lunes, 18 de febrero de 2008

Un tribunal danés dictamina que las FARC y el PFLP de Palestina NO son terroristas.

La Corte de la Ciudad de Copenhague consideró tanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como al Frente Popular por la Liberación de Palestina como movimientos sociales insurgentes y no como organizaciones terroristas. Tampoco la o­nU o el Parlamento Latino Americano los incluye como terroristas, como hace la Unión Europea.

El estado danés está apelando la decisión de la Corte de la Ciudad de Copenhague (13/12/07) que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y PFLP (Frente Popular por la Liberación de Palestina) no son organizaciones terroristas.

Esta decisión de un corte en un país aliado en guerra con EEUU y Israel en el Medio Oriente y Yugoslavia, y amigo con el gobierno de Colombia, pueda dar más legitimidad al argumento del Presidente de Venezuela Hugo Chavéz que FARC debería ver visto como insurgentes y no como terroristas. Un juez judicial y dos jueces legos dictaminaron que los siete acusados, activistas daneses de la solidaridad de “Combatientes y Amantes” (Fighters y Lovers), eran inocentes de la acusación del Ministerio de Justicia de que habían apoyado en forma material a “grupos terroristas”, las FARC y al PFLP.

Ya que las FARC y el PFLP no son organizaciones terroristas, concluyeron los jueces, los siete activistas tampoco son culpables de crimen alguno.Los siete habían producido y vendido camisetas con emblemas de las FARC y del PFLP en un esfuerzo por provocar un debate sobre la ley terrorista de Dinamarca, influenciada por la Ley Patriota de EE.UU., y la lista de terroristas de la UE, en la que las FARC y el PFLP aparecen como grupos terroristas. FARC y PFLP no están considerado terroristas según o­nU, UK y el Parlamento Latin Americano.La decisión del tribunal establece un precedente mundial.

Ningún otro tribunal, aparte de los de Colombia e Israel, han juzgado legalmente a los grupos impugnados por crímenes terroristas. Esto tendrá importancia en el mundo internacional de la política y la justicia, y representa un revés para la “guerra contra el terror” de la coalición imperial que conlleva como consecuencia restricciones de las libertad civiles. El tribunal dictaminó a favor de la defensa en su argumento de que aunque ambos movimientos armados que combaten desde hace cuatro decenios contra gobiernos opresores han cometido atrocidades específicas, su objetivo no es terrorista, sino que su objetivo es combatir contra fuerzas gubernamentales y paramilitares, y crear un camino político diferente, pero no con el propósito de dañar los fundamentos constitucionales.

Las FARC y el PFLP, dijo el tribunal, no están involucrados en “aterrorizar a la población,” como es requerido por la ley danesa, párrafo 114, para ser clasificadas como terroristas, ni es su propósito “desestabilizar o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o de la sociedad del país.” Uno de los jueces legos estuvo en desacuerdo sobre las pretendidas acciones terroristas de las FARC. El voto total fue de 4 a 0 contra la acusación de terrorismo del fiscal estatal contra el PFLP y de 3 a 1 contra la que se refería a las FARC.

Estado danés tiene un caso débil

El caso del estado es obviamente débil, como muestra claramente la decisión judicial de 50 páginas. El informe del tribunal declara que sólo uno de los testigos del Estado tenía algún conocimiento directo de las acusaciones. El investigador israelí, Reuven Paz, testificó contra el PFLP como una supuesta organización terrorista. Su credibilidad, sin embargo, no fue bien aceptada, ya que había trabajado para los servicios de inteligencia israelíes durante 27 años. Otro testigo del Estado, Angel Rabasa, ex cubano, testificó como testigo de Rand Corporation, una think tank de industrias armamentos y el estado basada en California. Su credibilidad fue desacreditada cuando se reveló que había trabajado para las fuerzas armadas de EE.UU., a pesar de haberlo negado. Además, había afirmado que las FARC nunca han operado en el área política legal, pero había escrito lo contrario en su libro “Colombia Labyrinth”, publicado en 2001 por RAND con apoyo de los militares de EE.UU.También su credibilidad estaba dañado por el testigo de la defensa Amílcar Figuerro, un Venezolano y presidente alternativo para el Parlamento Latino Americano. Figuerro confirmó que las FARC no son terroristas según el parlamento.

Decisión sorprendente

Fue un veredicto sorprendente, considerando el espíritu de nuestros tiempos: las constantes señales de temor ante ataques terroristas diseminadas a diario por los medios masivos y los gobiernos invasores. El gobierno danés también está totalmente comprometido con la guerra contra Afganistán y tiene a 650 soldados allí con tanques y artillería pesada. Soldados daneses son regularmente alcanzados por tiros y muertos.El gobierno danés, con apoyo de la ‘oposición’ socialdemócrata, también continúa su ‘compromiso con el proyecto iraquí”, aunque han retirado la mayoría de sus fuerzas militares.

Una razón más por la cual la decisión fue sorprendente, y un estímulo para el activismo político, es que el tribunal podría haberse salido fácilmente del dilema de quién es o no es terrorista. El caso del Estado contra los siete tenía que basarse en una base material. Por lo tanto, la recolección de dinero proveniente de las ventas de camisetas, que debía ser destinado para una estación de radio para las FARC y una impresora de afiches para el PFLP, fue determinante. Un problema técnico para el caso del Estado fue que los 4 a 5.000 dólares recaudados, que debían ser enviados a los dos grupos, fueron confiscados por la policía secreta danesa (PET) antes de que algo pudiera ser enviado. PET también confiscó algunas camisetas y el ordenador de “Combatientes y Amantes” y su sitio en la Red. El tribunal podría haber declarado inocentes a los siete por no haber infringido concretamente la ley. En su lugar, decidió enfrentar directamente el caso político: ¿Son terroristas las FARC y el PFLP? Su decisión fue un claro NO.

Consecuencias colaterales

El dictamen del tribunal de la ciudad también tendrá consecuencias positivas para otras tres organizaciones danesas, que también han donado apoyo material para las FARC y / o el PFLP. El primer grupo en hacerlo, Opror (Rebelión), había efectivamente enviado varios miles de dólares tanto a las FARC como al PFLP para que hicieran con ellos lo que desearan. Uno de los portavoces de Opror, Patrick Mac Manus, fue acusado de violar la misma ley, párrafo 114. Ese caso ha sido postergado debido a su enfermedad.

Un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial (Horser d-Stutthof Foreningen) también envió una cantidad de dinero a las FARC para cuestionar al Estado, que se negó a procesar a esos antiguos héroes. En otro acto de solidaridad con “Combatientes y Amantes,” un sindicato de carpinteros y obreros de la construcción de Copenhague (TIB) hizo recientemente lo mismo. Después que el gobierno del partido “Venstre” de Primer Ministro Anders Fogh Rasmussen, un amigo personal de Alvaro Uribe, apeló la decisión del corte de Copenhague, un dirigente de “Venstre”—neo-liberal y pro-guerra—ha pedido la policía a llevar cargos de terrorismo contra el sindicato TIB. Uno de los activistas liberado consideró que la decisión del corte debería ser utilizada por activistas de la solidaridad en todo el mundo como instrumento para pasar a la ofensiva contra las leyes terroristas represivas: que se utilice el veredicto, dijo, para exigir que las listas de terroristas sean tiradas a la papelera, y para que aumente la solidaridad con las justas luchas por la liberación.

www.anncol.nu

Pretenden endurecer aún más la ley de Extranjería

El gobierno del PSOE se va a presentar a las próximas elecciones cargando con la “Directiva de la Vergüenza”, oficialmente conocida como Directiva de Retorno. Esta directiva se votará el mes próximo en el Parlamento Europeo y pretende unificar los criterios y coordinar la detención y la expulsión de inmigrantes en el ámbito de la UE. Prevé, entre otras cosas, la detención hasta 18 meses de los inmigrantes en proceso de expulsión y la prohibición de retorno a los expulsados durante 5 años.

Este gobierno viene aplicándose para llegar a las elecciones con los deberes cumplidos: el Frontex ha batido récords en la interceptación (más de 12.000) y en la expulsión de inmigrantes (más de 92% de los que entraron de forma irregular); ha establecido un protocolo de expulsiones que permite drogar y amordazar a los inmigrantes durante su expulsión; los centros de internamiento están a reventar y en condiciones deplorables; han aprobado una reforma del Poder Judicial que equipara a los inmigrantes de las pateras con delincuentes, al darles el mismo trato que al tráfico de personas. El ministro de Trabajo, Caldera, anuncia que están estudiando endurecer las condiciones para el reagrupamiento familiar, exigiendo que el familiar llegue con un contrato en origen (¿también a ancianos y niños?). Todas estas medidas son expresión del racismo institucional, abren la vía a la xenofobia y dan cobertura a la actuación impunede las bandas fascistas contra los inmigrantes (más de 4000 agresiones racistas y xenófobas en 2007).

También reconocen los acuerdos con Prodi y Sarkozy para coordinar y repartirse los gastos de las expulsiones de inmigrantes, o los que han firmado con los gobiernos de Mauritania o Marruecos, entre otros, para frenar la emigración en origen. Y tienen en la nevera, para después de las elecciones, la propuesta de la derecha de modificar la ley de extranjería introduciendo la supresión del empadronamiento y del permiso por arraigo, la denegación de la nacionalidad si se ha entrado de forma irregular, etc.

Nos quieren convencer de que este gobierno es campeón en las conquistas sociales y democráticas, pero, a la vista de los hechos, habrá que concluir que es profundamente antidemocrático con respecto a los trabajadores, inmigrantes o nativos (no hay más que ver la escalada en la represión sindical) y los pueblos.

Una nueva ofensiva contra los trabajadores inmigrantes

Esta ofensiva de recorte de derechos no es casual. Llegó la crisis tras años de inflarse los bolsillos con el ladrillo y la especulación a costa de la precarización, los recortes salariales y el endeudamiento de los trabajadores. Ahora les sobra mano de obra. En el sector de la construcción, donde los trabajadores inmigrantes son mayoría, prevén más de 350.000 despidos en 2008.

El gobierno y la burguesía temen la conflictividad social. Quieren evitar huelgas como la de la limpieza del metro (donde los trabajadores inmigrantes y nativos han ido de la mano), la de transportes de Barcelona, la movilización de los temporeros de la aceituna en Jaén… Para ello acudirán, una vez más, a los sindicatos mayoritarios para que les garanticen la paz social y firmen acuerdos bochornosos con la patronal, al tiempo que quieren endurecer la política migratoria con el fin de expulsar del país a gran parte de la mano de obra excedente: es decir, a muchos miles de inmigrantes. Este y no otro es el objetivo de la política de inmigración del PSOE y de la UE, objetivo compartido por la derecha y que cuenta con el visto bueno de los sindicatos mayoritarios.

Lucha y unidad­: “Nativa o extranjera, la misma clase obrera”

Se hace imprescindible organizar una respuesta unitaria de la clase obrera, sobre quién harán recaer los efectos de la crisis. Hoy más que nunca cobra vigencia lo de “nativa o extranjera, la misma clase obrera”. Aunque los trabajadores inmigrantes sufrirán el zarpazo de la crisis de manera más dura, ésta nos afecta a todos y sólo unificando la pelea contra las políticas antiobreras enfrentarlas. Unidad que urge más que nunca puesto que, al tiempo que los despidos se disparan, estamos asistiendo al discurso de la división entre trabajadores migrantes y nativos. “Los españoles primero” puede hacer pie en muchos trabajadores amenazados con engrosar el ejército de parados. La unidad de la clase obrera se vuelve indispensable para enfrentar la xenofobia y la división en nuestras filas.

Organizaciones de inmigrantes de todo el estado están impulsando una pelea unitaria contra estas políticas. La Red Estatal de Inmigrantes (REDI) acordó en su último encuentro estatal un programa de mínimos que denuncia esta situación: “Las políticas migratorias de la UE, a la vez que se centran en la lucha contra la inmigración “ilegal”, tratan de promocionar las migraciones regulares y temporales, subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo europeo”. También denuncia que: “Los últimos cambios legislativos han ido dirigidos a evitar la entrada, dificultar la permanencia y facilitar la expulsión de las personas migrantes que se encuentran en España, en vez de destinar recursos a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, migrantes o no, cada vez más precarias”.

La subordinación de las políticas migratorias a las necesidades del mercado de trabajo, como reconoce la REDI, es la razón de fondo que explica el endurecimiento de las leyes migratorias. Por eso, insistimos, en que sólo con la unidad de clase en las luchas contra los despidos, contra la carestía que empobrece aún más al conjunto de los trabajadores, contra la política rapiñera de las hipotecas y por un plan obrero contra la crisis, contra el recorte de libertades y la política migratoria que expulsa a miles de trabajadores de vuelta a la miseria, conseguiremos que esta crisis la paguen ellos. Como parte de esa lucha unitaria hay que exigir la derogación de la reforma del Poder Judicial, el cierre inmediato de los centros de detención, la retirada del protocolo de expulsiones, papeles para todos y la derogación de la ley de extranjería.

Si eres inmigrante, no puedes votar, pero si morir por la Patria

Mientras la vicepresidenta del gobierno afirma que “que permitir el voto a los inmigrantes no está en el horizonte del Gobierno”, impulsan campañas para reclutar trabajadores inmigrantes ofreciéndoles “un empleo estable y la mejor formación para su futuro” en el ejército. Puedes morir por la patria pero el derecho al voto no te corresponde porque eres inmigrante colombiano, ecuatoriano, peruano, etc.

Pagas impuestos, cotizas a la seguridad social, trabajas por una miseria con o sin contrato, aportas al estado bastante más de lo que recibes (según datos del propio gobierno) y a fecha de hoy eres uno más de ese 10% de la población de este país, pero no sólo te imponen una Ley de Extranjería sino que, aún cumpliéndola, te niegan un derecho elemental en esto que llaman democracia y no lo es.

¡Por el derecho al voto de los inmigrantes YA!

¡Abajo la Ley de Extranjería!


www.marxismo.info

LLega la TDT:nuevos canales para los dueños de siempre.

La tecnología digital no es algo nuevo. Su aplicación a la señal de televisión lleva años implantada a través del cable, el satélite o el ADSL. La ‘televisión de pago’ fue la primera en incorporar una nueva tecnología que suponía una mejor calidad de recepción, un mayor número de canales y, sobre todo, la posibilidad de incorporar datos, información de la programación u otros servicios, de un modo algo más sofisticado que el ya arcaico teletexto...

Plataformas como Canal Satélite Digital, Ono o Imagenio son operadores que, a través de satélites o internet, llevan años ofreciendo televisión digital a cambio de una cuota de suscripción.

LA TDT La tecnología digital terrestre

La TDT se trata de otro modo de televisión digital, esta vez gratuita, que utiliza el medio más antiguo de transmisión de la señal televisiva: las ondas herzianas, es decir, el aire. La TDT viene a sustituir a la señal analógica que lleva 52 años entrando por las antenas. La instalación de la TDT llega a su recta final, pero este proceso lleva más de diez años en marcha y supone cambios considerables en el modelo tradicional de televisión. La tecnología digital significa un aumento del aprovechamiento del espectro radioelectrónico.

El UHF, la banda que hasta hoy albergaba los canales analógicos, acogerá con la nueva señal un número más elevado de canales. Imaginemos el dial de la radio: cada emisora ocupaba una frecuencia y, para no causar interferencias con la vecina, debía haber frecuencias vacías entre ellas. Con el nuevo dial digital, estas interferencias entre cadenas no existen, por lo que se puede ocupar toda la banda UHF. Además, los nuevos canales serán multiplex, con capacidad de albergar hasta cuatro programas de televisión, lo cual multiplica exponencialmente la oferta televisiva. Por otra parte, la calidad del audio alcanzará la del formato CD y el vídeo la de alta definición, con la posibilidad real de recibir el formato panorámico 16:9, utilizado generalmente en el cine.

El decodificador, ya sea integrado o externo, se convierte en el electrodoméstico central de la nueva tecnología. Existen de dos tipos: los zapper más baratos pero que se limitan a descodificar la señal digital y transformarla en analógica para que pueda ser vista en el televisor convencional. Con el segundo tipo de decodificadores, con tecnología MHP, sí será posible acceder a aplicaciones interactivas de los canales digitales.

EL CANAL RETORNO Una tecnología incompleta

Pero si hay una novedad dentro de la TDT que se anuncia a bombo y platillo es la interactividad. “Servicios interactivos y de acceso a la sociedad de la información, como la realización de trámites administrativos, participación en concursos, encuestas...” que la Administración ha convertido en estandarte de esta nueva tecnología. Tecnológicamente hablando, la televisión interactiva supone que nuestro receptor se convierta en emisor, es decir, que el mismo canal que recibe –la antena– emita en sentido contrario. Y eso es algo imposible en las ondas herzianas. Las ondas herzianas que distribuyen la señal lo hacen en un solo sentido, de las cadenas a nuestros hogares. Esto supone que la TDT necesita de otra tecnología para poder hacer efectiva la oferta que lanza, es decir, el retorno. Expertos en el tema apuntan a la conexión telefónica o el ADSL como posibles canales de retorno para los nuevos televisores.

LA PUBLICIDAD DIGITAL El Pay Per View (PPV)

La gran preocupación de las grandes cadenas es que, a mayor núme- ro de ofertas televisivas, menor audiencia. Esto se traduce en unos anunciantes con demasiados sitios donde publicitarse y con menor repercusión en cada uno de ellos. La solución pasa por ingeniar nuevos modos de publicidad y financiación.

No cabe duda de que las cadenas afilan sus estrategias para seguir con el negocio, como la publicidad interactiva o fórmulas en las que no podamos ‘zappear’ durante los anuncios para poder ver los contenidos que sucedan a continuación.

A finales de octubre, Abertis Telecom, operador de red, lanzó un nuevo decodificador con lector de tarjetas universal, apoyado por las seis grandes cadenas digitales (Antena 3, Tele 5, TVE, La Sexta, Veo y Net) lo que implica la posibilidad de utilizar una tarjeta prepago para comprar programas como fútbol, cine u otros contenidos. Pese a que el Gobierno sólo ha legalizado la TDT gratuita y no se permite la creación de cadenas de pago o la utilización del Pay Per View (PPV), los operadores comienzan a impacientarse por su futura pérdida de ingresos y proponen fórmulas de PPV donde cabe la posibilidad de ofrecer ciertos programas de pago dentro de una cadena en abierto. Una nueva función para el canal retorno.

Aunque estos decodificadores aún no están comercializados, ya se escuchan las primeras quejas, tanto de los consumidores que reclaman el derecho al libre acceso de forma gratuita a la TDT como desde plataformas de pago como ONO, que exige un nuevo concurso de adjudicación de licencias si finalmente se permite el PPV.

LOS NUEVOS CANALES

Cómo se reparte el pastel El incremento en el número de canales situará a cada espectador ante una oferta de al menos 28 canales. Las adjudicaciones de licencias en todos los ámbitos de cobertura se han llevado a cabo por concurso público.

En el caso de las cadenas nacionales, y tras el fracaso de Quiero TV –primer intento de TDT de pago que abrió en 2000 y cesó sus emisiones en 2002–, el Gobierno estatal ha otorgado 20 canales de la siguiente manera: cinco han quedado reservadas para el ente público RTVE, tres para cada uno de las cadenas de titularidad privada que ya emitían en analógico –Antena 3, Tele 5 y Sogecable (Cuatro), dos canales para La Sexta y otros dos respectivamente para Veo Y Net TV, cadenas que no existían con anterioridad a la TDT.

En el ámbito autonómico y local el reparto ha correspondido a los Gobiernos autonómicos, que han adjudicado un total de 1.124 canales locales repartidos en 281 demarcaciones en función de la densidad de población y 72 canales autonómicos, cuatro en cada comunidad excepto en Cataluña y Andalucía que tienen ocho. El resultado ha sido un mapa muy heterogéneo en el que los grandes grupos de comunicación como Vocento, la cadena Cope o Prisa han obtenido un gran número de licencias autonómicas y locales.

El mapa que comienza a dibujarse con las concesiones ha provocado las críticas sobre el color de los gobiernos regionales y las empresas que han obtenido licencias.

www.diagonalperiodico.net

¿Por qué boicoteo a Israel?

...por Gianni Vattimo


Lo confieso: soy uno de los poquísimos que hasta ahora han firmado un llamamiento a boicotear la presencia de Israel como invitado de honor en la próxima Feria del Libro de Turín. Si todos los grandes periódicos italianos rivalizan en denostar el boicot, quiere decir que la amenaza de antisemitismo no es tan grave. Pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí. La invitación a Israel —que según tengo entendido, no sé si estaré equivocado, ha sustituido a última hora al que ya había sido elegido como invitado de este año, Egipto— se ha encontrado con un boicot político, porque política es la iniciativa de la Feria. Quienes nos acusan a los boicoteadores de querer «amordazar» a los escritores israelíes, o lo dicen de mala fe o no saben lo que dicen.

Son argumentos terriblemente parecidos a los que se desempolvaron en la reciente polémica sobre la invitación al papa para que pronunciara la lección magistral en la universidad La Sapienza de Roma: también en este caso estaría en cuestión la libertad de palabra, el valor supremo de la cultura, el deber del diálogo. ¿Diálogo? En el caso de La Sapienza sabemos qué clase de diálogo estaba previsto. Al papa le habrían recibido como gran jefe de Estado y de una confesión religiosa, con gran pompa, tan grande que hasta la mera posibilidad de una manifestación de protesta de unos cuantos estudiantes a muchos cientos de metros de distancia hizo desistir del propósito. Lo de Israel en la Feria es el mismo caso.

Los que boicotean no quieren impedir que los escritores israelíes hablen y sean escuchados. Lo que quieren es que no vengan como representantes oficiales de un Estado que celebra sus 60 años de vida conmemorando el aniversario con el bloqueo de Gaza, la reducción de los palestinos a una miríada de zonas aisladas entre sí (para las que se ha empleado acertadamente el término bantustán, de triste recuerdo unido al apartheid surafricano), una política de expansión continua de las colonias que sólo puede entenderse como un auténtico proceso de limpieza étnica. Es ese Estado, y no la gran cultura judía de ayer y hoy (¿acaso han pensado Picchioni y Ferrero en invitar a la Feria a Noam Chomsky o a Edgar Morin?) lo que la Feria se propone presentar solemnemente a sus visitantes, brindándole una tribuna claramente propagandística, sin duda acordada con el gobierno de Olmert (que además está ofreciendo el mismo «paquete» a la Feria del Libro de París, dos meses anterior a la de Turín).

En los numerosos artículos que se prodigan en condenas y lecciones morales sobre el diálogo (¡vayan ustedes a hablar de diálogo a Gaza o a los territorios ocupados!) y la libertad de la cultura, nunca falta, y este quizá sea el aspecto más vergonzoso y francamente escandaloso, la mención del Holocausto. Avergüenza a quienes (incluidos algunos judíos, como los que se agrupan en la asociación «Judíos contra la Ocupación») se niegan a aceptar la política agresiva y racista de los gobiernos de Israel. Los que boicotean la Feria de Turín, por lo visto, boicotean a «los judíos» (PG Battista) y olvidan (ídem) las redadas nazis y el exterminio de los campos de concentración. Un estudioso judío estadounidense, Norman G. Filkenstein, ha escrito sobre esta vergonzosa explotación de la Shoah un libro titulado significativamente La industria del Holocausto. Precisamente el respeto a las víctimas de aquel exterminio debería proscribir la utilización de su memoria para justificar la actual política israelí de liquidación de los palestinos. Ninguno de los «boicoteadores» niega el derecho de Israel a existir. Un derecho sancionado por la comunidad internacional en 1948; esa misma ONU cuyas reclamaciones y deliberaciones ha desatendido con arrogancia Israel a lo largo de los años.

www.rebelion.org

Canal 9, otro ejemplo de manipulación en una televisión controlada por el PP.

La propuesta del PP en inmigración “ha calado hondo”. “No son normas excluyentes, ni restringen derechos, ni mucho menos”. No se trata de la valoración de un dirigente popular, ni mucho menos. Es una muestra del estilo de los servicios informativos de Canal 9, cadena autonómica de la Generalitat Valenciana, presidida por el PP de Francisco Camps. El estilo informativo de Telemadrid no es, por tanto y por desgracia, una excepción en el panorama mediático de las televisiones autonómicas de titularidad pública.



El programa de debate de Canal 9, Parlem Clar, presentado por la periodista Manu Ríos, comienza con un editorial hablado que haría las delicias de cualquier dirigente del Partido Popular más conservador. Frente a las medidas en inmigración anunciadas por Rajoy, la conductora del programa afirmó en la edición del pasado martes que dicho anuncio “ha calado hondo y ha crispado al Gobierno socialista”. Tildar estas medidas de xenófobas sería “una barbaridad” para la presentadora, que, además, añade que “los artistas de la ceja –en referencia a la Plataforma de Apoyo a Zapatero- han hecho suya la estrategia de lanzarse a degüello del PP”.

TVE, ¿manipulación?
El Partido Popular se lamentó esta semana de que Televisión Española no hubiera hecho “una valoración” de los insultos lanzados contra María San Gil en la Universidad de Santiago de Compostela. Por ello, los populares denunciaron una supuesta manipulación por parte de unos servicios informativos que han evolucionado sobremanera desde que Alfredo Urdaci abandonara su dirección.

Como Telemadrid
No puede, sin embargo, dar ejemplo el PP en este sensible campo. Y mucho menos en sus televisiones autonómicas. Si El Plural viene informando desde hace mucho tiempo de los descarados ejercicios de propaganda política protagonizados por los servicios informativos de Telemadrid, la cadena pública de la Generalitat Valenciana tampoco le va a la zaga.

Un amigo de Rajoy
Parlem Clar, que ya lleva su tercera temporada en antena, es un programa dirigido por el ex presidente del F.C. Barcelona, Ramón Fusté, precisamente amigo personal de Rajoy, que cuenta con la anécdota de haber regalado el carné de socio del Barça a uno de los hijos del líder del PP el día de su nacimiento.

Televisión de partido
El contenido del programa de debate no traiciona la fluida relación que ambos mantienen. El formato mantiene la tónica de Telemadrid: mayoría de tertulianos conservadores en un espacio digno de toda una televisión de partido.

www.elplural.com

La "guerra contraterrorista" y el saqueo del petróleo africano.

Con la creación del nuevo comando unificado para las operaciones militares en Africa, anunciado por el secretario de Defensa, Robert Gates en febrero de 2007, Washington y sus corporaciones petroleras, detrás de la fachada de la "guerra contraterrorista" comenzaron un plan totalizado de control y apoderamiento del petróleo y de los recursos estratégicos del continente negro. Antes de terminar su mandato, el presidente ha decidido defender un nuevo "mando combatiente unificado" que supervise la seguridad, la cooperación y el apoyo a misiones que no sean exclusivamente militares, así como, en caso necesario, operaciones militares en el continente", aseguró Gates ante la Comisión de Servicios Armados del Senado.

La "reestructuración" de las líneas de comando y de las fuerzas del Pentágono, reiniciada por Rumsfeld y continuada por Gates, responde a una nueva cruzada por conquista de recursos y mercados energéticos africanos, el elemento vital de la supervivencia de las potencias capitalistas junto a elementos como el agua y la biodiversidad.

El interés de Washington en África se debe a la creciente importancia estratégica del continente en materia de riquezas energéticas y al interés de las petroleras estadounidenses por controlar militarmente las fuentes de recursos naturales con el argumento de la "guerra contra el terrorismo".

La escalada militar en Medio Oriente y el Golfo Pérsico, la "guerra fría" por la energía entre Rusia y EEUU, la complicada y confusa ola de "nacionalizaciones" en América Latina, llevan a las trasnacionales a poner sus ojos en las reservas del continente africano que han crecido notablemente en sus niveles de producción y exportación.

La creciente importancia de África como suministrador de petróleo estriba en que ya produce cerca del 12% del que se consume en el mundo y el 25% del que consumen los EEUU, más del que este último país importa desde Arabia Saudita.

África posee reservas por el orden de los 110 mil millones de barriles de petróleo (9% del total de las reservas mundiales) de una calidad excelente, de bajos costos de producción y rápido y fácil transporte, con unos yacimientos off-shore que constituyen las áreas de exploración y producción de más rápido crecimiento en el mundo.

Si bien -como afirman analistas- África nunca competirá con Medio Oriente, las reservas demostradas del continente aumentaron a más del doble entre 1980 y el 2005, con 114.300 millones de barriles, según el BP Statistical Handbook (guía de Estadísticas de British Petroleum).

Esa es una tasa de crecimiento comparable a la de Medio Oriente y superior a un incremento mundial de 84% durante el mismo período.

Esto llevó a EEUU y a las potencias capitalistas a posicionarse y competir por los recursos energéticos y minerales africanos.

En el marco de la "guerra fría" armamentística y energética con la Rusia de Putin, el poder imperial norteamericano y sus transnacionales intentan convertir al África en una zona segura de abastecimiento petrolero, en una especie de colchón energético de seguridad frente a un explosivo Irán y Medio Oriente, una imprevisible Asia Central y una cada vez más inestable América Latina.

El control geopolítico y militar de un continente africano produciendo entre 12 y 14 millones de barriles diarios de petróleo (estimaciones para el 2012) otorgaría a los EEUU el margen de maniobra y seguridad suficientes que justifiquen intervenciones militares en estos países.

A su vez, el descubrimiento en los últimos años de grandes reservas de hidrocarburos en territorio africano ha colocado sobre el tablero de ajedrez de la geopolítica energética mundial a pueblos y países de ese continente que durante casi todo el siglo XX fueron ignorados y marginados.


El trasfondo de la "guerra contraterrorista"

La "guerra contra el terrorismo" en Africa -que se impone el Pentágono- encubre el verdadero propósito de Washington que no es otro que la destrucción de los grupos radicalizados armados que buscan una nacionalización de los recursos petroleros de sus pueblos en desmedro de los intereses transnacionales que los extraen, comercializan y controlan.

En Nigeria, el mayor proveedor de crudo a EEUU, su producción en un día normal de 2,5 millones de barriles se ha visto reducida en un 25% debido a ataques de grupos nacionalistas radicales que buscan una mayor participación de la riqueza petrolera para sus pueblos, y a los que el Pentágono y Washington caracterizan como "grupos terroristas", generalmente pertenecientes a la "red Al Qaeda".

Los gobiernos africanos, controlados por oligarquías y señores de la guerra financiados y protegidos por Washington, se ven cada vez más impotentes para controlar a los movimientos armados nacionalistas que obstaculizan el saqueo de las transnacionales, como es el caso de Somalía y el Cuerno de Africa.

En este escenario, y siguiendo la nueva doctrina impuesta en la revisión cuatrienal de la Defensa de febrero de 2006, el Pentágono comenzó a desarrollar operaciones militares en alta escala por todo el territorio africano, principalmente en sus regiones energéticas y mineras claves del sur y del norte, creando unidades especializadas dedicadas a la instrucción y el adiestramiento de tropas locales en el "combate al terrorismo".

La estrategia operativa incluye reuniones entre estados mayores de países regionales con oficiales y funcionarios del Pentágono, maniobras y ejercicios conjuntos de las tropas, vuelos sistemáticos de aviones de reconocimiento, localización a través de fotos tomadas por satélites militares norteamericanos, y de provisión de armas y tecnología de alta precisión a las fuerzas implicadas en la "guerra contra el terrorismo".

La estrategia del Pentágono en África responde a un doble objetivo, geopolítico-militar y económico.

Además del negocio que proporciona a las armamentistas y a las contratistas de servicios del Pentágono el incremento de las operaciones militares contra el "terrorismo" en la región, se estima que África y sus regiones proporcionarán, en apenas una década, el 25% del crudo que consumirá EEUU en 2015.

Tener el control del acceso a esas fuentes de recursos se ha convertido en un objetivo estratégico central para Washington y sus corporaciones protegidas por el Pentágono.

La llamada "ayuda económica" que Washington otorga a los gobiernos africanos, corruptos y títeres, para que profundicen la "privatización" de sus recursos, va inevitablemente asociada a la “ayuda militar” para el "combate contra el terrorismo" brindada por el Pentágono.

En este escenario las fuerzas y bases estadounidenses se han convertido en un nuevo servicio de protección para las corporaciones petroleras que actúan en el continente africano.

La función y misión principal del nuevo mando militar para el continente africano, anunciado el martes por Gates, es la de vigilar y controlar las fuentes energéticas africanas, así como sus sistemas de distribución mundial (oleoductos, buques petroleros, y rutas).

Esta misión principal de las tropas imperiales fue enunciada en un principio, por el presidente Jimmy Carter en enero de 1980, cuando describió al caudal petrolero del Golfo Pérsico como un "interés vital" para los EEUU.

Carter, elegido luego Premio Nobel de la "Paz", afirmó que EEUU debería emplear "cualquier medio que sea necesario, incluyendo la fuerza militar" para enfrentar y neutralizar cualquier intento por parte de un poder "hostil" para bloquear esos recursos estratégicos.

Cuando Carter presentó este proyecto, apodado como "Doctrina Carter", los EEUU aun no habían desarrollado una fuerza capaz de desempeñar el papel de custodio y vigilante de las fuentes de recursos energéticos en el Golfo, en plena "guerra fría" con la URSS por áreas de influencia.

Con esa misión, Carter creó la Fuerza Conjunta de Tareas de Despliegue Rápido (Rapid Deployment Joint Task Force-RDJTF), un conjunto de fuerzas operativas para ser empleadas en Medio Oriente y donde se las requiriese.

En 1983, el presidente Reagan transformó la RDJTF en Comando Central (Centcom), nombre que aún se mantiene.

Actualmente, El Centcom ejerce la autoridad de comando sobre todas las fuerzas de combate norteamericanas desplegadas en el área del Golfo Pérsico incluyendo Afganistán y el Cuerno de África.

Tras el 11-S en EEUU, y ejecutando la nueva doctrina de "guerra preventiva" de la Casa Blanca, el Centcom intervino en las invasiones a Irak y Afganistán.

De esta manera el Pentágono seguía cumpliendo su misión original de apoderamiento militar de los recursos energéticos-petroleros del Golfo Pérsico, no ya con la "Doctrina Carter", sino con la doctrina de las "guerras preventivas" contra el "eje del mal" del período de Bush hijo.

En febrero del año pasado, un informe del Pentágono señalaba que EEUU se preparaba para actuar en "guerras convencionales simultáneas", y en conflictos irregulares y prolongados como en Irak, y lo expuesto por Gates en el Senado forma parte de ese proyecto bélico de conquista de recursos petroleros disfrazado de "guerra contra el terrorismo" que se inició tras el 11-S.

Es el legado que deja Bush a la próxima administración imperial que le suceda a partir de enero de 2009.

iarnoticias.com

El corto camino entre EL PAÍS y la Casa Blanca.

El grupo Prisa, afirmamos, sigue indicaciones directas y concretas del Departamento de Estado. Este informe de Quique Guerrero, del equipo de investigación de Michel Collon, desvela las relaciones entre un nuevo columnista de EL PAÍS y los intereses políticos y económicos de los EEUU:

El País, diario español del grupo Prisa, tiene un nuevo fichaje. Se trata de Moisés Naím.

En sus primeros artículos desde que ha entrado en plantilla, el columnista nos habla de diferentes asuntos de política internacional. Pero hay un tema que parece obsesionarle: la Venezuela de Hugo Chávez, de la que habla en la mayoría de sus misivas.

La columna lleva por título el Observador Global. Pero ¿quién es este observador?. ¿Quién es el nuevo encargado de gritar contra la Revolución Bolivariana las mentiras y medias verdades a las que nos tienen acostumbrados?. ¿Quién es el fichaje contratado en plena campaña por el Referéndum Constitucional Venezolano?.

Este personaje era ministro de Industria y Comercio con el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando sucedió el Caracazo. En el Caracazo, una revuelta popular contra las reformas neoliberales del gobierno que sumían en la pobreza a la población, se produjeron cientos, quizás miles, de asesinatos de ciudadanos por parte de las fuerzas del orden. La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos declaró responsable de estos hechos al Gobierno de Venezuela. O sea, Moisés Naím es responsable, en mayor o menor medida, de asesinatos según la citada Corte. Recordemos que Carlos Andrés Pérez sigue siendo prófugo de la justicia venezolana. Hoy Moisés Naím vive en Washington, capital del imperio. Fue además miembro de la junta directiva del Banco Mundial.

Os invito a un paseo por la red en el que se ponen de relieve las vinculaciones entre este supuesto observador y la Casa Blanca.

Moisés Naím dirige la revista Foreign Policy (FP). En la portada del último número de 2007, Foreign Policy nos presentaba una foto de George Bush con cara de preocupación y mirando al cielo. Y titulaba: Irak no es culpa suya , es culpa tuya. El artículo al que hace referencia la portada comienza así: Es fácil echarle la culpa de lo que está pasando en Irak y de toda la violencia al presidente, a un puñado de neocons o a un ejército sobreforzado. Pero la verdadera culpa es también del ciudadano estadounidense que cada vez pide más y está dispuesto a sacrificar menos...

En su primer número de 2008 la revista titula: Un mundo sin Islam , y en el cuerpo del artículo reflexiona sobre una religión detrás de la cual, según el autor , está un amplio surtido de los desordenes internacionales: ataques suicidas, coches bombas, ocupaciones militares, luchas de resistencia, disturbios, fatuas, jihads, guerras de guerrillas, videos amenazadores y el propio 11 de Septiembre.

La revista está subvencionada por Carnegie Endowment for International Peace. Moisés Naím está entre su grupo de expertos.

Entre las entidades y organismos que han hecho donativos a la fundación, y por tanto a la revista, están BP USA, Exxon Mobil, la fundación Ford, General Motors, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, la fundación Rockefeller y un largo etcétera .Entre los programas que desarrolla la Fundación destaca uno llamado El papel de EEUU en el mundo. En este capítulo, se analiza la forma en la que, según la Carnegie Endowment for Internacional Peace, se deben dirigir las acciones de la Administración estadounidense en su lucha internacional para la extensión de la libertad.

Moisés Naím no es el único vínculo entre Foreign Policy y El País. Otro de los columnistas del periódico, Andrés Ortega, es el director de la versión en español de la revista. Andrés Ortega ha trabajado también para los gobiernos socialistas de Felipe Gonzalez y para el área de debate del grupo PRISA.

El columnista Moisés Naím dirige también el Grupo de los Cincuenta (50-G) que está compuesto por un selecto grupo de ejecutivos de algunas de las más importantes compañías del sector privado del continente Américano. Tiene su base central en Washington. Este grupo opera al amparo del Carnegie Endowment for International Peace.

Moisés Naím forma parte de la dirección de la fundación National Endowment for Democracy. La NED recibe una subvención anual del congreso de los Estados Unidos. A través de sus programas reparte varios millones de dólares para organizaciones subversivas en Venezuela (para tener una información detallada sobre la labor de la NED en Venezuela, remito al lector al discurso del Embajador Jorge Valero ante el Consejo Permanente de la Unión de Estados Americanos). Una parte importante la recibe Súmate, famoso grupo opositor venezolano. Pero la organización que recibe un montante mayor es el IRI: International Republican Institute.

El International Republican Institute fue fundado por Ronald Reagan y sus directivos son, casi en su totalidad, antiguos miembros de la administración estadounidense. Entre los más conocidos, destaca Paul Bremer (enviado presidencial a Irak).El IRI está pagado por la NED y por la agencia de los EEUU para el desarrollo internacional (USAID).

Creo que se puede concluir que el diario El País, con el fichaje de Moisés Naím, se adentra aún más en su misión de altavoz del imperio en España. Moisés Naím no es un observador, sino un actor de primer nivel en el aparato propagandístico de los EEUU y de las transnacionales poseedoras de la inmensa mayoría del capital internacional. Moisés Naím, el columnista de El País, es uno de los mayores ideólogos del capitalismo mundial y, por ello, persigue a Hugo Chávez.

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Microsoft y los servicios secretos españoles.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acaba de firmar un acuerdo con el gigante del software, según el cual los servicios secretos españoles formarán parte del grupo de países que se incorporan al SCP (Security Cooperation Program) de Microsoft. La justificación es la “seguridad de las redes de la Administración Pública”. A continuación la nota de prensa:

EL CNI Y MICROSOFT COLABORARÁN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ÁREA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

o. El acuerdo firmado permitirá al CCN-CERT -adscrito al CNI- unirse a un reducido grupo de organismos públicos que cooperan de forma estrecha con Microsoft para prevenir, anticipar y mitigar los efectos de incidentes y ataques a los sistemas de la Administración

o. Ambas entidades llevan ya cuatro años colaborando para garantizar la seguridad de los sistemas de la Administración gracias a un amplio acuerdo, que entre otras muchas áreas, incluye el acceso al código de Windows y Office

o. Este acuerdo incluirá adicionalmente un trabajo conjunto de divulgación y concienciación sobre los riesgos de no mantener un nivel de protección adecuado de los ordenadores y sistemas informáticos

Microsoft y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -Servicio de Inteligencia del Estado Español dependiente del Ministerio de Defensa- han firmado hoy un acuerdo por el cual colaborarán para prevenir y dar respuesta a incidentes de seguridad informática que puedan afectar a la seguridad pública y nacional. El objetivo es garantizar el funcionamiento eficaz de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que están al servicio del ciudadano y de los intereses nacionales.

Este acuerdo supondrá una estrecha cooperación entre ambas entidades en diversos ámbitos dentro del campo de la seguridad en las Tecnologías de Información. Por una parte, la colaboración está encaminada a ayudar a prevenir el riesgo de incidentes en los sistemas de información pública o de hipotéticos ataques intencionados, anticipándose en la mayor medida a ellos. Por otro lado, en el caso de que se produzca un incidente o ataque informático en la Administración, Microsoft y el CNI aunarán esfuerzos, de forma conjunta para eliminar o minimizar sus efectos, trabajando de forma alineada para encontrar una solución eficaz en el menor tiempo posible.

Para cumplir este doble cometido, Microsoft pondrá a disposición del CNI la información y colaboración necesaria para contribuir a aumentar la seguridad de los entornos informáticos públicos: desde información detallada sobre vulnerabilidades informáticas, nuevas actualizaciones de seguridad, políticas generales de seguridad de los productos de Microsoft, hasta un canal de comunicación directa y constante con los expertos de la compañía en esta área para identificar problemas de forma conjunta y estudiar los mejores procesos de respuesta ante incidentes.

Mediante el acuerdo alcanzado, el CNI se une al reducido grupo de instituciones públicas que forman parte del programa SCP (Security Cooperation Program) de Microsoft, una iniciativa global lanzada en 2005. Actualmente, instituciones de seguridad pública de 44 países de los cinco continentes forman parte del programa SCP, que hoy recibe a su miembro número 45. Concretamente, la entidad que se une a la iniciativa es el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, a través del CCN-CERT Capacidad de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional). CCN-CERT se constituyó a principios de 2007 como el centro de alerta nacional que ayude a las Administraciones Públicas a dar una respuesta rápida ante emergencias de seguridad.

Labor de concienciación
Microsoft y el CNI también colaborarán en labores de divulgación y concienciación sobre los riesgos de exponerse a ataques intencionados, dirigidas fundamentalmente a los empleados de los distintos estamentos de las Administraciones Públicas. La cooperación incluye una tarea de asesoramiento sobre qué medidas tomar o qué herramientas utilizar para no poner en peligro los sistemas informáticos.

Luis Jiménez, subdirector general adjunto del Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, afirma: "Este acuerdo ratifica públicamente el compromiso del Centro de garantizar la seguridad de las Tecnologías de la Información en el ámbito de la Administración, para lo cual, se necesita trabajar en un entorno de colaboración entre la industria y los gobiernos. El intercambio de información y su posterior análisis entre el CCN-CERT y Microsoft se utilizará para ayudar a prevenir cualquier ataque, anticiparse en lo posible a ellos y, en caso de que se produzcan, dar una respuesta rápida para mitigar los efectos".

Rosa García, presidenta de Microsoft Ibérica, señala: "Todos recordamos los estragos que virus de alta peligrosidad pueden causar , propagándose por Internet, llegando a afectar en ocasiones a cientos de miles de PCs y sistemas de particulares, empresas e instituciones públicas, o el lucrativo objetivo de los ataques actuales. La era digital ha abierto la puerta a nuevas formas de servir al ciudadano, comunicarse y cooperar de forma global, pero también ha creado el reto de garantizar de forma adecuada la seguridad de los sistemas públicos. Desde Microsoft creemos que este acuerdo, basado en la colaboración y la combinación de esfuerzos entre el sector público y el privado, puede ayudar al Gobierno español a prepararse, gestionar y minimizar de forma óptima el impacto de los incidentes de seguridad".

CNI y Microsoft: una relación que data de 2004
La entrada del CNI en este programa supone la ampliación de la colaboración que este organismo y Microsoft mantienen desde hace años. El CNI tiene la responsabilidad de garantizar y mejorar de forma continua la seguridad de los sistemas informáticos de la Administración Pública. En 2004, el Gobierno español se adhirió al programa GSP (Government Security Program) de Microsoft, lo que permitió que los expertos del CNI-CCN tuvieran acceso al código fuente y a una extensa información técnica sobre Windows, pudiendo auditar la seguridad de las aplicaciones y crear plantillas oficiales de seguridad para los equipos de la Administración de utilizasen este sistema operativo. En 2006, el acuerdo se amplió con el acceso al código fuente de Microsoft Office. Esta alianza se ha renovado hoy para garantizar que el CNI-CCN pueda acceder al código fuente y a toda la información necesaria de las últimas versiones de Windows y Office.

Microsoft ha convertido la garantía de unos niveles de seguridad adecuados en sistemas públicos y privados en uno de los pilares de sus actividades de Responsabilidad Corporativa en España. La seguridad se ha convertido en uno de los factores clave para asegurar que el usuario tenga una experiencia completa en el marco de la Sociedad del Conocimiento. Además de trabajar de forma continua para perfeccionar los niveles de seguridad y fiabilidad de todas sus tecnologías -incluidas las orientadas al mundo online- la compañía considera fundamental la colaboración con los gobiernos en pro de una mayor seguridad en el ámbito público, como prueba este nuevo acuerdo alcanzado con el CNI.

Euskosovo y Espaserbia.

...por Gaspar Milagros

Anda la vieja Europa revuelta por el asunto de Kosovo, pueblo albanés sometido a Serbia que, muy probablemente, alcanzará en las próximas horas su anhelada soberanía, aunque sea de forma provisionalmente tutelada.

Por si alguien se ha perdido, recordaré que Kosovo (o mejor, Kosova, que es como se pronuncia en su lengua) está administrado bajo un estatus especial por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde el final de la guerra de 1999, dándose la circunstancia de que el 90% de su población es albanesa y quiere liberarse de una vez por todas del yugo serbio.

Tras muchos años de lucha, que ha costado un tremendo sufrimiento y un gran número de vidas a las partes enfrentadas, los kosovares, hombres y mujeres, esperan conseguir al fin su independencia con el apoyo del grueso de Occidente (léase la Unión Europea y los EEUU). Serbia, por su parte, cuenta con la complicidad del Estado ruso, que goza de derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Así las cosas, la relación de fuerzas se intuye favorable a los independentistas, aunque ello no quiere decir que no existan desacuerdos y contradicciones. De hecho, no es sólo la Rusia chechenicida la que se opone a la autodeterminación kosovar. Tampoco aceptan la secesión, por distintos motivos, los estados europeos de Grecia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Chipre, Malta… y España. Si les cuento que, según rumores bien fundamentados, la diplomacia borbónica, con Moratinos y Zapatero al frente, mendigó recientemente en Bruselas que la declaración de independencia de Kosovo se retrasase hasta después del 9 de marzo, comprenderán mejor los intríngulis del tema.

Con una extensión de 10.887 km² y una población cercana a los dos millones de habitantes, censada antes de la crisis del 99, Kosovo tiene similitudes con el País Vasco que, como sucede con la equivalencia con el proceso irlandés, los poderes españoles no están dispuestos a reconocer.

A lo largo de su conflictiva historia, la actual Kosovo ha estado gobernada total o parcialmente por el reino de Italia, por Albania, por Serbia, por Montenegro, por Bulgaria y por los imperios Romano, Otomano y Bizantino, y su mapa étnico ha incluido latinos, turcos, aromunes, romaníes, goranis, circasianos y hebreos, además de serbios y albaneses. Fuera la que fuese la miscelánea cultural de antaño, la realidad de hoy mismo es que prácticamente la totalidad de su población quiere emprender su propio camino, al que tiene derecho inalienable.

No faltarán voces “progresistas” que clamarán al cielo por la medida. Incluso habrá quien desde la izquierda objete, con cierta lógica, que si EEUU, el Reino Unido, Francia, la OTAN y hasta el Banco Mundial avalan la operación, ésta ha de ser puesta en cuarentena. Sin embargo, hay que decir que no es de recibo prejuzgar, criminalizándolo, el ejercicio de un derecho universal por el mero hecho de que, coyunturalmente, éste sea del agrado de la escoria del planeta. El derecho de autodeterminación de los pueblos es sagrado y su puesta en práctica no puede depender de modas ni de conveniencias espurias.

Además, volviendo a nuestra Serbia doméstica y jugando a construir falacias tan lógicas como las otras, si el sinuoso José Bono abomina de la independencia de Kosovo, ésta no puede ser tan negativa. Del enemigo el consejo.

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Camps, los milagros y la Fórmula 1.

...por José Manuel Rambla

La velocidad provoca en los selectos círculos de la economía y la derecha política una extraña atracción. Tal vez sea porque su conservadurismo moral encuentra en el rugir de los motores y en el espeso olor de los neumáticos, un sustituto idóneo de esos desahogos eróticos confinados en las clandestinas catacumbas de sus dobles vidas. O tal vez sólo sea por esa atracción nihilista hacia el vértigo que a menudo sienten aquellos que ya se saben poseedores de todo lo que se pueda esperar.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que esa inclinación por los coches y las carreras parece adueñarse de esos exquisitos propietarios de las altas esferas. Uno de los casos más famosos lo encarnó Mark Thatcher, el hijo de quien fuera punta de lanza junto con Augusto Pinochet y Ronald Reagan de la imposición a sangre y fuego del neoliberalismo. La afición al volante y al riesgo del hijo de la Dama de Hierro le llevó, allá por 1982, a embarcarse en la carrera del París-Dakar donde protagonizaría la involuntaria aventura de extraviarse de la ruta y permanecer durante casi una semana perdido en las tórridas arenas del desierto.
En cualquier caso, tampoco por las Españas han faltado espíritus inquietos entre la buena sociedad, dispuestos a dejarse seducir por el rechinar de los neumáticos sobre el asfalto. Buena prueba de ello son estas tierras valencianas, siempre dispuestas a fastos tan desmesurados como fugaces. Aquí Francisco Camps y Rita Barberá han sabido convertir la promoción de los más variadas pruebas automovilísticas en uno de sus principales reclamos, aprovechando la artificiosa estela de Fernando Alonso prefabricada desde sus monopolios televisivos por el yernísimo de José María Aznar. Surgía así una nueva y no menos santísima trinidad formada por el presidente de la Generalitat, Alejandro Agag y el rey de la Fórmula 1, un Bernie Ecclestone omnipotente y convencido de su hipnótico influjo en hacer y deshacer gobiernos a su antojo.
Consumado el embrujo en forma de Circuito del Motor, sólo queda el desagradable contratiempo de pagar una fórmula mágica que entre otros costosos ingredientes incluye los 3,4 millones de euros del contrato de carreras GP2, la competición en la que se ha especializado Agag como paso previo a su sueño de heredar el imperio de Bernie. Una contrariedad agravada además por la incapacidad del proyecto para generar recursos propios, como evidencian los informes oficiales, y por la imposibilidad de sacarse billetes de una chistera con los que pagar las facturas.
Obstáculos nimios, no obstante, para quienes han hecho del amor por el riesgo y la aventura una fórmula de vida política. Eso sí, una apuesta vital financiada con fondos públicos, como bien conoce Camps que ha sabido convertir las modificaciones de créditos presupuestarios en una suerte de milagro contable de los peces y los panes: se recortan 817.370 euros para rentas de integración social, 738.370 euros para el plan de vivienda, 667.460 del programa para la mejora de los municipios o se mengua en 203.140 euros el programa de ayuda humanitaria. Si todavía no hay suficiente, se puede seguir reclamando el trasvase del Ebro mientras se aminora en 551.930 euros la partida para la depuración de aguas o en 1.245.720 euros los fondos para promover el riego por goteo. Y así, sisando de aquí y de allá, se pueden reunir con facilidad los más de 35 millones de euros que son necesarios –por el momento- para que los valencianos puedan sentir cómo su comunidad con el ímpetu y la emoción de las grandes cilindradas, avanza veloz hacia ninguna parte.

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La CIA creó 23 empresas ficticias en el exterior tras los ataques del 11 de Septiembre.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense creó 23 empresas ficticias, principalmente en Europa, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 con el fin de infiltrar organizaciones islamistas, informó el diario Los Ángeles Times en su sitio de internet.

Citando a altos funcionarios actuales y ex miembros de la CIA, el diario preciso que la agencia ya cerró todas esas empresas, con excepción de dos.

Esas compañías, para las que la CIA gastó centenares de millones de dólares, formaban parte de un vasto plan para aumentar el número de agentes de la CIA que actúan en el exterior sin "cobertura oficial" con el fin de aumentar las posibilidades de la agencia de infiltrarse en las redes islamistas, afirma el diario.

Los agentes se presentaban entre otras cosas como empleados de banco, agencias de asesoramiento u otras empresas sin ningún vínculo aparente con el gobierno norteamericano.

Pero el proyecto suscitó una controversia en el seno de la propia CIA, a causa del lugar de implantación de esas empresas y sus dimensiones, que amenazaban con exponer a un gran número de agentes en caso de problemas, afirma Los Angeles Times.

Además, los falsos empresarios raramente entraban en contacto con miembros de Al Qaida, con lo que la operación se reveló ineficaz, añade el diario.

El candidato comunista a la presidencia de Chipre vence a las encuestas al obtener más del treinta por ciento de los votos.

La primera vuelta de la elección presidencial de Chipre se ha saldado con la eliminación del presidente saliente, el conservador, Tassos Papadopulos, quien obtuvo el 31% de los votos emitidos. La segunda vuelta será disputada entre el representante de un partido de centro, Ioannis Kasulides, ex ministro de Relaciones Exteriores (33.5%) y el comunista Demetrio Christofias, actual presidente del parlamento y secretario genral del Partido Comunista de Chipre (33.2%). El candidato comunista rompió así todos los sondeos y encuestas que lo situaban en tercer lugar.

Chipre asumió con sorpresa el resultado electoral más inesperado de la historia del país, que dejó fuera en la primera vuelta presidencial al jefe de Estado saliente, Tassos Papadopulos, lo que supone un impulso a los esfuerzos para reunificar la isla tras décadas de división.

Papadopoulos encabezó la campaña en el referendo que supuso un 'no' abrumador de la comunidad greco-chipriota al plan de reunificación propuesto por la ONU en 2004.

El fallo de los numerosos sondeos que daban como favorito al veterano presidente chipriota de 74 años, activo en la política chipriota desde la independencia de la isla en 1960, provocaron el estupor de la opinión pública y de la prensa local, que hoy se ocupó ampliamente del varapalo electoral.

El electorado chipriota decidió ayer que quienes se disputen el cargo el próximo 24 de febrero sean el eurodiputado independiente Ioannis Kassoulides, apoyado por el conservador DISY, y el actual presidente del parlamento y secretario general del partido comunista (AKEL), Dimitris Christofias.

Aunque Kassoulides y Christofias pertenecen a dos polos políticos opuestos, tienen como punto común el compromiso de una solución al problema de Chipre con un sistema federal que suponga la reunificación de la isla.

La perdida del apoyo del AKEL, imprescindible para su elección en 2003 y del que Papadopoulos gozaba hasta el pasado septiembre, fue uno de los factores que contribuyeron a la derrota, según todos los analistas.

AKEL, uno de los dos partidos mayoritarios en la isla, decidió presentar por primera vez a su propio candidato, proponiendo para el puesto a su secretario general, Dimitris Christofias.

El dirigente comunista, partidario del acercamiento entre turco-chipriotas y greco-chipriotas, presentó su candidatura para acabar con el estancamiento en el dialogo entre las dos comunidades.

Por otra parte, Kassoulides, apoyado por el partido conservador opositor DISY, ha sido el 'tapado' de estas elecciones, ya que los sondeos lo situaban fuera en la carrera hacia la presidencia.

Por ello, el diario de mayor tirada, 'Politis', que tituló hoy 'El fin de una era', opinó que los electores enviaron un claro mensaje para acabar con una política 'introvertida' y elegir el diálogo con la comunidad turco-chipriota.

El rotativo 'Simerini' opina, por el contrario, que Papadopoulos ha sido 'saqueado' por los partidos que le respaldaron.

Según el diario, el partido EVROKO, el socialista EDEK, el centrista DIKO y el Movimiento Ecologista -los partidos que apoyaron la candidatura de Papadopoulos- no lograron 'mantener' a sus votantes, algo, que según el diario, alcanzaron con éxito los partidos mayoritarios DISY y AKEL.

Por otra parte, el influyente diario 'Filelefteros' indica en su primera página que el resultado de los comicios podría cambiar el actual panorama político chipriota.

Lo cierto es que para la segunda vuelta electoral, que se disputará el próximo domingo, ya han comenzado las consultas entre los partidos políticos para elegir el nuevo presidente de Chipre.

La campaña electoral de los contendientes a la presidencia se centró principalmente en los pasos que el nuevo presidente debe seguir para la reunificación de la isla, dividida tras la invasión turca de 1974, que ocupó su parte septentrional.

En 1983 se autoproclamó la República Turca de Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara.

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Tres propuestas, tres generaciones a la cárcel.

La persecución a la iniciativa política de la izquierda abertzale supera todas las cotas, pero no es un fenómeno nuevo. El Estado ya mandó a toda la Mesa Nacional a la cárcel por divulgar la Alternativa Democrática en 1997, y replicó con la ilegalización a la Propuesta de Resolución Democrática tras el fin del proceso de Lizarra, cinco años después. El objetivo actual se llama Propuesta de Marco Democrático.

En la hemeroteca se encuentran detalles que reflejan la evolución del mapa político de un país: hace ahora ocho años todos los partidos arreme- tían contra el anuncio de HB de que no concurriría a las elecciones estatales. Salvo alguna rara excepción, la mayoría de los portavoces le reclamaban que hiciera política, también en Madrid. Hoy día, y con el asentimiento general, el Estado español actúa justo en sentido contrario, para taponarle cualquier vía de acción política (y con el objetivo añadido y a corto plazo de impedirle el retorno a las Cortes españolas).

La persecución a la iniciativa política de la izquierda abertzale se resume en tres capítulos de intensidad creciente. Primero fue la encarcelación de la Mesa Nacional; más tarde, la ilegalización y el cierre de sedes; ahora, el envío a prisión de decenas de personas, «los de ahora y los que vengan» en pa- labras del ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Son tres embates en algo más de una década que coinciden de modo casi mimético con las tres propuestas de resolución puestas en la mesa por los independentistas en este periodo. Sus nombres: Alternativa Democrática, Propuesta de Resolución Democrática y Propuesta de Marco Democrático.

La autodeterminación, «ilegítima»

Existe toda una línea de discurso generalizada pero errónea que atribuye el inicio de esta ofensiva al PP y sitúa al PSOE como mero continuador. Lo cierto es que fue el Gobierno de Felipe González, con Baltasar Garzón como punta de lanza, quien abrió esta vía de acción haciendo detener el 21 de febrero de 1996 a Jon Idigoras, como representante legal de HB. La Policía llevaba varios días a la caza y captura de un vídeo en el que ETA explicaba la propuesta patentada un año antes y que introducía con claridad el concepto de «dar la voz al pueblo» como fórmula de solución. La Mesa Nacional asume la difusión pública de esa propuesta como «un acto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero también como una obligación política ante un pueblo necesitado de democracia». Tan peligrosa debía ser la iniciativa que Garzón cifró la libertad de Idigoras en 300 millones de pesetas en un primer momento. Cuando fue rebajada a cinco millones y salió a la calle, el histórico militante ya fallecido sentenciaría que «yo estoy libre, pero mi pueblo sigue preso».

El proceso judicial sigue adelante y la Mesa Nacional al completo (23 dirigentes) será juzgada en el Tribunal Supremo español en otoño de 1997. Es una imagen nunca vista. En realidad, lo que se sienta en el banquillo no es una dirección política, sino una propuesta política: no la Mesa Nacional, sino la Alternativa Democrática. Así lo admite el fiscal en su alegato, cuando alude a la «ilegitimidad» de la demanda de autodeterminación por afectar a la «indisoluble unidad de la nación española». La condena, más cantada todavía tras la ofensiva que sigue a la muerte del concejal Miguel Angel Blanco a manos de ETA, no tarda en llegar: a los mahaikides se les aplican siete años de cárcel.

Tras año y medio entre rejas, esta generación queda libre en julio de 1999 al admitir parcialmente su recurso el Tribunal Constitucional español, por motivos de forma y no de fondo. Para entonces, una nueva época se había abierto en el país de la mano del Acuerdo de Lizarra-Garazi, basado precisamente en el concepto de «dar la palabra al pueblo» y al que habían terminado de dar forma los sustitutos de los encarcelados.

«La ofensiva final» que no lo era

Corre el año 2002 cuando el Estado vuelve a poner a la dirección política de la izquierda abertzale en su diana. La ofensiva lleva entonces el liderazgo del PP, pero con el soporte acrítico del PSOE a través del Pacto impulsado por su nuevo líder -José Luis Rodríguez Zapatero- dos años antes. Y supone un salto porque incluye una medida nunca ensayada: la ilegalización.

La ofensiva se termina de perfilar de forma acelerada tras constatarse que Batasuna ha superado el batacazo producido por el fin de Lizarra-Garazi y ha presentado una nueva iniciativa que es leída por el resto de agentes como posibilista y más factible. Entre otras cosas, introduce el concepto de que «hay que diferenciar la paz de los proyectos políticos», pone el acento en la necesidad de «respetar la pluralidad» y sitúa la clave de bóveda de la paz futura sobre la cuestión del derecho de autodeterminación.

La respuesta del Estado llega, por contra, en los términos más gruesos posibles, con una virulencia no conocida hasta entonces. El juez Garzón, de nuevo protagonista, acusará a la izquierda abertzale de «practicar la limpieza étnica» y de «crímenes contra la Humanidad»; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, presentará sus demandas de ilegalización afirmando que va a liberar a los vascos «de los nazis».

La suspensión de actividades de agosto se calienta desde abril, con las primeras once detenciones del denominado 35/02 o «sumario de las herrikos». Sólo han pasado tres meses desde que se ha puesto sobre la mesa la Propuesta de Resolución Democrática. Le seguirían otras redadas durante los meses y años siguientes hasta completar cerca de 40 procesamientos ya confirmados hoy día y a la espera sólo de juicio.

Pero el epicentro de esta ofensiva es la ilegalización. Las declaraciones hechas en ese mes de agosto de 2002 dejan claro que sus impulsores no tienen duda de que constituirá el zarpazo definitivo la la izquierda abertzale: «Es el principio del fin» (José Bono, del PSOE); «Es el fin de la impunidad» (Leopoldo Barreda, del PP); «Batasuna no existe» (María Teresa Fernández de la Vega, del Gobierno español). Pero los hechos demostrarán que este sector, aun ilegalizado, mantendrá su capacidad de iniciativa. Lo explicaría así Arnaldo Otegi en 2005: «Somos ilegales, pero no clandestinos; hemos dado la cara siempre, hemos estado en la calle y hemos planteado iniciativas sin ocultarnos. Y hay una segunda parte de esa decisión que todavía no se le ha reconocido a la izquierda abertzale. Hay quienes dicen que Batasuna está ligada a la lucha armada y que para nosotros la utilización de la vía armada es prácticamente un tótem, y en ese momento para nosotros hubiera sido muy fácil hacer el discurso de que no había condiciones democráticas, que estábamos en la ilegalidad y que, por lo tanto, la única respuesta posible al Estado era la lucha armada. Y no lo hicimos. Mantuvimos una apuesta por la no-clandestinidad y por la lucha institucional y de masas».

Reuniones, charlas y entrevistas

De esta siembra saldrá un nuevo proceso de negociación, el desarrollado entre 2005 y 2007. Y tras su ruptura, como en 2002, una nueva acometida del Estado contra la dirección política de la izquierda abertzale, que ayer escribió su último capítulo hasta ahora.

La ofensiva bate récords en el número de detenciones y en la gravedad de las imputaciones: «integración» o «colaboración» en todos los casos, al amparo del aval logrado ya vía sentencias para la tesis del «todo es ETA». Pero, además, por vez primera desde el Estado no se esconde que el objetivo es el que fue también en 1997 y 2002: que deje de hacer política. Un mensaje que repite el ministro del Interior y que tampoco se oculta en los autos de Garzón: las órdenes de prisión se justifican en reuniones políticas, ruedas de prensa y entrevistas públicas.

Por si a alguien le quedaran dudas, el ataque se reactiva con más fuerza cuando la izquierda abertzale comienza a explicar lo ocurrido en Loiola y a difundir la Propuesta de Marco Democrático. El juez no tarda ni un día en ordenar detener a sus portavoces.

Cada vez más allá

1996-1997

El Gobierno de Felipe González, con Garzón como juez ejecutor, inicia una actuación contra la Mesa Nacional de HB para impedir la difusión de la Alternativa Democrática, propuesta de solución impulsada por ETA en 1995. La querella llevará a la condena de toda la Mesa Nacional por «colaboración» en 1997. Tras año y medio de cárcel, serían exculpados por el Constitucional español.

2002

El Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, pone en marcha una medida hasta ahora no ensayada: la suspensión primero e ilegalización después de la izquierda abertzale. Para sustentar el cierre de sedes, Garzón pone en marcha el sumario 35/02, que motivará varias redadas y el procesamiento final de unas 40 personas, entre ellas Arnaldo Otegi, Joseba Permach...

2007-2008

Como en 2002, el Estado español vuelve a recurrir a la cárcel como receta tras el final de un proceso de negociación frustrado. El nuevo salto lo acomete del Gobierno del PSOE y tiene como ingrediente principal el encarcelamiento masivo de dirigentes, en macrorredadas como la de Segura o la llevada a cabo el pasado 11 de Febrero. Y supone también la ampliación de la ilegalización a ANV y EHAK.

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Los cultivos de biocombustibles producen más emisiones de CO2.

...por Alok Jha, corresponsal científico en The Guardian

Traducido por Mario Cuellar para Globalizate (12/02/08)

Según un estudio, transformar los ecosistemas en cultivos de biocombustibles incrementará el calentamiento global y producirá un incremento neto de las emisiones de carbono.

Científicos han descubierto que alterar los bosques tropicales, turberas y campos de pastoreo, puede sobrepasar el ahorro en carbono producido por los biocombustibles y produce “deudas de carbono” que podrían necesitar siglos para ser compensadas.

El estudio sumará preocupaciones sobre la habilidad de los biocombustibles en reemplazar a los combustibles fósiles. La Unión Europea está revisando su petición de que los biocombustibles como el bioetanol y biodiesel deberían cubrir hasta un 10% del combustible para transportes en 2020. Gran Bretaña tiene un objetivo separado del 5% biocombustibles en gasolina y gasóleo para 2010.

En el estudio, los investigadores de EEUU calcularon que convertir ecosistemas naturales en cultivos de maíz o caña de azúcar para producir etanol, o palma o soja para biodiesel, podrían emitir entre 17 y 420 veces más carbono que los ahorros anuales de reemplazar los combustibles fósiles.

Esto es debido, a que el carbono contenido en las plantas y suelos originales es emitido como CO2 después de que son arrancados, cuando la vegetación se pudre. Los investigadores dijeron que esta deuda de carbono tiene que ser pagada antes de que los biocombustibles producidos en ese lugar pudieran contar respecto a la reducción de gases de efecto invernadero.

“Esta investigación examina la conversión de tierra para biocombustibles y hacemos la siguiente pregunta:´¿Esto lo vale?” comentó Joe Fargione, un científico del grupo ambiental The Nature Conservancy. “¿El carbono que pierdes al convertir bosques, campos de hierbas y turberas sobrepasa al carbono que tu ahorras al usar biocombustibles en lugar de combustibles fósiles? Y sorprendentemente, la respuesta es no.”

En Indonesia los investigadores encontraron que convertir tierras para la producción de aceite de palma aceleraba las peores deudas de carbono, requiriendo 423 años para compensarlo. Producir soja en el Amazonas supondría 319 años de biodiesel de soja para contrarrestar la deuda de carbono.

Stephen Polasky de la Universidad de Minesota, uno de los autores del estudio, publicado en la revista Science, dijo:” No tenemos incentivos apropiados en este momento porque los propietarios de la tierra son recompensados para producir aceite de palma y otros productos pero no son premiados para administrar el carbono. Esto crea incentivos para la aclarar en exceso la tierra y puede resultar en grandes incrementos de las emisiones de carbono”.

Fargione dijo que todos los biocombustibles en uso destruyeron enclaves naturales. “Producir biocombustibles basados en alimentos requerirá que aún más tierra sea convertida para la agricultura,” comentó. El equipo también identificó biocoumbustibles que no contribuyen al calentamiento global, incluyendo desperdicios agrícolas e hierbas que crecen en tierras no validas para cultivos.

“Los biocombustibles producidos en cultivos perennes recolectados en tierras degradadas que ya no es útil para los crecientes cultivos de alimentos podría realmente ayudarnos a combatir el calentamiento global”. Dijo Jason Hill de la Universidad de Minesota, que también tomó parte en el estudio. “Un ejemplo es el etanol producido de mezclas diversas de plantas nativas de las praderas.”

Noticia original:

http://www.guardian.co.uk/science/2008/feb/08/scienceofclimatechange.biofuels

www.globalizate.org

El Gobierno Vasco sigue financiando la industria de armamentos. El caso de SAPA.

El 9 de enero del presente año el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos. Una ley que tanto por su contenido (aborda en su declaración de intenciones cuestiones como la abolición de la deuda externa; utilización del actual gasto militar para cubrir las necesidades sociales, humanas y ambientales; desarrollo del denominado comercio justo; promoción de la reforma o desaparición del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio; igualdad de derechos a las personas inmigrantes…) como por su peculiar forma de gestación y aprobación (nace de una iniciativa legislativa popular y necesitó de varias rondas de votación con curiosos empates y llamativas alianzas, abstenciones y otros pormenores) debería estar ocupando en los medios de opinión y reflexión pública mucho más espacio del poco que hasta el momento ha obtenido.

Pero desde Gasteizkoak, como colectivo antimilitarista que desde hace muchos años venimos denunciando la vergonzosa existencia de la industria vasca de armamento (que cuenta con el apoyo y participación de empresas, instituciones, entidades, organizaciones políticas, sindicales…), queremos centrarnos en esa cuestión, también abordada por la Ley 14/2007, y contrastarla con la realidad.

La mencionada Ley, en su Artículo 3 -Actuaciones y convenios-, establece en su párrafo 3:

En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas.

Cualquier persona que conozca mínimamente la realidad de la industria militar vasca, sabe que –hasta la fecha- la política que los diferentes ejecutivos vascos han practicado es justamente la contraria.

Esta política, por poner algunos ejemplos, ha venido caracterizada tanto por el impulso de planes específicos para el sector -en el subsector de Arma corta-, como multimillonarias ayudas, subvenciones a fondo perdido, avales, beneficios fiscales… a muchas de las empresas implicadas (desde Gamesa Aeronáutica –hoy Aernnova- hasta Sener, Industria de Turbo Propulsores –ITP- o la multitud de Centros y Parques Tecnológicos o de Investigación presentes en la red de empresas vascas que participan en los principales programas europeos de aeronáutica militar –Avión de Combate Europeo, Avión de Transporte Militar Europeo, Helicóptero de Ataque Tigre…-).

Tampoco ha faltado la participación directa en el accionariado de algunas empresas por parte del ejecutivo, como en Gamesa Aeronáutica –hace una década-, o en la actualidad en Sener Aeronáutica, quien posee la mayoría de ITP.

Estas empresas también han contado con el respaldo político mediante la presencia de representantes del ejecutivo vasco -al más alto nivel- tanto en la inauguración de nuevas instalaciones: como en la presentación de la firma de nuevos contratos; en los viajes internacionales con objeto de abrir nuevos mercados a su producción militar. O, dicho más crudamente, para la promoción de nuevas guerras y conflictos, que no para otra cosa sirven las exportaciones de armamentos.

Pero vista la claridad y rotundidad del apartado ya comentado de la ley, habría que pensar que toda esta línea de apoyo político a la industria militar vasca va a cambiar radicalmente… aunque eso supondría un tremendo revolcón para buena parte de los hilos que tejen la política vasca (como la del resto de administraciones), pues gran parte de lo comentado hasta aquí tiene bastante que ver con las fluidas relaciones que ex altos cargos de la política tienen con los Consejos de Administración de las empresas del sector y con los suculentos beneficios que la industria militar supone para las entidades financieras que conceden préstamos a las organizaciones políticas. Mucho nos tememos que no vaya a ser así.

Y hacemos esta valoración no porque seamos pesimistas recalcitrantes, sino porque dos semanas después de la aprobación de la Ley nos hemos encontrado ya con la primera demostración palpable: el pasado 10 de enero la mayoría de medios escritos recogían la noticia de que el Gobierno Vasco había aprobado la concesión de ayudas a 7 empresas por valor de 24 millones de euros (financiados por el ejecutivo vasco y por las tres diputaciones forales) como apoyo a proyectos estratégicos. Y echando un vistazo a esa lista de empresas nos encontramos con SAPA-Placencia, a la que se le adjudica una subvención de 3,1 millones de euros para la creación de nuevas instalaciones donde mejorar su producción centrada en las transmisiones y unidad de potencia auxiliar de vehículos especiales.

Para comprender la verdadera enjundia de esta noticia –que por sí sola supone la evidencia de que el ejecutivo vasco se cisca sin pudor alguno en lo aprobado en la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos- hay que intentar responder a algunas cuestiones: ¿Quién es SAPA?, ¿cuáles son esos vehículos especiales a los que se dedica?, ¿por qué necesita unas nuevas instalaciones?, ¿qué curiosos personajes están presentes en su Consejo de Administración o en sus cargos de asesoramiento? Intentemos responderlas brevemente.

SAPA-Placencia –hasta hace unos años conocida como Sociedad Anónima Placencia de las Armas- es la empresa de producción militar más antigua del Estado español –sus orígenes se remontan al año 1573- y en la actualidad la principal empresa vasca del sector de armamento y munición. A lo largo de su historia se ha destacado en la producción y mantenimiento de piezas de artillería. De hecho, cuando la actual SAPA-Placencia se constituye hace unos años declara como objeto social de la empresa: cualesquiera actividades comerciales industriales y de investigación relacionadas con material de guerra preferentemente de artilleria y municiones.

Sin embargo en los últimos años, de la mano de su departamento de I+D se ha especializado en la unidad de potencia auxiliar (UPA) y en las transmisiones mecánicas para vehículos pesados. En concreto la UPA es un elemento diseñado para su integración en el Carro de Combate Leopardo 2E, mientras que la transmisión SG-850 ha sido diseñada para el vehículo blindado Pizarro, dos de los principales programas de armamento en los que actualmente despilfarra dinero público el Ministerio de Defensa español.

Habrá quien piense que, no obstante, ambos desarrollos probablemente tengan una clara aplicación civil. Pero todas las dudas se disipan leyendo las declaraciones del Director Industrial de la empresa quien en su propio boletín Innovación de junio de 2007 a la pregunta ¿tiene SAPA PLACENCIA la intención de introducir sus productos en el mercado civil?”, contesta:

“La intención de SAPA PLACENCIA, a día de hoy, es ampliar el mercado militar a nivel internacional. (…) El mercado civil es muy distinto a la industria militar. Aunque la tecnología sea la misma, la forma de producir es muy diferente con una producción en masa de forma inteligente. En SAPA PLACENCIA, la producción sí que es militar”.

Y, de hecho, en ese mismo boletín se informa de que :

“La UPA desarrollada por SAPA PLACENCIA ha sido preseleccionada por US TACOM (Centro de Ingeniería y Desarrollo del Ejército Americano) como candidata para ser introducida en los tres principales vehículos de su Ejército: Abrahams, Bradley y Stryker.”

Curioso también los referente a las nuevas instalaciones. Hasta finales de 2004 SAPA poseía dos plantas industriales, una en Soraluce (Placencia de Armas) y otra en Andoain. Como declaró el propio Alcalde de Soraluce (Gara, 19-11-2004) la empesa intentó que el Ayuntamiento recalificara los 11.000 metros cuadrados que la empresa poseía, para que cuando ésta los vendiera allí se pudieran construir viviendas. Como el Ayuntamiento se negó a la maniobra especulativa, la empresa cerró la fábrica de Soraluce trasladando toda su producción a Andoain.

Pues bien, durante 2007 ha vuelto a repetir la jugada, pero ahora en Andoain y contando con el visto bueno municipal. Así, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento que supondrá el desarrollo residencial de los terrenos en los que se ubica la empresa, lo que permitirá la construcción de 500 a 600 viviendas. Y, claro, ello trae consigo que SAPA necesite una nueva planta que, gracias al convenio con el Ayuntamiento, ubicará en el nuevo polígono industrial Antzizu, junto a Leizotz. Así logra realizar el negocio que le negaron en Soraluce y consigue una instalación nueva que, además, va a contar con los 3,1 millones de euros de ayuda que para ello le ha concedido el Gobierno vasco. Todo un chollo.

Nos queda por abordar una de las cuestiones planteadas. ¿Qué personas y personajes están tras las siglas SAPA?. La empresa pertenece de antaño a la familia Aperribay. Joaquín Aperribay Elosua –antiguo alcalde de Deba- es el Presidente del Consejo de Administración y su hijo Jokin Aperribay Bedialauneta uno de los Consejeros. También es conocido que el histórico dirigente jeltzale Ramón Labayen –antiguo Alcalde de Donostia- ha sido durante años Asesor militar de la empresa.

Pero las especiales relaciones de la empresa son de otro calibre. Durante años su Vicepresidente ha sido Enrique Falcó Carrión, Conde de Elda y presidente del Consejo de la Grandeza, organismo consultivo de la Administración del Estado en el que están agrupados los 300 Grandes de España.

Hasta su muerte también estaba en su Consejo de Administración Gabriel Peña Aranda, miembro del famoso grupo de opinión de la transición denominado Tácito, Director General de Televisión española durante los años 1975 y 1976 y posteriormente Director de la División de Defensa del Instituto Nacional de Industria en el gobierno de la UCD.

Tras la muerte de Peña Aranda y con intención de sustituirle por alguien con parecida capacidad de influencia en las esferas políticas relacionadas con la industria armamentística, nos encontramos con la última sorpresa en su Consejo de Administación: Pedro Morenés Eulate, Secretario de Estado de Defensa de 1996 a 2000; Secretario de Estado de Seguridad de 2000 a 2002 y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004. Un gran conocedor de los entresijos administrativos ligados a las fuerzas militares y policiales quien, además, recientemente ha sustituido precisamente al Conde de Elda como Presidente del tan selecto como exclusivo Club Puerta de Hierro de Madrid.

Tras estos datos es más fácil entender cómo después del gran reajuste que ha sufrido a nivel internacional el sector de armamento y munición (especialmente en Europa), donde las pequeñas empresas o han desaparecido o han sido absorbidas por grandes multinacionales del sector, la pequeña SAPA goza de una salud excelente y no carece de pedidos y expectativas para su producción de armamentos. Es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad -AFARMADE-; es accionista del consorcio público-privado para la exportación de material militar DEFEX (Defensa y Exportación); es igualmente -y aquí coincide con el Gobierno Vasco- Socio Protector de la revista “Memorial Ingeniería de Armamento”, y parte de sus beneficios los invierte como empresa en el Fondo de Inversión de Acumulación DINERBANC F.I., perteneciente al Grupo Banco Atlántico, en el que poseía en 2004 cerca de la tercera parte de todo el patrimonio.

Pues bien, a esta empresa es a la que el Gobierno Vasco ha otorgado esos 3,1 millones de euros, incumpliendo flagrantemente la ley aprobada el 28 de diciembre.

Todo apunta a que éste no será el único incumplimiento, ya que las ayudas y subvenciones a la industria militar vasca que en los últimos años ha cambiado de arriba abajo (a lo largo del año nos proponemos publicar un informe sobre su actual realidad) son, desgraciadamente, el pan nuestro de cada día.

Ante todo ello, nos quedan al menos dos salidas. O hacemos oídos sordos a estos datos y dejamos que se sigan riendo en nuestra cara, o tomamos conciencia de una vez por todas de que para acabar con esa vergonzante industria vasca de armamentos nada cabe esperar de instituciones y organizaciones políticas y que en esto, como en tantas otras cosas, está en juego el convertir nuestros deseos transformadores en realidad, lo que dependerá del empeño que pongamos en conseguirlo. Sigan ellos con sus palabras huecas. Eso sí, no permitamos que no nos tomen por idiotas.

www.eutsi.org