A pesar de haberlo anunciado hace más de dos años, el Gobierno Español sigue sin poner en marcha un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata. La trata con fines de explotación es una gravísima violación de los derechos humanos que afecta cada año, según la Organización Internacional del Trabajo, a unas 2.500.000 personas en el mundo. Al mismo tiempo, la trata de seres humanos es un negocio transnacional que genera unos 7000 millones de dólares anuales, situándose en el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, el tráfico de drogas y de armas.
En los últimos años se han dado avances importantes en la lucha contra esta nueva forma de esclavitud. En el 2000, la ONU sentaba las bases de la lucha internacional contra la trata con el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños que el Estado Español firmó y ratificó en el 2003. Asimismo, el 16 de mayo de 2005 el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Ambos mecanismos reconocen explícitamente que la trata es una violación de los derechos humanos, incorporando así la prevención, protección, asistencia y reparación de las víctimas al enfoque de lucha contra la criminalidad y control migratorio que los gobiernos han venido adoptando en la lucha contra la trata.
El 1 de febrero de 2008 entró en vigor el mencionado Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, dando un paso más en la protección de las personas víctimas de la trata en Europa. De los 47 Estados que componen el Consejo de Europa, 37 han firmado el Convenio y 13 de ellos lo han ratificado . Sin embargo, desde la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas, lamentamos que el Estado Español, uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa, esté entre los 10 Estados miembros que todavía no han firmado el Convenio. En una reunión el pasado 29 de enero en Madrid, la Red tuvo oportunidad de expresar esta preocupación a la Sra. Eva Biaudet, Representante Especial y Coordinadora de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para la lucha contra la trata de seres humanos. Esta organización realizará un informe sobre la situación de la trata en España durante este año.
España sigue sin tener datos fiables sobre la magnitud real de esta violación de derechos humanos. La trata es una de las formas más crueles de violencia de género y una forma de esclavitud. La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania. Son miles las personas extranjeras que son captadas y traídas a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales organizadas a través de engaño, amenazas o coacción con el fin de someterlas a explotación en la prostitución, en la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o los talleres clandestinos. Además, estas mujeres sufren a menudo agresiones sexuales, violaciones, palizas y represalias contra sus familiares como métodos para garantizar su silencio y sumisión.
Además de instar al Gobierno español a que ponga en marcha el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual, desde un enfoque de derechos humanos que proteja los derechos de las víctimas, consideramos necesario que España se adhiera al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
Entre los principales compromisos que suscriben los Estados al ratificar el Convenio Europeo contra la Trata y que España debe garantizar para proteger y promover los derechos de las víctimas cabe destacar:
- Formar a los funcionarios para la correcta identificación de las víctimas, incluyendo medidas específicas para la protección de los/las menores de edad.
- Asistir a las víctimas en su proceso de recuperación física, psicológica y de integración social, con independencia de que colaboren o no como testigos contra los autores del delito y garantizando su derecho a la protección, asistencia y reparación.
- Reconocer un periodo de reflexión a las víctimas, en ningún caso inferior a 30 días, que les permita recuperarse, librarse de la influencia de los tratantes y decidir así, con conocimiento de causa si cooperan con las autoridades competentes.
- Conceder un permiso de residencia a la víctima, no solo por colaboración con las autoridades, sino también por motivos humanitarios. No debe sancionarse a las víctimas por eventuales infracciones en materia de extranjería.
- Proporcionar asistencia jurídica gratuita y garantías de protección a las víctimas para poder defender sus derechos en el procedimiento penal contra los traficantes.
- Tomar en consideración las necesidades de protección y seguridad de las víctimas, así como proteger su vida privada y seguridad.
- Sancionar penalmente a los clientes, implementando mecanismos contra o para desalentar la demanda.
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