Sólo la mitad de los españoles que emigraron a Europa en los sesenta lo hicieron con contrato y de forma legal, según un estudio de la profesora Blanca Sánchez Alonso Sánchez. Alonso niega que los inmigrantes ignoren la realidad que encontrarán en el país de destino, como demuestra el hecho que "en los sesenta no se produjo ningún salto al vacío, sino que la información circuló intensamente a través de familiares y amigos ya emigrados".
Es precisamente este intercambio de información lo que la llevó detectar la situación irregular de muchos de los emigrantes españoles en Europa.
"A pesar de que el mismo gobierno articuló mecanismos para fomentar y canalizar la emigración, sólo la mitad de la gente lo hizo a través de los cauces institucionales", explica.
La profesora traslada esta situación a la que vive actualmente España en sentido inverso, ya que "en los próximos años, habrá muchos más jóvenes africanos dispuestos a llamar a las puertas de Europa y van a entrar sin llamar, porque las puertas no se las van a abrir".
No todos los 2,3 millones de españoles que emigraron a Europa en esos años lo hicieron de manera regular. El régimen franquista quería dirigir la emigración en función de la economía española. Quiso evitar que se marchara la mano de obra cualificada porque la necesitaba para la industria patria, y en cambio propició el éxodo en las regiones más pobres. Tres cuartos de los emigrantes tramitados por el régimen procedían de Andalucía y de las provincias colindantes con Portugal. El 70% trabajó en la metalurgia. Las mujeres iban al sector textil o a la industria alimentaría en las zonas pesqueras de la costa del Mar del Norte, donde trabajaron muchas gallegas.
"El Gobierno estaba interesado en que los emigrantes quedaran ligados a España para que enviaran dinero", explica el historiador Antonio Muñoz, especialista en emigración. 7.000 millones de dólares recibió España en concepto de remesas de los emigrantes hasta el año 1975. Con la emigración se consiguió, además, aliviar la tensión social que provocaban en España el desempleo y la pobreza. Alrededor de un 30% de los que marcharon lo hicieron al margen del Instituto Español de Emigración, saltándose las largas esperas de la burocracia.
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