...por Mikel JauregiEl rumor extendido a principios de semana se confirmó ayer: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite los recursos de formaciones políticas y plataformas de electores abertzales y progresistas ilegalizadas por el Estado español, no sólo de Batasuna. La Corte analizará el fondo del litigio en lo relativo a los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión) y 11 (derecho a la libertad de reunión y de asociación) de la Convención de Roma.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto admitir a trámite los recursos presentados por HB y Batasuna, así como por Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), las plataformas locales y Herritarren Zerrenda (HZ), contra su ilegaliza- ción en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. El hecho de que las demandas hayan conseguido superar este primer corte en Estrasburgo supone el primer varapalo para las tesis del Estado español.
La decisión, adoptada el pasado martes, fue dada ayer a conocer a las partes. Mientras que los abogados de los demandantes expresaban a GARA una «prudente satisfacción» ante la noticia, el Gobierno español, por medio de su Ministerio de Justicia, apelaba a la tranquilidad y decía no tener «ningún miedo» porque «el Estado tiene muchas razones en este tema».
El hecho de que la Corte Europea haya considerado admisibles los argumentos presentados por los ilegalizados en lo relativo a los artículos 10 (referido a la libertad de expresión) y 11 (libertad de reunión y de asociación) de la Convención Europea de Derechos Humanos y no lo haya hecho con la apelación al artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) no supone revés alguno para los demandantes, ya que, según señaló el letrado Iñigo Iruin, «la clave de la cuestión reside en los otros fundamentos. El tercero era más un tema formal». Se refería, concretamente, a la vulneración del derecho a la defensa; por ejemplo, aludía a la no aceptación de la recusación del ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, quien se había manifestado antes a favor de la ilegalización.
Sobre los artículos 10 y 11, el Tribunal de Estrasburgo estima que «a la luz del conjunto de los argumentos de las partes, que estas quejas plantean cuestiones serias de hecho y de Derecho que no pueden resolverse en este estadio pero que necesitan un examen a fondo».
«Por lo que se refiere a la ausencia de eficacia del recurso de amparo, el Tribunal constata que los partidos demandantes se limitan a mostrar su desacuerdo con el control jurisdiccional ejercido por la más alta jurisdicción, ante la cual han podido presentar los argumentos que han estimado útiles para su defensa. En este sentido, recuerda que la eficacia de un recurso no depende de la certidumbre de un resultado favorable», dice la decisión. Por ello, los jueces consideran «mal fundada» la queja presentada en torno al artículo 13.
Entre un año y año y medio
El Tribunal de Estrasburgo tomó la decisión tras escuchar las alegaciones de los representantes legales de Batasuna, HB y las plataformas electorales que fueron anuladas antes de los comicios de 2003 (municipales y forales) y 2004 (al Parlamento Europeo), así como las presentadas por el Gobierno español.
Según informó Europa Press, este último justificó la ilegalización alegando que los demandantes «constituían una amenaza para los derechos del hom- bre, la democracia y el pluralismo». También negó que con la disolución se busque eliminar el pluralismo político en Euskal Herria, y defendió, en la línea de la tesis del «todo es ETA» patentada por el juez Baltasar Garzón, que «la creación de Batasuna y de Herri Batasuna responde a la estrategia de ETA de desdoblar sus ejes de actividad».
Ahora se abre una nueva fase en la causa, en la que, en primer lugar, ambas partes podrán presentar, si así lo consideran pertinente, nuevas alegaciones. Disponen para ello de un plazo que expira el 13 de febrero.
Por lo que respecta al tiempo que necesitará para dictar sentencia, fuentes de la Corte Europea consultadas por Europa Press eludieron pronunciarse y se limitaron a señalar que depende de «cada caso concreto». Sin embargo, Iñigo Iruin manifestó a este rotativo que «teniendo en cuenta casos precedentes, calculamos que entre un año y año y medio».
Preguntado por una primera valoración sobre la resolución, reconoció estar «satisfecho, pero en su medida. Cabría hablar de prudente satisfacción». Y es que el dato de que el Tribunal de Estrasburgo sólo acepta a trámite el 1,5% de los recursos y el 80% de cuyo fondo entra a analizar resulta finalmente aprobado invitaría a los ilegalizados a ser optimistas. «Pero no hay que olvidar que ahí está el 20% restante», advirtió.
Desde la parte demandada, fuentes del Ministerio de Justicia español incidieron en que «no ha supuesto ninguna sorpresa. Era algo no sólo previsible sino que estábamos absolutamente seguros de que se iba a producir; hubiera sido anómalo que Estrasburgo no admitiera a trámite esa demanda». Y en la línea de lo expresado el lunes por el ministro Mariano Fernández Bermejo al hilo de la información publicada por «El Mundo» adelantando la resolución, insistió en la idea de que «el Estado tiene muchas razones» en el litigio, por lo que «no debe haber ningún problema».
El PP presiona al Gobierno
Ese mismo mensaje de tranquilidad quiso trasladar ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, quien puso el énfasis en que se haya rechazado la apelación al artículo 13 de la Convención de Roma y restó importancia a la admisión a trámite del fundamento de las demandas: «No prejuzga absolutamente nada y no examina el fondo de la cuestión».
Más inquieto parece estar el PP, partido que estaba en el Gobierno español cuando se dio inicio al ciclo de ilegalizaciones, que achaca lo ocurrido a «la falta de firmeza» del Ejecutivo de Zapatero. No obstante, tanto su portavoz en la Cámara Europea, Gerardo Galeote, como su secretario general en la CAV, Carmelo Barrio, subrayaron «lo impecable» de los fallos de ilegalización y de la Ley de Partidos.
«Significativa». El Gobierno de Lakua utilizó esa expresión para valorar la decisión adoptada por la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque no quiso explayarse más. Fuentes del tripartito, en declaraciones a Europa Press, se remitieron a lo expresado por Miren Azkarate el pasado martes tras el Consejo de Gobierno, 24 horas después de que se conocieran las primeras noticias sobre esta posibilidad. Entonces, la portavoz gubernamental aseguró que Estrasburgo ya dijo, en su día, que «se combate el terrorismo y la violencia, se persigue a los terroristas, se les juzga, se les condena, pero las ideas políticas no se ilegalizan».
Desde EA, su secretario de Organización, Rafael Larreina, consideró «lógica» la admisión a trámite de los recursos. En manifestaciones a la misma agencia, recordó que su formación ha venido denunciando la «irracionalidad» de la ilegalización de Batasuna y que, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, «no es admisible» esta medida. Por tanto, mostró su deseo de que «más pronto que tarde, se pueda restablecer una situación que, desde el punto de vista democrático, no se tenía que haber producido», en referencia al «apartheid» político.
EB calificó la resolución como «un toque de atención al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que deberá tentarse la ropa antes de proceder a la ilegalización de ANV y EHAK». Su portavoz de la Presidencia, Mikel Arana, pidió a los poderes del Estado español «que actúen desde la prudencia y la responsabilidad, respetando los derechos políticos y civiles», que, según recordó, «son los derechos que ha argumentado el Tribunal» para admitir las demandas. «El PSOE no puede mirar ni al PP ni a las encuestas, sino preservar y garantizar las reglas de juego de la democracia», agregó.
El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, dijo que se trata de una buena noticia, aunque hizo hincapié en que «el daño ya está hecho», por lo que reclamó la desaparición de la Ley de Partidos. También abogó por que Estrasburgo dicte sentencia «cuanto antes».
Por su parte, el portavoz del CGPJ, Enrique López, confió en que «las razones» que impulsaron las ilegalizaciones «se expongan de manera adecuada por parte del Gobierno».
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