Igor Zearreta y Egoitz Fernández fueron arrestados ayer por la Guardia Civil para cumplir sendas penas de dos años por una operación desarrollada en Bizkaia en 2004. Pese a que en el juicio celebrado el pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo para evitar el ingreso en prisión de los encausados, la Audiencia Nacional no ha cumplido su palabra.La represión policial contra los militantes abertzales se ha recrudecido de forma evidente en los últimos meses con el continuo goteo de encarcelamientos y arrestos que se ha producido después de que el ministro español de Interior anunciara que pensaba llegar a los tres dígitos.
Con la detención ayer de Igor Zearreta y Egoitz Fernández, la Audiencia Nacional española ha dado un salto cualitativo más en esa estrategia, ya que, por un lado, no ha respetado lo acordado entre las partes durante el juicio y, por otro, no ha aceptado la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel, solicitada por la defensa, por no ser superiores a los dos años.
Los dos jóvenes fueron detenidos ayer por agentes de la Guardia Civil a primera hora de la mañana en las localidades vizcainas de Zornotza y Derio, respectivamente, para cumplir, precisamernte, sendas condenas de dos años de prisión impuestas por el tribunal especial a consecuencia de una operación policial desarrollada entre octubre de 2004 y mayo de 2005.
Prácticamente la totalidad de los detenidos denunció haber sufrido torturas y malos tratos durante el periodo en que permanecieron incomunicados.
La operación desarrollada por la Guardia Civil afectó a una treintena de jóvenes vizcainos, la mayoría de ellos de Bilbo, aunque al final fueron procesadas 19 personas en el juicio que se celebró el 20 de junio de 2007.
Tras alcanzar un pacto entre las partes, la Fiscalía retiró la acusación contra Garikoitz Urizar, Gorka Ribadulla, Asier Arriola y Sergio Regeiro, y rebajó su solicitud de pena contra los otros quince encausados.
Penas de entre dos y cinco años
La sentencia firmada por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, María Teresa Palacios y Juan Francisco Martel se dio a conocer el 18 de julio e imponía las penas más altas, de cinco años de prisión y 27.000 euros de multa, a Amaia Urizar, Haritz Totorika, Aitziber Sagarminaga e Iker Arzeluz. Todos ellos permanecían encarcelados desde el inicio de la redada.
Otra de las encausadas, Nagore Bilbao, fue penada con dos años y siete meses de cárcel y 360 euros de multa, mientras que Inmaculada Basabe y Mikel Lizarribar fueron condenados a dos años de prisión y a la misma sanción económica.
Las penas más bajas, de dos años de prisión, fueron para Gaizka Larrinaga, Janire Couceiro, Iñaki Peña, Sonia Marín, Igor Zearreta, Leire Urrutia y Egoitz Fernández.
Según el acuerdo alcanzado, exceptuando a los cuatro que permanecían presos, el resto no debía de ingresar en prisión al no superar las penas los dos años.
Acuerdo incumplido
Pero cuando los abogados solicitaron a los jueces la suspensión de las mismas, se percataron de que el acuerdo se había roto. El 11 de diciembre recibieron la notificación de que se ordenaba la busca y captura para su ingreso en prisión de los nueve jóvenes con condenas de tan sólo dos años.
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