lunes, 30 de junio de 2008

Caso Swift : la UE al servicio de EEUU.

En 2006, el New York Times reveló que la CIA había instalado un programa de vigilancia de las transacciones financieras internacionales. El diario sacó a la luz que desde los atentados del 11- S, la sociedad belga Swift ha estado transmitiendo al Departamento del Tesoro de EE UU decenas de millones de datos confidenciales concernientes a operaciones de sus clientes.

La sociedad estadounidense de derecho belga Swift gestiona los intercambios internacionales de unas 8.000 instituciones financieras situadas en 208 países. Garantiza la transferencia de datos relativos a los pagos o a los títulos, incluidas las transacciones internacionales en divisas. Sin embargo, no hace circular el dinero. El conjunto de los datos se almacenan en dos servidores, uno situado en Europa y otro en EE UU. Los mensajes entre los bancos que se intercambian en la red Swift contienen datos de carácter personal y que están protegidos por los derechos belga y europeo.

Pero esta sociedad también está sometida al derecho estadounidense debido a que su segundo servidor está localizado en territorio de EE UU. Así, la sociedad ha elegido violar el derecho europeo para someterse a la exigencias estadounidenses. A pesar de que se han constatado múltiples violaciones de los derechos belga y comunitario, las autoridades belgas siempre se han negado a perseguir a esta sociedad. Recordemos que el sistema Echelon y el programa de vigilancia NSA permite a EE UU apoderarse de informaciones electrónicas, entre ellas los datos Swift, en tiempo real. Su lectura es tanto más fácil cuanto que los sistemas de codificación (DES, 3DES y AES) de los datos relativos a las transacciones mundiales entre bancos son todos ellos estándares estadounidenses que tienen patente en EE UU. Por consiguiente, hace que se le entreguen unos datos que ya posee o que puede obtener fácilmente.

Nunca se ha previsto dejar de transferir los datos a las aduanas estadounidenses. Además, tampoco se ha dejado de hacer después de que el caso saliera a la luz. Con el fin de adecuarse formalmente a la directiva europea de protección de datos, Swift se adhirió en julio de 2007 a los principios del Save Harbor, que ‘garantiza’ que los datos almacenados en un servidor estadounidense estén protegidos por normas análogas a las que están en vigor en la UE. Esta adhesión procede por medio de una autocertificación de la sociedad adherente que se supone ofrece garantías sobre las posibilidades de apelación ante autoridades independientes.

Pero la calidad de independencia de estas autoridades está muy poco definida. La Safe Harbor deja desvalida a la persona concernida. Ella es quien debe verificar la situación de conformidad del organismo estadounidense que trata los datos. También debe encontrar a la autoridad independiente de control apta para estudiar su caso y apelar a ella. Si a pesar de estas trabas una persona o una empresa tiene la posibilidad de poder constatar un incumplimiento de la normativa y tiene capacidad para iniciar un procedimiento judicial, el Gobierno estadounidense puede invocar la noción de “secreto de Estado” para impedir todo procedimiento judicial.

Por lo que se refiere a la parte del ‘acuerdo’ de junio de 2007 que autoriza a EE UU a apropiarse de los datos personales, ésta concluye en un compromiso unilateral estadounidense. No se trata de un acuerdo bilateral, como desearía el Parlamento Europeo, sino de un texto cuyo contenido no necesita el consentimiento de las dos partes para poder ser modificado : el Gobierno de EE UU tiene la posibilidad de modificar sus compromisos sin necesidad de consultar a la otra parte. En este texto, el Departamento del Tesoro estadounidense da unas garantías puramente formales en relación a la utilización de los datos. Se compromete a utilizarlos exclusivamente para luchar contra el terrorismo. Pero la definición de terrorismo es tan amplia que se puede aplicar a cualquier persona u organización perseguida por el Gobierno estadounidense.

Como garantía del respeto de la confidencialidad de las informaciones, la parte estadounidense insiste en la existencia de varios niveles independientes de control. El texto menciona “otras administraciones oficiales independientes”, así como un “gabinete de auditoría independiente”.

El hecho de que una administración sea considerada independiente de otra administración del mismo Estado dice mucho de la formalidad de dicha autonomía. La misma observación se puede hacer en lo que concierne a la auditoría independiente. Así, cuando salió a la luz el caso Swift en junio de 2006, el Gobierno de EE UU ya había declarado que no había habido ningún abuso en la utilización de los datos, dado que el acceso a ellos estaba controlado por una sociedad privada ‘externa’, el grupo Booz Allen, una de las principales sociedades que trabajan para el Gobierno estadounidense. En este país, la interpenetración entre público y privado es orgánica.

Este ‘acuerdo’ revela la existencia de una estructura política imperial en la que el ejecutivo de EEUU ocupa el lugar de quien da las órdenes y las instituciones europeas tienen la función de legitimarlas. No se trata de dos potencia soberanas, no existe más que una parte, el Gobierno estadounidense, que reafirma su derecho a disponer de los datos personales de los europeos. Procede unilateralmente, concediendo ‘garantías’ formales que puede modificar o suprimir unilateralmente. De este modo, el Ejecutivo estadounidense ejerce directamente su soberanía sobre las poblaciones europeas.

Las transferencias de datos continúan

Se había previsto que desde junio de 2007 los datos Swift intereuropeos ya no se transfirieran a EE UU, sino a un segundo servidor europeo. A finales de marzo de 2008, unos representantes de la sociedad Swift dejaron entender que el servidor estaría situado en la región de Zurich y estaría operativo a finales de 2009. En consecuencia, se deberá adaptar el ‘acuerdo’, que es evolutivo y está elaborado para responder permanentemente a las nuevas exigencias estadounidenses. De manera similar y en relación a los datos de los pasajeros de las compañías aéreas, las aduanas estadounidenses tienen acceso directo a las terminales de las compañías situadas en suelo europeo. Tanto si se hace por medio de este sistema como si se hace por medio de unas órdenes determinadas (lo que es más probable), las autoridades estadounidenses seguirán haciendo que se les entreguen los datos financieros europeos.

diagonalperiodico.net

Avanza el Gran Hermano en Alemania.

Alemania ha dado un paso más en el recorte de libertades y derechos civiles en el marco de la lucha contra el terrorismo. Ayer, el Consejo de Ministros alemán aprobó un controvertido proyecto de ley para ampliar las competencias de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) en investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional.


El texto autoriza a la BKA a llevar a cabo registros o­n line de ordenadores de particulares, seguimiento y vigilancia de sospechosos "incluso mediante la instalación de cámaras en sus hogares en los casos extremos, registro de pisos, escuchas telefónicas y detenciones temporales".

El Gobierno de gran coalición, formada por los conservadores de Angela Merkel (CDU/CSU) y los socialdemócratas (SPD) ha tardado más de dos años en aprobar un borrador conjunto. La pugna personal entre el ministro del Interior, Wolfgang Schäuble (CDU), y la ministra de Justicia, Briggitte Zypries (SPD), se ha saldado con una victoria del conservador. De la propuesta inicial, el SPD solo ha logrado dejar fuera el párrafo que reconocía la posibilidad de instalar software espía directamente en los ordenadores de los sospechosos. Una opción que Schäuble sigue sin descartar y que ha pedido sea reconsiderada por los parlamentarios que revisarán el proyecto.

"Día negro" para la oposición:

La oposición alemana se llevaba ayer las manos a la cabeza. El parlamentario de Los Verdes, Volker Beck, hablaba de "un día negro para los derechos civiles", mientras el presidente de los liberales (FDP), Guido Westerwelle, acusó a Schäuble de haber perdido "el centro y la mesura" en sus iniciativas de política interior. Desde el mismo partido, Gisela Piltz advertía del peligro de que la BKA se convierta en la "superorganización de espías". La Izquierda de Oskar Lafontaine declaró que la ley rompía un tabú desde la posguerra por el que las labores de la policía y de los servicios secretos no deben entrelazarse.

El ministro del Interior alemán defendió su proyecto alegando que muchos de los puntos polémicos y criticados se refieren a actividades que ya llevaba a cabo la policía de algunos estados federados y que el nuevo proyecto es prácticamente un traspaso de funciones a la BKA. "Esta ley es una base importantísima para la estructura de seguridad de Alemania", insistió el ministro. Lo cierto es que, hasta el momento, la BKA solo servía de apoyo a las investigaciones de los estados o intervenía en investigaciones criminales que afectaran a más de un estado. Con la nueva ley, la BKA asumirá la función de llevar a cabo investigaciones preventivas en la lucha contra el terrorismo.

Los diputados exigen cambios:

Antes de llegar al Parlamento en otoño, el proyecto de ley debe pasar la revisión de los parlamentarios, que ya han advertido que exigirán numerosos cambios. No solo los partidos de la oposición se oponen a que la ley se apruebe tal y como está. También muchos parlamentarios socialdemócratas la consideran excesiva en lo relativo a la vigilancia o­n line. El propio Tribunal Constitucional intervino para limitar este punto.

La política de mano dura en la lucha contra el terrorismo, es motivo de polémicas continuas. Las ideas de Schäuble han provocado centenares de manifestaciones en contra de lo que muchos llaman el "Gran Hermano" o "la nueva Stasi". Él promovió la nueva ley de almacenamiento de datos por la que las empresas de telefonía deben guardar seis meses los registros.

El Pentágono reconoce por primera vez un plan para destruir los sitios de internet que le molesten.

El Pentágono ha decidido dotarse de una unidad especializada capaz de destruir sin previo aviso los sitios de Internet de sus adversarios, de acuerdo con el número de mayo de 2008, de la revista especializada Armed Forces Journal, del Ejército de los Estados Unidos.

“Alfombras de bombas para el ciberespacio”, la estrategia que acaba de anunciar el Departamento de Defensa norteamericano, significa destruir deliberadamente los sitios en la Internet que al gobierno norteamericano le molestan, en caso de conflicto real o posible, lo que hace blanco de una agresión cibernética a cualquier punto de la red.

Aunque había evidencias públicas de esta estrategia en los discursos oficiales de los militares norteamericanos, por primera vez un alto oficial, el Coronel Charles W. Williamson, juez de la Agencia de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea, acaba de admitirlo e intenta justificar legalmente flagrantes violaciones a la libertad de expresión en la web y mecanismos de guerra cibernética, para la cual los norteamericanos se están preparando a toda marcha.

La “guerra de las redes” (network warfare), en manos de la 67ª brigada de guerra de las redes, ya dispone de más 8 000 hombres comandados por el coronel Joseph Pridotkas. Esta fuerza complementará el Comando Ciberespacial de la Fuerza Aérea, que opera desde Los Angeles, California, y que estará plenamente activo en octubre próximo.

Cuando se alisten oficialmente ambas fuerzas, Estados Unidos contará con una fuerza impresionante para operar en la Internet, que se unirá a los ejércitos tradicionales –mar, aire y tierra- y recibirá potentes medios capaces de eliminar miles de sitios en Internet de forma simultánea.

“Norteamérica necesita una red que sea lo suficientemente potente para redirigir esas enormes cantidades de tráfico en internet ... que son útiles a nuestros adversarios. Norteamérica necesita la capacidad de una gran alfombra de bombas en el ciberespacio para crear la disuasión que nos falta”, afirma el Coronel Williamson en la revista Armed Forces.

Admite que las “ramificaciones políticas pueden ser difíciles de manejar”, aludiendo a la decisión de que los Estados Unidos no dudarán en tumbar de la red un sitio, aunque pertenezca a un país que no esté contemplado en la lista de enemigos políticos: “Obviamente, los EE.UU. buscaran aliados, pero podríamos estar en condiciones de lanzar un ataque contra una nación que hemos jurado proteger a un pacto de defensa mutua. Juntos, los EE.UU. y sus aliados pueden reducir este riesgo mediante la cooperación para maximizar la seguridad informática”, afirma Williamson.

La industria militar ha hecho posible que Estados Unidos se convierta en una potencia de la cibervigilancia y las operaciones encubiertas a través de la red. El secretario de la Fuerza Aérea Michael W. Wynne anunció el 2 de noviembre de 2006 que el Pentágono había decidido constituir una 8ª Fuerza Aérea, “el nuevo mando ciberespacial del servicio y centrará la atención en llevar la lucha contra el terrorismo al plano tecnológico”.

El Comando del Ciberespacio está bajo la dirección del Teniente General Robert Elder, un general de tres estrellas especializado en tecnología militar soviética –uno de sus libros se titula Enfoque estratégico al Comercio de Tecnología Avanzada con la Unión Soviética.

En la presentación ante la prensa del Comando del Ciberespacio, Elder expresó: “definitivamente existe mucho más interés en usar el ciberespacio como un ámbito de combate, al menos con nuestros adversarios, y eso es lo que estamos tratando de contrarrestar. … Si quieren pelear con nosotros en el ciberespacio, estamos dispuestos a llevarles allí el combate también."

La misión del nuevo Comando, según Elder, es “de alcance mundial, vigilancia mundial, poderío mundial.” “Hasta hoy —dijo— hemos estado a la defensiva. El cambio cultural es que pasamos a la ofensiva y vamos a tratar al ciberespacio como un ámbito de combate…Vamos a desarrollar, junto con las universidades, guerreros ciberespaciales que sean capaces de reaccionar ante cualquier amenaza las 24 horas del día, durante los siete días de la semana...”.

Para que no quedara ninguna duda de la gravedad de la orden del Pentágono, añadió: “en este ámbito, al igual que en cualquier escenario de guerra, no hay lugar para aficionados”.

El Comando ciberespacial tiene una contraparte en el Departamento de Estado: el Grupo Especial de Tareas para la Libertad de la Internet Global (Global Internet Freedom Task Force, GIFTF, por sus siglas en inglés), una organización multiagencias subordinada directamente a Condoleezza Rice y dirigida por la subsecretaria de Economía, Comercio y Agricultura, de ese Departamento, Josette Sheeran. Este Grupo de Tareas, en el que participan agencias del gobierno, universidades e investigadores privados que “se mantienen operativos las 24 horas del día”, fue dado a conocer el 14 de febrero de 2006.

En su segunda reunión de trabajo celebrada el 3 de abril de 2006, el GIFTF "discutió la práctica y construcción de estrategias para apoyar la libertad de Internet”. Josette Sheeran advirtió que en el encuentro donde participaron “altos” funcionarios del gobierno, “específicamente nos concentramos en los desafíos de la libertad de Internet en Irán, Cuba y China”.

‘Ministerio de Interior’ e FSE extremam a vigiláncia sobre a Internet para localizar e punir a presença da dissidência política.

Duas detençons quase simultáneas em Ordizia (Euskal Herria) e Sevilla (Andalucia) difundidas de forma maciça nas últimas horas através dos meios empresariais anunciam a que parece ser umha nova volta de porca das autoridades espanholas para o controlo político da Internet. Segundo as agências Efe e Europa Press, o departamento que preside Pérez Rubalcaba deu ordens a expertos informáticos da ‘Guardia Civil’ e a Polícia espanholas para extremar a vigiláncia sobre foros, portais, chats e páginas web de acesso público.

A ofensiva político-policial utiliza como coarctada ideológica a perseguiçom do delito de “apologia do terrorismo” e a vontade de curtar de raiz qualquer “tentativa de exaltaçom de ETA” ou “vejaçom às vítimas do terrorismo”. Segundo as fontes citadas, efectivos das FSE em coordenaçom com a Fiscalia espanhola abrírom já várias pescudas relativas ao “enaltecimento do terrorismo na rede” e duas pessoas já fôrom encausadas em processos no tribunal político especial espanhol.

O cidadám andaluz detido nesta terça-feira num ciber de Sevilha em que ligava habitualmente para a Internet é activista do 'Partido Obreo Socialista Internacionalista'. O seu arresto realizou-se por quatro agentes à paisana do instituto armado espanhola que se personárom no estabelecimento comunicando-lhe a detençom e algemando-o.

Delito de opinar
Mandos da ‘luita antiterrorista’ assegurárom neste sentido que expertos policiais varrem centenares de webs onde se localizam comentários que podem constituir “ilícitos penais”, isto é, a emissom de opiniom converte-se em causa de eventuais processamentos na ‘Audiencia Nacional’ sob o titular de ‘apologia do terrorismo’. De facto, o relevo informativo dado às detençons produzidas é avondo indicativo da vontade por parte do ‘Ministerio de Interior’ de estender o pánico e a auto-censura na rede, obrigando a modular os conteúdos de mensagens e opinions ante a implantaçom evidente do delito de opiniom.

Da mentalidade que informa este novo ataque à liberdade de expressom é muito significativa a própria página do departamento de Pérez Rubalcaba. Assegura-se no web institucional que a pessoa detida nesta manhá em Ordizia “vertia comentários injuriosos e ofensivos contra as vítimas do terrorismo” (sic). Aliás, assegura-se que difundia imagens de queimas da bandeira de Espanha em actos da esquerda abertzale. As supostas práticas do internauta basco presuponhem, segundo o ‘Ministerio de Interior’, que o detido estaria “justificando com isso as acçons da banda terrorista ETA” (sic). Trás a detençom, que parte da ‘Audiencia Nacional’, o domicílio particular de X. R. T., ao que se acusa de “apologia do terrorismo” e “ultragem à bandeira”, foi registado por efectivos policiais expropriando-se-lhe diverso material informático.

‘Apologia do terrorismo’, um delito para a livre interpretaçom judicial

Ambas notícias som indicativas já nom apenas dumha nova volta de porca governamental e policial no controlo da Internet e, em particular, da dissidência política, mas de como um PSOE fortalecido eleitoralmente decidiu estender a criminalizaçom e a perseguiçom da dissidência política reproduzindo e alargando as práticas político-repressivas que, habitualmente, se apresentam como exclusivas do PP. De facto, constatamos que neste momento se desenvolvem em quase todos os territórios sob administraçom espanhola processos repressivos que tenhem no seu alvo movimentos antifascistas e de esquerda revolucionária dos que poderiam derivar ilegalizaçons e encarceramentos.

A utilizaçom da ‘apologia do terrorismo’ como meio para iniciar a caça às bruxas na Internet e a libérrima interpretaçom de que é objecto este tipo delitivo nas instáncias judiciais espanholas –veja-se que o próprio 'Ministério de Interior' entende que denunciar sistematicamente a tortura policial ou referir-se criticamente às “vítimas de ETA” é achegar “justificaçons” para a luita armada- anunciam na nossa opiniom que as actuais autoridades espanholas decidírom aprofundar num desenho repressivo que deconstrói os últimos aspectos garantistas do Estado e impom políticias de dureza declarada àqueles que, como assegurava recentemente o ‘Subelegado del Gobierno de España’ na Crunha, José Manuel Pose Mesura, “se situem à esquerda da CIG oficial”.

www.ceivar.org

¿Quién manda realmente en el Estado español?: Panorámica de nuestra “democracia” postmoderna, un fascismo “light”.

...por Alfredo Apilánez

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”

Antonio Gramsci

“Combatir las ilusiones sobre una situación equivale a exigir que se abandone una situación que necesita de esas ilusiones”

Carlos Marx

Digámoslo bien claro desde el principio: La llamada democracia española es una farsa absoluta. En fechas recientes (9 de marzo), hemos asistido de nuevo a la mascarada electoral periódica con la que en este país (y en tantos otros) se vende al pueblo la vigencia de un régimen parlamentario, supuestamente participativo y democrático, con el que se pretende canalizar la expresión de la metafísica soberanía popular.

Sin embargo, en esta pantomima de marketing electoral, no aparece nunca sobre la mesa ninguno de los temas que afectan directamente a la población en su procelosa cotidianeidad, ya que las cuestiones candentes para el “españolito” de a pie se hurtan sistemáticamente del debate político.

Simultáneamente, todo el aparato periodístico de manipulación y propaganda está al servicio de la ocultación de esta impostura. En los mentideros (nunca mejor dicho) de los esbirros mediáticos del poder, haciendo “gárgaras” en el coro de arribistas, se inundan de propaganda las o­ndas, las pantallas catódicas y las cabeceras de los tabloides patrios y se habla sólo de aquello que no roza siquiera las auténticas estructuras del poder social efectivo, pero nunca de los hilos ocultos que manejan las vidas de los ciudadanos de este país.

El resultado de este fraude meticulosamente planificado es que el pueblo ejerce su puramente formal derecho de voto con ejemplar pulcritud y disciplina, sin que ello tenga ninguna repercusión relevante en los problemas que realmente le incumben.

La prueba más palmaria de ésta colosal estafa es la indiferencia complaciente con la que los prebostes de la banca o de la CEOE, que son los auténticos “padrinos” de la clase política española, esperan el resultado de las elecciones periódicas, así como la aquiescencia cínica con la que bendicen desde sus intocables poltronas todo el tinglado legitimador en que consiste la susodicha farsa electoral.

Cabría preguntarse pues, en última instancia, en qué afecta realmente a estos poderes fácticos que gane las elecciones uno u otro de los clonados contendientes. La pregunta es retórica, ya que la respuesta es obvia: en nada.

Mientras tanto, la liturgia parlamentaria resultante de esta fabulosa maniobra de distracción que representa el “circo” electoral pugna por ensordecer al pueblo para que la tozuda y cruda realidad que sufre y sus reglas, por cierto, nada democráticas, estén bien ocultas bajo siete llaves.

Sin embargo, si vamos pelando un poco las capas de la cebolla social, por debajo del ruido atronador de los “mass media” y de la vacua pantomima parlamentaria el estado real del país resulta calamitoso. He aquí unas sombrías e impresionistas pinceladas:

El ritmo de crecimiento de los beneficios de los capitalistas patrios y los pelotazos recurrentes de los “tiburones” inmobiliarios no está condicionado en absoluto por el partido que detente el control del llamado, eufemísticamente, poder ejecutivo (sería más apropiado llamarle ejecutor, pero no de políticas que satisfagan demandas populares, sino de las directrices emitidas por el gran capital).

Y lo que es más grave, y debería producir pasmo e indignación a cualquiera con “dos dedos de frente”: las multinacionales bananeras y los bancos de la “piel de toro” baten marcas de beneficios bajo un gobierno “socialista”, que se regodea ufano bendiciendo la buena marcha de los negocios y del sacrosanto y pseudocientífico producto interior bruto.

Estos renegados politicastros han completado su giro copernicano y están ya a años-luz de cualquier orientación remotamente izquierdista.

Paralelamente, los temas (recurrentes hasta el hartazgo) puestos sobre la palestra del tinglado político-mediático en el mercadeo electoral, rezumante de demagogia por los cuatro costados, son los de siempre: el terrorismo marginal de ETA; la “revolucionaria” conquista social que representa que los homosexuales puedan ir al juzgado a firmar un contrato matrimonial; las míseras ayudas concedidas a los jóvenes mileuristas para que puedan alquilar una casa o aumentar su prole; el supuesto secesionismo de los nacionalismos periféricos (a saber: los prebostes de la burguesía catalana, satélites de la Caixa y de Núñez y Navarro, y los fieles cachorros de los jesuitas vascos y del BBVA), y toda una retahíla de nimiedades, ofrecidas al pueblo como carnaza, para desviar su atención de las verdaderas maquinaciones del poder real.

Esta ceremonia de la confusión perfectamente orquestada y amplificada por el estamento mediático, se produce mientras nuestros oligarcas neoliberales se regocijan en sus poltronas ante la fabulosa maniobra de distracción que protagonizan los llamados poderes “públicos” y sus conmilitones en los medios de comunicación, pudiendo seguir engordando a manos llenas sus cuentas de resultados y robando al pueblo con sus recurrentes chanchullos financiero-hipotecarios. Todo ello por supuesto con la entusiasta bendición del complaciente papá Estado.

Ellos (la gran banca y las multinacionales patrias), continúan amasando regalías y beneficios astronómicos, defraudando impuestos masivamente y recortando de forma drástica las condiciones laborales, sin inmutarse en absoluto ante los vaivenes de la política-espectáculo, que les sirve de parapeto legitimador para ocultar sus trapacerías. Éstos prebostes de los conglomerados empresariales improductivos y parasitarios a la española (herederos de los antiguos monopolios públicos y por tanto, con una descarada posición de privilegio en sus negocios), se congratulan de la política económica del neoliberal ministro de economía “mister” Solbes, y les es completamente indiferente el triunfo de uno u otro de los partidos hegemónicos.

Para más inri, y dicho sea de paso, en España no existe una sola multinacional productiva relevante a nivel mundial y las únicas grandes empresas son las financieras (que viven de vampirizar la actividad económica y las sufridas rentas de los trabajadores), y los antiguos monopolios del franquismo, como Telefónica y Repsol, que simplemente abusan de la heredada posición dominante en sus mercados cautivos (la segunda es una petrolera sin petróleo, dedicada a la especulación en los mafiosos mercados de futuros y a la usurpación de los recursos energéticos de los países pobres, sobre todo latinoamericanos que, con la colaboración necesaria de sus gobiernos corruptos y vendidos al imperialismo, quedan indefensos ante la actividad depredadora de esta empresa pirata, encarnación máxima del imperialismo a la española).

Sin embargo, la undécima economía mundial, según los datos ortodoxos basados en el sacralizado, pero totalmente manipulado, producto interior bruto, no puede exhibir ni una sola gran empresa internacional en los sectores industrial o tecnológico. ¡Qué botón de muestra éste más simbólico para destruir la falacia de la tan cacareada robustez del llamado milagro económico español, basado, casi exclusivamente, en el turismo y el ladrillo, pero que, según nos cuentan los “voceros” del régimen, nos está haciendo alcanzar los estándares de desarrollo de los países punteros del, mal llamado, primer mundo! Cosas veredes, amigo Sancho…

Pero, si bajamos a la cruda realidad, saliendo fuera de los cenáculos de los oligarcas que dirigen los destinos del país, el panorama toma un cariz mucho más sombrío, y la procelosa vida cotidiana del ciudadano medio sigue su curso, bien alejada del estruendo ensordecedor de la maquinaria de propaganda de los mass-media.

Veamos qué nos muestra una sucinta y apresurada panorámica:

En toda España, tres millones de pisos vacíos permanecen “criando telarañas” para que sus propietarios-rentistas y los inversores especulativos obtengan plusvalías astronómicas al ponerlos en venta en un contexto de escalada del precio de la vivienda.

Sin embargo, esta situación es una bomba de relojería, ya que la inminente caída en picado de los precios en el sector saturará aún más el mercado con toda esa avalancha de pisos desocupados que obviamente no encontrarán comprador, lo que agudizará espectacularmente el colapso del boom inmobiliario español (sólo hay que pasearse por las calles de nuestras ciudades para contemplar la proliferación creciente por doquier de carteles de pisos en venta o alquiler).

Así, nuestros incautos e hipotecados compatriotas contemplarán pasmados como todas sus expectativas de ganancia fácil se irán al garete, junto con su riqueza patrimonial, que comenzará a mermar inexorablemente con la consiguiente incidencia negativa sobre el consumo privado y la capacidad de endeudamiento de la población, que son los fulcros sobre los que se apoyó el milagroso auge económico español de los últimos años.

Éste es el cóctel explosivo que puede convertir la crisis actual en un crack económico de consecuencias impredecibles.

Simultáneamente, la numerosísima población precaria y sobreexplotada se queda sin posibilidad de acceso a un techo digno, con millones de jóvenes imposibilitados de “levantar el vuelo” de sus hogares familiares, con unas consecuencias vitales catastróficas para ésta generación, por la frustración que produce carecer de opciones viables de emancipación personal.

Por esta vía aparece un nuevo cisma social y una nueva división clasista (como corolario de la canónica entre explotados-trabajadores y explotadores-capitalistas), la cual enfrenta a mileuristas, precarios e inmigrantes, por el lado de las víctimas, con rentistas, constructores, promotores y demás agiotistas inmobiliarios, que pretenden sacar tajada de la violación sistemática, perpetrada por el poder político-financiero, del derecho ciudadano a tener un lugar decente para vivir.

Siguiendo con este somero repaso a las trapacerías sin fin presentes en esta democracia de pacotilla, vemos cómo las multinacionales españolas ejercen el latrocinio directo en América Latina (a través de la compra de empresas públicas de servicios privatizadas por gobiernos títeres que las venden a precios de saldo) mientras estafan fiscalmente al gobierno español y a la ciudadanía con sus descomunales “mangoneos” en paraísos fiscales. Eso sí, prudentemente alejadas de la mirada, huelga decir que harto complaciente, de nuestra hacienda pública (cómplice necesaria en este expolio) y defraudando de paso, a manos llenas, en estos agujeros negros del imperialismo actual que son las llamadas zonas off-shore, mediante el uso masivo de técnicas de ingeniería financiera (como los precios de transferencia entre filiales de una misma firma y demás maniobras especulativas de tiburones sin escrúpulos), para tratar de maximizar sus ya astronómicos dividendos con la aprobación y la complicidad del servil y sumiso gobierno doméstico.

Asimismo, y claramente conectado con lo anterior, la banca bate récords históricos de beneficios, atrapando de rebote en un cepo de deuda creciente a la sufrida clase media, hipotecada hasta las cejas, y dejada “al pairo” ante cualquier crisis que aparezca por el horizonte, y que amenace con reducir el valor de sus activos inmobiliarios por una contracción brutal del mercado especulativo de la vivienda o con aumentar las cuotas de su hipoteca por una escalada de los tipos de interés. Eventualidades que, por cierto, ahora mismo contemplamos, y que pueden poner “patas arriba” toda la entelequia de bienestar y seguridad vendida por los gestores del tinglado.

Un ejemplo más de este cinismo galopante de nuestros gobernantes lo representa la práctica de la política urbanística por parte de las administraciones públicas. Así, vemos día sí, y día también, como las recalificaciones de suelo público para mastodónticos proyectos urbanísticos, son una fuente de pingües regalías para los ayuntamientos y los partidos políticos, sin que nadie “meta mano” en el festín de corruptelas y comisiones que generan estos “chanchullos”.

Lo cual demuestra, una vez más, que los poderes públicos están totalmente supeditados a los conglomerados bancarios e inmobiliarios, que son los que realmente “cortan el bacalao”, decidiendo dónde y cuándo se pone patas arriba un barrio entero para engrosar sus arcas con las suculentas plusvalías obtenidas con las recalificaciones de suelo, y arrastrando así una vez más “el agua a su molino” con la sucesión interminable de “pelotazos” urbanísticos que presenciamos cotidianamente, todo ello por supuesto con la bendición de nuestros, en este caso como en todos los anteriores, absolutamente complacientes representantes “populares”.

Por otro lado, la Unión Europea, a la que pertenecemos, no tiene instituciones democráticas y las decisiones relevantes las toman tecnócratas que no están sometidos en absoluto al control popular.

La política agraria común es un escándalo que mata por inanición a millones de latinoamericanos y africanos, imposibilitados por los aranceles agrícolas comunitarios para vender sus productos en el mundo del llamado “libre mercado”.

Mientras tanto, los sobreprotegidos agricultores europeos reciben fortunas de los fondos comunitarios por destruir excedentes para manipular los precios de sus productos manteniéndolos artificialmente elevados, exportando a continuación su muy contaminante producción a precios subvencionados por el sufrido e ignorante contribuyente a través de las, en este caso sí, generosas arcas públicas, provocando un genocidio silencioso en el mal llamado Tercer Mundo y arruinando los sectores agrícolas de los países pobres.

¿Puede haber un espectáculo más bochornoso que subvencionar un cultivo para luego impedir que caigan los precios mediante la destrucción de los excedentes, mientras gran parte de los habitantes del Tercer Mundo se muere de hambre porque, entre otras cosas, es prácticamente imposible exportar sus productos a la fortaleza comercial europea?

Simultáneamente, los jerarcas de la Unión Europea y de los Estados Unidos tienen la desfachatez de denunciar con lágrimas de “cocodrilo”, haciendo gala de nuevo de su infinita capacidad de cinismo y grosera manipulación, la competencia desleal de las empresas industriales y tecnológicas del sudeste asiático contra sus caducas multinacionales manufactureras, cuando lo único que hacen los llamados “dragones” es seguir fielmente las reglas del juego del régimen neoliberal imperante que, por cierto, no las respeta para sí mismo y sin embargo las impone al resto del sufrido planeta.

De ello se encargan, como auténticos perros de presa, los agentes económicos del imperialismo mundial: el FMI y el Banco Mundial, encarnaciones supremas de la estafa grosera que supone que el autodenominado mundo “libre” esté dirigido por organismos ajenos a cualquier atisbo de control democrático y supeditados únicamente al dictado de las grandes corporaciones empresariales y de sus sicarios en la política imperial.

Tristemente, la lista de servidumbres del fascismo postmoderno a la española continúaad nauseam:

La monarquía sigue siendo sagrada e intocable, exenta incluso de rendir cuentas al erario público por sus dispendios astronómicos y sin someterse a ninguna clase de control mínimamente democrático.

La despenalización de las drogas, vieja reivindicación de la auténtica izquierda histórica, ni siquiera entra en el debate público por ser considerado un tema tabú, competencia exclusiva de jueces y brigadas policiales. Sin embargo, las cárceles están atestadas de camellos de “poca monta”, mientras los delincuentes de “guante blanco” tienen bula del poder para cometer todo tipo de tropelías mafioso-financieras (Botín, De la Rosa, Pizarro, etc)

Girando un poco el “foco” de atención, contemplamos asimismo el escándalo que representa que en un país supuestamente laico y aconfesional, la iglesia católica controle la mitad del sistema educativo y reciba escandalosas subvenciones públicas por impartir un ideario reaccionario a los jóvenes cachorros de la burguesía patria, con la aquiescencia resignada de un supuesto gobierno laico y progresista.

En esta sufrida “piel de toro”, además, no existe el referéndum ni ningún otro vehículo genuino de expresión de la voluntad popular.

Los medios de comunicación están en manos de los grandes capitalistas y banqueros y son el opio del pueblo que trata de neutralizar las conciencias críticas con su identificación total con la ideología de la clase dominante.

El mercado de trabajo, en fin, es un marasmo de precariedad, de recorte de derechos laborales y de explotación creciente…

Mientras tanto, los únicos pseudoavances sociales que nos venden hasta la saciedad nuestros supuestos representantes en el metafísico poder legislativo (bien adornados y amplificados por los mass-media con su dosis habitual de propaganda neoliberal aderezada con gotas, en el caso por ejemplo de El País, de un falso y vergonzante progresismo “light”), se refieren a cuestiones que no rozan en absoluto los fulcros donde se apoyan las palancas del poder efectivo.

Verbigracia: se nos vende como una gran conquista social la legalización de las bodas homosexuales, cuyos colectivos y asociaciones, dicho sea de paso, tradicionalmente lucharon por la libertad sexual, sin ataduras burocráticas, y no, como se nos pretende vender actualmente, mutatis mutandis, por su asimilación a la sociedad patriarcal centrada en la retrógrada institución matrimonial.

Asimismo, se esparcen a los cuatro vientos los avances decisivos en la lucha por la tan cacareada igualdad de género, tema “políticamente correcto” donde los haya, pero centrado de hecho exclusivamente en bendecir la incorporación femenina a los cenáculos del poder político y a la cogestión del “cotarro” económico-financiero, es decir, a su incorporación, eso sí, en términos “paritarios”, a la clase dominante.

Así, contemplamos la increíble demagogia y la desfachatez que acompañan a la noticia de que el gobierno español tenga mayoría de mujeres en su composición, como si este hecho anecdótico implicara una transformación relevante en la estructura del poder efectivo (no siendo en realidad más que otra maniobra de distracción propagandística que, pretendiendo vender una conquista de derechos, mantiene incólumes las reglas de la gestión real de la política-espectáculo).

Sin embargo, en un ejercicio más del habitual cinismo insostenible de nuestros jerarcas, no se toca el limitadísimo derecho al aborto, y las remuneraciones laborales de las mujeres trabajadoras continúan claramente por debajo de las de los hombres, debido a la discriminación sistemática de la mujer en el mercado de trabajo por su condición de mamá “in péctore”, entre otros miserables motivos centrados en la competencia a la baja de los, ya de por sí, raquíticos sueldos imperantes en el mercado laboral español.

En conclusión, como podemos ver en esta somera y (por desgracia), sórdida panorámica, el poder político supuestamente legítimo no roza siquiera en su actuación los sacrosantos intereses de los omnímodos agentes del gran capital, y tiene como función principal, más allá de la propaganda, servir de eficaz “correa de transmisión” para imponer el statu quo de la clase dominante.

Así pues, reiteramos una vez más, las elecciones supuestamente democráticas son una farsa absoluta en la que no se discuten las cuestiones realmente relevantes para la ciudadanía, y su única función es ofrecer una cortina de humo (la cara del verdugo siempre debe estar bien oculta) que esconda la ubicación real del auténtico poder social, ejercido éste por individuos, totalmente anónimos para el pueblo y ubicados en la cúspide de los consejos de administración de la banca, las multinacionales patrias (ventajistas herederas como hemos dicho de los monopolios públicos del franquismo) y los poderes fácticos de toda la vida (iglesia, terratenientes y grandes capitalistas).

De esta manera, no estamos hablando de democracia, sino de fascismo, pero de un fascismo light, que también podríamos calificar de postmoderno, que no tiene cámaras de gas para los resistentes, pero está basado en el mismo cometido de mantener bien ocultas las verdaderas fuentes del poder alienante que se ejerce sobre el machacado pueblo trabajador, y evitar a toda costa la eclosión de una auténtica alternativa revolucionaria que ponga al descubierto la estafa, meticulosamente planificada, que representa la democracia moderna.

La superestructura del poder político y su maquinaria burocrático-asistencial, desmovilizadora de las masas.

“Hay alienación en el sentido del Marx joven cuando los individuos creen que son fatales, por naturales, cosas que dependen de su conducta o de la de otros individuos, y que, sin embargo, cambiarían al cambiar esas conductas”

Manuel Sacristán Luzón

“Se puede conseguir comprensión de la realidad sin necesidad de demasiados esfuerzos ni de cambiar de pensamiento; pero me parece difícil que el que aprende a disfrutar revolcándose en el lodo tenga un renacer posible. Una cosa es la realidad y otra la mierda, que es sólo una parte de la realidad, compuesta, precisamente, por los que aceptan la realidad moralmente, no sólo intelectualmente...”

Manuel Sacristán Luzón

Veamos ahora en esta segunda parte cuál es el sombrío panorama de la presunta opción reformista que nos ofrecen los títeres socialfascistas que nos gobiernan y sus adláteres que dirigen el “cotarro” de la política-espectáculo.

El espectro que contemplamos cuando observamos el llamado arco parlamentario es sumamente desolador, y resulta palmario que no existe ningún partido de izquierdas (ni siquiera tangencialmente), que tenga representación parlamentaria.

La debacle electoral sufrida por Izquierda Unida en los pasados comicios no es más que la crónica de una muerte anunciada y, por otro lado, merecida, por su traición a la clase obrera y su abandono de cualquier postulado revolucionario, demostrando de rebote, que la tan publicitada vía del eurocomunismo reformista de los años 60, que representaba la supuesta panacea ideológica para sacar a los partidos comunistas europeos de la égida de Moscú e integrarlos en las democracias “civilizadas” a la europea ( renunciando de paso a su “raison d’être” revolucionaria), hace tiempo que ha periclitado, llevándose incluso por delante la misma existencia de estas organizaciones renegadas y decadentes.

Así pues, la mascarada electoral cuatrianual significa únicamente escoger entre “los mismos perros con distintos collares”, ubicados todos en el mismo sector ideológico de la derecha de toda la vida, y cuyas políticas efectivas en ningún caso rozan siquiera las incólumes estructuras del poder económico, que campa gozoso por sus respetos celebrando esta fabulosa maniobra de distracción que le deja las manos libres para proseguir con sus draconianas prácticas neoliberales (en España la participación de los salarios en la renta nacional no ha dejado de menguar en las últimas décadas con la inacción consciente y culpable de los sucesivos gobiernos títeres, satisfechísimos todos ellos de que esta sobreexplotación de los trabajadores ayudara a controlar el monstruo más temido por los especuladores financieros: la inflación).

Excuso decir, por otro lado, que del sindicalismo burocrático y “conchabado” con los oligarcas económico-financieros de la gran patronal, no se puede esperar la más mínima actitud contestataria o simplemente crítica ante el statu quo.

Éstos renegados de la UGT y de Comisiones Obreras son simplemente un espectro patético del difunto sindicalismo de clase, que hace mucho que han perdido cualquier conexión con la tradición secular de las luchas obreras reivindicativas, y ejercen una función totalmente deletérea para el surgimiento de cualquier movimiento realmente alternativo que pudiera germinar en estos tiempos de crisis en la clase trabajadora. Son una recua de burócratas y “liberados” sindicales totalmente serviles al capital, y alejados años-luz de las condiciones reales de una clase trabajadora de precarios, inmigrantes y mileuristas, a la que estos “dinosaurios” reaccionarios no tienen otra cosa que ofrecer que un miserable cursillo de reciclaje para entretener con falsas expectativas de reinserción laboral a los desgraciados parados que caen en sus garras. La historia les barrerá como el viento a las hojas en otoño.

Desde luego que tampoco puede aglutinar la formación de una nueva organización popular realmente reivindicativa y antisistema todo el sector asistencial de o­nG’s, fundaciones, asociaciones y demás “chiringuitos” asistenciales, cuya única función real es chupar de la “ubre” pública mediante la “implementación” de proyectos, llamados eufemísticamente de intervención social, y peticiones de subvenciones al papá Estado, para así poner paños calientes a las fracturas sociales de todo tipo provocadas por elrégimen neoliberal imperante.

Éstos son los mejores voceros del sistema porque tienen buena prensa y prestigio popular, y gozan del apoyo propagandístico descarado de todo el ejército de creadores de opinión, para ejercer, con su entusiasta beneplácito, su función caritativa y, por tanto, reaccionaria.

Asimismo, resulta evidente que estas nuevas burocracias asistenciales son sólo las herederas “putativas” del reformismo clásico de la socialdemocracia europea y constituyen el rescoldo mortecino del estado del bienestar de las décadas de los cincuenta y sesenta (que los partidos y sindicatos socialfascistas abandonaron hace años para apuntarse a la corriente neoliberal hegemónica), encarnando de nuevo bajo otra faz la cándida y falsa utopía de que el capitalismo puede reformarse desde dentro mediante bocados y dádivas obtenidas “graciosamente” del gran capital y de sus acólitos en el poder político.

Eso sí, las crisis económicas como la que comenzamos a presenciar, con sus consecuencias catastróficas para las supuestamente inamovibles conquistas de la clase trabajadora, les harán darse de bruces con la realidad implacable del neoliberalismo hegemónico y desvelarán su auténtica condición de correas de transmisión de la clase dominante.

Así pues, su función social real no tiene nada que ver con esta “música celestial” propagandística basada en su supuesta condición de representantes de la sociedad civil, (a la que dicen cínicamente servir para mejorar sus condiciones de vida y de inserción social), y consiste esencialmente en servir de amortiguadores de las crecientes desigualdades de clase, para neutralizar los radicalismos sociales y las esporádicas explosiones de descontento que pudieran surgir de la erupción de los antagonismos objetivos agudizados por el neoliberalismo imperante.

Ésta es su tarea sociológica esencial, constituyendo por tanto una influencia totalmente desmovilizadora y reaccionaria para la reconstrucción de una izquierda que represente realmente una alternativa al capitalismo, y tratando, en consecuencia, de canalizar los impulsos radicales y espontáneos que pudieran brotar del sufrido tejido social (sobre todo de la juventud) en épocas de crisis como la actual, para encauzarlos a través decircuitos políticos ortodoxos, entusiastamente bendecidos y auspiciados por los poderes público-privados a los que, en última instancia, si se pretende ir “en serio”, se trataría precisamente de combatir. Pero ya se sabe que el siervo nunca muerde la mano que le da de comer.

Asimismo, estas agencias burocráticas de la llamada metafísicamente sociedad civil, operan en su actividad cotidiana a través del eficacísimo y desmovilizador mecanismo ideológico de trocear cuidadosamente la realidad en pedacitos temático-sectoriales (abriendo departamentos ad hoc para practicar el asistencialismo caritativo hacia las víctimas del sistema), con el fin de impedir una visión de conjunto de los problemas acuciantes que conforman nuestra cotidianeidad.

De esta forma, se trata de ofrecer migajas al pueblo en forma de proyectos caritativo-asistenciales, generosamente financiados por las arcas públicas, para tratar de mejorar infinitesimalmente las condiciones de vida de los llamados eufemísticamente colectivos desfavorecidos (mujeres solteras con hijos, ancianos, jóvenes mileuristas, toxicómanos, parados, inmigrantes y un largo etcétera de parias del sistema), dando la falsa impresión de que se van aliviando sus más acuciantes carencias, pero impidiendo de facto que se iluminen las causas auténticas de las mismas y que quede al descubierto y a la vista del pueblo todo el entramado de explotación salvaje que practican los poderes político y económico, que son los que las provocan y amparan.

El objetivo implícito en esta fenomenal pantomima alienante ejercida por esta nueva superestructura ideológica es impedir la construcción de una visión de conjunto de la totalidad social, que pueda generar, en base a ella, la formación y el desarrollo de nuevas organizaciones populares que pongan en marcha acciones que, inevitablemente, a través de esa visión interconectada de los problemas, tiendan a cuestionar globalmente el eje que constituye el fulcro de la actual realidad social, a saber, la supeditación de la vida humana a la lógica depredadora del capital financiero.

Además, y aún a riesgo de abusar de preguntas retóricas, ¿a qué ingenuo idealista se le puede realmente pasar por la cabeza que el poder político vigente, esbirro fiel del gran capital, financie a colectivos que trabajen realmente para destruirlo o transformarlo radicalmente? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que, bajo esas redivivas congregaciones caritativas (equiparables a las de la iglesia católica con sus dos mil años de experiencia en el tema), encargadas supuestamente de aliviar los problemas de los colectivos marginados de la sociedad civil, sólo opera la necesidad de crear unos “agit-prop” del régimen vigente, que puedan amortiguar los efectos de la explotación creciente ejercida por el actual régimen capitalista, para tratar de desactivar, de paso, las potenciales erupciones sociales que puedan surgir espontáneamente del pueblo, hastiado ante la interminable lista de atropellos cotidianos que padece?

Así pues, esta reducción de la pseudoizquierda oficial a la función de cataplasma asistencial, cuyo paradigma representa la avalancha de o­ng’s, fundaciones y demás “hermanitas de la caridad” financiadas generosamente por papá Estado, es uno de los agentes principales de la deletérea influencia ideológica desmovilizadora ejercida por la falsa izquierda realmente existente, y una de las represas que impiden la aparición de una alternativa realmente revolucionaria que pueda luchar por la hegemonía ideológica en la construcción de un auténtico movimiento emancipatorio.

Y sin embargo, se mueve…

Posibilidades de construcción de una auténtica alternativa a la égida del capital y sus epígonos.

“Su propio ejemplo indica que tal vez no sea siempre verdad eso que, de viejo, afirmaba el último guerrero apache, Gerónimo, a saber, que no hay que dar batallas que se saben perdidas. Es dudoso que hoy hubiera una consciencia apache si las bandas de Victorio y de Gerónimo no hubieran arrostrado el calvario de diez años de derrotas admirables, ahora va a hacer un siglo.”

Manuel Sacristán Luzón.

“En el fondo uno ama al mundo apartir de la certeza de queeste mundo, triste mundo convertido en campo de concentración, contiene otro mundo posible.
O sea, que el horror está embarazado de maravilla. Si uno no tuviera esa certeza a prueba de balas, a prueba de desencantos y traiciones ¿qué sería de nosotros?
En el fondo el acto de vivir, a pesar de todo, es un acto sagrado de locura”

Eduardo Galeano

Así pues, ante este panorama verdaderamente desolador anteriormente descrito en los dos primeros capítulos del trabajo, la pregunta inevitable que cabría hacerse en este instante sin mayor dilación sería del siguiente tenor: ¿dónde podemos encontrar acaso el germen de una auténtica alternativa real al capitalismo hegemónico y depredador cuya égida parece, por ahora, lamentablemente intocable?

La única actitud contestataria auténticamente dañina para los jerarcas de la clase dominante está en la emergencia de movimientos genuinamente populares, llamados genéricamente alternativos o antisistema, que traten de desafiar el consenso cínico imperante en el escaparate superestructural descrito anteriormente, y de denunciar el silencio clamoroso sobre la connivencia entre los poderes político y económico, para tratar de ofrecer un poco de luz sobre la auténtica naturaleza depredadora del sistema.

Un ejemplo de este tipo de rebeliones espontáneas alejadas de los aparatos político-asistenciales de la burocracia gobernante es el movimiento por el derecho a una vivienda digna.

La escalada exponencial de los precios en el mercado inmobiliario español, causada por la huída hacia delante del capitalismo patrio ante la desaparición de sus “nichos” de inversión productiva tradicionales (la industria básica y manufacturera sobreprotegidas del franquismo), ha causado la exclusión de una gran parte de la población del mercado inmobiliario y el endeudamiento masivo del resto para poder conseguir acceder a la tan preciada vivienda en propiedad.

Así, las legiones de mileuristas víctimas de la precariedad laboral no tienen donde “caerse muertos”, mientras la banca y los “tiburones” inmobiliarios hacen su agosto provocando una inflación de precios astronómica, sin parangón en el llamado mundo desarrollado.

Este escándalo moral, alentado y bendecido por los sucesivos gobiernos pseudodemocráticos, ha generado una situación social explosiva que, si bien sólo tiene aún formas de expresión y de organización embrionarias y carece de acceso a los medios de comunicación de masas, podría llegar a servir de catalizador de las revueltas populares futuras y pugnar por capitalizar la insatisfacción de la sufrida clase media ante el recorte progresivo de sus condiciones de vida.

Y lo que es incluso más importante, podría ayudar a poner al desnudo la mencionada falacia que sustenta todo el entramado del poder social vigente: su supuesta sumisión a los intereses del pueblo al que dice servir, mientras colabora en la marcha sin sobresaltos de la acumulación de capital a costa del bienestar de unos ciudadanos convertidos en súbditos impotentes y, aparentemente, también resignados a su suerte.

La forma más eficaz de hacer visible esta violación escandalosa del derecho constitucional a la vivienda es la okupación popular de propiedades vacías y la organización paralela de asambleas ciudadanas que denuncien este atropello impune y que defiendan la justicia de que el pueblo haga efectivos por sus propios medios los derechos que parece que sólo existen en el limbo jurídico de las constituciones y las leyes.

Otro frente abierto de lucha por una democracia que merezca ese nombre, es la defensa de la abstención activa como medio de denuncia de la consabida mascarada electoral.

Es necesario constituir un movimiento popular que haga campaña por la abstención en todos los procesos electorales y que ofrezca una alternativa real al sistema a través de nuevos modelos organizativos, independientes de los tentáculos del poder vigente.

La tecnología moderna brinda además a través de Internet una herramienta extraordinaria de comunicación y coordinación de los movimientos populares (como están demostrando actualmente, insistimos, las plataformas de lucha por el acceso a la vivienda), que puede permitir la interconexión y el desarrollo de redes sociales que aglutinen y estimulen la participación ciudadana en la construcción de proyectos antisistema, y que puedan destruir de un plumazo el tan cacareado mito vigente, sostenido y fomentado por todo el aparato propagandístico oficial, centrado en las supuestas pasividad y resignación de la población ante los atropellos recurrentes sufridos en su existencia cotidiana.

Y también resultaría de gran utilidad para la aparición de esa imprescindible conciencia social crítica con el poder hegemónico la denuncia constante de los atropellos de todo tipo cometidos por nuestra clase empresarial de oligarcas sin escrúpulos. ¿Cómo es posible que se trate de convencer al pueblo de que pague sus impuestos religiosamente, y que se permita paralelamente que las multinacionales españolas sigan defraudando masiva e impunemente a la hacienda pública a través por ejemplo de sus opacas operaciones en los paraísos fiscales que pululan por doquier? ¿Por qué sólo las rentas del trabajo están sujetas a un exhaustivo control fiscal mientras se hace la vista gorda con las descaradas manipulaciones que las rentas del capital realizan sistemáticamente para minimizar sus pagos impositivos?

Y por último, la pregunta que debería una vez más soliviantar a las, por ahora, dóciles masas de ciudadanos sería: ¿Qué hace el gobierno de turno para controlar este robo masivo a la población que podría financiar, si se atajara la sangría y se cumplieran las leyes, la prestación de servicios públicos de urgente necesidad?

El simple planteamiento de estas cuestiones debería provocar una respuesta popular a esta estafa flagrante a la ciudadanía, que tendría que consistir en la objeción fiscal o en el boicot al consumo de los productos de estos conglomerados multinacionales de expoliadores del planeta y de sus sufridos pobladores.

Para ello es imprescindible que se difundan estos atropellos fuera de los canales establecidos por los medios de comunicación al servicio del poder, cuya única función es tratar de ocultarlos para mantener la docilidad ciudadana ante las ocultos manejos y expolios de los jerarcas que ocupan la cúspide social.

Estas recomendaciones pueden parecer utópicas y poco realistas, pero son las únicas respuestas verdaderamente dañinas que pueden atacar los cimientos de la estructura de poder imperante. Aún más ante la desaparición de las organizaciones obreras y de sus acciones reivindicativas de los derechos de los trabajadores (abandonando prácticamente el ejercicio del derecho de huelga y no digamos el planteamiento de la necesidad de una huelga general), y ante la consiguiente necesidad de reconstrucción de una oposición ciudadana al neoliberalismo al margen de estas burocracias sindicales, convertidas en apéndices de la oligarquía dominante.

Vemos así, que la nueva izquierda en construcción tiene que establecer sus modelos organizativos al margen de las “vajillas de plata” que las oligarquías burocrático-estatales ofrecen solícitamente en bandeja a cualesquiera colectivos que surjan de forma espontánea de la llamada sociedad civil, para apaciguar sus ímpetus reivindicativos, e incorporarlos cuánto antes al aparato institucionalizado de prebendas y subvenciones, constituido en torno al marasmo de o­ng’s, fundaciones, sindicatos y demás aparatos funcionariales ocupados en la gestión de las dádivas públicas, para cumplir con su ya señalada función legitimadora del poder establecido.

Y esa nueva alternativa se construye, no nos cansaremos de insistir en ello, en los movimientos sociales de lucha por la consecución de los derechos básicos de la población que la partitocracia neoliberal aplasta día tras día haciendo de “correa de transmisión” del gran capital.

Asimismo, y como otro destello de luz al final del túnel, contemplamos como fuera del foco cegador de la propaganda manipuladora de los mass-media, están en marcha otros procesos que podrían llegar a dar al traste con la supuesta docilidad resignada del pueblo trabajador y causar un despertar súbito de la conciencia de clase de las masas: la crisis económica en ciernes, el estallido de la burbuja inmobiliaria y las dificultades crecientes de la clase media para mantener su nivel de vida pueden en conjunto constituir la espoleta que provoque un estallido social hasta el momento totalmente insospechado que dé un ímpetu decisivo a las actualmente embrionarias y esporádicas oleadas de protestas populares.

Pero, incluso aunque no sea así, y esta crisis económica galopante que se avecina no logre fraguar una alternativa política de oposición real al fascismo postmoderno vigente en el estado español, queda la posibilidad de practicar el viejo principio del internacionalismoproletario y apoyar con todas nuestras fuerzas la efervescencia en algunos lugares del planeta de procesos revolucionarios y antiimperialistas que emergen con frecuencia creciente del mal llamado tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica(Cuba, Venezuela y Bolivia principalmente) a los que, en este planeta globalizado por la égida del capital, puede agarrarse un auténtico proyecto socialista para escapar del marasmo derrotista de la izquierda renegada española y la de los países occidentales de nuestro entorno.

Por último, añadir solamente de paso, que el desastre ecológico que se abalanza vertiginosamente sobre el planeta deviene una prueba más de la insostenibilidad del sistema económico vigente, y, por lo tanto, debería ser otro catalizador que pudiera aglutinar la formación de nuevas organizaciones antisistema que clamaran por la sustitución de este modo de producción depredador y genocida antes de que sea demasiado tarde.

Eso sí, sin perder nunca de vista que la ilusión delautocontrol o reforma del capitalismo es una entelequia, y que la única manera de detener el ecocidio rampante es la sustitución de este “moloch” por un modo de producción y de organización de la vida social con unas reglas del juego radicalmente diferentes.

Así pues, o el ecologismo es una “modulación” del comunismo, o no es nada más que otro agente legitimador del orden actual, vendiendo la falsedad de que es posible evitar el colapso telúrico-ambiental que se avecina irremisiblemente corrigiendo sólo algunas disfunciones del sistema, sin alterar lo esencial (la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado), que es lo que provoca todas las desastrosas realidades que contemplamos cotidianamente.

En conclusión, la lucha ha de centrarse en los eslabones más débiles de la cadena que sustenta los mecanismos del poder: ante todo, la ya mencionada exclusión de la mayor parte de la ciudadanía de la posibilidad de acceder a una vivienda digna, además de la existencia de un mercado de trabajo basado en la precariedad y en la sobreexplotación de los trabajadores ( que los aparatos sindicales han renunciado hace mucho tiempo a combatir), por no hablar también de la situación calamitosa de la educación y la sanidad públicas, supuestos pilares del sacrosanto estado del bienestar, que están siendo progresivamente privatizados y desmantelados en aras de la productividad y la eficiencia, mandamientos supremos del régimen neoliberal que convierte todo lo que toca en mercancía con valor de cambio sujeto a las reglas del mercado.

Estas demandas populares crecientemente insatisfechas son las que reflejan de una forma más descarnada la estafa que supone la existencia de una “superestructura” socio-política en la que el pueblo no tiene voz ni voto, sin influir ni por asomo (por mucho que quieran vender lo contrario los burócratas de las organizaciones asistenciales con su mística de la participación ciudadana) en la toma de decisiones sobre las cuestiones relevantes que acompañan el discurrir de su sufrida vida cotidiana.

Así pues, la única manera plausible de revertir la tendencia conservadora y apolítica de la gran masa de la población es, como decimos, poner de manifiesto las intolerables connivencias entre poder político y económico que constituyen el nudo gordiano del actual modo de producción, y la complicidad descarada con el statu quo de todo el conglomerado de organizaciones satélites dependientes de esta matriz hegemónica.

Se trata de desnudar de una vez por todas las descaradas servidumbres de una clase política que, bajo todo el oropel de su liturgia pseudodemocrática, esconde una identidad total con los intereses de la clase dominante, y de acompañar esta denuncia de una defensa enérgica de la abstención activa para sabotear el principal mecanismo legitimador del régimen, la farsa electoral periódica.

Es cierto que la situación arriba descrita tiene un cariz sumamente desolador dado que actualmente y, salvo colectivos todavía muy minoritarios, no se atisba la emergencia de ninguna organización que pueda hacer pasar el “Rubicón” a la maltrecha izquierda española y vertebrar la construcción de una auténtica alternativa a la égida del fascismo postmoderno vigente.

Sin embargo (como ya hemos apuntado), a pesar de esta sombría constatación, existen algunos catalizadores que podrían dar al traste con esa certeza de estabilidad monolítica y de tenerlo todo “atado y bien atado” por parte de la oligarquía gobernante, que es la sombría impresión que aparentemente caracteriza a la situación actual.

Y sin pretender caer en la trampa de las ensoñaciones utópicas o de las prospecciones teleológicas, cabe sin duda la posibilidad de que en un momento de crisis económica como el que se avecina inexorablemente, el enojo ciudadano ante los atropellos crecientes a su nivel de vida, el resentimiento de los trabajadores precarios y de los inmigrantes por su inseguridad laboral y legal, la creciente movilidad social descendente de la clase media por la deuda insostenible que acumula y que puede llevar a una gran parte de sus miembros a la ruina, la explotación creciente de la clase obrera, y el escándalo social ante los beneficios “torticeros” de los especuladores que amasan fortunas con los cotidianos pelotazos inmobiliarios y financieros, puedan dar al traste con esta aparente paz social y con el estado de sumisión absoluta por parte de la “mayoría silenciosa” hacia la hegemonía de nuestra parasitaria clase gobernante.

En cualquier caso, como la historia demuestra en múltiples encrucijadas semejantes a la que vivimos actualmente, queda siempre la esperanza de que esa marea de descontento creciente pueda alumbrar, más temprano que tarde, un movimiento auténtico de rebelión colectiva contra el poder realmente existente.

Recordemos además que la mayoría de los acontecimientos históricos auténticamente revolucionarios surgieron en contextos en los que nadie, ni por asomo, los esperaba y la historia milenaria de la especie humana enseña que un pueblo puede permanecer durante mucho tiempo aletargado, pero cuando despierta tiene un poder insospechadamente arrollador.

En última instancia, y ante la futilidad de los futuribles, queda el imperativo moral de dar las batallas justas, incluso aunque se sepan probablemente perdidas. La situación de la humanidad y del sufrido planeta que nos acoge es suficientemente desesperada como para que sea inexcusable tratar de revertir la presuntamente inexorable marcha triunfal del imperialismo capitalista, y encontrar colectivamente la fórmula para que nuestra especie pase por fin del reino de la necesidad al reino de la libertad.

Que así sea, y que de esta forma no se cumplan las tristes premoniciones de Rafael Sánchez Ferlosio en éstos, por otro lado, bellísimos versos:

“Vendrán más años malos / y nos harán más ciegos; / vendrán años ciegos, / y nos harán más malos. / Vendrán más años tristes / y nos harán más fríos / y nos harán más secos / y nos harán más torvos”.

www.kaosenlared.net

¿Será verdad que la vicepresidenta del Gobierno fue quien salvó de ir a la cárcel al banquero más rico de España?

...por Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

Hace unos meses escribí un artículo (El Ministerio Fiscal trata de evitar que el banquero más rico de España se siente en el banquillo) en el que explicaba que el Ministerio Fiscal estaba tratando de evitar que el banquero más rico de España, Emilio Botín, diera cuenta de “un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco” (Cinco Días, 23-11-2006).

Lo que ocurrió fue que “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes (...) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera” (El Confidencial, 21 de septiembre 2006) ”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública” (El Confidencial, 21 de septiembre 2006).

En mi artículo, informaba de que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, había pedido el sobreseimiento de la causa en siete ocasiones y el Ministerio Fiscal en quince (El País, 23 de noviembre de 2006).

En el artículo de entonces, yo me preguntaba si el Ministerio Fiscal estaría siguiendo órdenes del Gobierno y ahora puede que ya sepamos la respuesta.

Resulta que el ex Ministro de Economía del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, está imputado junto a su hermano Ramón Rato, el presidente del Santander, Emilio Botín, el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, y otros directivos del grupo (¡Dios santo, qué tropa!) en el caso de la compra de Aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) a la familia Rato, un precio considerado desorbitado por la acusación particular por tratarse de una sociedad en "quiebra técnica" (El País, 27 de mayo de 2008).

Y para defenderse lo que se le ha ocurrido a Rato no es otra cosa que decir que los favores políticos al banquero más rico de España no comenzaron con él, sino que venían de antes, más exactamente de cuando desde el gobierno se dio órdenes al abogado del fiscal para que no actuara contra el banquero en el caso de las “cesiones de crédito”.

Lo bueno es que al parecer aporta un escrito de la entonces Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado "instrucciones" sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito.

En este sentido, pidió que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes" por las retenciones "no practicadas o no ingresadas" por el banco, basándose en un informe de la Agencia Tributaria.

Además, exigió al Abogado del Estado que solicitara la remisión a los Juzgados de Instrucción que en cada caso correspondieran de las actuaciones contra los clientes que se hubieran beneficiado de la fiscalidad opaca de las cesiones de crédito, "sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes" “(El País 27 de mayo de 2008).

¿Será esto así?

¿Fue realmente la actual vicepresidenta del Gobierno la que impidió que se juzgara al banquero más rico de España por unos hechos que, de haberse probado (si es que necesitaran ser probados), le hubieran costado docenas de años de cárcel por los perjuicios millonarios que causó al Estado?

¿Alguien le dio órdenes a ella, o actuó por propia iniciativa?

Y, con independencia de todo ello: ¿qué tendrá que ver que antes de Rato le hubieran hecho favores a Botín con los 6 millones de euros que logró cobrar de Botín y su gente por una empresa en “quiebra técnica”?

Es evidente que lo que ha hecho es poner el ventilador pero lo que hay que procurar es pedir responsabilidades a todos y que la porquería les salte solo a ellos.

Su web:http://www.juantorreslopez.com

www.rebelion.org

Cómo fabricar una crisis alimentaria global: las lecciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

...por Walden Bello, en FocusWeb

El aumento global en los precios de los alimentos no es sólo la consecuencia de utilizar productos agrícolas para convertirlos en agrocombustibles, si no de las políticas del “libre mercado” promovidas por las instituciones financieras internacionales. Ahora las organizaciones campesinas están liderando la oposición a la industria agrícola capitalista.

Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento del 60% en el precio de las tortillas, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadounidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa del aumento de los precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la demanda de los biocombustibles tuvo una mayor influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender del grano estadounidense?

La erosión de la agricultura mexicana

No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla, la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de la deuda de principios de la década de los 80s. México, uno de los dos mayores deudores del mundo en vías de desarrollo, fue obligado a suplicar dinero al Banco y al FMI para pagar el servicio de su deuda con los bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.

El pago de intereses se elevó del 19 por ciento del gasto federal total en 1982 al 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó del 19.3 al 4.4 por ciento. La reducción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos al precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.

Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó a fluir maíz estadounidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.

Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas empresas trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado un tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar los movimientos de demanda de biocombustibles tantas veces como quieran. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio interior ha asegurado que un aumento en los precios internacionales del maíz no se traduzca en pagar precios significativamente más altos a los pequeños productores.

Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadounidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrícolas de EEUU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.

Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de apoyo al campesinado, un legado clave de la Revolución Mejicana. Como dice el director ejecutivo de Food First, Eric Holt- Jiménez, “Llevará tiempo y esfuerzo para recuperar la capacidad de los pequeños agricultores y no parece que haya ningún deseo político para esto- sin olvidar el hecho que NAFTA debe ser renegociada”.

Creación de la crisis del arroz en Filipinas

Que la crisis global de alimentos se origina en la reestructuración de la agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz, menos del 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, sólo en este año los precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente dependientes de las importaciones.

Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la reestructuración económica neoliberal transforma un país de ser exportador neto a importador neto de alimentos. Ahora es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha convertido en primera página en los medios de comunicación, y las fotos de soldados que protegen la distribución del cereal en las comunidades pobres se han vuelto emblemáticas de la crisis global.

Los trazos generales de la historia de Filipinas son similares a los de México. El dictador Ferdinand Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por los tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.

Paradójicamente, durante los siguientes años de gobierno democrático se redujo la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando a favor de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su país le advirtieron que sería “inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijada por nuestros acreedores”.

Entre 1986 y 1993, entre el 8 y el 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron del 7 por ciento en 1980 al 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron del 26 al 16 por ciento. En poco tiempo, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional.

El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, los sistemas de riego se estancaron, y hacia finales de la década de los 90s sólo el 19 por ciento de la red de carreteras del país estaba pavimentada, contra el 82% en Tailandia y el 75% en Malasia. Las cosechas eran pobres en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy por debajo de las de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, despojada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.

Como en México, los campesinos filipinos padecieron la retirada a gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México. La entrada en la OMC requería eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto el arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente entre el 1 y el 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivada de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 y a 2.1 millones en 1998, hundieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy inferior a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.

Las consecuencias del ingreso de Filipinas en la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de partes de pollo casi acabó con esa industria, mientras que el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.

Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, espárragos y brócoli. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.

El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.

La gran transformación

La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98 excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en países en vías de desarrollo para que absorbieran la producción excedente del norte.

Los apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.

No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la “descampesinación”, es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida. El derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones trasnacionales por medio de poderosos latifundistas y prestamistas locales”.

Agricultura africana: desde la complacencia al desafío

La descampesinación se encuentra en un estado avanzado en Latinoamérica y en Asia. Si el BM se sale con la suya, África seguirá el mismo camino. Cómo Bryceson y sus colegas afirman correctamente en un artículo reciente, The World Development Report 2008, con amplia información sobre la agricultura en África, es prácticamente un plan para la transformación de la agricultura continental en una agricultura a gran escala comercial. Pero como en muchos otros lugares, la gente esta pasando de un resentimiento a un completo desafío.

En el tiempo de la descolonización en los 60s, África era un exportador neto de alimentos. Hoy el continente importa el 25% de su comida; casi todos los países son importadores netos. El hambre y la falta de alimentos están al orden del día, con emergencias de alimentos durante los tres últimos años en el Cuerno de África, el Sahel, el sur y el África Central.

La agricultura en África está en una profunda crisis, las causas van desde las guerras a los gobiernos, la falta de tecnología agrícola y el aumento del sida. Como en México y Filipinas una gran parte de la explicación es el abandono de los controles de los gobiernos y los mecanismos de ayudas que bajo el ajuste estructural impuesto por el FMI y el BM como el precio a pagar para la asistencia en pagar la deuda externa.

Los ajustes estructurales trajeron un decline en la inversión, aumentaron el desempleo, reducción del gasto social, reducción del consumo y baja producción. El aumento de los precios de los fertilizantes y al mismo tiempo la reducción de los sistemas de créditos agrícolas lo único que hizo fue reducir el uso de fertilizantes, el tamaño de las cosechas y la reducción de la inversión. La realidad rehusó confrontarse a las expectativas doctrinales de que el estado allanaría el camino para que el mercado dinamizara la agricultura.

En lugar de ello, el sector privado que vio que la reducción en el gasto del estado crearía más riesgos, no cubrieron el desfase. País tras país, la salida del estado “lleno” en lugar de “vaciar” la inversión privada. Donde el sector privado sustituyó al público, según un informe de OXFAM “A menudo lo han hecho en unos términos muy desfavorables para los granjeros pobres, dejando a estos con más inseguridad alimentaria, y a los gobiernos a depender de unas ayudas internacionales poco predecibles.” El sector económico, normalmente a favor del sector privado, estuvo de acuerdo, admitiendo que “muchas de las empresas privadas que vinieron a reemplazar a los investigadores estatales resultaron ser monopolistas en busca de dinero.”

El apoyo que recibieron los gobiernos fue canalizado por el Banco Mundial para la exportación de los productos agrícolas para generar divisa extranjera, la que necesitan los estados para pagar su deuda. Pero como en la hambruna en Etiopia en los años 80, este llevo a que la mejor tierra agrícola se dedicase a la exportación forzando a mover las cosechas para la alimentación a tierras menos favorables, lo que aumento la inseguridad alimentaria, además las indicaciones del BM a varias economías para que se centraran en el mismo tipo de productos para la exportación a menudo llevo a una sobreproducción, lo que hizo que los precios bajasen en los mercados internacionales. Por ejemplo el éxito de Ghana en la expansión del cultivo de cacao llevo a una bajada del precio del 48% entre 1986 y 1989. En 2002-03 la caída en el precio del café contribuyó a otra emergencia de alimentos en Etiopia.

Como en México y Filipinas, los ajustes estructurales en África no fueron sólo sobre la falta de inversión sino de la des-inversión de los gobiernos. Hubo otra diferencia importante, en África el FMI y el BM administraron a pequeña escala, tomando decisiones sobre la velocidad en que los subsidios se terminaban, cuantos funcionarios debían ser despedidos e incluso en el caso de Malawi, que cantidad de reservas de grano se venderían y a quien debían ser vendidas. O sea que los procónsules residentes del BM y del FMI llegaron hasta las entrañas de cómo el estado manejaba la economía agrícola para quedarse con todo.

Mezclando el impacto negativo del ajuste con las injustas practicas de comercio de EEUU y de UE. La liberación permitió que la carne de vacuno subvencionada de la UE llevase a muchos ganaderos del Oeste y el Sur de África a la ruina. Con los subsidios legitimados por la OMC, el algodón procedente de EEUU inundó los mercados con unos precios de entre el 20 y el 55% del coste de producción, por lo que llevaron a la bancarrota a los productores africanos.

Según OXFAM el número de subsaharianos viviendo con menos de 1 dólar diario casi se dobló entre 1981 y 2001 alcanzando los 313 millones, un 46% de la población. El papel que jugó el ajuste estructural es innegable. Como admitió el principal economista del BM para África, “No pensamos que el coste humano de esos programas seria tan grande, y que las ganancias económicas tardasen tanto en llegar”.

Malawi es un ejemplo representativo de la tragedia africana propagada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de Malawi inició un programa para dar a cada pequeño negocio familiar un paquete con fertilizantes y semillas gratuitamente. El resultado: excedente nacional de maíz. Lo que vino después es una historia que debe ser encumbrada como un estudio clásico de uno de los grandes errores de la economía neoliberal.

EL BM y otros donantes de ayuda forzaron la disminución y eventualmente el abandono del programa, diciendo que el subsidio distorsionaba los mercados. Sin los paquetes gratuitos, la producción cayó. Al mismo tiempo el FMI insistió al gobierno a que vendiera una gran parte de sus reservas de grano para permitir que la agencia de la reserva de alimentos pagase la deuda. El gobierno cumplió. Cuando la crisis alimentaria se convirtió en hambruna en 2001-02, las reservas eran prácticamente inexistentes. Unas 1.500 personas murieron. El FMI no se arrepintió, de hecho, suspendió los pagos de un programa de ajuste aludiendo que “el sector paraestatal continuaría siendo un riesgo para la exitosa implementación del presupuesto de 2002/03. Las intervenciones del gobierno en la agricultura y otros mercados alimentarios están socavando otras inversiones más productivas”.

Pero otra crisis alimentaria aún peor se gestó en 2005, el gobierno había tenido bastante con la estupidez del FMI y del BM. Un nuevo presidente reintrodujo el subsidio para los fertilizantes, permitiendo que 2 millones de familias lo comprasen a un tercio del precio de mercado y las semillas también con descuentos. El resultado: aumento espectacular de las cosechas durante dos años, un excedente de 1 millón de toneladas de maíz y el país se transformó en un exportador de maíz a todo el cono sur de África.

El desafío de Malawi al BM podría haber sido un acto de resistencia heroica pero inútil hace una década. El medioambiente hoy es diferente, desde que los ajustes estructurales han sido desacreditados en toda África. Incluso algunos gobiernos donantes y ONGs que lo apoyaban se han distanciado del Banco. Puede que la motivación es prevenir su perdida de influencia en el Continente por asociarse con unas políticas fracasadas y con unas instituciones impopulares cuando la ayuda de China está emergiendo como una alternativa a los programas de ayudas del BM, FMI y los gobiernos occidentales.

Soberanía Alimentaria: ¿el paradigma de una alternativa?

No es solamente el desafío de gobiernos como el de Malawi y la disidencia de sus aliados lo que esta socavando al FMI y al BM. Organizaciones campesinas de todo el mundo, cada vez más militantes en resistir la globalización de la agricultura industrial. De hecho, es por la presión de grupos de agricultores que los gobiernos del Sur han rechazado conceder mayor acceso a sus mercados agrícolas y demandando el fin de los subsidios agrícolas en los EEUU y en la UE, lo que llevo a la Ronda de Doha de la OMC al fracaso.

Los grupos de agricultores han creado redes internacionales; uno de los movimientos más dinámicos es Vía Campesina. Ellos no solo buscan “echar a la OMC de la agricultura”, oponerse al paradigma de una agricultura industrial capitalista; también proponen una soberanía alimentaria alternativa. Esto significa en primer lugar el derecho de los países a determinar su producción y su consumo de alimentos y la liberación de la agricultura de los regimenes de comercio global como la OMC. También significa la consolidación de la agricultura a pequeña escala con la protección del mercado interior de los productos importados baratos; precios remunerativos para agricultores y pescadores: abolición de todos los subsidios directos e indirectos a la exportación; y el fin de los subsidios domésticos que promuevan un tipo de agricultura insostenible. Vía Campesina también pide el final de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs) que permite a las corporaciones patentar las semillas; se oponen a la agro-tecnología basada en la ingeniería genética; y demanda una reforma del campo. Como contraste a un monocultivo integrado global, ofrecen la visión de una economía tradicional agrícola compuesta de diversas economías nacionales agrícolas comerciando entre ellas pero centradas principalmente en la producción domestica.

Una vez fueron considerados como una reliquia de la era pre-industrial, los campesinos están liderando la oposición a una agricultura industrial capitalista que los relegó a la papelera de la historia. Se han convertido en lo que Karl Marx describía como una “clase en si misma” con conciencia política contradiciendo sus predicciones sobre su fin. Con la crisis de alimentos global, se están posicionando en el primer plano y tienen aliados y gente que los apoya. Los campesinos rehúsan ir dócilmente a esa buena noche y combaten la descampesinación, los acontecimientos en el siglo XXI están mostrando que la panacea de una agricultura industrial capitalista es una pesadilla. Con las crisis medioambientales multiplicándose, las disfunciones sociales de la vida urbana-industrial apilándose y la agricultura industrializada creando una mayor inseguridad alimentaria, el movimiento de los agricultores cada vez está ganando relevancia no solo en los agricultores sino en todos los que se encuentran amenazados por las consecuencias catastróficas de la visión global del capital de una organización de la producción, la comunidad y la vida en si misma.

Este artículo aparece publicado en la edición de 2 junio 2008 de The Nation (Nueva York)

Walden Bello, miembro del Transnational Institute, es presidente de Freedom from Debt Coalition, profesor de sociología en la Universidad de Filipinas en Diliman y analista senior en Focus on the Global South.

www.globalizate.org