Después de diez años de estar detenido en su casa, el juez Oyarbide decidió que el dictador cumpla su condena por robo de bebés en la unidad 34 del Servicio Penitenciario, ubicada en Campo de Mayo.A los 83 años cumplidos en agosto pasado, Jorge Rafael Videla perdió este viernes el privilegio que se le concede a los criminales ancianos cuando una orden judicial originada a raíz de reclamos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos lo sacó de la prisión preventiva domiciliaria y lo mandó a la unidad penal de Campo de Mayo.
Pese a encontrarse dentro de la mayor unidad militar del país, no se trata de una prisión castrense sino de una prisión bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, es decir que se trata de una cárcel común, tal como reclamaban desde siempre los organismos de derechos humanos y algunas áreas del propio Gobierno. El magistrado consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF, ubicada en el predio de Campo de Mayo, "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.
Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del Juicio a los Comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
Indultado en 1990 por Carlos Menem, el 10 de junio de 1998 volvió a la cárcel de Villa Devoto cuando el entonces juez de San Isidro, Jorge Marquevich, lo procesó por delitos que había sido expresamente excluidos de los beneficios de las Leyes del Perdón de 1986-87: la sustracción de bebés a padres en cautiverio y la entrega a gente vinculada a los represores.
La causa, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, fue unificada luego en el Juzgado Federal 7 porteño, cuyo despacho atiende interinamente el juez federal Norberto Oyarbide luego de que Guillermo Montenegro lo dejara para hacerse cargo del área de seguridad capitalina.
En agosto pasado, las Abuelas encabezadas por su fundadora, Chicha Mariani, reclamaron ante este juzgado por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y pidieron el traslado del ex dictador a una cárcel común.
Idéntica instrucción había dado a los abogados de su cartera, para que tramitaran en los juzgados, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte por envenenamiento dentro de una unidad de la Prefectura del retirado Héctor Febres, horas antes de recibir condena judicial.
Videla afronta ahora, además de esta causa comúnmente conocida como "robo de bebés", otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica, entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, los dos ministros de Videla están ahora procesados por Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.
La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos.
En esta causa que fue elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.
De todos los juicios que deberá afrontar aun Videla, la de mayor envergadura es la causa denominada "Primer Cuerpo de Ejercito", que centraliza el juez federal 3, Daniel Rafecas, que incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.
Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral Federal 5, el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.
casapueblos.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario