El 9 de enero del presente año el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos. Una ley que tanto por su contenido (aborda en su declaración de intenciones cuestiones como la abolición de la deuda externa; utilización del actual gasto militar para cubrir las necesidades sociales, humanas y ambientales; desarrollo del denominado comercio justo; promoción de la reforma o desaparición del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio; igualdad de derechos a las personas inmigrantes…) como por su peculiar forma de gestación y aprobación (nace de una iniciativa legislativa popular y necesitó de varias rondas de votación con curiosos empates y llamativas alianzas, abstenciones y otros pormenores) debería estar ocupando en los medios de opinión y reflexión pública mucho más espacio del poco que hasta el momento ha obtenido.Pero desde Gasteizkoak, como colectivo antimilitarista que desde hace muchos años venimos denunciando la vergonzosa existencia de la industria vasca de armamento (que cuenta con el apoyo y participación de empresas, instituciones, entidades, organizaciones políticas, sindicales…), queremos centrarnos en esa cuestión, también abordada por la Ley 14/2007, y contrastarla con la realidad.
La mencionada Ley, en su Artículo 3 -Actuaciones y convenios-, establece en su párrafo 3:
En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas.
Cualquier persona que conozca mínimamente la realidad de la industria militar vasca, sabe que –hasta la fecha- la política que los diferentes ejecutivos vascos han practicado es justamente la contraria.
Esta política, por poner algunos ejemplos, ha venido caracterizada tanto por el impulso de planes específicos para el sector -en el subsector de Arma corta-, como multimillonarias ayudas, subvenciones a fondo perdido, avales, beneficios fiscales… a muchas de las empresas implicadas (desde Gamesa Aeronáutica –hoy Aernnova- hasta Sener, Industria de Turbo Propulsores –ITP- o la multitud de Centros y Parques Tecnológicos o de Investigación presentes en la red de empresas vascas que participan en los principales programas europeos de aeronáutica militar –Avión de Combate Europeo, Avión de Transporte Militar Europeo, Helicóptero de Ataque Tigre…-).
Tampoco ha faltado la participación directa en el accionariado de algunas empresas por parte del ejecutivo, como en Gamesa Aeronáutica –hace una década-, o en la actualidad en Sener Aeronáutica, quien posee la mayoría de ITP.
Estas empresas también han contado con el respaldo político mediante la presencia de representantes del ejecutivo vasco -al más alto nivel- tanto en la inauguración de nuevas instalaciones: como en la presentación de la firma de nuevos contratos; en los viajes internacionales con objeto de abrir nuevos mercados a su producción militar. O, dicho más crudamente, para la promoción de nuevas guerras y conflictos, que no para otra cosa sirven las exportaciones de armamentos.
Pero vista la claridad y rotundidad del apartado ya comentado de la ley, habría que pensar que toda esta línea de apoyo político a la industria militar vasca va a cambiar radicalmente… aunque eso supondría un tremendo revolcón para buena parte de los hilos que tejen la política vasca (como la del resto de administraciones), pues gran parte de lo comentado hasta aquí tiene bastante que ver con las fluidas relaciones que ex altos cargos de la política tienen con los Consejos de Administración de las empresas del sector y con los suculentos beneficios que la industria militar supone para las entidades financieras que conceden préstamos a las organizaciones políticas. Mucho nos tememos que no vaya a ser así.
Y hacemos esta valoración no porque seamos pesimistas recalcitrantes, sino porque dos semanas después de la aprobación de la Ley nos hemos encontrado ya con la primera demostración palpable: el pasado 10 de enero la mayoría de medios escritos recogían la noticia de que el Gobierno Vasco había aprobado la concesión de ayudas a 7 empresas por valor de 24 millones de euros (financiados por el ejecutivo vasco y por las tres diputaciones forales) como apoyo a proyectos estratégicos. Y echando un vistazo a esa lista de empresas nos encontramos con SAPA-Placencia, a la que se le adjudica una subvención de 3,1 millones de euros para la creación de nuevas instalaciones donde mejorar su producción centrada en las transmisiones y unidad de potencia auxiliar de vehículos especiales.
Para comprender la verdadera enjundia de esta noticia –que por sí sola supone la evidencia de que el ejecutivo vasco se cisca sin pudor alguno en lo aprobado en la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos- hay que intentar responder a algunas cuestiones: ¿Quién es SAPA?, ¿cuáles son esos vehículos especiales a los que se dedica?, ¿por qué necesita unas nuevas instalaciones?, ¿qué curiosos personajes están presentes en su Consejo de Administración o en sus cargos de asesoramiento? Intentemos responderlas brevemente.
SAPA-Placencia –hasta hace unos años conocida como Sociedad Anónima Placencia de las Armas- es la empresa de producción militar más antigua del Estado español –sus orígenes se remontan al año 1573- y en la actualidad la principal empresa vasca del sector de armamento y munición. A lo largo de su historia se ha destacado en la producción y mantenimiento de piezas de artillería. De hecho, cuando la actual SAPA-Placencia se constituye hace unos años declara como objeto social de la empresa: cualesquiera actividades comerciales industriales y de investigación relacionadas con material de guerra preferentemente de artilleria y municiones.
Sin embargo en los últimos años, de la mano de su departamento de I+D se ha especializado en la unidad de potencia auxiliar (UPA) y en las transmisiones mecánicas para vehículos pesados. En concreto la UPA es un elemento diseñado para su integración en el Carro de Combate Leopardo 2E, mientras que la transmisión SG-850 ha sido diseñada para el vehículo blindado Pizarro, dos de los principales programas de armamento en los que actualmente despilfarra dinero público el Ministerio de Defensa español.
Habrá quien piense que, no obstante, ambos desarrollos probablemente tengan una clara aplicación civil. Pero todas las dudas se disipan leyendo las declaraciones del Director Industrial de la empresa quien en su propio boletín Innovación de junio de 2007 a la pregunta “¿tiene SAPA PLACENCIA la intención de introducir sus productos en el mercado civil?”, contesta:
“La intención de SAPA PLACENCIA, a día de hoy, es ampliar el mercado militar a nivel internacional. (…) El mercado civil es muy distinto a la industria militar. Aunque la tecnología sea la misma, la forma de producir es muy diferente con una producción en masa de forma inteligente. En SAPA PLACENCIA, la producción sí que es militar”.
Y, de hecho, en ese mismo boletín se informa de que :
“La UPA desarrollada por SAPA PLACENCIA ha sido preseleccionada por US TACOM (Centro de Ingeniería y Desarrollo del Ejército Americano) como candidata para ser introducida en los tres principales vehículos de su Ejército: Abrahams, Bradley y Stryker.”
Curioso también los referente a las nuevas instalaciones. Hasta finales de 2004 SAPA poseía dos plantas industriales, una en Soraluce (Placencia de Armas) y otra en Andoain. Como declaró el propio Alcalde de Soraluce (Gara, 19-11-2004) la empesa intentó que el Ayuntamiento recalificara los 11.000 metros cuadrados que la empresa poseía, para que cuando ésta los vendiera allí se pudieran construir viviendas. Como el Ayuntamiento se negó a la maniobra especulativa, la empresa cerró la fábrica de Soraluce trasladando toda su producción a Andoain.
Pues bien, durante 2007 ha vuelto a repetir la jugada, pero ahora en Andoain y contando con el visto bueno municipal. Así, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento que supondrá el desarrollo residencial de los terrenos en los que se ubica la empresa, lo que permitirá la construcción de 500 a 600 viviendas. Y, claro, ello trae consigo que SAPA necesite una nueva planta que, gracias al convenio con el Ayuntamiento, ubicará en el nuevo polígono industrial Antzizu, junto a Leizotz. Así logra realizar el negocio que le negaron en Soraluce y consigue una instalación nueva que, además, va a contar con los 3,1 millones de euros de ayuda que para ello le ha concedido el Gobierno vasco. Todo un chollo.
Nos queda por abordar una de las cuestiones planteadas. ¿Qué personas y personajes están tras las siglas SAPA?. La empresa pertenece de antaño a la familia Aperribay. Joaquín Aperribay Elosua –antiguo alcalde de Deba- es el Presidente del Consejo de Administración y su hijo Jokin Aperribay Bedialauneta uno de los Consejeros. También es conocido que el histórico dirigente jeltzale Ramón Labayen –antiguo Alcalde de Donostia- ha sido durante años Asesor militar de la empresa.
Pero las especiales relaciones de la empresa son de otro calibre. Durante años su Vicepresidente ha sido Enrique Falcó Carrión, Conde de Elda y presidente del Consejo de la Grandeza, organismo consultivo de la Administración del Estado en el que están agrupados los 300 Grandes de España.
Hasta su muerte también estaba en su Consejo de Administración Gabriel Peña Aranda, miembro del famoso grupo de opinión de la transición denominado Tácito, Director General de Televisión española durante los años 1975 y 1976 y posteriormente Director de la División de Defensa del Instituto Nacional de Industria en el gobierno de la UCD.
Tras la muerte de Peña Aranda y con intención de sustituirle por alguien con parecida capacidad de influencia en las esferas políticas relacionadas con la industria armamentística, nos encontramos con la última sorpresa en su Consejo de Administación: Pedro Morenés Eulate, Secretario de Estado de Defensa de 1996 a 2000; Secretario de Estado de Seguridad de 2000 a 2002 y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004. Un gran conocedor de los entresijos administrativos ligados a las fuerzas militares y policiales quien, además, recientemente ha sustituido precisamente al Conde de Elda como Presidente del tan selecto como exclusivo Club Puerta de Hierro de Madrid.
Tras estos datos es más fácil entender cómo después del gran reajuste que ha sufrido a nivel internacional el sector de armamento y munición (especialmente en Europa), donde las pequeñas empresas o han desaparecido o han sido absorbidas por grandes multinacionales del sector, la pequeña SAPA goza de una salud excelente y no carece de pedidos y expectativas para su producción de armamentos. Es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad -AFARMADE-; es accionista del consorcio público-privado para la exportación de material militar DEFEX (Defensa y Exportación); es igualmente -y aquí coincide con el Gobierno Vasco- Socio Protector de la revista “Memorial Ingeniería de Armamento”, y parte de sus beneficios los invierte como empresa en el Fondo de Inversión de Acumulación DINERBANC F.I., perteneciente al Grupo Banco Atlántico, en el que poseía en 2004 cerca de la tercera parte de todo el patrimonio.
Pues bien, a esta empresa es a la que el Gobierno Vasco ha otorgado esos 3,1 millones de euros, incumpliendo flagrantemente la ley aprobada el 28 de diciembre.
Todo apunta a que éste no será el único incumplimiento, ya que las ayudas y subvenciones a la industria militar vasca que en los últimos años ha cambiado de arriba abajo (a lo largo del año nos proponemos publicar un informe sobre su actual realidad) son, desgraciadamente, el pan nuestro de cada día.
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