No excluimos que Esperanza Aguirre comprara a los diputados tránsfugas, que Zaplana haya cobrado comisiones y que Fabra sea un corrupto.

Un auto firme de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y ordena además que se suprima toda referencia a la posible mala práctica de los médicos denunciados.

A estos médicos de la sanidad pública se les llegó a acusar por la Consejería del asesinato de 400 pacientes en virtud de una denuncia anónima (práctica rechazada hasta por la la propia Santa Inquisición). Probada su inocencia, Juan José Güemes, el consejero de Sanidad de Madrid y yerno de Carlos Fabra ha declarado que "ridículo" que el Gobierno de Esperanza Aguirre pida disculpas a los médicos denunciados, añadiendo “que no haya podido probarse no excluye que hubiera mala praxis".

De acuerdo con el mismo criterio, aunque no haya pruebas o estas no hayan sido validadas por los tribunales, podriamos decir que no excluimos que el suegro de Güemes (más conocido como el Signore Fabra) sea un corrupto, que a Zaplana le gusten más las comisiones que al cura Marcial Maciel los niños seminaristas, o no excluimos que Esperanza Aguirre estuviera detrás de la compra de los diputados tránsfugas Tamayo y Saez.

Y es que a pesar que el Poder Judicial está claramente dominado por jueces conservadores, las clases dominantes se caracterizan por ser las más insumisas a las decisiones judiciales cuando estas no están en sintonía con sus intereses. Tras las frase hecha de “respetamos a la justicia”, la derecha ultramontana sigue insultando y sembrado sospechas e insidias. No es algo nuevo, también ha ocurrido con el proceso judicial del 11-M, la derecha política y medíatica no han perdonado al Juez instructor y al Tribunal sentenciador que no hayan condenado a ningún miembro de ETA por la comisión de los atentados.

Las reglas del juego político deben ser las mismas para todos (premisa de difícil aceptación para quienes no creen en la igualdad), el respeto a los principios de presunción de inocencia y cosa juzgada es imprescindible para una convivencia pacífica. Y son ellos, los que presumen de constitucionalistas y demócratas, los que están quebrando las bases del estado de derecho.

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