La falta de respeto del Gobierno a la dignidad humana provocó el caos que sufrimos el 13-2-2008. El asesinato de un obrero y las flagrantes violaciones a los derechos humanos realizadas por la Policía, imponía separar inmediatamente a estos jenízaros e iniciar una investigación por una comisión independiente. El principal responsable del caos y de las pérdidas económicas es el presidente Torrijos.El Instituto de Medicina Legal confirmó que Al Iromi Smith Rentaría, dirigente del SUNTRACS y estudiante de Matemáticas en el Centro Regional Universitario de Colón, fue asesinado el 12 de febrero por un policía motorizado (‘lince’), que le propinó un balazo por la espalda en la policlínica Hugo Spadafora.
Según la autopsia “la muerte ocurrió por un choque hemorrágico (masiva pérdida de sangre), producto de las lesiones internas causadas por el impacto y trayectoria de un proyectil de arma de fuego que entró por la región lumbar”. Gerardo González, dirigente de ANFACSS, denunció que estaba en la policlínica “cuando la unidad policial disparó contra el dirigente del SUNTRACS, sin tomar en cuenta la gran cantidad de pacientes, usuarios y funcionarios administrativos presentes”.
TVN mostró a los ‘linces’ y a un policía del tránsito pateando por la espalda a ciudadanos que se encontraban indefensos en el piso, lo cual ha generado el repudio de la mayor parte de la población, pero otras personas han guardado un silencio cómplice o, peor aún, han pretendido justificarlo.
Con Al Iromi Smith Rentaría, son tres los obreros asesinados en menos de un año. Si se le añade los fallecimientos de obreros de la construcción -29 en 2006 y 25 en 2007-, ocurridos porque muchas obras no cumplen con las elementales normas de seguridad, suman 57 los obreros que han muerto. Ni una sola de las voces que se han levantado para condenar las protestas del 13 de febrero, se han pronunciado para denunciar estas muertes y evitarlas; sólo hablan del derecho de los terceros a circular, sin pensar tan siquiera que 57 obreros jamás podrán volver a respirar y decenas de niños crecerán sin su padre.
El especialista en medicina laboral más reconocido de Centroamérica -Dr. Francisco Díaz Mérida- señala “la lucha vertical del SUNTRACS por la defensa de la salud y seguridad de los trabajadores de la construcción se complica, aún más, por la presencia del gangsterismo sindical…”.
La falta de respeto del Gobierno a la dignidad humana provocó el caos que sufrimos el 13 de febrero. Ante el asesinato del obrero y las flagrantes violaciones a los derechos humanos realizadas por la Policía en Colón, se imponía separar inmediatamente a estos jenízaros e iniciar una investigación por una comisión independiente. Cuando el miércoles comenzaron los desórdenes, un gobernante preocupado por su pueblo hubiese llamado inmediatamente a los dirigentes del SUNTRACS para dialogar. El principal responsable del caos y de las pérdidas económicas es el presidente Torrijos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció el 13 de febrero que el gobierno de Torrijospagó 45 mil balboasa Juan Antonio Tejada Espino, que representó a Panamá como juez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia por el caso de desaparición forzada y muerte del líder sindical Heliodoro Portugal durante la dictadura de Omar Torrijos.
"Consideramos que este pago compromete la actitud de un juez que un Estado propuso y luego le da semejante pago, no sabemos si él (Tejada) aceptó o no el dinero y no sabemos si es ilegal, pero a todas luces es algo anti-ético y compromete la independencia e imparcialidad del juez", declaró a la AP, Soraya Long, directora de CEJIL Mesoamérica.
Long lamentó que Panamá dispusiera pagarle 45 mil balboas a Tejada Espino, cuando se rehusó a otorgar una reparación económica a la familia Portugal, que fue solicitada por CEJIL y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Con esta actitud, el gobierno del presidente Torrijos provocó que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana, exponiendo pública e internacionalmente a Panamá a responder ante un tribunal internacional por violaciones a derechos humanos", concluyó Long.
Ante una consulta de AP, el vocero del tribunal, Arturo Monge, expresó que los jueces ‘ad hoc’ reciben 150 dólares de honorario por cada día laborado.
Juan Antonio Tejada Espino –primo de Martín Torrijos- se desempeñó como Defensor del Pueblo y fiscal en el Ministerio Público. Según CEJIL, Tejada Espino también participó en las exhumaciones de restos humanos en el desaparecido cuartel de Los Pumas en Tocumen;se comprobó que esos restos eran de Heliodoro Portugal, desaparecido en 1970.
La máxima preferida del dictador Noriega: “Al amigo, plata; al indeciso, palo; y al enemigo, plomo” tiene plena vigencia en la administración Torrijos.
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