Comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los pasados días 20 y 21 de octubre, el Gobierno español compareció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del 94 periodo de sesiones y en relación al 5º informe periódico, que comenzó el 13 de octubre.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y que tiene como tarea la de comprobar si los Estados parte del Pacto están cumpliendo con sus disposiciones, (el reconocimiento y garantía de los derechos de la persona en su faceta individual –integridad física- y de acción política) que se comprometieron a respetar. Para ello, y entre otras tareas, dicho Comité debe analizar los informes que, cada seis años, han de presentar los Estados parte del Pacto sobre las disposiciones que hayan adoptado y que hagan efectivos a los derechos reconocidos en dicho Pacto.

En este sentido hay que recordar que el Estado español ratificó el pacto en 1977 y desde entonces, y hasta 1996, presentó 4 informes periódicos. En 2002, el Estado español incumplió su obligación de comparecer ante el Comité de Derechos Humanos, y no ha sido hasta 2008 que ha presentado el 5º informe, con un retraso de 12 años. Además, como expresaron los expertos del Comité, en este tiempo los Gobiernos españoles no han cumplido con algunas de las recomendaciones realizadas en el último informe, ni en posteriores informes de diversas instancias internacionales (como el CAT, la Comisión de DDHH del Consejo de Europa o el Relator especial contra la tortura), lo que pone de manifiesto el problema de la pervivencia de la tortura y otras violaciones del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este 5º informe periódico del Estado español ha generado un gran interés por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, que han remitido informes al Comité para su examen: AEDIDH, ALA y APDHE, Amnesty International, CAMHA, Conscience & Peace Tax International, ICJ, Democracy Reporting International, ACAT-FIACAT, Human Rights Watch, APDHA, Basque Observatory of Human Rights – Behatokia-, International Commission of Jurists, además de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Estos informes reflejan una valoración absolutamente opuesta a la que efectúa el Estado español en los informes remitidos al Comité [1] para esta ocasión.

Durante las sesiones, la delegación española, formada por ocho miembros de distintos ministerios afectados por las cuestiones a tratar, y presidida por el Sr. Javier Garrigues, embajador representante permanente de la Misión permanente de España en Ginebra, y por Fernando Irurzun, Jefe de la Abogacía General del Estado ante la Audiencia Nacional, que hizo de portavoz de la delegación, expuso los avances que, a su entender, se han realizado en relación a la última evaluación al Estado por parte del Comité en el año 1996. Entre otras cuestiones, se plantearon las medidas que se están tomando para hacer efectiva la doble instancia penal, la mejora de la situación en las prisiones con la construcción de mas cárceles y el aumento en la aplicación de regímenes de semi libertad y los elementos que mejoran la detención incomunicada. Posteriormente, el Estado pasó a responder a las 24 preguntas realizadas, por el Comité. El Gobierno español no cumplió los plazos previstos para enviar sus respuestas escritas, lo que ha dificultado la labor de las organizaciones sociales y de los propios miembros del Comité, que no han podido tener la documentación traducida para las sesiones, hecho apuntado por diversos miembros del Comité.

En el diálogo posterior, los miembros del Comité expresaron sus preocupaciones en relación con la detención incomunicada, (y en concreto la imposibilidad del detenido a ser asistido por un abogado de confianza, la duración de la incomunicación, las reticencias del Gobierno español para grabar los interrogatorios); la prisión provisional, el aislamiento penitenciario; la ‘evidente’ persistencia de la tortura y malos tratos en el Estado español, así como a la ‘poca voluntad’ del Gobierno de ‘mantener un dialogo’ con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre estas cuestiones; la segunda instancia y secreto de sumario; la extensión de la noción terrorismo que se ha producido en la ultima década en el Estado español; y episodios de torturas y malos tratos a inmigrantes, algunos con resultado de muerte, sobre los que han solicitado más información. Otras temas tratados por el examen del Comité han sido el tratamiento de los menores inmigrantes no acompañados, las expulsiones masivas de inmigrantes, el acceso al derecho de asilo, las políticas de lucha contra el racismo y la discriminación, la violencia doméstica y la memoria histórica.

Los expertos también mostraron su preocupación por las cuestiones relativas a la libertad de expresión, en referencia a los cierres de periódicos, la encarcelación de un ex-parlamentario europeo, y las persecuciones a las que a veces se ven sometidas las personas pertenecientes a grupos de denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos (a este respecto nuestra Coordinadora presentó un informe completo al Comité el pasado julio).[2]

En las deliberaciones de los próximos días, El Comité de Derechos Humanos analizará la información recibida sobre la observancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los avances realizados –o retrocesos- por parte del Estado español, y, en los próximos meses, se hará público el correspondiente Informe. Las recomendaciones que en él se incluyan serán de especial relevancia para la visión que pueda tener la comunidad internacional en referencia a la observancia de los derechos humanos en el Estado español.

Últimos informes de los Comités de Naciones Unidas en relación al Estado español

El último informe de conclusiones publicado por el Comité de Derechos Humanos, tras la comparecencia de abril de 1996 ya mencionada, documento CCPR/C79/Add.61 ([3]), ya incluía referencias a la “falta de investigaciones” en materia de tortura y que “cuando miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados con penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos”. Asimismo, señalaban la detención incomunicada por la que los detenidos acusados de pertenencia a organizaciones armadas “no tienen derecho a designar su propio abogado y son juzgados en la Audiencia Nacional sin tener posibilidad de presentar recurso”, ante lo que exhorta al Estado parte a “abstenerse de utilizar la detención incomunicada y le invita a reducir la duración de la prisión provisional”.

Aquel mismo año, 2002, El Estado español tuvo que comparecer ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura que, tras dicha comparecencia, emitió su informe final, recogido en CAT/C/CR/29/3 [4], y en el que mostraba su preocupación por: la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; el mantenimiento de la detención incomunicada; la prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura; las denuncias de malos tratos infligidos a inmigrantes, incluyendo abuso sexual y violación, supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas; y las severas condiciones de reclusión de algunos de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento.

Madrid, 22 de octubre de 2008

Notas:

[1]Todos ellos, junto con los informes del Estado español, pueden verse en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm
[2]http://acat.pangea.org/publica/Informe-defensores.pdf
[3]http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.61.En?Opendocument
[4] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.29.3.Sp?Opendocument

www.prevenciontortura.org

El relator especial de la ONU para temas de terrorismo pide a España que elimine la incomunicación a los detenidos.

El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, ha pedido la abolición del régimen de incomunicación previsto en la legislación española para los detenidos por terrorismo. Scheinin ha manifestado en su comparecencia anual ante la Asamblea General de la ONU que el uso continuado de ese régimen es uno de los "asuntos inquietantes" que encontró en su visita el pasado mayo a España. Al mismo tiempo, indicó que tiene "inquietudes sobre la investigación y las detenciones efectuadas en la fase de instrucción del caso del 11-M".

Aseguró que la abrogación del régimen de incomunicación "fortalecería la credibilidad, en general, de la lucha antiterrorista de las autoridades y, al mismo tiempo, proporcionaría una mayor seguridad a la hora de exonerar a los acusados falsamente de maltratar a los sospechosos de terrorismo".

En una posterior conferencia de prensa, situó el juicio a los responsables del atentado del 11M entre las "buenas prácticas" que identificó en su revisión de la actuación española en materia antiterrorista. Al mismo tiempo, indicó que tiene "inquietudes sobre la investigación y las detenciones efectuadas en la fase de instrucción del caso".

Aclaró que mantiene un diálogo con las autoridades españolas sobre estas "preocupaciones", pero declinó ser más específico sobre su naturaleza porque todavía no ha podido presentar oficialmente el informe de su visita debido a "problemas de traducción".

Por otra parte, el relator expresó su convicción de que el ganador de las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. pondrá en marcha un plan para cerrar el centro de detención de Guantánamo.

Scheinin, que visitó el pasado diciembre la base militar estadounidense en Cuba, indicó que la mejor salida es que los sospechosos allí detenidos sean puestos en libertad o procesados en el sistema judicial norteamericano. "Los tribunales federales estadounidenses tienen competencia para procesar estos casos", señaló.

Destacó su preocupación por la tendencia de algunos países a desviar el procesamiento de los sospechosos de terrorismo fuera de los canales judiciales tradicionales en los que se cuenta con las garantías necesarias para celebrar "juicios justos".

"La ausencia de juicios justos es uno de los factores que llevan a que algunas personas acudan al terrorismo", indicó Scheinin. A su juicio, estas circunstancias no justifican la comisión de actos terroristas, pero causan sentimientos de "marginalidad" y "profunda injusticia" que alimentan el empleo de ese método de violencia.

"Los juicios justos deben formar parte de cualquier estrategia elaborada para evitar que alguien tome ese paso catastrófico", apuntó.

www.insurgente.org

Los abusos que la ONU se empeña en encubrir.

En 1992, 22.000 soldados y empleados de la ONU llegaron a Camboya para reconstruir un país arrasado por la guerra. «Los chicos siempre serán chicos», ésa fue la sonrojante respuesta que tiempo después dio el por entonces jefe de la misión a aquel país, Yasushi Akashi, a la carta de 170 camboyanos que denunciaron las sucesivas denuncias de agresiones sexuales a mujeres y niñas en aquel país por parte del personal de la ONU. Aquella presencia internacional coincidió con la propagación del sida entre la población del país. «Todo el mundo, incluso los soldados, tiene derecho a disfrutar de compañía femenina y no podemos discriminar a aquellos que sean seropositivos», volvió a contestar el incalificable Akashi.

En 1948 se aprobó la primera Misión de Paz de Naciones Unidas para controlar la tensión existente entre árabes e israelíes. En 2006, el despliegue de los conocidos como cascos azules alcanzó el récord de casi 81.000 militares y policías y alrededor de 15.000 civiles en 18 misiones por diversas partes del mundo. Hasta en las mejores familias hay alguna manzana podrida, según dicen, y desde la década de los noventa éstas comenzaron a aflorar entre las bendencidas fuerzas pacificadoras.

Fue a partir de entonces cuando su misión y la eficacia de la misma se vio en entredicho por numerosos escándalos de violaciones, pederastia o esclavitud sexual. Primero fue en Camboya, luego en Angola, Mozambique, Somalia, Bosnia, Croacia, Ruanda, últimamente en Haití... El colectivo antimilitarista Gasteizkoak acaba de publicar su libro ``Los `ejércitos humanitarios' y la violencia sexista militar'' (Ed. Zapateneo), donde repasa causas, consecuencias y soluciones a una práctica que, denuncia, la propia ONU lejos de erradicar insiste en maquillar, cuando no ocultar.

Ayer, en la capital alavesa, miembros de este grupo antimilitarista desvelaron la política de encubrimiento que los máximos responsables de la ONU -con su secretario general, Ban-Ki Moon, a la cabeza- hacen de estos casos de abuso y explotación sexual de su personal militar o civil. «Pretendemos dejar en evidencia que las cifras de la ONU sobre estos casos ocultan deliberadamente la dimensión del terrible problema y no reflejan, quizá, ni un 10% de la realidad», advertía Estitxu Martínez de Guevara.

Informes que caen en el olvido

Es evidente que estas conductas no son la norma, sin embargo siguen produciéndose sin que parezca que se tomen medidas correctivas. Hace ya unos años que ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se presentó el informe titulado ``La violencia perpetrada contra la mujer en tiempos de conflicto armado (1997-2000)''. En el mismo se daba cuenta de las tropelías cometidas contra mujeres y niñas por parte del personal de Naciones Unidas.

«Hay que poner coto a este fenómeno y exponer estos hechos públicamente para que sus autores sean castigados, aunque sean miembros de la ONU, ya que es absolutamente indispensable que todas las fuerzas de Naciones Unidas estén sujetas a las mismas normas que las leyes humanitarias de los estados miembros», insistía entonces la autora del informe.

Esta misma relatora destacaba un caso particularmente truculento que tuvo lugar en el Congo en el año 1999, exactamente en la aldea de Mwenga, donde, según sus informaciones, cinco mujeres acusadas de brujería fueron detenidas por un grupo de soldados, que pusiero pimienta caliente en sus vaginas y a continuación las enterraron vivas.

Sin embargo, a pesar de documentos como éste y otros firmados por ONG, poco o nada se ha hecho. «La violencia sexual cometida por los cascos azules sigue presente en todas y cada una de las misiones de Naciones Unidas y es protagonizada por miembros de los `ejércitos humanitarios' de todas las nacionalidades», insitieron ayer desde Gasteizkoak.

La ONU maquilla sus cifras

La ONU, denuncia este colectivo antimilitarista, no presenta oficialmente cifras sobre casos conocidos, sino denuncias presentadas. «¿Cuántas víctimas de violación de un casco azul se plantean presentar denuncias?», se preguntan. Pero es que, además, Naciones Unidas no contabiliza aquellas denuncias rechazadas por «pruebas insuficientes». El resultado es que en 2006, por ejemplo, un 70% de las quejas fueron negadas por esa «carencia de pruebas».

De esta manera, entre 2004 y 2006, con el surcoreano Ban-Ki Moon al frente a la ONU, las denuncias oficialmente contabilizadas fueron 319. «Lo que no hicieron público es que el total de denuncias interpuestas fueron 802, de las cuales ni un 40% habían sido investigadas totalmente», matiza este colectivo gasteiztarra.

Así no es de extrañar, expone Gasteizkoak, que en 2007 la cifra de denuncias por este tipo de abusos haya bajado, pues ya sólo se cuentan aquellas denuncias cuya investigación ha finalizado. Sin embargo, existe serias dudas sobre esas cifras.

En julio de 2007 se publicaba que 734 cascos azules marroquíes habían sido retirados de la misión en Costa de Marfil, acusados de explotación sexual de niñas menores. En noviembre del mismo año 108 `pacificadores' ceilandeses de la misión de la ONU en Haití fueron repatriados acusados del mismo delito.

En el caso de los soldados marroquíes, las investigaciones de su gobierno tuvieron que abandonarse sin conclusiones, porque las víctimas «aparentemente se negaron a colaborar con la investigación». Y, por tanto, no constarían como denuncias.

«Tolerancia cero» que no es tal

«Tras más de 4 años de intentar practicar una política de tolerancia cero, pero con un fracaso absoluto, la ONU parece querer lavarse las manos y ha decidido que los actos delictivos de los Cascos Azules competan a los gobiernos de origen de éstos y a sus mandos», le recriminan desde Gasteizkoak.

A partir de esa decisión, como señaló en su día el portavoz de la ONU, Nick Birnback, «la Organización dependerá de los esfuerzos de los países que aportan tropas y policías para investigar y disciplinar a sus nacionales cuando se pruebe que hayan cometido abusos mientras servían en operaciones bajo la bandera de la ONU».

Lo cierto es que en los últimos años, sólo Nigeria, Bangladesh y Sri Lanka han procesado a algunos criminales sexuales uniformados. Pero en la memoria de todos están denuncias como las que recibieron cascos azules holandes en los conflictos de Bosnia o Angola.

«La llegada de soldados de mantenimiento de la paz siempre ha estado vinculada a un aumento vertiginoso de la prostitución infantil, a veces de hasta el 50%», señaló en su día Save the Children. Pero como se defendió uno de esos soldados repatriados a su país por estos abusos: «¿Qué esperan que hagamos, cuando la ONU nos entrega condones gratis?».

www.gara.net

La ONU critica prácticas del Estado francés contra presos y detenidos.

En su último informe referente al Estado francés, el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha criticado, entre otros aspectos, el tiempo de detención y prisión preventiva, haciéndose eco de las preocupaciones que le trasladaron organizaciones como Behatokia.

El Comité de los Derechos Humanos de la ONU muestra en este informe su inquietud por el hecho de que la ley francesa de 23 de enero de 2006 permita mantener durante cuatro días en comisaría a las personas sospechosas de "terrorismo", con una posible prolongación de dos días más, antes de ser trasladadas ante el juez. De esta forma, hace suyas las quejas trasladadas por organizaciones como Behatokia y Human Rights Watch, que habían insistido en la violación de los derechos humanos por parte del Estado francés en la aplicación de la "legislación antiterrorista".

Este Comité también muestra su preocupación por el hecho de que, en los casos de personas detenidas bajo sospecha de "terrorismo", no esté garantizado el acceso a un abogado hasta que no han transcurrido 72 horas de la detención, pudiendo alargarse esta situación hasta el quinto día de estancia en comisaría si este periodo es prolongado por el juez.

Del mismo modo, el Comité toma nota de que el derecho a guardar silencio durante el interrogatorio de la Policía, tenga o no que ver con actos de "terrorismo", no está explícitamente garantizado en el Código Penal.

Según las recomendaciones del Naciones Unidas, el Estado francés "debería vigilar que cualquier persona detenida acusada de una infracción penal, incluso las personas acusadas de terrorismo, deberían ser presentadas en el más corto espacio de tiempo delante de un juez".

El derecho del detenido a comunicarse con un abogado constituye, a juicio del Comité, una "garantía fundamental contra los malos tratos". A este respecto, considera que el Estado francés "debería hacer que las personas detenidas acusadas de actos de terrorismo se pudieran beneficiar inmediatamente de la asistencia de un abogado", así como ser informadas de que tienen derecho a guardar silencio durante el interrogatorio por parte de la policía.

"Un periodo razonable"

En lo que se refiere al periodo de prisión provisional "en los casos de terrorismo y crimen organizado", el Comité de Naciones Unidas expresa su preocupación por el hecho de que este periodo puede llegar a alcanzar cuatro años y ocho meses. A este respecto, señala que "está garantizada" la asistencia de un abogado de la defensa y el reexamen periódico del periodo de prisión por el juez de libertades y de prisiones, así como el derecho de recurso.

Sin embargo, matiza que "la práctica institucionalizada de un encarcelamiento prolongado a fin de llevar a cabo la investigación, antes de la acusación definitiva y el juicio penal, es difícilmente conciliable con el derecho a ser juzgado en un periodo razonable", tal como aparece garantizado en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado francés.

Por ello, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU afirma que "debería limitar la duración de la estancia en la cárcel antes del juicio y reforzar el papel de los jueces de libertades y de prisiones".

Entre otras cosas más, recomienda al Estado francés que examine la práctica consistente en mantener a las personas condenadas en "retención de seguridad" después de haber cumplido su pena de reclusión.

www.gara.net

La violación en (de) Haití: los logros de cuatro años de ocupación militar "humanitaria"

En toda situación de conflicto, quienes siempre se llevan la peor parte, son las mujeres. La utilización de su cuerpo como una extensión del campo de batalla no es algo nuevo. Siempre los ejércitos conquistadores, desde tiempos inmemoriales, se han apresurado ha ejercer sus derechos de "conquista" en la entrepierna femenina. En ella encuentran la manera más brutal de humillar y quebrar el espíritu de la población conquistada y mediante esta práctica horrenda logran los conquistadores dar rienda suelta a su propia bestialidad.

La ocupación "humanitaria" de Ayití no ha escapado a esta constante histórica. Los cascos azules y los makouts locales se han apresurado a utilizar la violación como una herramienta más para oprimir y castigar a una población que ha pecado de intentar muy insistentemente vivir con independencia de los dictados de las grandes potencias internacionales, crimen que para una nación del Caribe, es de carácter muy grave. Así, la violación asume frecuentemente (aunque no siempre) un carácter selectivo, políticamente motivado. La violación es realizada como un mecanismo de sometimiento político por parte de los cascos azules y las tropas de ocupación, de terrorismo de Estado o de terrorismo makout, así como por la situación de violencia generalizada propia de una ocupación militar, que instala la ley del más fuerte como parte del imaginario social.

El comportamiento abusivo, en un sentido sexual, de las tropas de la ONU no es algo novedoso: existen pruebas contundentes de abusos sexuales en las misiones "humanitarias" en Liberia, el Congo y Timor Leste[1]. Eso es lo que se ha destapado. Quizás cuánto más hay aún que ver. Lo cierto, es que desde el comienzo mismo de la ocupación comenzaron a aparecer denuncias de violaciones y abuso sexual por parte de los makouts, pero también de los efectivos militares de la MINUSTAH[2]. Soldados jordanos ya han sido acusados de violación en múltiples ocasiones[3], así como uniformados paquistaníes[4]. El resultado ha sido siempre el mismo: impunidad para los perpetradores.

Recientemente, en Noviembre del 2007, la ONU repatrió a más de un centenar de militares de Sri Lanka por abusos sexuales a mujeres y menores. Para ser más específicos, a 111 militares de un contingente de 950 tropas de Sri Lanka[5]. No hay que ser un genio de las matemáticas para darse cuenta de la gravedad de esta situación: se desprende de esto que a más del 10% de los uniformados de Sri Lanka se les ha comprobado que han estado involucrados en abusos sexuales. Si, los mismos militares que han abusado extensivamente de la población tamil en su propio país... ¿podría esperarse entonces un súbito cambio en su corazón al desembarcar en tierras caribeñas?

La respuesta del gobierno fue típica: Préval guardó silencio, no dijo nada, absolutamente nada. Y al tiempo, apenas una personera de gobierno se aventuró con una tibia condena. Reacción que llegó demasiado tarde, y que era demasiado poco para la gravedad de los hechos[6].

Si de por sí las denuncias de violaciones son escasas, lo que es un fenómeno global, debido, en gran medida, a la estigmatización inherente a tan abominable crimen, en un país donde la violación va de la mano de la fuerza que de facto ejerce el poder, es muy esperable que las denuncias de violaciones no representen más que una ínfima proporción del universo real. Y las denuncias no han sido pocas. Según el informe de derechos humanos post-ocupación de Ayití, el famoso informe "Lancet", publicado en Febrero del 2006, 35.000 mujeres fueron violadas los dos primeros años de la ocupación; de las cuales, más de la mitad eran menores de edad[7]. Los principales acusados eran brasileños y jordanos.

Estas cifras nos pueden dar una estimación de la gravedad que tiene esta situación. De hecho, las prácticas de abuso sexual a menores y de violación parecieran ser una práctica rutinaria de los cascos azules. Un reportaje realizado por la BBC, en Noviembre del 2006, reveló que, a cambio de algunos cuantos dulces y un par de dólares, los cascos azules podían tener relaciones sexuales con muchachas menores de edad. El reportaje mencionado descubrió el caso de dos chicas de 11 años que mantenían relaciones sexuales con los soldados a cambio de algunas monedas. Otras chicas, ni siquiera recibían nada a cambio: eran sencillamente violadas. Una muchacha de 14 años relataba su experiencia con un soldado de Brasil: "Él me jaló de los brazos mientras me sujetaba las muñecas, empujándolas hacia atrás y así luchamos. Luego, él me violó". La familia clamó justicia, y los oficiales de la MINUSTAH dijeron que no había evidencia suficiente y, sencillamente, lo enviaron de vuelta, aún en servicio, a Brasil. Es que los cascos azules tienen inmunidad y solamente pueden ser sancionados en su país de origen: lo que se traduce frecuentemente en que son sencillamente mandados de vuelta y que sus abusos quedan impunes[8].

Pero en un país con una tradición de organización popular de base tan arraigada como en Ayití, es muy difícil que las víctimas se conformen en ese rol: sacando valor y fuerza de lo más hondo de su ser, las víctimas se organizan y buscan luchar por la dignidad que se les ha querido arrebatar. De hecho, las víctimas de violación y violencia sexual durante la dictadura de Cedras (1991-1994), agrupadas en una organización llamada Komisyon Fanm Viktim pou Viktim (Comisión de Mujeres las Víctimas para la Víctimas -KOFAVIV), se han dedicado, desde el golpe del 2004, ha apoyar a las víctimas de la nueva violencia sexual. Víctimas cuya tragedia es de origen político y social y, por tanto, la reparación a ellas debe pasar por esos mismos canales.

KOFAVIV organizó, el 1º de Septiembre del 2006, una manifestación contra la violencia hacia las mujeres, cuya declaración es elocuente:

"Somos víctimas de violación. Grupos armados penetran nuestras viviendas, nos roban todo cuanto tenemos, nos violan a nosotras y a nuestras hijas, queman nuestras casas, y nos amenazan (...) Cuando abrimos la boca para hablar, arriesgamos amenazas o ser asesinadas.
Al reflexionar sobre nuestra situación, podemos decir que somos víctimas de violaciones porque estamos privadas de derechos sociales y económicos. Vivimos en las peores viviendas. Carecemos de medios económicos (...) proteger los derechos de las mujeres no solamente es darles seguridad de los responsables de abusos, ni la justicia es solamente enviarlos a la cárcel. Se trata de que se respeten todos nuestros derechos (...) pues sabemos que la pobreza es la razón que convierte a muchas mujeres en víctimas. Tenemos un derecho a la educación. Demandamos que el Estado pare la privatización de las escuelas y construya escuelas públicas para que las mujeres puedan acceder a la educación. (...) Tenemos derecho al trabajo. Exigimos que el gobierno genere trabajo para las mujeres, sin discriminación, trabajos que den mayor poder económico a las mujeres para que puedan tener autonomía económica. Exigimos que el Estado valore el trabajo de las mujeres. Las mujeres que trabajan en el sector informal, en especial las que han enviudado debido a que sus maridos han muerto por causa de los conflictos políticos, quedando solas con muchos hijos, necesitan apoyo social. (...) Esto nos permitiría vivir decentemente".

Como es de esperarse, mientras continúa la ocupación y mientras las condiciones de miseria que reproducen la violencia hacia las mujeres se mantienen, las mujeres ayisien siguen siendo víctimas de violaciones. Y no solamente las mujeres, sino que otros sectores vulnerables, como los niños: recientemente, dos canadienses, supuestamente haciendo trabajo humanitario con huérfanos, fueron arrestados por cargos de violación[9].

Las mujeres, por tanto, como lo ha demostrado el ejemplo de KOFAVIV, deben organizarse, a fin de apoyarse, a fin de defenderse, a fin de denunciar. La situación de violencia a la cual las mujeres de los barrios populares, de los bidonville, son sometidas, no puede abstraerse de la situación de violencia generalizada que se vive en Ayití. Mientras la nación ayisien, o más bien, la clase trabajadora de esta nación, siga siendo violada por empresas transnacionales que se aprovechan de un modelo económico que explota y perpetúa desvergonzadamente la miseria de Ayití; por empresarios locales que se enriquecen a costa de la más sórdida miseria humana; por una burocracia estatal que lo único que hace es parasitar de una clase trabajadora famélica y desesperada, que ha debido recurrir a comer barro para paliar el hambre; por la policía y los makouts, que con su violencia generan las condiciones idóneas para la explotación absoluta; y por una ocupación foránea, la MINUSTAH, que oprime y humilla a las masas ayisien; mientras esa violación constante persista, las mujeres tendrán que mantener la guardia muy firme, por ellas y por sus hijas. Pues la peor parte, como siempre, se la llevan los sectores más vulnerables de la sociedad, o sea, ellas mismas y sus hijos.

Hoy, a cuatro años de la ocupación de Ayití, la lucha por la soberanía de la sexualidad de las mujeres así como por la auto-determinación ayisien, siguen siendo la orden del día.

José Antonio Gutiérrez D.

29 de Febrero del 2008

[1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6195830.stm

[2] http://www.haitiaction.net/News/LD/3_10_5/3_10_5.html

[3]
http://www.margueritelaurent.com/campaigns/campaignone/testimonies/jordanrape.html

[4] http://www.peacewomen.org/un/pkwatch/News/05/MINUSTAHpkersaccused.html

[5] http://www.turkishpress.com/news.asp?id=200762

[6] "La indignidad del Servilismo", Henry Boisrolin,
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=6889

[7]http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673606692118/fulltext
http://www.ijdh.org/pdf/Lancet%20Article%208-06.pdf

[8] "Fears over child abuse" Haiti Progrés, 6-12 de diciembre, 2006, p.9.
Originalmente publicado en BBC News, 30 de Noviembre del 2006
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6195830.stm

[9]http://www.cyberpresse.ca/article/20080220/CPACTUALITES/80220083/6488/CPACTUALITES
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-34396057@7-60,0.html

www.ainfos.ca/ca

Los alimentos suben, el hambre también.

El aumento del precio de los alimentos está incrementando el número de personas que pasan hambre en el mundo, según advirtió la agencia de Naciones Unidas responsable de la ayuda alimentaria a los países pobres.

En una entrevista publicada en el diario británico Financial Times, la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Josette Sheeran, dijo que podrían verse obligados a disminuir la ayuda que prestan debido al aumento de los precios en el sector agrícola.

Según Naciones Unidas, en 2007 el precio global de los alimentos registró un aumento del 40%.

Entre las principales razones para ese incremento se encuentra el aumento de la producción de biocombustibles hechos a partir de maíz y la subida del precio del petróleo.

En su entrevista con el Financial Times, la funcionaria de Naciones Unidas habló de la posibilidad de "limitar las raciones alimentarias o incluso el número de personas que reciben ayuda" si los donantes del programa no aportan más dinero.

Alimentos básicos

En cualquier caso, los responsables de la agencia de la ONU confían en poder evitar los recortes, aunque advierten de que la fuerte subida del precio de los alimentos ha elevado en varios millones de dólares su presupuesto semanal.

Josette Sheeran explicó que el aumento del precio de alimentos básicos como el trigo, el maíz o el arroz está afectando a países como México, Indonesia o Yemen, que no se encontraban en una situación de urgencia.

"El hambre tiene un rostro nuevo y está afectando a un amplio número de países", afirmó Sheeran.

El principal objetivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU es prestar ayuda a las regiones donde hay escasez de alimentos.

Pero ahora se ven obligados a ayudar en países donde el problema no es la escasez de alimentos sino su elevado precio.

Según le explicó Sheeran al Financial Times, las familias en países en desarrollo están pasando de hacer tres comidas al día a tan sólo una y están abandonando las dietas diversas para consumir alimentos básicos.

Racionamiento

Así, por primera vez en dos décadas, Egipto ha tenido que ampliar su sistema de racionamiento de alimentos, mientras que Pakistán ha reintroducido un sistema de cartillas de racionamiento que había abandonado a mediados de los años ochenta.

Además, países como China y Rusia imponen control de precios sobre los alimentos, mientras otros, como Argentina o Vietnam, están aumentando los impuestos a la exportación.

A principios de año el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que detrás del incremento de precio de los alimentos están, además de los biocombustibles y el petróleo, las sequías que han asolado varias de las principales regiones productoras agrícolas en el mundo y la creciente demanda de carne y productos lácteos.

A ello habría que sumar una mejor alimentación en economías emergentes como China e India.

Los efectos del incremento del precio de productos básicos en los últimos meses se dejaron sentir en todo el mundo.

Mientras en México se registraron varias manifestaciones en protesta por el precio de la tortilla, los italianos declararon una huelga de 24 horas sin pasta para protestar por su elevado precio y los alemanes derramaron más de una lágrima a la hora de beber la cada vez más inalcanzable jarra de cerveza.

www.kaosenlared.net

Con el silencio y la complicidad de la ONU y la OTAN, el gobierno de Turquía continúa su ofensiva contra la guerrilla kurda en territorio iraquí.

El gobierno turco es uno de los principales aliados del español en eso que se ha llamado "Alianza de Civilizaciones", hace poco compartían Erdogan y Zapatero sonrisas en Madrid. Por eso, el silencio se vuelve estremecedor (no hay condena ni se le espera) a la hora de valorar que un país como Turquía incursione sobre territorio de Iraq para atacar a la guerrilla de izquierda kurda, nucleada en torno al PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos). EEUU y la U.E no opinan, que en estos casos, es como apoyar. Mientras, vale la pena destacar las declaraciones del gobierno kurdo en la región autónoma del actual Iraq.

El enfrentamiento entre la guerrilla del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y el Ejército turco, que lanzó ayer una incursión terrestre en el norte de Irak, se ha cobrado ya la vida de 24 militares turcos, según fuentes del PKK, que manifestaron que sus milicianos repelieron la ofensiva y frenaron la invasión, aunque no contabilizaron las bajas propias. La irrupción en la zona kurda de Irak por el Ejército turco fue conocida con antelación por Estados Unidos.

El responsable de relaciones exteriores del PKK, Ahmed Deniz, señaló que 22 de las bajas turcas, no confirmadas por el Ejército turco, se produjeron en las zonas fronterizas de Bazia, Avashin y Zab, todas ellas despobladas y situadas en las provincias de Erbil y Dahuk.

Los otros dos uniformados turcos perdieron la vida,al parecer, en otra emboscada del PKK en el norte de Irak, que también causó heridas a otros ocho militares.

Turquía anunció ayer una operación militar terrestre, que se inició el jueves, y aún continúa, en el norte del país vecino, en la que participan 10.000 soldados para combatir a las bases del PKK.

La agencia de noticias iraquí Asuat al Iraq (Voces de Irak) informó de que las tropas turcas han entrado hasta cinco kilómetros en el interior del territorio iraquí, mientras que cerca de 2.000 efectivos de los 'peshmergas' (el Ejército de facto de la Región Autónoma del Kurdistán Iraquí) han sido enviados a Dahuk. Asimismo, testigos presenciales indicaron que las tropas turcas penetraron en la zona deshabitada de Kuli Balenda.

Precisamente, el presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Mahmud Barazani, viajó a Dahuk a una zona fronteriza con Turquía para pasar revista a los "peshmergas". Sin embargo, el portavoz de Gobierno iraquí, Ali Al Dabag, señaló a los periodistas que el presidente turco, Abdulá Gul, aseguró por teléfono a su homólogo iraquí, el kurdo Yalal Talabani, que no se ha producido combates entre los guerrilleros y las tropas turcas, que sí se enfrentaron a los milicianos del PKK.

Por su parte, el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, pidió a su colega turco, Recep Tayip Erdogan, en otra conversación telefónica que Turquía respete la soberanía de Irak. Dabag apuntó que Maliki garantizó a Erdogan el «apoyo de Irak a la seguridad y la estabilidad de Turquía» y apuntó que su país «es consciente de la amenaza que el PKK supone para Turquía».

Turquía avisó con antelación a los Gobiernos de Washington y Bagdad de sus planes para atacar las bases del PKK en el norte de Irak, según aseguró la propia Casa Blanca. Según explicó el portavoz, Scott Stanzel, «esto es algo de lo que sabíamos con anticipación», que. insistió que «como aliados dentro de la OTAN, mantenemos una larga relación para compartir datos de inteligencia con Turquía ».

¿Qué opinan los kurdos que gobiernan esa zona de Iraq?

El gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí condenó hoy el bombardeo turco y pidió la retirada inmediata de las tropas turcas de su territorio, según la agencia de noticias independiente iraquí Asuat al Iraq (Voces de Irak).

En declaraciones a dicha agencia, el responsable de relaciones exteriores del consejo de ministros del gobierno kurdo iraquí, Falah Mustafa, señaló que su ejecutivo 'condena las operaciones militares y el bombardeo aéreo (turco) que han afectado las infraestructuras de la región y pide su retirada inmediata del territorio kurdo'.

Asimismo, instó a EEUU a 'hacer los máximos esfuerzos posibles para detener las operaciones militares (turcas), ya que sin su apoyo Turquía no habría podido llevarlas a cabo y violar la soberanía iraquí por tierra y aire'.

Para Mustafa, 'el conflicto no debe solucionarse con la opción militar sino de manera pacífica'.
Aún así advirtió de que los Peshmerga (el ejército de facto de la Región Autónoma del Kurdistán Iraquí) están preparados para defender a su pueblo, a pesar de que 'el Gobierno del Kurdistán iraquí no desea que se desencadene un enfrentamiento entre sus fuerzas de seguridad y los turcos'.

En ese sentido, Mustafá invitó al Ejecutivo de Ankara a abrir un dialogo directo para resolver el conflicto.

Además, aseguró que su gobierno no es parte del conflicto, ya que 'ha adoptado numerosas medidas para frenar las actividades del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en la zona'.

'No deseamos que el pueblo kurdo pague el precio del problema ya que no forma parte de él', apuntó.

Turquía continúa hoy la operación, iniciada la noche del jueves pasado, contra los grupos armados del PKK en el norte de Irak con más de 10.000 hombres que penetraron unos 20 kilómetros en territorio iraquí.

El Estado Mayor turco ha informado de que durante el primer día de la operación murieron cinco soldados y 44 miembros del PKK, mientras que fuentes del grupo secesionista aseguraron el viernes que causaron 24 bajas en las filas turcas.

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Entra en vigor el Convenio Europeo de Lucha contra la Trata sin que España lo haya firmado.

A pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno Español sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata.

La trata con fines de explotación es una gravísima violación de los derechos humanos que afecta cada año, según la Organización Internacional del Trabajo, a unas 2.500.000 personas en el mundo. Al mismo tiempo, la trata de seres humanos es un negocio transnacional que genera unos 7000 millones de dólares anuales, situándose en el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, el tráfico de drogas y de armas.

En los últimos años se han dado avances importantes en la lucha contra esta nueva forma de esclavitud. En el 2000, la ONU sentaba las bases de la lucha internacional contra la trata con el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños que el Estado Español firmó y ratificó en el 2003. Asimismo, el 16 de mayo de 2005 el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Ambos mecanismos reconocen explícitamente que la trata es una violación de los derechos humanos, incorporando así la prevención, protección, asistencia y reparación de las víctimas al enfoque de lucha contra la criminalidad y control migratorio que los gobiernos han venido adoptando en la lucha contra la trata.

El 1 de febrero de 2008 entró en vigor el mencionado Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, dando un paso más en la protección de las personas víctimas de la trata en Europa. De los 47 Estados que componen el Consejo de Europa, 37 han firmado el Convenio y 13 de ellos lo han ratificado . Sin embargo, desde la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas, lamentamos que el Estado Español, uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa, esté entre los 10 Estados miembros que todavía no han firmado el Convenio. En una reunión el pasado 29 de enero en Madrid, la Red tuvo oportunidad de expresar esta preocupación a la Sra. Eva Biaudet, Representante Especial y Coordinadora de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la lucha contra la trata de seres humanos. Esta organización realizará un informe sobre la situación de la trata en España durante este año.

España sigue sin tener datos fiables sobre la magnitud real de esta violación de derechos humanos. La trata es una de las formas más crueles de violencia de género y una forma de esclavitud. La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. Son miles las personas extranjeras que son captadas y traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos. Además, estas mujeres sufren a menudo agresiones sexuales, violaciones, palizas y represalias contra sus familiares como métodos para garantizar su silencio y sumisión.

Además de instar al Gobierno español a que ponga en marcha el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual, desde un enfoque de derechos humanos que proteja los derechos de las víctimas, consideramos necesario que España se adhiera al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar el Convenio Europeo contra la Trata y que España debe garantizar para proteger y promover los derechos de las víctimas cabe destacar:

• Formar a los funcionarios para la correcta identificación de las víctimas, incluyendo medidas específicas para la protección de los/las menores de edad.

• Asistir a las víctimas en su proceso de recuperación física, psicológica y de integración social, con independencia de que colaboren o no como testigos contra los autores del delito y garantizando su derecho a la protección, asistencia y reparación.

• Reconocer un periodo de reflexión a las víctimas, en ningún caso inferior a 30 días, que les permita recuperarse, librarse de la influencia de los tratantes y decidir así, con conocimiento de causa si cooperan con las autoridades competentes.

• Conceder un permiso de residencia a la víctima, no solo por colaboración con las autoridades, sino también por motivos humanitarios. No debe sancionarse a las víctimas por eventuales infracciones en materia de extranjería.

• Proporcionar asistencia jurídica gratuita y garantías de protección a las víctimas para poder defender sus derechos en el procedimiento penal contra los traficantes.

• Tomar en consideración las necesidades de protección y seguridad de las víctimas, así como proteger su vida privada y seguridad.

• Sancionar penalmente a los clientes, implementando mecanismos contra o para desalentar la demanda.

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¿Resistirá Irán las sanciones económicas?

El borrador de una nueva propuesta de sanciones contra Irán ya va camino del Consejo de Seguridad. Desde la instalación de la República Islámica en 1979 hasta ahora Irán ha sufrido las consecuencias de una serie de leyes que castigan duramente su economía, con el objetivo de contener su potencial y desarrollo, y debilitarle políticamente.

En 1979 y como resultado de la crisis de su embajada en Teherán, Washington prohibió las transacciones de su gobierno y de sus ciudadanos con el régimen de los ayatolás; le siguió en 1993 la ley de Sanciones contra Irán, que contemplaba un embargo comercial total con éste país. Tres años después, además de bloquear la participación de Irán en la Organización Mundial del Comercio, EEUU endureció esa política en la llamada "ley Kennedy-D'Amato" que preveía penalizar a aquellos países que invertían más de 40 millones de dólares anuales en el sector energético en Irán. En 1997 ese límite se redujo a 20 millones.

Tras incluir el programa nuclear de Irán en la lista de sus pecados en el 2004, EEUU consiguió la conformidad de los demás miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, para aprobar unas penalizaciones más amplias. Fruto de las cuales han sido las resoluciones 1696, 1737, 1747 que aluden a la prohibición de Irán de exportar armas, la congelación de activos financieros a personas y entidades relacionados con el programa nuclear e impedir que los Estados e instituciones financieras asumieran nuevos compromisos de concesión de subvenciones, asistencia ni préstamos al Gobierno de la República Islámica, entre otras.

¿Se han conseguido los objetivos perseguidos? Si bien las sanciones por el momento no han cambiado ninguna de las políticas de Teherán criticadas por aquellas potencias, sí que han causado daños irreversibles al desarrollo del país y a la vida de sus ciudadanos, que además sufren las improvisadas y poco acertadas políticas de sus autoridades religiosas.

La huida de capitales extranjeras y nacionales de la República Islámica alcanzó su nivel más alto con los ataques verbales de su presidente, Mahmud Ahmadineyad a Israel, haciendo desplomar la propia bolsa de Teherán. A partir de entonces, el mercado de valores iraní funciona ajena a las turbulencias de la economía mundial, gracias a la ausencia de inversiones extranjeras, a la escasa capital privada y a que alrededor del 80% de sus acciones pertenecen a las empresas publicas.

Este peculiar rasgo no impide que la economía de Irán esté fuertemente condicionada por el mercado mundial. A pesar de las espectaculares ganancias por la venta del petróleo, unos 7.000 millones de dólares el 2007, la economía monoproductora iraní, infectada por la enfermedad holandesa - el dinero fácil que además de corromper a la elite política, provoca el descuido de otros sectores, causando la desindustrialización de la economía- se ve obligada a importar buena parte de las necesidades de la población.

Una insólita combinación de elementos de la economía neoliberal, medidas proteccionistas - subsidios y subvenciones-, en convivencia con las fundaciones caritativas públicas -gestionadas por el clero y los militares- han hecho que ninguna de las teorías clásicas de economía sea capaz de explicar los entresijos de las maniobras económicas de un gobierno que en su hinchada administración ha empleado al del 90 por ciento de los trabajadores, de forma directa e indirecta.

Aunque el crecimiento económico de los últimos cinco años no ha superado el 5 por ciento - las previsiones gubernamentales apuntaban un 13 por ciento-, la inflación galopante roza ya el 24 por ciento, y la cifra de desempleados, según Sazgar Nezhad, director del Instituto para la Formación Técnica del país, desespera al 32 por ciento de la población activa (unas 18 millones de personas), la economía de Irán no se ha hundido. Para que esto ocurra, deberían suceder dos cosas: que el precio del petróleo regresara a su valor de antes de la invasión a Irak, los 25 dólares el barril, o que se aplicara un embargo a ese producto del que Irán es la segunda reserva mundial y el cuarto productor. Paradojas de la vida: ¡Cuanto más presión hay sobre Irán, más aumenta el precio del hidrocarburo y más ingresos tendrá un gobierno cuyos presupuestos dependen en un 75 por ciento de esta fuente energética!

Por si acaso, el majlés, el parlamento iraní, el pasado mes de septiembre, aprobó el plan del racionamiento de alimentos para una situación de emergencia futura, mientras para el presente se centra en la construcción de más lugares de culto, los proyectos sociales benéficos a través de las cajas religiosas-, préstamos de bajo interés para las pequeñas empresas, o la compra de vivienda para los jóvenes con proyecto de casarse, el aumento del suelo mínimo, y en la privatización del 75 por ciento de la industria estatal -ya iniciada en el 2006- que ha contribuido al agravamiento de la situación, puesto que esas empresas a causa de problemas de gestión y de la obtención de materia prima se han visto obligadas a los despidos masivos y el posterior cierre.

El tiempo dirá si a largo plazo los actuales y futuros embargos aplicados por EEUU y sus aliados contra Irán tendrán los mismos efectos que tuvieron sobre el pueblo iraquí entre 1991 y 2003, cuando dejaron un país moribundo, cerca de dos millones de personas muertas, y un terreno libre para que su país fuese arrasado sin resistencia.

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El gobierno de Israel deja a Gaza sin luz y en un estado de emergencia a más de un millón de personas.

Israel decidió hace tres días impedir que los suministros de combustibles entren al territorio a través de los pasos fronterizos. La Autoridad Palestina de Energía consideró que los efectos de esta situación serán devastadores para una población de casi un millón y medio de habitantes. Tras la falta de electricidad se ha producido una demanda de bienes esenciales como arroz, harina y aceite, además de velas y baterías. La falta de suministro eléctrico afecta principalmente los servicios sanitarios y los hospitales, donde se atiende a decenas de heridos de los últimos ataques del ejército israelí que se cobraron al menos 37 vidas. Estos ataques, así como el cierre de los pasos fronterizos, fueron dispuestos por el ministro de Defensa, Ehud Barak, que dijo que los palestinos "exageran". Si esperan la condena de gobiernos europeos, esperen, esperen.

Naciones Unidas intentó persuadir infructuosamente al gobierno israelí para que levante la sanción que -según alega la organización- sólo contribuirá a empeorar la delicada situación humanitaria de Gaza.
La medida afecta incluso el ingreso de ayuda humanitaria que sólo puede pasar con la aprobación expresa de Barak.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Arye Mekel, minimizó el panorama que describen los palestinos. "Tienen interés en exagerar la situación", comentó el vocero. "La pelota está en su campo. Si detienen los cohetes hoy, todo volverá a la normalidad", agregó.
El director de la planta generadora de electricidad, Rafik Maliha, dijo que las turbinas dejaron de funcionar este domingo porque la terminal de suministro, Nahal Oz, estaba cerrada y ya no tenían reservas. Pero Mekel puso en dudas la afirmación y sostuvo que la paralización de la planta era innecesaria, ya que los palestinos de Gaza sí tienen reservas, así como gas para cocinar y diesel.

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Sacar a las FARC y al ELN del listado de grupos terroristas o romper la lista.

El día 11 de enero, el presidente venezolano Hugo Chávez, en la presentación de su informe anual de 2007 a la Asamblea Nacional afirmó: “Solicito a los gobiernos del continente (latinoamericano) que retiren a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque esa lista tiene una sola causa, la presión de Estados Unidos” [1] .

Si la lista obedece –como en realidad sucede- a la presión de Estados Unidos, lo que procede es desautorizar la lista, no pedir la salida de las FARC y el ELN legitimando así unos listados creados y diseñados desde los grandes poderes a su exclusivo interés y deseo. En su lista se encuentran organizaciones cuyo terrorismo es al menos controvertido en la medida en que luchan contra la ocupación de sus tierras, como los palestinos del Frente Popular de Liberación de Palestina, el Frente Democrático de Liberación de Palestina o las brigadas de Mártires de Al-Aqsa. En los listados también se considera terroristas al grupo político que más apoyo tiene por los palestinos, Hamas. Algo similar sucede con otras organizaciones que luchan por la independencia como el PKK kurdo. Pero es que, además, los listados de grupos terroristas son varios. Está el del Departamento de Estado norteamericano, el del Consejo de Seguridad de la ONU, el de la Unión Europea... Cada uno de ellos realizado conforme a sus intereses y fruto de equilibrios políticos. De forma que Hezbolláh, que se presenta a las elecciones en el Líbano y preside el parlamento nacional, para el Departamento de Estado es terrorista, pero no para la UE, quien además está intentando sacar de la lista a Hamas. El Departamento de Estado ha calificado de terrorista incluso a sitios web [2] . La organización Athena Intelligence International afirma en n documento sobre terrorismo que también la OTAN tiene su propio listado, que no es público [3] .

La inclusión o no de un grupo suele depender de intereses miserables, de forma que grupos rebeldes armados dejan de pertenecer al listado si pactan o acuerdan con grandes potencias atentar contra gobiernos hostiles, de ahí que no se considere terrorista a ningún grupo armado anticastrista que se entrena y refugia en la Florida. Por otro lado, circunscribir el terrorismo a organizaciones insurgentes supone ignorar el principal origen histórico del terror, que es el terrorismo de Estado en las dictaduras. Incluso cuando aparecen ejércitos regulares es por criterios estadounidenses, de forma que el Departamento de Estado ha incluido en el listado a los guardianes de la revolución, que forman parte del ejército regular iraní. Con el mismo criterio alguien podría pensar que los marines estadounidenses también deberían estar en la lista, algo bastante improbable.

El caos y la arbitrariedad es tal en la elaboración de las listas que en diciembre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea invalidó la forma en que el Consejo de la UE elabora su lista de organizaciones terroristas, ya que no comunica a los afectados los motivos de su inclusión. El Tribunal, con sede en Luxemburgo, dio la razón a un recurso de los Muyahidin Jalq (Combatientes del pueblo), principal formación opositora iraní con base en Iraq, y anuló la decisión de mayo de 2005 por la que el Consejo la incluyó en la lista europea de grupos terroristas y ordenó la congelación de sus fondos en la UE.

El Tribunal basó su decisión en que el Consejo -integrado por los gobiernos de los 25 Estados miembros- no comunica a las organizaciones y personas afectadas los motivos por los que se les incluye en la lista, lo que vulnera derecho a la defensa, la motivación de la decisión o el derecho a una tutela judicial efectiva.

Un ejemplo anecdótico es que en España hubo un tiempo en que la Guardia Civil tenía considerado a Batasuna como organización terrorista mientras la página web del Parlamento Europeo seguía manteniendo el domicilio y teléfono del grupo político europeo Batasuna en ese Parlamento

Reconocidas organizaciones internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y el Statewatch, que monitorean las libertades civiles en la Unión Europea, revelan y declaran que la lista de organizaciones terroristas es “arbitraria, reservada e injusta y “aumenta gravemente la preocupación por los Derechos Humanos” porque se ha elaborado en base a la inteligencia secreta y descarta un proceso judicial normal en respuesta a acusaciones graves y su prosecución”.

Afirman que semejantes listas no tienen en cuenta a los grupos e individuos comprometidos en acciones de resistencia a la ocupación o a la tiranía, como derecho legítimo de autodefensa y determinación y advierten que los luchadores por la libertad y los que los apoyan están siendo criminalizados. Amnistía Internacional es de la opinión de que la llamada “iniciativa contraterrorista” de la UE, incluyendo su “lista negra de terroristas”, es una amenaza para los Derechos Humanos.

La iniciativa de Hugo Chávez de pedir la salida de dos organizaciones supone legitimar lo que en su génesis es ilegítimo. ¿Insinúa Chávez que si salen de la lista las FARC y el ELN el resto, palestinos, kurdos, tamiles, grupos contra la ocupación de Iraq o Afganistán, están bien incluidos?

[1] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7183000/7183867.stm

[2] http://www2.noticiasdot.com/publicaciones/2003/1003/1110/noticias111003/noticias111003-6.htm

[3] http://www.athenaintelligence.org/ap220.pdf

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Pueblo saharaui: autodeterminación e independencia.

...por Alberto Alvariño Atiénzar de Granma

En 1960, cuando el proceso de descolonización en el mundo era un hecho irreversible, resultante de la nueva correlación de fuerzas surgidas después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprobó la Resolución 1415, que reconocía el derecho de los pueblos colonizados a decidir libremente sobre su futuro.

Sin otra opción que la lucha armada, el 10 de mayo de 1973 se realizó el congreso constituyente del Frente Popular de Liberación de Saguía, El Hamra y Río Oro (POLISARIO), genuino representante político y militar del pueblo saharaui en el antiguo Sahara Español. Diez días después, la nueva organización armada tuvo su bautismo de fuego con el asalto a un cuartel español y no cesó de combatir hasta que las tropas de ese país rindieron sus armas. Con la salida del último de sus soldados fue proclamada la actual República Árabe Saharaui Democrática (RASD).El territorio de esta nueva nación, entregado entonces por España a Marruecos y Mauritania, continuó siendo escenario de combates incesantes contra las fuerzas invasoras de ambos países hasta que, en 1979, Mauritania aceptó la paz y reconoció a la RASD.
Pero Marruecos se había apoderado también de ese territorio, y la lucha armada se extendió hasta el inicio de los años noventa del pasado siglo.
Han transcurrido más de dieciséis años desde que se produjo el alto al fuego en 1991, entre las fuerzas marroquíes —que ocupan las dos terceras partes del territorio de la RASD— y el Frente POLISARIO, tras la resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, que propugnó un acuerdo entre las dos partes en conflicto para la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental y el establecimiento de una misión de su órgano internacional para asegurar esos fines.
Hasta hoy han sido infructuosos todos los esfuerzos negociadores. El Frente POLISARIO, auténtico y único representante de su sufrido y combativo pueblo, exige la autodeterminación e independencia de la RASD, proclamada el 27 de febrero de 1976, mientras los dirigentes marroquíes, al tiempo que han pospuesto indefinidamente el referéndum, procuran alcanzar la autonomía de esa región y llevan a cabo la colonización de la zona ocupada, que abarca el territorio saharaui más rico en recursos, entre ellos el fosfato, la pesca y el petróleo.
En un nuevo paso para alcanzar una negociación, el 30 de abril del 2007, el Consejo de Seguridad de la o­nU aprobó la Resolución 1754, sobre cuyas bases se realizaron en junio y agosto pasados nuevas rondas, sin avances perceptibles. Un tercer encuentro está anunciado a iniciarse en las próximas horas, entre el 7 y el 9 de enero, en Nueva York, Estados Unidos.
A propósito del justo y permanente reclamo del pueblo saharaui, recientemente concluyó el XII Congreso Nacional del Frente POLISARIO, celebrado en la localidad de Tifariti, territorio liberado que fuera escenario de cruentos combates contra el ocupante marroquí.
En este Congreso, que contó con 1 750 delegados, se levantaron las voces solidarias de unos 250 invitados, representantes de partidos políticos, movimientos y organizaciones progresistas, principalmente de África, América Latina y Europa. Allí se escuchó la voz de la delegación cubana, que ratificó el apoyo y la solidaridad invariables al hermano pueblo saharaui, a su justa lucha por el derecho a la autodeterminación e independencia.
El cónclave hizo un balance desde el anterior congreso, evaluó la situación internacional y nacional, los asuntos sociales internos y las tareas más inmediatas; eligió a su nuevo Secretariado Nacional, integrado por 41 miembros, y ratificó como secretario general del Frente POLISARIO a Mohamed Abdelaziz, quien desde el año 1976 —tras la muerte en combate del líder nacional y mártir de la libertad y la dignidad, Uali Mustafá Sayed— dirige los destinos del Frente y de la nación saharaui.
Los participantes y las delegaciones invitadas al evento hicieron un llamamiento urgente a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de Naciones Unidas, para llevar a cabo el proceso de paz en el Sahara Occidental.
En el documento se considera que la ONU, como garante del derecho del pueblo saharaui, debe actuar con firmeza para dar una salida a la situación de impasse, exigiendo a Marruecos el respeto y la aplicación de sus resoluciones sobre el Sahara Occidental.También se subraya que las negociaciones directas entre el Reino de Marruecos y el Frente POLISARIO debían culminar en una solución justa que permita la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental, significando la competencia de la o­nU en este conflicto. En consecuencia, se exhorta a la comunidad internacional para que Marruecos respete los derechos inalienables del pueblo saharaui.
Las delegaciones extranjeras asistentes al evento destacaron que solo una solución justa y pacífica, basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo de la RASD, a través de un referéndum libre y democrático, constituiría un aporte importante a la paz, estabilidad y cooperación en el Magreb y el mundo.
Por otra parte, el Congreso adoptó una declaración final donde afirma, en una de sus partes, que el Frente POLISARIO tomará parte en la tercera ronda de negociaciones directas; pero advirtió que en caso de fracaso de estas conversaciones, las hostilidades corren el riesgo de reiniciarse y expresan el deseo de que Marruecos no deje pasar esta ocasión para una paz justa y definitiva.
Más allá de este importante e histórico congreso y de la lucha sostenida, la aspiración del pueblo saharaui es una causa del mundo progresista: se trata de la única colonia de África y de un conflicto que se extiende por más de 30 años, y a cuya solución han llamado, de forma reiterada, las Naciones Unidas.
La XIV Cumbre del Movimiento de países No Alineados , con la presencia de 116 estados miembros, apoyó enérgicamente los esfuerzos del Secretario General de la o­nU para llegar a una solución política, mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental e instaron a las partes y a los estados de la región a cooperar plenamente con las Naciones Unidas.

El pueblo saharaui y su legítimo y único representante, el Frente POLISARIO, están resueltos a alcanzar su autodeterminación e independencia, como se reafirmó en el congreso, y su lucha concita el apoyo internacional ante la afrenta del coloniaje en este naciente siglo.

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Gorbachov critica a la UE y la OTAN por decidir sobre Kosovo al margen de la ONU.

El ex presidente soviético Mijail Gorbachov calificó hoy de "inconsistentes" los planes de la Unión Europa y la OTAN de resolver el asunto del estatuto de Kosovo al margen del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Es una actitud inconsistente desde el punto de vista político y moral", dijo Gorbachov en declaraciones a Rossiyskaya Gazeta.

El político ruso condenó la postura de Estados Unidos y varios países europeos que han optado por decisiones unilaterales con respecto a Kosovo, provincia de mayoría albanesa actualmente bajo control administrativo de la ONU.

"Por primara vez en la historia, dos organizaciones (la UE y la OTAN) pretenden decidir el destino de un país (Serbia) que no es miembro de ninguna de ellas", indicó Gorbachov.

El ex mandatario soviético recordó que resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU estipulan que Kosovo forma parte de Serbia.

Dijo que si la OTAN y la UE reconocen la independencia de Kosovo "se creará un precedente muy peligrosos para la seguridad y el derecho internacional que puede desestabilizar la situación en varias zonas del mundo".

"Ninguno de los países por influyentes y potentes que sean tienen el derecho a decidir los destinos del mundo", subrayó el político soviético.

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