15/02/08
La izquierda abertzale lanzó el domingo pasado una convocatoria que tuvo como efecto inmediato la detención de catorce representantes políticos, de los cuales 11 ingresaban en prisión pocas horas antes de que en Euskal Herria comenzara una jornada de huelga general. A la vista del contexto político de la jornada movilizadora vivida ayer, no es exagerado afirmar que la izquierda abertzale logró dar un reflejo importante a su protesta. En una situación de máxima excepcionalidad para Euskal Herria, en que cada gesto político puede dar lugar a graves consecuencias penales, la primera consideración que cabe realizar es que la masa crítica independentista que existe en este país está activa y dispuesta a mostrarse en la calle. Ayer, miles de ciudadanos y de ciudadanas secundaron el paro, y apoyaron las manifestaciones impulsadas desde el ámbito sindical, para decir «stop» a una ofensiva estatal que trata de condicionar el cambio político en Euskal Herria.
La huelga general no tuvo igual reflejo en todos los sectores y todas las zonas, pero alteró la viva cotidiana... y la agenda de medios y políticos. Porque este país no se levanta todos los jueves con cortes de carreteras, interrupciones de servicios de cercanías, talleres y comercios cerrados, menos tráfico en los centros urbanos. El tratar de obviar ese hecho, perdiéndose como hizo ayer el consejero Joseba Azkarraga y algún representante de la patronal en disquisiciones sobre tantos por ciento de seguimiento de la huelga, roza el patetismo político. Por mucho que, aquejados de una especie de «síndrome Urdaci», desde Lakua y los medios de comunicación públicos se insistiera en un retrato aséptico de la «normalidad», lo cierto es que el 14-F no fue un día laboral más. Porque sí, señor Azkarraga, la de ayer fue una jornada de huelga «política», y por motivos políticos se movilizaron miles de trabajadores y trabajadoras que tienen pleno derecho a ser, participar y actuar en clave política.
Tras esas valoraciones oficiales de la huelga asoma, de partida, una actitud elitista de la actividad pública, que busca excluir al ciudadano del día a día político para limitar su acción política a dar un voto cada cuatro años. Y asoman más cosas. Entre ellas, el afán de ocultar que buena parte de los ciudadanos y ciudadanas que ejercieron legítimamente su derecho a la huelga debieron hacerlo, además, jugándose el tipo. Muchos de ellos se vieron sometidas a la presión constante de la Ertzaintza, y así se deduce de esa veintena de detenciones.
El consejero debería aclarar a la ciudadanía vasca si el derecho a la huelga, un derecho universal, sigue vigente en este país o si el tripartito lo ha derogado por su cuenta y riesgo a fin de utilizar todos los medios coercitivos de que dispone para impedir a un sector político que exprese su rechazo hacia una política de ilegalizaciones que, al menos en teoría, es rehusada por Lakua.
La evidente desproporción entre los medios que emplea el ejecutivo Ibarretxe para oponerse al Estado y los que utiliza para secundar al Estado en su ofensiva contra la izquierda abertzale se hace aún más patente ante jornadas como la vivida ayer, cuando se detiene a personas por encadenarse a un bidón en una carretera, colgarse del puente de Galindo o participar en piquetes informativos. A todas luces, la de ayer fue una jornada de reacción ciudadana, de respuesta social animada desde un sector político que en un tiempo récord, y disponiendo de mucho menos medios que los que utilizan las administraciones públicas, fue capaz de demostrar que el 14-F fue, cuanto menos, un jueves muy diferente.
La huelga que no existió la vieron los ciudadanos en los polígonos industriales, en las pequeñas localidades y en los centros de las ciudades; la huelga que no existió llevó a tomar partido a funcionarios, pero también a jugadores de fútbol, a comerciantes, y sus efectos alcanzaron incluso a programas conocidos de ETB. Con lo vivido ayer es difícil de sostener que la jornada de protesta no sirvió para canalizar una respuesta amplia, como es difícil de ocultar que, además de reflejar el malestar de la izquierda abertzale, el rechazo al «estado de excepción» se expresa en sectores y ambientes bien diversos.
Hacia el 9-M, y más allá
Como es sabido, tras una jornada de huelga general se abre el capítulo dedicado a las capitalizaciones, el capítulo de la gestión del resultado de la protesta. De partida, salta a la vista que esta protesta, que sigue a otras muchas movilizaciones, ha proyectado a una izquierda abertzale que no parece anclada en la fatalidad, sino más bien decidida a seguir haciendo política, por difícil que sea, para que se habilite un escenario democrático.
Por lo demás, el compromiso militante y la fuerte presencia de las gentes abertzales y de izquierda en todo Euskal Herria son dos factores que, diga lo que diga la propaganda oficial, descolocan e inquietan tanto al Estado como a los sectores más acomodaticios del autonomismo. Máxime cuando la movilización social puede relanzar a la izquierda abertzale en un contexto electoral en el que en su objetivo no ocultado es lograr el máximo de votos independentistas el 9-M.
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