sábado, 15 de diciembre de 2007

La justicia falla a favor de los ricos y en contra de Hacienda en la polémica sobre las SICAVS.

...por Eduardo Segovia/El Confidencial
Los grandes patrimonios por fin pueden respirar tranquilos. Las 300 actas que abrió Hacienda a las sicavs (el vehículo de inversión por excelencia de la banca privada) y que sembraron el pánico en las mejores familias del país han quedado definitivamente anuladas. Así se recoge en una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) a la que ha tenido acceso El Confidencial.
Esta historia arrancó a finales de 2004, cuando la Agencia Tributaria lanzó una ofensiva de inspecciones sobre las sicavs al considerar que no se las podía considerar instituciones de inversión colectiva (IIC) porque el grueso de los 100 partícipes necesarios eran hombre de paja, los famosos mariachis. En consecuencia, la Inspección entendía que debían tributar como todas las sociedades, al 35%, en vez de al tipo privilegiado del 1% del que disfrutan.
Esta ofensiva provocó un duro enfrentamiento de Hacienda con el presidente de la CNMV, Manuel Conthe, entonces en alza, que defendió ardientemente el estatus privilegiado de las sicavs. Finalmente, Pedro Solbes zanjó la polémica a favor de Conthe para evitar la fuga de patrimonio a otros países y para tranquilizar al resto de las 3.000 sicavs que existían. Lo hizo con la inclusión de una disposición adicional en la ley que regulaba el capital riesgo (que era la que estaba para aprobar en ese momento) en la que establecía que la CNMV era el único organismo competente para retirar el estatus de IIC a las sicavs.
Los 300 inspeccionados recurrieron ante el inspector jefe de Hacienda, que no sólo ratificó las actas sino que les impuso sanciones. En consecuencia, acudieron a los tribunales. El primero en resolver fue el Económico Administrativo de Canarias, que en febrero dio la razón al contribuyente. Hacienda interpuso un recurso de unificación de criterios al tratarse de un tema muy disperso, que es lo que ahora ha resuelto el TEAC, de nuevo en contra del Fisco.
Argumentos de peso
Este tribunal basa su resolución en tres argumentos principales. El primero es que la norma se limita a exigir un número mínimo de 100 accionistas, sin ninguna condición adicional referida a vinculaciones o parentescos que sirvan de impedimento. De hecho, el TEAC califica de "subjetivas" las valoraciones de la Inspección a este respecto.
En segundo lugar, entiende que la famosa disposición adicional no supone una novedad legislativa, sino que tiene un "carácter fundamentalmente interpretativo pretendiendo dotar de carácter inequívoco que el competente para apreciar las circunstancias de la pérdida del régimen es la CNMV". Es decir, que está situación es la que existía antes y la que debe aplicarse a todas las inspecciones anteriores a la aprobación de esta disposición.
Finalmente, esgrime varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que confieren a la CNMV la capacidad exclusiva de determinar si las sicavs reúnen o no los requisitos para ser consideradas inversiones colectivas, por lo que concluye que la Inspección se ha arrogado poderes que corresponden al supervisor de los mercados. Con ello, entra en contradicción con la CNMV e introduce inseguridad jurídica en los mercados nacionales e internacionales.
Por tanto, la banca privada puede seguir con el ritmo frenético de creación de sicavs que ha emprendido este año, con la tranquilidad de que no va a haber nuevos sustos por parte de Hacienda. Y Conthe puede tener la satisfacción de una última victoria moral frente a un departamento del Gobierno, aunque no sea el que a la postre le obligó a abandonar el cargo: la Oficina Económica de Moncloa.

www.attacmadrid.org


Atropellos al sindicato de la electricidad en Colombia por Unión Fenosa.

Según el informe de Responsabilidad Social Corporativa, Unión FENOSA tiene “un modelo de gestión de los recursos humanos desarrollado en un escenario de diálogo y concertación social”, por otro lado, afirma que “uno de los retos de la compañía más importante es tratar con igualdad a todos los empleados. El respeto por la dignidad, los derechos y aspiraciones legítimas de todas las personas”. En cambio, si leemos las denuncias y reclamaciones que ha realizado el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad en Colombia (Sintraelecol), desde la implantación de Unión FENOSA en el país, deberíamos añadir a este documento “excepto para las personas afiliadas a los sindicatos oficiales”.

Así, Sintraelecol Seccional Bolívar (Costa Atlántica) han reportado denuncias sobre el desconocimiento de la legitimidad y representatividad de este sindicato en la compañía, así como las numerosas trabas a su trabajo y la precarización de los trabajadores afiliados a este sindicato. Primero, denuncian que se está debilitando el sindicato despidiendo a trabajadores afiliados bajo la forma de retiro compensado, de hecho, en el 2006 se aprobó un plan de retiro de 673 trabajadores. A la reducción de afiliados se añade la situación de violencia que vive la Costa Atlántica, donde se han asesinado a más de 27 líderes sociales y sindicales relacionados con la electricidad desde la privatización de las compañías, y donde la compañía no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Todo ello se ha recogido en una denuncia realizada a la Organización Internacional del Trabajo el pasado marzo de 2007.

En julio, Sintraelecol Bolívar publicaba una carta abierta a los trabajadores del Sindicato haciendo referencia a cómo el comité mixto con Electrocosta y Electricaribe era una artimaña para dar imagen de diálogo mientras se hacía caso omiso a las peticiones de información de los representantes sindicales. En este comité el sindicato propuso, en 2006, ubicar bajo el Convenio Colectivo todas las personas contratadas o subcontratadas. Es decir, proponían que la empresa hiciera realidad las políticas de trato igualitario a todos los trabajadores, actualmente no ha habido ningún avance en este sentido. Por otro lado, en las mesas de diálogo han intentado fragmentar la posición del sindicato. En este sentido, la compañía ha cooptado responsables de alto rango de Sintraelecol Nacional, de forma que sus actuaciones han perjudicado el apoyo del Sindicato a las reclamaciones de la Seccional Bolívar. Lo cuál ha facilitado el deterioro de las condiciones laborales de los afiliados, mientras a los nuevos contratados, bajo la forma de “contratos corporativos”, les bonifican y les conducen a firmar que no se afiliarán a ningún sindicato. Para finalizar, se ha implantado el Nuevo Modelo de Organización de Personal que perjudica seriamente a los afiliados y afiliadas al sindicato.

Sintraelecol Seccionales Valle del Cauca (Suroccidente), ha denunciado en un comunicado al Ministro de Protección Social de Colombia, que la multinacional Unión FENOSA, a través de su filial EPSA, ha desvinculado a más de 250 trabajadores de diversas formas, en concreto a 103 entre 2005 y 2006. A esta situación se suma la elevada subcontratación de tareas propias del núcleo de actividad de la empresa eléctrica y bajo esta modalidad de contrato han sufrido un deterioro de sus condiciones laborales. Sintraelecol, cumpliendo con sus funciones, presentó en julio de 2007 un Pliego Único de Peticiones a las empresas EPSA y CETSA (también filial de Unión FENOSA) para solucionar lo que consideran la vulneración de los derechos laborales y reclamar el trato igualitario a todos y todas las empleadas. Las gestiones y diversas reuniones para llegar a un acuerdo han terminado sin una solución por parte de las empresas.

La respuesta de Sintraelecol a este trato por parte de las filiales de Unión FENOSA ha sido el envío de cartas a los directivos del Grupo Unión FENOSA en España, al Ministerio de Protección Social de Colombia, a la Fiscalía General de la Nación colombiana, a la Organización Internacional del Trabajo y a organizaciones sindicales y sociales internacionales en apoyo a sus demandas. Tras revisar estas denuncias, existe una contradicción entre los informes de la multinacional y la realidad laboral de los países donde opera, está violando los Convenios Internacionales como el 87, 98, 111 y 154, de la Organización Internacional de Trabajo, ratificados debidamente por la legislación colombiana, los cuales manifiestan el derecho fundamental de todo ser humano a la sindicalización, la negociación colectiva, la protección frente a la discriminación y la protección en el trabajo. Todas ellas están reflejadas en el II Convenio Colectivo del Grupo Unión FENOSA con los sindicatos españoles y que según sus propios informes deben ser respetados en todos los países donde tiene actividad.

Batasuna, en Estrasburgo: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre las ilegalizaciones de partidos vascos.

...por Mikel Jauregi

El rumor extendido a principios de semana se confirmó ayer: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite los recursos de formaciones políticas y plataformas de electores abertzales y progresistas ilegalizadas por el Estado español, no sólo de Batasuna. La Corte analizará el fondo del litigio en lo relativo a los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión) y 11 (derecho a la libertad de reunión y de asociación) de la Convención de Roma.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto admitir a trámite los recursos presentados por HB y Batasuna, así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegaliza- ción en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. El hecho de que las demandas hayan conseguido superar este primer corte en Estrasburgo supone el primer varapalo para las tesis del Estado español.

La decisión, adoptada el pasado martes, fue dada ayer a conocer a las partes. Mientras que los abogados de los demandantes expresaban a GARA una «prudente satisfacción» ante la noticia, el Gobierno español, por medio de su Ministerio de Justicia, apelaba a la tranquilidad y decía no tener «ningún miedo» porque «el Estado tiene muchas razones en este tema».

El hecho de que la Corte Europea haya considerado admisibles los argumentos presentados por los ilegalizados en lo relativo a los artículos 10 (referido a la libertad de expresión) y 11 (libertad de reunión y de asociación) de la Convención Europea de Derechos Humanos y no lo haya hecho con la apelación al artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) no supone revés alguno para los demandantes, ya que, según señaló el letrado Iñigo Iruin, «la clave de la cuestión reside en los otros fundamentos. El tercero era más un tema formal». Se refería, concretamente, a la vulneración del derecho a la defensa; por ejemplo, aludía a la no aceptación de la recusación del ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, quien se había manifestado antes a favor de la ilegalización.

Sobre los artículos 10 y 11, el Tribunal de Estrasburgo estima que «a la luz del conjunto de los argumentos de las partes, que estas quejas plantean cuestiones serias de hecho y de Derecho que no pueden resolverse en este estadio pero que necesitan un examen a fondo».

«Por lo que se refiere a la ausencia de eficacia del recurso de amparo, el Tribunal constata que los partidos demandantes se limitan a mostrar su desacuerdo con el control jurisdiccional ejercido por la más alta jurisdicción, ante la cual han podido presentar los argumentos que han estimado útiles para su defensa. En este sentido, recuerda que la eficacia de un recurso no depende de la certidumbre de un resultado favorable», dice la decisión. Por ello, los jueces consideran «mal fundada» la queja presentada en torno al artículo 13.

Entre un año y año y medio

El Tribunal de Estrasburgo tomó la decisión tras escuchar las alegaciones de los representantes legales de Batasuna, HB y las plataformas electorales que fueron anuladas antes de los comicios de 2003 (municipales y forales) y 2004 (al Parlamento Europeo), así como las presentadas por el Gobierno español.

Según informó Europa Press, este último justificó la ilegalización alegando que los demandantes «constituían una amenaza para los derechos del hom- bre, la democracia y el pluralismo». También negó que con la disolución se busque eliminar el pluralismo político en Euskal Herria, y defendió, en la línea de la tesis del «todo es ETA» patentada por el juez Baltasar Garzón, que «la creación de Batasuna y de Herri Batasuna responde a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad».

Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar, ambas partes podrán presentar, si así lo consideran pertinente, nuevas alegaciones. Disponen para ello de un plazo que expira el 13 de febrero.

Por lo que respecta al tiempo que necesitará para dictar sentencia, fuentes de la Corte Europea consultadas por Europa Press eludieron pronunciarse y se limitaron a señalar que depende de «cada caso concreto». Sin embargo, Iñigo Iruin manifestó a este rotativo que «teniendo en cuenta casos precedentes, calculamos que entre un año y año y medio».

Preguntado por una primera valoración sobre la resolución, reconoció estar «satisfecho, pero en su medida. Cabría hablar de prudente satisfacción». Y es que el dato de que el Tribunal de Estrasburgo sólo acepta a trámite el 1,5% de los recursos y el 80% de cuyo fondo entra a analizar resulta finalmente aprobado invitaría a los ilegalizados a ser optimistas. «Pero no hay que olvidar que ahí está el 20% restante», advirtió.

Desde la parte demandada, fuentes del Ministerio de Justicia español incidieron en que «no ha supuesto ninguna sorpresa. Era algo no sólo previsible sino que estábamos absolutamente seguros de que se iba a producir; hubiera sido anómalo que Estrasburgo no admitiera a trámite esa demanda». Y en la línea de lo expresado el lunes por el ministro Mariano Fernández Bermejo al hilo de la información publicada por «El Mundo» adelantando la resolución, insistió en la idea de que «el Estado tiene muchas razones» en el litigio, por lo que «no debe haber ningún problema».

El PP presiona al Gobierno

Ese mismo mensaje de tranquilidad quiso trasladar ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, quien puso el énfasis en que se haya rechazado la apelación al artículo 13 de la Convención de Roma y restó importancia a la admisión a trámite del fundamento de las demandas: «No prejuzga absolutamente nada y no examina el fondo de la cuestión».

Más inquieto parece estar el PP, partido que estaba en el Gobierno español cuando se dio inicio al ciclo de ilegalizaciones, que achaca lo ocurrido a «la falta de firmeza» del Ejecutivo de Zapatero. No obstante, tanto su portavoz en la Cámara Europea, Gerardo Galeote, como su secretario general en la CAV, Carmelo Barrio, subrayaron «lo impecable» de los fallos de ilegalización y de la Ley de Partidos.

El Gobierno de Lakua observa una decisión «significativa»

«Significativa». El Gobierno de Lakua utilizó esa expresión para valorar la decisión adoptada por la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque no quiso explayarse más. Fuentes del tripartito, en declaraciones a Europa Press, se remitieron a lo expresado por Miren Azkarate el pasado martes tras el Consejo de Gobierno, 24 horas después de que se conocieran las primeras noticias sobre esta posibilidad. Entonces, la portavoz gubernamental aseguró que Estrasburgo ya dijo, en su día, que «se combate el terrorismo y la violencia, se persigue a los terroristas, se les juzga, se les condena, pero las ideas políticas no se ilegalizan».

Desde EA, su secretario de Organización, Rafael Larreina, consideró «lógica» la admisión a trámite de los recursos. En manifestaciones a la misma agencia, recordó que su formación ha venido denunciando la «irracionalidad» de la ilegalización de Batasuna y que, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, «no es admisible» esta medida. Por tanto, mostró su deseo de que «más pronto que tarde, se pueda restablecer una situación que, desde el punto de vista democrático, no se tenía que haber producido», en referencia al «apartheid» político.

EB calificó la resolución como «un toque de atención al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que deberá tentarse la ropa antes de proceder a la ilegalización de ANV y EHAK». Su portavoz de la Presidencia, Mikel Arana, pidió a los poderes del Estado español «que actúen desde la prudencia y la responsabilidad, respetando los derechos políticos y civiles», que, según recordó, «son los derechos que ha argumentado el Tribunal» para admitir las demandas. «El PSOE no puede mirar ni al PP ni a las encuestas, sino preservar y garantizar las reglas de juego de la democracia», agregó.

El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, dijo que se trata de una buena noticia, aunque hizo hincapié en que «el daño ya está hecho», por lo que reclamó la desaparición de la Ley de Partidos. También abogó por que Estrasburgo dicte sentencia «cuanto antes».

Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, confió en que «las razones» que impulsaron las ilegalizaciones «se expongan de manera adecuada por parte del Gobierno».

Grupos de inmigrantes piden otra regularización.

...por Fernán Chalmeta

Los inmigrantes afianzan su organización. En las últimas semanas han tenido lugar tres encuentros para la coordinación. Pese a la gran diversidad de planteamientos, se organizan para tener más peso a la hora de definir las políticas migratorias.

Uno de los más potentes espacios por la autoorganización de los migrantes reunió en Madrid, del 23 al 24 de noviembre, a más de cien delegados de 120 asociaciones de inmigrantes y refugiados en el III encuentro de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI). Llegadas de Cataluña, Euskadi, Madrid, Andalucía, Valencia, Canarias, Burgos y Navarra, las delegaciones acordaron un calendario de acciones. Destaca la Jornada Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, que el 23 de febrero de 2008, a dos semanas de las elecciones generales, propone organizar movilizaciones. Igualmente llaman a participar, el 1º de mayo, en las movilizaciones por los derechos de los y las trabajadoras, y el 11, 12 y 13 de septiembre, en el III Foro Social Mundial de las Migraciones.

Por último, la REDI preparará para el 18 de diciembre 2008, día internacional del inmigrante, un paro contra la precariedad y por los derechos de los inmigrantes. Pero quizás lo más importante del encuentro sea el inicio de la campaña Tenemos derecho a tener derechos, en la que se vuelcan reivindicaciones como la exigencia de una nueva regularización del casi millón de sin papeles que según la REDI hay en el Estado español. Entre los reclamos, el derecho al voto de los migrantes, la retirada de la Ley de Extranjería y la paralización de las ordenes de expulsión contra los ‘sin papeles’.

La Red denuncia que pese a la retórica de la “integración” y el derroche de recursos destinados a la “dimensión folklórica” de la interculturalidad, aumentan las expulsiones, los medios y servicios administrativos siguen siendo insuficientes, mientras se multiplican los casos de abusos laborales.

“Tenemos derechos”

En los debates quedó clara la preocupación por el giro conservador, el “devenir Sarkozy” de las políticas migratorias europeas que influye en las políticas del Gobierno Zapatero. Todos los presentes denunciaron el aumento de la presión y violencia policial sobre los inmigrantes, por lo que deducen que hay una orden política del ministro del Interior, Rubalcaba. Finalmente, la REDI acordó reforzar su organización interna, para afianzarse como coordinación horizontal e independiente de los partidos, afirmó la importancia de la movilización social en la defensa de la dignidad de los inmigrantes.

Por otro lado, el 23 de noviembre en París, 27 organizaciones de Bélgica, Chipre, Eslovenia, Francia, España, Hungría, Italia, Kosovo, Malta, Marruecos, Mauritania, Reino Unido y Turquía participaron en la asamblea general del Migreurop, red europea centrada en denunciar la generalización del encierro de los ‘sin papeles’ y la multiplicación de los centros de internamiento de inmigrantes (CIE). Se valoró el lanzar una campaña para exigir el acceso de las organizaciones sociales a los CIE, en aplicación del derecho a la información, para evitar abusos. Además, se planteó la necesidad de establecer una red de alerta para intervenir en los casos donde son más graves las violaciones de derechos.

Por otro lado, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en Madrid, con impulso institucional, tuvo lugar el I Congreso Estatal de Asociaciones de Inmigrantes, con más de 200 asociaciones representadas. Diversas instituciones vienen insistiendo en “la necesidad de apoyar el movimiento asociativo inmigrante para hacer de él un instrumento de cohesión y corresponsabilidad social en la puesta en marcha de una política migratoria enfocada hacia la integración”.

La Sociedad General de Autores emite un duro comunicado sobre los partidos que votaron en el Senado en contra de sus intereses.

La aprobación de una enmienda en el Senado que emplaza al Gobierno a la supresión del canon digital ha provocado inmediatas reacciones entre las partes interesadas. Mientras las entidades de gestión de derechos de autor, capitaneadas por la Sgae, han criticado el visto bueno a esa enmienda, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha defendido el canon digital al considerar que su supresión "atentaría" contra los derechos de autor y su actividad laboral. La enmienda, propuesta por Entesa, fue respaldada por todos los grupos excepto el PSOE, y en ella se emplaza al Gobierno a eliminar este canon en el plazo de un año. Justo después de esta votación, que tuvo lugar el pasado martes, la portavoz de Cultura de los populares en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones, se apresuró a asegurar que el voto de apoyo a una enmienda que pedía la supresión del canon fue un "error", que se 'iba a subsanar' en un pleno en la Cámara Baja. Por lo que los votos del PSOE y el PP se unirán en favor de la SGAE.

La Sociedad General de Autores (SGAE) asegura que la enmienda de Entesa aprobada en el Senado con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del socialista, y en la que se insta al Gobierno a suprimir el canon digital y modificar la ley de Propiedad Intelectual, "atenta gravemente" contra la legislación internacional y los derechos de los creadores. La SGAE, en una nota comunicada a los medios, se dice que la supresión del canon es contraria a los derechos de propiedad intelectual, tal y como están contemplados en los tratados internacionales, que son de superior jerarquía legal que las leyes nacionales. El texto ha sido suscrito por otras entidades de gestión como AISGE, EGEDA, DAMA y AIE.

Además, los representantes de los autores y creadores afiliados a estas sociedades añaden que la supresión de lo que consideran una compensación equitativa por copia privada "conduciría a la criminalización de los usuarios, al convertir en ilegal la copia privada que éstos realizan de las obras". Esta afirmación resulta contradictoria con la situación legal actual, ya que la copia privada es perfectamente legal.

Por otro lado dicen que resulta "inaudito que un grupo parlamentario proponga la supresión de un derecho que permite a los creadores vivir del fruto de su trabajo". Para la SGAE y demás entidades de gestión de derechos de autor, esta iniciativa haría retroceder a los creadores en más de 200 años, cuando no podían vivir del fruto de su trabajo y tenían que someterse al mecenazgo de los grandes de la tierra.

"Hablando de siglo XXI parece mentira que, a estas alturas, un grupo parlamentario proponga iniciativas contrarias a la legislación internacional, haciendo gala de una irresponsabilidad impropia en una democracia moderna basada en el respeto a las leyes y a los derechos individuales", concluye el comunicado.

Algunas preguntas con respuesta

¿Qué es el canon digital?

Se trata de una tasa que deben pagar los fabricantes de dispositivos capaces de almacenar contenidos registrados por los derechos de autor. Al exitir en España el derecho de copia privada, el Estado pretende compensar así a los autores por las copias que los consumidores realizan de sus creaciones.

¿Qué dispositivos lo pagan actualmente?

Según la información que ofrece SGAE en su web soportan canon actualmente los equipos grabadores de discos compactos, cassettes y vídeos, las cintas, videocassettes, así como los discos compactos y DVDs grabables, tanto de audio como de vídeo.

¿Por qué se extiende a otros aparatos?

La nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece la extensión de la tasa compensatoria a nuevos dispositivos. Para fijar cuáles son y la cuantía del canon para cada uno de ellos, la norma establecía que sociedades de gestión y fabricantes debían llegar a un acuerdo. Concluido ese plazo hace ya meses, debe ser el Gobierno el que elabore la lista. Poro todavía no hay una decisión al respecto

¿Qué dispositivos podrían soportar canon en el futuro?

Según los datos filtrados por las partes inmersas en las negociaciones, quedarán gravados por el canon las memorias USB, los reproductores MP3 y MP4, los móviles y los discos duros multimedia.

¿Cuánto pagará cada dispositivo?

La lista del precios aún no ha sido fijada, pero las distintas partes del conflicto han manifestado sus previsiones. Según la última propuesta de tarifas de la administración, las tasas podrían ser las siguientes.
- Móviles con mp3: 1,50 euros.
- Unidades autónomas de almacenamiento (grabadoras audiovisuales con disco duro): 12 euros de canon.
- Lápices de memoria: 0,30 euros de canon según la última lista de tarifas.
- CDs: Tienen un canon de 0,21 euros y pasarán a 0,17.
- DVDs: Tienen un canon de 0,60 euros y pasarán a 0,44.

¿Cuánto le costará el canon al consumidor?

El coste global de esta tasa dependerá de las tarifas que se fijen finalmente. A principios de año, la patronal de la electrónica (Aetic) afirmó que de aprobarse los precios que piden las sociedades de derechos los consumidores pagarán anualmente 2.000 millones de euros, pues los fabricantes acabarán incorporando el coste del canon al precio del dispositivo. Tanmbién dijo Aetic que el coste de algunos dispositivos podría incrementarse hasta en un 80%, como en el caso de un grabador de vídeo con disco duro. Según estas estimaciones un dispositivo MP4 subiría un 68%, un disco duro externo/multimedia un 55%; un reproductor MP3 más de un 70%; un ordenador portátil un 25%, y una memoria USB de 1GB casi un 10%.

El canon se aplicará de forma retroactiva, lo que afectará las cuentas de los fabricantes, pero ¿Por qué es polémico?

Fundamentalmente porque no todos los soportes de grabación se utilizan para realizar copias de contenidos protegidos. Un ejemplo claro de ello son los usuarios que guardan sus fotos digitales en discos compactos, y la Administración de Justicia, que almacena sus sumarios en soportes digitales. Contenidos todos ellos por los que no debería pagarse ninguna cuota. Es lo que llevó a Rajoy a tachar el canon de "indiscriminado".

¿Desde cuando se aplicará el nuevo canon?

La LPI establece que la nueva tasa se aplicará desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, el pasado 29 de julio de 2006. Es otro de los motivos de queja de los fabricantes, que deberán rehacer sus cuentas para afrontar ese gasto cuando el Ejecutivo decida aprobar la Orden Ministerial en la que se fije la lista de tarifas.

¿Cuál es la posición del Gobierno?

En el seno del Ejecutivo se ha producido una batalla en los últimos meses entre el ministerio de Cultura (a favor del canon y los autores) y el de industria (rebajando tarifas y defendiendo al sector tecnológico). Este enfrentamiento ha bloqueado la aprobación de la lista de tarifas y situado su posible publicación demasiado cerca de las próximas elecciones generales. El Ministerio de Cultura y los interese del SGAE parecen haber ganado la batalla.

¿Qué opina el Partido Popular?

El PP ha defendido en varias ocasiones iniciativas legales contrarias al canon y su líder, Mariano Rajoy, ha señalado que si llega al Gobierno modificará el régimen de tasas. Eso no ha evitado que la lucha entre el sector cultural y el tecnológico se reproduzca también dentro de este partido. El último ejemplo de ello son las declaraciones de la portavoz de Cultura tras una votación en el Senado, en las que dijo que el rechazo de su partido al canon había sido una equivocación.

¿Hay campañas de oposición?

Tras dos años de acciones y recogidas de firmas Todoscontraelcanon, organización que agrupa a consumidores e internautas, ha iniciado una campaña de "asedio anticanon" contra las formaciones políticas y las instituciones. Su objetivo es que más de un millón trescientos mil firmantes de un manifiesto contra el canon envíen mensajes a los responsables políticos en los que expresen su opinión contraria a la tasa compensatoria. El lema es "¿1.360.000 firmas o 1.360.000 votos?".

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