Comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los pasados días 20 y 21 de octubre, el Gobierno español compareció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del 94 periodo de sesiones y en relación al 5º informe periódico, que comenzó el 13 de octubre.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y que tiene como tarea la de comprobar si los Estados parte del Pacto están cumpliendo con sus disposiciones, (el reconocimiento y garantía de los derechos de la persona en su faceta individual –integridad física- y de acción política) que se comprometieron a respetar. Para ello, y entre otras tareas, dicho Comité debe analizar los informes que, cada seis años, han de presentar los Estados parte del Pacto sobre las disposiciones que hayan adoptado y que hagan efectivos a los derechos reconocidos en dicho Pacto.

En este sentido hay que recordar que el Estado español ratificó el pacto en 1977 y desde entonces, y hasta 1996, presentó 4 informes periódicos. En 2002, el Estado español incumplió su obligación de comparecer ante el Comité de Derechos Humanos, y no ha sido hasta 2008 que ha presentado el 5º informe, con un retraso de 12 años. Además, como expresaron los expertos del Comité, en este tiempo los Gobiernos españoles no han cumplido con algunas de las recomendaciones realizadas en el último informe, ni en posteriores informes de diversas instancias internacionales (como el CAT, la Comisión de DDHH del Consejo de Europa o el Relator especial contra la tortura), lo que pone de manifiesto el problema de la pervivencia de la tortura y otras violaciones del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este 5º informe periódico del Estado español ha generado un gran interés por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, que han remitido informes al Comité para su examen: AEDIDH, ALA y APDHE, Amnesty International, CAMHA, Conscience & Peace Tax International, ICJ, Democracy Reporting International, ACAT-FIACAT, Human Rights Watch, APDHA, Basque Observatory of Human Rights – Behatokia-, International Commission of Jurists, además de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Estos informes reflejan una valoración absolutamente opuesta a la que efectúa el Estado español en los informes remitidos al Comité [1] para esta ocasión.

Durante las sesiones, la delegación española, formada por ocho miembros de distintos ministerios afectados por las cuestiones a tratar, y presidida por el Sr. Javier Garrigues, embajador representante permanente de la Misión permanente de España en Ginebra, y por Fernando Irurzun, Jefe de la Abogacía General del Estado ante la Audiencia Nacional, que hizo de portavoz de la delegación, expuso los avances que, a su entender, se han realizado en relación a la última evaluación al Estado por parte del Comité en el año 1996. Entre otras cuestiones, se plantearon las medidas que se están tomando para hacer efectiva la doble instancia penal, la mejora de la situación en las prisiones con la construcción de mas cárceles y el aumento en la aplicación de regímenes de semi libertad y los elementos que mejoran la detención incomunicada. Posteriormente, el Estado pasó a responder a las 24 preguntas realizadas, por el Comité. El Gobierno español no cumplió los plazos previstos para enviar sus respuestas escritas, lo que ha dificultado la labor de las organizaciones sociales y de los propios miembros del Comité, que no han podido tener la documentación traducida para las sesiones, hecho apuntado por diversos miembros del Comité.

En el diálogo posterior, los miembros del Comité expresaron sus preocupaciones en relación con la detención incomunicada, (y en concreto la imposibilidad del detenido a ser asistido por un abogado de confianza, la duración de la incomunicación, las reticencias del Gobierno español para grabar los interrogatorios); la prisión provisional, el aislamiento penitenciario; la ‘evidente’ persistencia de la tortura y malos tratos en el Estado español, así como a la ‘poca voluntad’ del Gobierno de ‘mantener un dialogo’ con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre estas cuestiones; la segunda instancia y secreto de sumario; la extensión de la noción terrorismo que se ha producido en la ultima década en el Estado español; y episodios de torturas y malos tratos a inmigrantes, algunos con resultado de muerte, sobre los que han solicitado más información. Otras temas tratados por el examen del Comité han sido el tratamiento de los menores inmigrantes no acompañados, las expulsiones masivas de inmigrantes, el acceso al derecho de asilo, las políticas de lucha contra el racismo y la discriminación, la violencia doméstica y la memoria histórica.

Los expertos también mostraron su preocupación por las cuestiones relativas a la libertad de expresión, en referencia a los cierres de periódicos, la encarcelación de un ex-parlamentario europeo, y las persecuciones a las que a veces se ven sometidas las personas pertenecientes a grupos de denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos (a este respecto nuestra Coordinadora presentó un informe completo al Comité el pasado julio).[2]

En las deliberaciones de los próximos días, El Comité de Derechos Humanos analizará la información recibida sobre la observancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los avances realizados –o retrocesos- por parte del Estado español, y, en los próximos meses, se hará público el correspondiente Informe. Las recomendaciones que en él se incluyan serán de especial relevancia para la visión que pueda tener la comunidad internacional en referencia a la observancia de los derechos humanos en el Estado español.

Últimos informes de los Comités de Naciones Unidas en relación al Estado español

El último informe de conclusiones publicado por el Comité de Derechos Humanos, tras la comparecencia de abril de 1996 ya mencionada, documento CCPR/C79/Add.61 ([3]), ya incluía referencias a la “falta de investigaciones” en materia de tortura y que “cuando miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados con penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos”. Asimismo, señalaban la detención incomunicada por la que los detenidos acusados de pertenencia a organizaciones armadas “no tienen derecho a designar su propio abogado y son juzgados en la Audiencia Nacional sin tener posibilidad de presentar recurso”, ante lo que exhorta al Estado parte a “abstenerse de utilizar la detención incomunicada y le invita a reducir la duración de la prisión provisional”.

Aquel mismo año, 2002, El Estado español tuvo que comparecer ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura que, tras dicha comparecencia, emitió su informe final, recogido en CAT/C/CR/29/3 [4], y en el que mostraba su preocupación por: la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; el mantenimiento de la detención incomunicada; la prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura; las denuncias de malos tratos infligidos a inmigrantes, incluyendo abuso sexual y violación, supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas; y las severas condiciones de reclusión de algunos de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento.

Madrid, 22 de octubre de 2008

Notas:

[1]Todos ellos, junto con los informes del Estado español, pueden verse en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm
[2]http://acat.pangea.org/publica/Informe-defensores.pdf
[3]http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.61.En?Opendocument
[4] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.29.3.Sp?Opendocument

www.prevenciontortura.org