Los abusos que la ONU se empeña en encubrir.

En 1992, 22.000 soldados y empleados de la ONU llegaron a Camboya para reconstruir un país arrasado por la guerra. «Los chicos siempre serán chicos», ésa fue la sonrojante respuesta que tiempo después dio el por entonces jefe de la misión a aquel país, Yasushi Akashi, a la carta de 170 camboyanos que denunciaron las sucesivas denuncias de agresiones sexuales a mujeres y niñas en aquel país por parte del personal de la ONU. Aquella presencia internacional coincidió con la propagación del sida entre la población del país. «Todo el mundo, incluso los soldados, tiene derecho a disfrutar de compañía femenina y no podemos discriminar a aquellos que sean seropositivos», volvió a contestar el incalificable Akashi.

En 1948 se aprobó la primera Misión de Paz de Naciones Unidas para controlar la tensión existente entre árabes e israelíes. En 2006, el despliegue de los conocidos como cascos azules alcanzó el récord de casi 81.000 militares y policías y alrededor de 15.000 civiles en 18 misiones por diversas partes del mundo. Hasta en las mejores familias hay alguna manzana podrida, según dicen, y desde la década de los noventa éstas comenzaron a aflorar entre las bendencidas fuerzas pacificadoras.

Fue a partir de entonces cuando su misión y la eficacia de la misma se vio en entredicho por numerosos escándalos de violaciones, pederastia o esclavitud sexual. Primero fue en Camboya, luego en Angola, Mozambique, Somalia, Bosnia, Croacia, Ruanda, últimamente en Haití... El colectivo antimilitarista Gasteizkoak acaba de publicar su libro ``Los `ejércitos humanitarios' y la violencia sexista militar'' (Ed. Zapateneo), donde repasa causas, consecuencias y soluciones a una práctica que, denuncia, la propia ONU lejos de erradicar insiste en maquillar, cuando no ocultar.

Ayer, en la capital alavesa, miembros de este grupo antimilitarista desvelaron la política de encubrimiento que los máximos responsables de la ONU -con su secretario general, Ban-Ki Moon, a la cabeza- hacen de estos casos de abuso y explotación sexual de su personal militar o civil. «Pretendemos dejar en evidencia que las cifras de la ONU sobre estos casos ocultan deliberadamente la dimensión del terrible problema y no reflejan, quizá, ni un 10% de la realidad», advertía Estitxu Martínez de Guevara.

Informes que caen en el olvido

Es evidente que estas conductas no son la norma, sin embargo siguen produciéndose sin que parezca que se tomen medidas correctivas. Hace ya unos años que ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se presentó el informe titulado ``La violencia perpetrada contra la mujer en tiempos de conflicto armado (1997-2000)''. En el mismo se daba cuenta de las tropelías cometidas contra mujeres y niñas por parte del personal de Naciones Unidas.

«Hay que poner coto a este fenómeno y exponer estos hechos públicamente para que sus autores sean castigados, aunque sean miembros de la ONU, ya que es absolutamente indispensable que todas las fuerzas de Naciones Unidas estén sujetas a las mismas normas que las leyes humanitarias de los estados miembros», insistía entonces la autora del informe.

Esta misma relatora destacaba un caso particularmente truculento que tuvo lugar en el Congo en el año 1999, exactamente en la aldea de Mwenga, donde, según sus informaciones, cinco mujeres acusadas de brujería fueron detenidas por un grupo de soldados, que pusiero pimienta caliente en sus vaginas y a continuación las enterraron vivas.

Sin embargo, a pesar de documentos como éste y otros firmados por ONG, poco o nada se ha hecho. «La violencia sexual cometida por los cascos azules sigue presente en todas y cada una de las misiones de Naciones Unidas y es protagonizada por miembros de los `ejércitos humanitarios' de todas las nacionalidades», insitieron ayer desde Gasteizkoak.

La ONU maquilla sus cifras

La ONU, denuncia este colectivo antimilitarista, no presenta oficialmente cifras sobre casos conocidos, sino denuncias presentadas. «¿Cuántas víctimas de violación de un casco azul se plantean presentar denuncias?», se preguntan. Pero es que, además, Naciones Unidas no contabiliza aquellas denuncias rechazadas por «pruebas insuficientes». El resultado es que en 2006, por ejemplo, un 70% de las quejas fueron negadas por esa «carencia de pruebas».

De esta manera, entre 2004 y 2006, con el surcoreano Ban-Ki Moon al frente a la ONU, las denuncias oficialmente contabilizadas fueron 319. «Lo que no hicieron público es que el total de denuncias interpuestas fueron 802, de las cuales ni un 40% habían sido investigadas totalmente», matiza este colectivo gasteiztarra.

Así no es de extrañar, expone Gasteizkoak, que en 2007 la cifra de denuncias por este tipo de abusos haya bajado, pues ya sólo se cuentan aquellas denuncias cuya investigación ha finalizado. Sin embargo, existe serias dudas sobre esas cifras.

En julio de 2007 se publicaba que 734 cascos azules marroquíes habían sido retirados de la misión en Costa de Marfil, acusados de explotación sexual de niñas menores. En noviembre del mismo año 108 `pacificadores' ceilandeses de la misión de la ONU en Haití fueron repatriados acusados del mismo delito.

En el caso de los soldados marroquíes, las investigaciones de su gobierno tuvieron que abandonarse sin conclusiones, porque las víctimas «aparentemente se negaron a colaborar con la investigación». Y, por tanto, no constarían como denuncias.

«Tolerancia cero» que no es tal

«Tras más de 4 años de intentar practicar una política de tolerancia cero, pero con un fracaso absoluto, la ONU parece querer lavarse las manos y ha decidido que los actos delictivos de los Cascos Azules competan a los gobiernos de origen de éstos y a sus mandos», le recriminan desde Gasteizkoak.

A partir de esa decisión, como señaló en su día el portavoz de la ONU, Nick Birnback, «la Organización dependerá de los esfuerzos de los países que aportan tropas y policías para investigar y disciplinar a sus nacionales cuando se pruebe que hayan cometido abusos mientras servían en operaciones bajo la bandera de la ONU».

Lo cierto es que en los últimos años, sólo Nigeria, Bangladesh y Sri Lanka han procesado a algunos criminales sexuales uniformados. Pero en la memoria de todos están denuncias como las que recibieron cascos azules holandes en los conflictos de Bosnia o Angola.

«La llegada de soldados de mantenimiento de la paz siempre ha estado vinculada a un aumento vertiginoso de la prostitución infantil, a veces de hasta el 50%», señaló en su día Save the Children. Pero como se defendió uno de esos soldados repatriados a su país por estos abusos: «¿Qué esperan que hagamos, cuando la ONU nos entrega condones gratis?».

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