... por Carlos Fernández Liria
Lo que se ha llamado la Convergencia Europea en Educación Superior viene vendiéndose como una radical revolución educativa para poner la Universidad al servicio de las nuevas demandas sociales. En verdad, se trata del equivalente a una reconversión industrial en el mundo académico. Su objetivo es poner la Universidad pública al servicio de las empresas. La receta es extremadamente simple: la financiación pública se subordina a la previa obtención de “fuentes de financiación externa”, es decir, privadas. En la práctica ello significa que, en adelante, toda la geografía del mundo académico (disciplinas, cátedras, departamentos, facultades, planes de estudios, proyectos de investigación, etc.) se ve forzada a amoldarse a los intereses profesionales y las prioridades de investigación empresarial. Se abre así un abismo entre un edificio que se ha levantado sobre sí mismo con la lentitud propia de la Historia de la Ciencia (26 siglos de diálogos, polémicas y esfuerzos incansables de millones de investigadores) y el imprevisible mundo de las demandas empresariales, cada vez más anárquicas y cada vez más dependientes de capitales que se mueven en la Bolsa a la velocidad de la luz.
Las universidades públicas tendrían que poder ser financiadas con criterios académicos autónomos, que se conformen a los intereses de la razón y no a los del mercado. En muchas ocasiones hay que garantizar la financiación pública precisamente porque no existe financiación privada. Pero hace ya tiempo (Bolonia 1999, Lisboa 2000, AGCS, Doha 2001, OMC 2005, etc.) que las autoridades europeas decidieron saltar al otro lado del abismo. No es que se pretenda privatizar la Universidad; es mucho más rentable ponerla al servicio de los intereses privados. Al volcar la financiación pública en proyectos académicos que ya gozan de “fuentes externas” de financiación lo que se hace lisa y llanamente es subvencionar con dinero público actividades empresariales privadas (al tiempo que se ahoga la financiación pública de actividades de interés ciudadano que no sean rentables). Al mismo tiempo, las empresas se apropian de un ejército de becarios pagados con los impuestos y que trabajarán para ellas y sus propios intereses mercantiles. En una vuelta de tuerca más de lo que Galbraith llamó “la revolución de los ricos contra los pobres”, las empresas no se conforman con pagar cada vez menos impuestos: ahora quieren también el dinero de los contribuyentes. Y a esto se le ha llamado “poner a la Universidad al servicio de la sociedad”.
Para la presentación en sociedad de esta descarnada reconversión mercantil de la Universidad se ha contado con la inestimable ayuda de los pedagogos. Estos eran imprescindibles para disfrazar la mercantilización con los ropajes de una revolución educativa progresista y liberal contra la supuesta rigidez de las estructuras académicas. Lo que necesitaban las empresas era, como siempre, “flexibilidad” y la jerga de los pedagogos era la única que podía teñir esta temible palabra con tintes progresistas e incluso izquierdistas y antiautoritarios. Había que perder el respeto a las rigurosas distinciones del edificio científico y abogar por la “formación continua”, “flexible”, “transversal” y “psicoafectiva” de un profesional todo terreno, capaz de estar en todo momento a la altura y al tanto de las necesidades ingobernables de un mercado laboral cada vez más imprevisible y demente. Para formar este tipo de profesional no hacen falta científicos, sino entrenadores: pedagogos y psicopedagogos capaces de adiestrar personal para la Olimpiada de un mercado laboral vertiginoso.
El resultado ha sido una suicida animadversión hacia los contenidos académicos y científicos, que viene a sumarse a la brutal mutilación de contenidos específicos que ya venía exigida por la mercantilización. La reducción de la duración y la profundidad científica de muchas Licenciaturas ha supuesto un verdadero naufragio académico. Para suplir el déficit de especialización, el alumno puede pagarse –si se lo permite su bolsillo– un master de formación avanzada.
Ahora bien, es en este punto en el que la maniobra de los pedagogos ha supuesto un verdadero golpe de Estado en las relaciones Academia-Profesión que afecta a todas las carreras de corte teórico (Física, Matemáticas, Filosofía, Historia, etc.) que tienen como salida profesional mayoritaria las enseñanzas medias. Un Anexo a la Orden ECI/3858/2007 (27/12/2007) instituye como requisito para presentarse a las oposiciones para profesor de secundaria haber cursado un Master de Formación del Profesorado (MFP) destinado a formar competencias de psicología, pedagogía, psicopedagogía y didáctica aplicada. Se trata, por supuesto, de ampliar a un año (y a precio de master) el actual “Certificado de Aptitud Pedagógica” (CAP). Este cursillo pedagógico nunca ha sido evaluado objetivamente, pese a que no hay nadie con un mínimo de vergüenza que se atreva a dudar de sus nefastos resultados.
Las consecuencias son muy graves para la Universidad y también para la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato. La mayor parte de los alumnos universitarios que piensen en su profesión optarán por cursar el MFP y no uno de estudios avanzados en filosofía, lingüística, física o biología. A medio plazo, eso sentencia de muerte los master de casi todas las facultades teóricas y clásicas. Pero lo peor es el perfil del profesor de secundaria al que se aspira. No ya un profesor que sepa filosofía, física o gramática, sino un asesor psicopedagógico de un material humano al que, en realidad, ya se da por perdido: el alumnado en general de toda la enseñanza pública. Pero esto no es una solución sino un agravamiento de un problema cuyas raíces son de carácter social, económico y político, no académicas.
En respuesta al MFP, algunas Juntas de Facultad han comenzado a firmar un manifiesto acordado en la Facultad de Filosofía de la UCM (La Profesión de Profesor, http://fs-morente.filos.ucm.es/). Sus argumentos son muy moderados, pero merecen escucharse.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
www.nodo50.org/corrienteroja
Las universidades públicas tendrían que poder ser financiadas con criterios académicos autónomos, que se conformen a los intereses de la razón y no a los del mercado. En muchas ocasiones hay que garantizar la financiación pública precisamente porque no existe financiación privada. Pero hace ya tiempo (Bolonia 1999, Lisboa 2000, AGCS, Doha 2001, OMC 2005, etc.) que las autoridades europeas decidieron saltar al otro lado del abismo. No es que se pretenda privatizar la Universidad; es mucho más rentable ponerla al servicio de los intereses privados. Al volcar la financiación pública en proyectos académicos que ya gozan de “fuentes externas” de financiación lo que se hace lisa y llanamente es subvencionar con dinero público actividades empresariales privadas (al tiempo que se ahoga la financiación pública de actividades de interés ciudadano que no sean rentables). Al mismo tiempo, las empresas se apropian de un ejército de becarios pagados con los impuestos y que trabajarán para ellas y sus propios intereses mercantiles. En una vuelta de tuerca más de lo que Galbraith llamó “la revolución de los ricos contra los pobres”, las empresas no se conforman con pagar cada vez menos impuestos: ahora quieren también el dinero de los contribuyentes. Y a esto se le ha llamado “poner a la Universidad al servicio de la sociedad”.
Para la presentación en sociedad de esta descarnada reconversión mercantil de la Universidad se ha contado con la inestimable ayuda de los pedagogos. Estos eran imprescindibles para disfrazar la mercantilización con los ropajes de una revolución educativa progresista y liberal contra la supuesta rigidez de las estructuras académicas. Lo que necesitaban las empresas era, como siempre, “flexibilidad” y la jerga de los pedagogos era la única que podía teñir esta temible palabra con tintes progresistas e incluso izquierdistas y antiautoritarios. Había que perder el respeto a las rigurosas distinciones del edificio científico y abogar por la “formación continua”, “flexible”, “transversal” y “psicoafectiva” de un profesional todo terreno, capaz de estar en todo momento a la altura y al tanto de las necesidades ingobernables de un mercado laboral cada vez más imprevisible y demente. Para formar este tipo de profesional no hacen falta científicos, sino entrenadores: pedagogos y psicopedagogos capaces de adiestrar personal para la Olimpiada de un mercado laboral vertiginoso.
El resultado ha sido una suicida animadversión hacia los contenidos académicos y científicos, que viene a sumarse a la brutal mutilación de contenidos específicos que ya venía exigida por la mercantilización. La reducción de la duración y la profundidad científica de muchas Licenciaturas ha supuesto un verdadero naufragio académico. Para suplir el déficit de especialización, el alumno puede pagarse –si se lo permite su bolsillo– un master de formación avanzada.
Ahora bien, es en este punto en el que la maniobra de los pedagogos ha supuesto un verdadero golpe de Estado en las relaciones Academia-Profesión que afecta a todas las carreras de corte teórico (Física, Matemáticas, Filosofía, Historia, etc.) que tienen como salida profesional mayoritaria las enseñanzas medias. Un Anexo a la Orden ECI/3858/2007 (27/12/2007) instituye como requisito para presentarse a las oposiciones para profesor de secundaria haber cursado un Master de Formación del Profesorado (MFP) destinado a formar competencias de psicología, pedagogía, psicopedagogía y didáctica aplicada. Se trata, por supuesto, de ampliar a un año (y a precio de master) el actual “Certificado de Aptitud Pedagógica” (CAP). Este cursillo pedagógico nunca ha sido evaluado objetivamente, pese a que no hay nadie con un mínimo de vergüenza que se atreva a dudar de sus nefastos resultados.
Las consecuencias son muy graves para la Universidad y también para la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato. La mayor parte de los alumnos universitarios que piensen en su profesión optarán por cursar el MFP y no uno de estudios avanzados en filosofía, lingüística, física o biología. A medio plazo, eso sentencia de muerte los master de casi todas las facultades teóricas y clásicas. Pero lo peor es el perfil del profesor de secundaria al que se aspira. No ya un profesor que sepa filosofía, física o gramática, sino un asesor psicopedagógico de un material humano al que, en realidad, ya se da por perdido: el alumnado en general de toda la enseñanza pública. Pero esto no es una solución sino un agravamiento de un problema cuyas raíces son de carácter social, económico y político, no académicas.
En respuesta al MFP, algunas Juntas de Facultad han comenzado a firmar un manifiesto acordado en la Facultad de Filosofía de la UCM (La Profesión de Profesor, http://fs-morente.filos.ucm.es/). Sus argumentos son muy moderados, pero merecen escucharse.
Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
www.nodo50.org/corrienteroja
0 comentarios:
Publicar un comentario