Las mujeres chilenas han perdido en este mes de abril derechos fundamentales de salud sexual y reproductiva. El sistema estatal de salud pública de este país no podrá dispensar la píldora anticonceptiva de emergencia o ‘del día después’, según ha resuelto el Tribunal Constitucional (TC). El fallo, cuya redacción definitiva se publica el 22 de abril, desautoriza así la aplicación de una de las disposiciones más polémicas de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, dictadas en septiembre de 2006 por el Gobierno de Chile: la que ordenaba a los consultorios públicos de salud entregar de forma gratuita anticonceptivos tradicionales y de emergencia a todas las mujeres que los solicitaran, incluidas las adolescentes a partir de los 14 años sin necesidad de autorización de sus padres. Esta normativa pretendía frenar el número de hijos no deseados e interrupciones del embarazo, unas 150.000 al año, según algunos especialistas, en un país donde el aborto está prohibido totalmente por ley.
Y aún podía haber sido peor. Otros de los requerimientos realizados al TC por un grupo de parlamentarios de la oposición ultraconservadora de la Alianza por Chile han sido rechazados, como declarar inconstitucionales los dispositivos intrauterinos (DIU) y las normas sobre confidencialidad en la orientación a menores de edad acerca del uso de métodos anticonceptivos.
La presidenta del Gobierno chileno, Michelle Bachelet, afirmó, en declaraciones al diario El Mercurio: “La decisión del TC supone una profunda herida a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, dado que la resolución afecta fundamentalmente a las mujeres más pobres del país”. A falta de conocer la redacción definitiva del fallo, parece que la píldora podrá seguir comprándose en farmacias, de modo que no podrán acceder a ella las mujeres con menos recursos. No obstante, el abogado Jorge Reyes, patrocinador del requerimiento aceptado por el TC, está convencido, según las afirmaciones recogidas por varios medios chilenos, de que el fármaco será eliminado por completo del país. Por su parte, la ministra de Salud, María Soledad Barría, ha señalado que en esta resolución “hay un error profundo desde el punto de vista científico, pero, además, un gran peligro desde el punto de vista sanitario”. Las juventudes socialistas han comenzado una campaña en internet con fotos de los parlamentarios de derechas responsables de la decisión del TC, junto al eslogan: “Su madre no tomó la píldora. Previene los embarazos no deseados” (www.fotolog. com/jsoficial ).
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