La persecución a la iniciativa política de la izquierda abertzale supera todas las cotas, pero no es un fenómeno nuevo. El Estado ya mandó a toda la Mesa Nacional a la cárcel por divulgar la Alternativa Democrática en 1997, y replicó con la ilegalización a la Propuesta de Resolución Democrática tras el fin del proceso de Lizarra, cinco años después. El objetivo actual se llama Propuesta de Marco Democrático.En la hemeroteca se encuentran detalles que reflejan la evolución del mapa político de un país: hace ahora ocho años todos los partidos arreme- tían contra el anuncio de HB de que no concurriría a las elecciones estatales. Salvo alguna rara excepción, la mayoría de los portavoces le reclamaban que hiciera política, también en Madrid. Hoy día, y con el asentimiento general, el Estado español actúa justo en sentido contrario, para taponarle cualquier vía de acción política (y con el objetivo añadido y a corto plazo de impedirle el retorno a las Cortes españolas).
La persecución a la iniciativa política de la izquierda abertzale se resume en tres capítulos de intensidad creciente. Primero fue la encarcelación de la Mesa Nacional; más tarde, la ilegalización y el cierre de sedes; ahora, el envío a prisión de decenas de personas, «los de ahora y los que vengan» en pa- labras del ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Son tres embates en algo más de una década que coinciden de modo casi mimético con las tres propuestas de resolución puestas en la mesa por los independentistas en este periodo. Sus nombres: Alternativa Democrática, Propuesta de Resolución Democrática y Propuesta de Marco Democrático.
La autodeterminación, «ilegítima»
Existe toda una línea de discurso generalizada pero errónea que atribuye el inicio de esta ofensiva al PP y sitúa al PSOE como mero continuador. Lo cierto es que fue el Gobierno de Felipe González, con Baltasar Garzón como punta de lanza, quien abrió esta vía de acción haciendo detener el 21 de febrero de 1996 a Jon Idigoras, como representante legal de HB. La Policía llevaba varios días a la caza y captura de un vídeo en el que ETA explicaba la propuesta patentada un año antes y que introducía con claridad el concepto de «dar la voz al pueblo» como fórmula de solución. La Mesa Nacional asume la difusión pública de esa propuesta como «un acto de ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero también como una obligación política ante un pueblo necesitado de democracia». Tan peligrosa debía ser la iniciativa que Garzón cifró la libertad de Idigoras en 300 millones de pesetas en un primer momento. Cuando fue rebajada a cinco millones y salió a la calle, el histórico militante ya fallecido sentenciaría que «yo estoy libre, pero mi pueblo sigue preso».
El proceso judicial sigue adelante y la Mesa Nacional al completo (23 dirigentes) será juzgada en el Tribunal Supremo español en otoño de 1997. Es una imagen nunca vista. En realidad, lo que se sienta en el banquillo no es una dirección política, sino una propuesta política: no la Mesa Nacional, sino la Alternativa Democrática. Así lo admite el fiscal en su alegato, cuando alude a la «ilegitimidad» de la demanda de autodeterminación por afectar a la «indisoluble unidad de la nación española». La condena, más cantada todavía tras la ofensiva que sigue a la muerte del concejal Miguel Angel Blanco a manos de ETA, no tarda en llegar: a los mahaikides se les aplican siete años de cárcel.
Tras año y medio entre rejas, esta generación queda libre en julio de 1999 al admitir parcialmente su recurso el Tribunal Constitucional español, por motivos de forma y no de fondo. Para entonces, una nueva época se había abierto en el país de la mano del Acuerdo de Lizarra-Garazi, basado precisamente en el concepto de «dar la palabra al pueblo» y al que habían terminado de dar forma los sustitutos de los encarcelados.
«La ofensiva final» que no lo era
Corre el año 2002 cuando el Estado vuelve a poner a la dirección política de la izquierda abertzale en su diana. La ofensiva lleva entonces el liderazgo del PP, pero con el soporte acrítico del PSOE a través del Pacto impulsado por su nuevo líder -José Luis Rodríguez Zapatero- dos años antes. Y supone un salto porque incluye una medida nunca ensayada: la ilegalización.
La ofensiva se termina de perfilar de forma acelerada tras constatarse que Batasuna ha superado el batacazo producido por el fin de Lizarra-Garazi y ha presentado una nueva iniciativa que es leída por el resto de agentes como posibilista y más factible. Entre otras cosas, introduce el concepto de que «hay que diferenciar la paz de los proyectos políticos», pone el acento en la necesidad de «respetar la pluralidad» y sitúa la clave de bóveda de la paz futura sobre la cuestión del derecho de autodeterminación.
La respuesta del Estado llega, por contra, en los términos más gruesos posibles, con una virulencia no conocida hasta entonces. El juez Garzón, de nuevo protagonista, acusará a la izquierda abertzale de «practicar la limpieza étnica» y de «crímenes contra la Humanidad»; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, presentará sus demandas de ilegalización afirmando que va a liberar a los vascos «de los nazis».
La suspensión de actividades de agosto se calienta desde abril, con las primeras once detenciones del denominado 35/02 o «sumario de las herrikos». Sólo han pasado tres meses desde que se ha puesto sobre la mesa la Propuesta de Resolución Democrática. Le seguirían otras redadas durante los meses y años siguientes hasta completar cerca de 40 procesamientos ya confirmados hoy día y a la espera sólo de juicio.
Pero el epicentro de esta ofensiva es la ilegalización. Las declaraciones hechas en ese mes de agosto de 2002 dejan claro que sus impulsores no tienen duda de que constituirá el zarpazo definitivo la la izquierda abertzale: «Es el principio del fin» (José Bono, del PSOE); «Es el fin de la impunidad» (Leopoldo Barreda, del PP); «Batasuna no existe» (María Teresa Fernández de la Vega, del Gobierno español). Pero los hechos demostrarán que este sector, aun ilegalizado, mantendrá su capacidad de iniciativa. Lo explicaría así Arnaldo Otegi en 2005: «Somos ilegales, pero no clandestinos; hemos dado la cara siempre, hemos estado en la calle y hemos planteado iniciativas sin ocultarnos. Y hay una segunda parte de esa decisión que todavía no se le ha reconocido a la izquierda abertzale. Hay quienes dicen que Batasuna está ligada a la lucha armada y que para nosotros la utilización de la vía armada es prácticamente un tótem, y en ese momento para nosotros hubiera sido muy fácil hacer el discurso de que no había condiciones democráticas, que estábamos en la ilegalidad y que, por lo tanto, la única respuesta posible al Estado era la lucha armada. Y no lo hicimos. Mantuvimos una apuesta por la no-clandestinidad y por la lucha institucional y de masas».
Reuniones, charlas y entrevistas
De esta siembra saldrá un nuevo proceso de negociación, el desarrollado entre 2005 y 2007. Y tras su ruptura, como en 2002, una nueva acometida del Estado contra la dirección política de la izquierda abertzale, que ayer escribió su último capítulo hasta ahora.
La ofensiva bate récords en el número de detenciones y en la gravedad de las imputaciones: «integración» o «colaboración» en todos los casos, al amparo del aval logrado ya vía sentencias para la tesis del «todo es ETA». Pero, además, por vez primera desde el Estado no se esconde que el objetivo es el que fue también en 1997 y 2002: que deje de hacer política. Un mensaje que repite el ministro del Interior y que tampoco se oculta en los autos de Garzón: las órdenes de prisión se justifican en reuniones políticas, ruedas de prensa y entrevistas públicas.
Por si a alguien le quedaran dudas, el ataque se reactiva con más fuerza cuando la izquierda abertzale comienza a explicar lo ocurrido en Loiola y a difundir la Propuesta de Marco Democrático. El juez no tarda ni un día en ordenar detener a sus portavoces.
1996-1997
El Gobierno de Felipe González, con Garzón como juez ejecutor, inicia una actuación contra la Mesa Nacional de HB para impedir la difusión de la Alternativa Democrática, propuesta de solución impulsada por ETA en 1995. La querella llevará a la condena de toda la Mesa Nacional por «colaboración» en 1997. Tras año y medio de cárcel, serían exculpados por el Constitucional español.
2002
El Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, pone en marcha una medida hasta ahora no ensayada: la suspensión primero e ilegalización después de la izquierda abertzale. Para sustentar el cierre de sedes, Garzón pone en marcha el sumario 35/02, que motivará varias redadas y el procesamiento final de unas 40 personas, entre ellas Arnaldo Otegi, Joseba Permach...
2007-2008
Como en 2002, el Estado español vuelve a recurrir a la cárcel como receta tras el final de un proceso de negociación frustrado. El nuevo salto lo acomete del Gobierno del PSOE y tiene como ingrediente principal el encarcelamiento masivo de dirigentes, en macrorredadas como la de Segura o la llevada a cabo el pasado 11 de Febrero. Y supone también la ampliación de la ilegalización a ANV y EHAK.
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