D del Ministerio de Industria continúan aumentando y acumulando unos fondos que toman proporciones insólitas. Hoy encontramos cómo los créditos acumulados entre 1997 y 2008 entregados a las empresas ascienden, según datos oficiales, a la astronómica cifra de 12.104,84 millones de euros corrientes. Esta cifra es sólo en I+D militar proveniente de Industria, pues luego está el I+D militar para llevar a cabo investigaciones dentro del Ministerio de Defensa, 3.859 millones de euros en el mismo período.

Pero, además, está el precio final de las armas (ver infografía), que aumenta en el transcurso de su producción, con un coste total de inversión que asciende a 27.000 millones de euros a fecha de hoy. Y según reveló recientemente Enrique Navarro (Capital 9/2007), en 1996 subdirector de la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa, la deuda de las empresas militares con el Ministerio de Industria asciende a 26.000 millones de euros a fecha de 2007, y aún faltan por abonar 20.000 más cuando en 2024 finalicen todos los proyectos de nuevas armas en curso. Los créditos pendientes de cobro entregados a las industrias militares se contabilizan en el presupuesto de ingresos, en la partida 83107, como reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a empresas privadas. Un cajón desastre que engloba todas las deudas por créditos a las empresas privadas y que ascienden en 2007 a 451,9 millones de euros. Desde luego, una cifra desorbitada, imposible de definir, a pesar de las indagaciones llevadas a cabo, tanto en los presupuestos del Estado como en los de los ministerios de Industria y Defensa.

www.diagonalperiodico.net

Objeción fiscal al gasto militar

Acció pública, benefici privat.

...per Pasqual Requena

De vegades vénen ganes de plantejar-se de forma seriosa si la política és un territori de pas -territori incopsable, misteriós, on tot és possible, segons la màxima tòpica- des del qual es pot treballar i millorar l’estat general de les coses per al món futur, o més bé si... “de pas que estic en política vaig a preparar el meu futur per a millorar-lo en general”.

En dates recents s’han conegut els casos de Cristina Garmendia, d’Eduardo Zaplana i de David Taguas.

La primera ha arribat al Govern espanyol per a fer-se càrrec del ministeri de Ciència i Innovació des d’una privilegiada posició en el món empresarial (pertany al nucli de comandament de la CEOE i a la Fundación Botín, i també és assessora de l’escola de negocis ESADE i de diverses universitats privades), i hauríem de suposar que com a ministra no actuarà en benefici d’eixe univers privat del que procedeix sinó en favor del més estricte interès comú i públic, que majorment és el de les institucions universitàries, investigadores i científiques de titularitat pública.

D’Eduardo Zaplana poca cosa caldria assenyalar, perquè és el personatge més conegut de tots tres, i el seu pas de portaveu de grup parlamentari a delegat de Telefònica per a Europa probablement no sorprèn ningú, ja que és el destí lògic de qui anhelava enriquir-se però ara mateix és conscient que ja no pot rascar bola en política.

El cas més aparatós és el de David Taguas, que després de ser el cap de l’Oficina Econòmica de La Moncloa (val a dir: assessor econòmic del president del Govern) amb categoria de Secretari d’Estat, i d’haver format part de la selecta Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, va a convertir-se en president de l’associació que aglutina les majors empreses constructores de l’Estat espanyol. Potser algun malintencionat dirà que això és més o menys com ser l’encarregat de la cova d’Alí Babà. Recordem que prèviament Taguas haurà tingut múltiples ocasions d’intervenir, en raó de la seua responsabilitat política, d’una manera o d’una altra, amb un grau d’implicació o amb un altre, en projectes i acords que afectaven les mencionades empreses i, és clar, els seus interessos privats.

Ningú dels tres, com és ben sabut, és la dona del Cèsar i ningú dels tres no ha de donar compte a ningú dels seus actes mentre complesquen la llei. Però el favor que fan a les conviccions democràtiques és ben flac i, sobretot, la confiança de la ciutadania en una gestió transparent, neutral, justa i socialment equilibrada, queda en situació molt delicada.

No són els únics casos de polítics o executius importants que oscil·len entre la política i els negocis d’altura en profitosos viatges d’anada i tornada, però sí són els més recents. Per cert, mentre Zaplana ha fet la seua carrera en el PP, Garmendia i Taguas pertanyen a l’òrbita del PSOE.

Hi haurà qui aplaudirà aquestes maneres de procedir; per exemple, la gent que té una visió economicista de la política y de l’esdevenir de la societat. Hi haurà qui, amb esperit generós i sentint empatia cap a aquestes pobres persones, adduirà: “I com es guanyaran la vida, quan abandonen la política?”

El cas de David Taguas està pendent d’una declaració legal que faça compatible la seua nova dedicació amb la passada funció política. Però diga el que diga l’actual legislació sobre incompatibilitats, des de la ferma convicció de ciutadania responsable no podem sinó rebutjar aquests comportaments.

www.barriodelcarmen.net

PSOE oferece a PP pactar umha estratégia de Estado em matéria de repressom e controlo social para os próximos anos.

Quando os dous grandes partidos espanhóis anunciam consenso nas “grandes questons de Estado”, como estám a fazer nas últimas semanas, é melhor por-se a cuberto. Se esse consenso afecta ao que se designa comummente como ‘segurança cidadá’, o exercício das mais elementares liberdades civis e, em especial, das liberdades de reuniom, manifestaçom e expressom, será com certeza o primeiro damnificado desse acordo entre PSOE e PP.

Isto foi precisamente o que anunciou onte o novo ‘Mando Único’ da Polícia espanhola e a ‘Guardia Civil’ no seu primeiro acto oficial como director geral do instituto armado. Francisco Javier Velázquez, do que neste portal achegamos um primeiro perfil na notícia publicada no dia 19 de Abril, concorria acompanhado polos titulares espanhóis de ‘Interior’ e ‘Defensa’, Pérez Rubalcaba e Carmen Chacón, respectivamente, oferecendo ao PP pactar umha ‘Estrategia de Seguridad Nacional’ que estivesse “o mais consensuada possível”.

Objectivo estratégico do PSOE

Recordamos que no recente debate de investitura o presidente espanhol anunciara a aprovaçom desta estratégia no decurso da IX Legislatura espanhola. Os eixos principais sobre os que pivotaria o acordo seriam “o combate do terrorismo”, impulsionando o trabalho dos serviços de informaçom; a luita contra o “crime organizado”, incrementando as unidades de inteligência e operativas; o “aperfeiçoamento dos mecanismos” de luita contra os imigrantes clandestinos e a melhora das infraestruturas e optimización dos recursos policiais.

Segundo anunciara Rodríguez Zapatero há quinze dias, o documento e a estratégia a pactar entre os dous grandes partidos espanhóis serviria para “definir objectivos, assinalar prioridades, quantificar dotaçons, assegurar colaboraçom e planificar os esforços organizativos e orçamentares”. À cerimónia militar em que se anunciou formalmente o projecto assistírom os anteriores directores gerais da ‘Guardia Civil’ Joan Mesquida e Santiago López e altos mandos da instituiçom armada e da Polícia espanhola.

Alcançar 140.000 efectivos e manter o carácter militar

Como avanço do cenário à que aponta a citada ‘Estrategia Nacional’, Velázquez assegurou que o seu objectivo à frente dos dous principais corpos repressivos do Estado é alargar a policializaçom da sociedade e consolidar o “quadro de pessoal em 140.000 efectivos da Polícia espanhola e a Guardia Civil” para o remate da legislatura.

Além destas declaraçons, seria o titular espanhol de ‘Interior’ quem se encarregasse de despejar qualquer dúvida a respeito da permanência do principal corpo policial do Estado como instituiçom militar. Rubalcaba, que definiu o instituto armado como “um ser grande, eficaz e de larga vida”, desmentia assi umhas palavras de Jesús Caldera enunciadas em 2004 segundo as quais o PSOE iria a “umha desmilitarizaçom gradual” do corpo policial-militar e incidia em que tal objectivo “nem se contempla nem se vai estudar”. A sua colega de ‘Defensa’, Carmen Chacón, remachou com a sua presença as declaraçons de Rubalcaba e afirmou, aliás, que a vinculaçom do instituto armado com o seu departamento seria “muito estreita” e vincou na “dupla dependência” daquel de ambas carteiras ministeriais.

www.ceivar.org

El PSOE y la patronal canaria a la conquista de África.

El secretario general de los socialistas canarios (PSC-PSOE), Juan Fernando López Aguilar, aseguró el pasado lunes que su partido mantiene "la perspectiva abierta" para que, en el futuro, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse en el exterior.

La Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento fiscal mediante el cual se otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar impuestos por sus multimillonarios ingresos. Permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades y puede aplicarse, igualmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Gracias a la RIC, sólo en el año 2005 11.442 sociedades dejaron de pagar a la Hacienda pública 2158 millones de euros. Una cifra similar, según el delegado especial en Canarias de la Agencia Tributaria, a la que se "ahorraron" cada uno de los tres años anteriores.

Este regresivo mecanismo fiscal, que hace recaer el peso tributario sobre la población trabajadora a través de los impuestos indirectos con los que se gravan los artículos de consumo, se justificó desde su imposición como una herramienta útil "para estimular la inversión de las empresas en las Islas y la creación de empleo". Pero lo cierto es que, lejos de mejorar el bienestar general de la población, la RIC ha contribuido decisivamente a aumentar las desigualdades sociales, al detraer de las arcas públicas unos ingresos fundamentales para proporcionar servicios básicos como la Sanidad o la Educación.

Los empresarios patrocinados por esta insólita exención de impuestos han utilizado sus millones para operaciones que van desde la adquisición de terrenos para continuar depredando el territorio, o de apartamentos destinados a la especulación, hasta la compra de bienes de lujo, pasando por todo tipo de actividades fraudulentas de las que a menudo tenemos noticia por algún nuevo escándalo de corrupción. Pero existen otros destinos en los que estos sustanciosos fondos podrían proporcionarles mayores ganancias. Por esta razón, los agraciados de la RIC han realizado diferentes tentativas para intentar dar una nueva vuelta de tuerca al invento, logrando que se les permita invertirlos fuera de las Islas. Y, dada la escasa capacidad competitiva de las empresas canarias en relación a sus equivalentes europeas, desde hace tiempo han puesto sus miras en el continente africano. Estos planes de los empresarios canarios para conquistar los mercados africanos son estimulados por la certeza de que el insostenible modelo económico que ellos mismos han impuesto en las Islas, con la connivencia de los partidos institucionales, no podrá garantizar el sostenimiento de sus beneficios demasiado tiempo. Las numerosas subvenciones de la UE tienen fecha de caducidad, y se esfumarán sin que hayan servido, siquiera, para diversificar una economía totalmente dependiente del "monocultivo" del turismo y la construcción. Ante la evidente crisis de estos sectores, los capitales ya han comenzado a volar fuera del Archipiélago.

La pretensión de utilizar los fondos de la RIC fuera de Canarias, no obstante, desmiente el argumento de la presunta finalidad social, que se utilizaba como pretexto para justificar su "necesidad". Tal y como ha destacado uno de los diseñadores intelectuales de la Reserva de Inversiones - el ex dirigente del PCE Antonio González Viéitez - "el formidable beneficio que supuso la RIC para los empresarios se consiguió argumentando que la economía canaria era incapaz de generar suficiente inversión para sus imprescindibles procesos de crecimiento económico". Para Viéitez - que se ha convertido hoy en crítico tardío de la RIC, aunque sin asumir la responsabilidad política de haber sido uno de sus principales mentores - está meridianamente claro que "si lo que piden ahora es que les dejen invertir en África es que los empresarios tienen tantísimos recursos que les sobran por todos los sitios", "lo que hace desaparecer la razón por la que se creó la RIC".

La contradicción resulta tan evidente que el mismo presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, se vio obligado a reconocerla públicamente a finales del pasado año. En noviembre de 2007, Rivero aseguraba que el Ejecutivo consideraba "peligroso" efectuar dicho planteamiento ante la Unión Europea si se quería preservar el sistema de fiscalidad reducida presente en el REF. Paulino Rivero alertó a los empresarios patrocinados por su gobierno sobre el peligro de que tanto las autoridades comunitarias como el propio Gobierno español "empiecen a preguntarse si realmente necesitamos la RIC, si está cumpliendo el objetivo social con el que está planteada o si sólo sirve a los beneficios empresariales". Sin demasiados rodeos, el Presidente autonómico advirtió a quienes suelen financiar sus campañas electorales que era mejor dejar las cosas como estaban, a correr el riesgo de que Europa termine tirando de la cadena y mandando al sumidero el inaudito chollo fiscal del que disfrutan.

Pero, hete aquí, que cuando nuestros empresarios ya habían empezado a resignarse a la idea de que la sociedad canaria no les iba a financiar sus lucrativos negocios en el exterior, el PSOE ha venido a abrir una puerta de esperanza a su insaciable codicia. Aunque ya durante la pasada campaña electoral Jesús Caldera había adelantado algo a la patronal del Archipiélago, ha sido Juan Fernando López Aguilar -ex ministro de Justicia y aspirante a ocupar el puesto de interlocutor en Madrid de los intereses de la burguesía criolla - quien se ha encargado de comunicar la "buena nueva". López manifestó, con un gran despliegue de medios, el propósito del PSOE de lograr que la RIC pueda materializarse fuera de las islas. Adelantó, asimismo, la posibilidad de que este asunto ocupe el primer lugar de la agenda de los temas relacionados con Canarias que se tratarán durante la presidencia de España de la UE, en el primer semestre de 2008. El anuncio del pintoresco ex ministro López Aguilar cumple un doble objetivo. Por una parte, quiere dejar claro ante la burguesía isleña cual va a ser la posición del PSOE en los futuros planes europeos de recolonización del continente africano. Y, por otra, anuncia a la patronal canaria el relevo en la interlocución política con Madrid. Es decir, quien va a ser durante los próximos años el portavoz de los intereses empresariales en la capital del Estado.

Sin embargo, los socialdemócratas españoles, que en estos últimos treinta años de su historia han sobrepasado en múltiples ocasiones por la derecha a los gobiernos más conservadores de la UCD y PP, necesitan encubrir sus políticas neoliberales con alegres barnices "progresistas", para evitar quedar en evidencia ante sus ingenuos electores. En esta ocasión, el pretexto para disfrazar una propuesta que supondría la evasión definitiva de capitales hurtados a todos los canarios, a través de un mecanismo fiscal posiblemente sin parangón en el mundo, no ha sido excesivamente original. López Aguilar ha recurrido al manoseado argumento, ya utilizado por los viejos Imperios coloniales, del supuesto carácter "civilizatorio" de las inversiones de las metrópolis. Según el ex ministro, con sus inversiones en África la burguesía canaria contribuiría al "desarrollo" de ese continente. López Aguilar nos invita a creer, con la fe del carbonero, que los grandes magnates de las islas - los Cobiella, Tadeo, Lopesan, Santana Cazorla, etc.- harían en África justo lo contrario a lo que vienen haciendo en las islas. Sin perder demasiado tiempo en explicar cómo podría obrarse semejante milagro, Juan Fernando López Aguilar completó su guiño al empresariado, reprochando al Gobierno de Canarias su "falta de rigor, diálogo y consenso social" con ellos en la cuestión de la RIC. López Aguilar acusó también al Ejecutivo regional de "falta de seriedad en la interlocución de las propuestas que formula ante el Gobierno de España y las instituciones europeas" sobre este tema. Para terminar recordando que el vigente reglamento del REF, aprobado mientras él era ministro de Justicia, "establece más seguridad jurídica para materializar la RIC que la que había antes".

En definitiva, Juan Fernando López Aguilar ha retornado mediáticamente a las islas -tan fugazmente como de costumbre - para refrescar la memoria a los incautos sobre los planes que tiene su partido en relación con Canarias. A quienes creyeron en sus vacuas promesas electorales de regeneración social, López Aguilar les ha recordado su plena adhesión al modelo económico que rige actualmente en las Islas. Un modelo que nos sitúa a la cabeza del Estado en empleo precario, mantiene a un 28,5% de la población bajo el umbral de la pobreza y estimula la corrupción a todos los niveles. En suma, el ex ministro ha venido a dejar clara la firme determinación de la socialdemocracia canaria de sobrepasar, una vez más, a la derecha por la derecha.

www.canarias-semanal.com