El fiscal (es decir, el gobierno) rechaza investigar los crímenes del franquismo: ¡Se les aplicó la ley de amnistía de 1977 por ser delitos comunes!

Varias asociaciones pidieron el pasado verano un revisión judicial del franquismo. Su pretensión ha topado con el fiscal, que aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar normas penales con caracter retroactivo. Por ello, el ministerio público afirma que los delitos denunciados han prescrito, ya que "son comunes" y se les aplicó la ley de amnistía de 1977.

El fiscal rechaza investigar los crímenes del franquismo.

La fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que se investiguen los crímenes del franquismo. Para el ministerio público no se pueden tipificar "las denuncias, sacas, posibles asesinatos, detenciones ilegales, torturas y exilios forzosos" como genocidio porque no existía esta figura en el código penal de la República.

Varias asociaciones pidieron el pasado verano un revisión judicial del franquismo. Sin embargo, su pretensión ha topado con el fiscal, que recoge y aplica la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar normas penales con caracter retroactivo.

Por ello, el ministerio publico afirma que los delitos denunciados han prescrito, ya que "son comunes" y se les aplicó la ley de amnistía de 1977. Además, la fiscalía remacha su argumentación recordando la sentencia del caso GAL, que condenó a los policías José Amedo y Michel Domínguez a 108 años de cárcel. Esta resolución --dice la fiscalía-- "trató de una serie de actos de violencia y crímenes cometidos por agentes estatales bajo una inspiración directa de aparatos del Estado encargados de la seguridad". Sin embargo, dictaminó que "la violencia y represión ejercida desde las entrañas mismas de un aparato estatal, siquiera en formación" no se puede entender como terrorismo.

Tras esta argumentación, la fiscalía afirma que, en todo caso, la Audiencia Nacional no es competente para investigar, ya que esa labor correspondería a las audiencias provinciales.

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aplique el derecho internacional e investigue la desaparición forzada de 150 personas durante la Guerra Civil, pese a que el fiscal ha pedido que se archiven las denuncias.

01/02/08

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a que Garzón investigue las denuncias presentadas por las familias de los desaparecidos durante la guerra de 1936 en la zona controlada por el bando nacional y pidió su archivo, al no encontrar razones jurídicas para iniciar un procedimiento.

Tras conocer esta decisión, la ARMH recuerda en una nota que la resolución de Naciones Unidas 47/133 de diciembre de 1992, que fue votada favorablemente por el Gobierno español, señala el deber de las instituciones de erradicar las desapariciones forzadas sin que sean necesarias denuncias previas, sino evidencias de su existencia.

La asociación reclama la aplicación de dicha resolución de la ONU y subraya que espera del juez la aplicación de la legislación y jurisprudencia internacional que permita investigar las desapariciones forzadas de las víctimas de la dictadura.

Asimismo, indica que desde octubre de 2000 la ARMH ha exhumado los cuerpos de algo más de 1.200 personas, sin que las instancias judiciales pertinentes hayan intervenido, salvo en contadas excepciones, e incluso con la oposición de los titulares de algunos juzgados.

La nota concluye reiterando la petición de esta asociación para que 'el juez que ha protagonizado uno de los principales procesos para la implantación de la Justicia Universal' continúe su defensa judicial de los derechos humanos y su labor con respecto a las desapariciones forzadas no se restrinja a territorios extranjeros.

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