El sumario recién cerrado por Baltasar Garzón contra Batasuna, los intentos de desalojo de ANV de la alcaldía de Arrasate, el embargo de sueldos y subvenciones de cargos públicos independentistas en diversas instituciones no son nada nuevo, sino la continuidad de la estrategia que el Estado español ha aplicado permanentemente contra la izquierda abertzale con distintas tácticas en cada momento. El independentismo vasco nunca ha logrado una participación normalizada en la vida política. El Estado español jamás ha dejado de acosarle. A ANV desde su fundación, antes y después del franquismo. A Herri Batasuna prácticamente desde el mismo día de su presentación pública en Bergara el 18 de octubre de 1978. Y el resultado de esta persecución no sólo han sido las ilegalizaciones y las dificultades para poder contar con los mismos instrumentos que el resto de los partidos, sino que varios militantes y dirigentes han pagado con su vida el trabajo político realizado y muchos más han sido detenidos y encarcelados por policías de todo tipo de uniforme.
Desde su nacimiento, HB tuvo que soportar la hostilidad del Estado, y también la de la parte del nacionalismo vasco que había apostado por buscarse un hueco en el sistema político español. Sirva como ejemplo lo ocurrido en las calles de Bilbo el 28 de octubre de 1978. El PNV llamó a sus militantes a manifestarse contra ETA, en la que posteriormente se conoció como la «manifestación de las palomas». HB convocó otra marcha con el lema «Atzoko eta gaurko gudarien alde». La concentración del PNV fue protegida por las fuerzas de la Policía Española, mientras que a la de HB ni siquiera se le permitió desplegar la pancarta. En el recuerdo de muchas personas estará todavía la imagen de Telesforo Monzón encarado a un grupo de grises. Las cargas policiales causaron cinco heridos graves. La prohibición de sus manifestaciones ha sido una práctica común que todavía se mantiene en muchas ocasiones y en la represión de las mismas han intervenido tanto la Guardia Civil como la Policía Española y la Ertzaintza.
La cárcel, un paso «obligado» para la dirección
Las detenciones y encarcelamientos por causas políticas han sido una constante para casi todos los dirigentes del independentismo vasco. Ya en febrero del 79, como consecuencia de diversas protestas que tuvieron lugar en Gasteiz contra la situación de los presos vascos, fueron detenidas más de 40 personas, entre militantes de HB y LKI. El juez Siro García decretó el ingreso en la prisión de Langraiz de aproximadamente la mitad de ellos, entre los que se encontraban la mayoría de dirigentes de Herri Batasuna. La causa, según el juez, fue la de haber declarado en euskara. Tras una huelga general que paralizó prácticamente Gipuzkoa los detenidos fueron puestos en libertad con la excepción de Telesforo Monzón, acusado de «apología del terrorismo». Telesforo, que contaba con 74 años de edad, iniciará una huelga de hambre que deteriorará su salud hasta temerse por su vida.
El 1 de marzo se iban a celebrar elecciones al Congreso y el Senado y el primer candidato por Gipuzkoa se encontraba en la cárcel de Langraiz. La formación independentista obtuvo 172.110 votos y Telesforo Monzón supo que había sido elegido mientras permanecía, gravemente enfermo, hospitalizado bajo custodia policial. No fue puesto en libertad hasta el 10 de marzo.
Poco más tarde, el fiscal general del Reino, José Manuel Fanjul, ordenó a petición del Gobierno un nuevo procesamiento a Telesforo Monzón por las declaraciones efectuadas a corresponsales extranjeros en una rueda de prensa ofrecida por HB. En el mes de noviembre, el Congreso concedió el suplicatorio para que tanto Francisco Letamendia, Ortzi, como él, pudieran ser procesados. La represión acompañó a Telesforo Monzón durante toda su vida y hasta después de su muerte, en 1981. Cuando su cuerpo era trasladado a Bergara para su entierro, fue secuestrado por las FSE y llegó a su localidad natal rodeado por tanquetas policiales.
El 4 de febrero de 1981 el Rey de España se encontraba de visita en Euskal Herria y comenzaba a pronunciar un discurso ante los parlamentarios de la CAV reunidos en la Casa de Juntas de Gernika. Con las primeras palabras, los parlamentarios de HB y LAIA se levantaron y comenzaron a cantar el «Eusko Gudariak». Fueron desalojados sin contemplaciones por los «hombres de Berrozi» -embrión de una Ertzaintza aún no creada- y por un servicio de orden formado por militantes del PNV. Una fuerza dudosamente legal para velar por la seguridad en un acto oficial.
Aquella acción tuvo una fuerte respuesta represiva. En mayo, el ministro del Interior, Juan José Rosón, ordenó la detención de todos los cargos públicos de Herri Batasuna. En la madrugada del 8 de mayo, 25 cargos electos de HB de Nafarroa, 18 de Gipuzkoa, 9 de Bizkaia y 11 de Araba fueron detenidos. Al día siguiente la ofensiva policial se desplazaba hasta la rueda de prensa que ofrecía Herri Batasuna denunciando los hechos. Francisco Letamendia, Periko Solabarria, Jon Idigoras, Mikel Arizaleta, Joselu Cereceda y Karmel Etxeberria fueron detenidos después de exponer sus argumentos ante los periodistas. El rosario de actuaciones judiciales y detenciones a los parlamentarios de Herri Batasuna por esta causa no terminaría hasta 1994 con la absolución por aquellos hechos.
Pero dos años después, la noria volvía a ponerse a girar. Entre febrero de 1996 y julio de 1999 la Mesa Nacional de Herri Batasuna vivió continuos sobresaltos con detenciones, un proceso judicial y más de veintidós meses de prisión, que finalizaron cuando el Tribunal Constitucional enmendó la plana al Supremo y dictaminó que en el caso se había producido una vulneración del derecho a la legalidad penal, por entender que se había aplicado a la dirección abertzale una pena desproporcionada al delito que los tribunales dictaminaron que había cometido. El caso comenzó con la cesión de los espacios electorales gratuitos de los que HB disponía en las elecciones a Cortes Generales para la emisión de un vídeo sobre la Alternativa Democrática de ETA. La prohibición y persecución del vídeo por los más diversos parajes de Euskal Herria fue la antesala de un proceso lleno de presiones políticas.
Aquella Mesa Nacional, a punto de ser encarcelada, fue la que puso en marcha el Foro de Irlanda que dio lugar después al Acuerdo de Lizarra Garazi. Los dirigentes que tomaron su relevo, fueron los que padecieron los rigores de la ilegalización de 2002, con su consiguiente oleada represiva, y los que forman el grueso de los imputados en el sumario que acaba de cerrar Baltasar Garzón, junto con algunos otros dirigentes más veteranos. Los miembros de las sucesivas direcciones de Batasuna han ido también siendo detenidos e imputados en la continuidad de ese sumario, incluso durante la última tregua de ETA, encontrándose la mayoría de ellos en la cárcel en este momento.
Muertes entre controles e «incontrolados»
La cárcel no ha sido ni el único ni el mayor de los precios que han pagado muchos dirigentes de la izquierda abertzale e incluso cargos públicos o simples militantes por su actividad política. No faltan los ejemplos de quienes han muerto por la actuación de elementos estatales o paraestatales, en atentados que siempre han contado con un cierto grado de protección oficial para que no fueran aclarados en todo o en parte.
En setiembre de 1979, el alcalde de Hernani, Juanjo Uria, miembro de HB, salio ileso de un atentado contra su persona. Ese mismo mes, Tomás Alba Irazusta, de 42 años, concejal de HB en el Ayuntamiento de Donostia, tuvo menos suerte. Recibió dos disparos de elementos parapoliciales en la localidad de Astigarraga, a las 2,10 de la madrugada del 30 de setiembre, cuando se dirigía hacia su coche aparcado a una treintena de metros del caserío donde había ido a cenar. Mikel Arregi, edil del Ayuntamiento de Etxarri Aranaz, fue abatido por la Guardia Civil en un control de carretera el 11 de noviembre de 1979.
El 23 de julio de 1980 un explosivo dirigido contra la guardería Iturriaga, regentada por la compañera de Antton Artiñano, concejal de Zeberio, provocó la muerte de tres personas, entre ellas una joven embarazada de nueve meses. El 30 de agosto de ese mismo año, un nuevo atentado de grupos parapoliciales acabó en Ondarroa con al vida de Angel Etxaniz, militante de HB.
El 4 de noviembre de 1988 un comando parapolicial secuestró durante tres días al concejal de Herri Batasuna en el municipio de Hondarribia, Fermín Urtizberea. El 15 de mayo de 1989, el parlamentario abertzale en Nafarroa Patxi Erdozain salió ileso de un atentado por medio de carta bomba. No tuvo tanta suerte el cartero de Orereta José Antonio Cardosa que resultó muerto, el 20 de setiembre de ese año, a consecuencia de la explosión de una carta dirigida a Ildefonso Salazar, militante de Herri Batasuna.
Durante 1991 cinco miembros de Herri Batasuna sufrieron otros tantos atentados. Jon Idigoras recibió una carta bomba que no llegó a estallar, mientras que los vehículos de militantes de la coalición fueron incendiados en Orereta, Gaztelu y Lizarra. Con la quema de este último coche, propiedad del concejal Patxi Lage, sumaban ya 35 los vehículos de militantes de la izquierda abertzale quemados en los últimos años. En Ziordia una bomba estalló en la empresa de José Ignacio Flores, miembro de HB
Más recordados por la mayoría de la opinión pública son las dos ocasiones en las que los atentados de elementos paraestatales han apuntado y hecho diana en importantes miembros de la dirección independentista. El 20 de noviembre de 1984 Santi Brouard, miembro de la Mesa Nacional y presidente de HASI, era abatido por balas mercenarias en su consulta de pediatra en Bilbo mientras trabajaba. Cinco años más tarde, en ese mismo fatídico 20-N, Josu Muguruza moría en un atentado en el hotel Alcalá de Madrid e Iñaki Esnaola resultaba gravemente herido. Ambos habían acudido a la capital del Estado junto con otros compañeros para recoger las credenciales que les acreditaban como diputados y senadores.
El aislamiento, una estrategia siempre fallida
Ni las mociones de censura ni los intentos de aislamiento político y social ni el impago de sueldos y subvenciones son nuevos en la historia de la izquierda abertzale. De hecho, el Estado siempre ha tratado de evitar el pago de las cantidades que correspondían HB o EH, alargando los plazos, forzando la intervención judicial y, finalmente, aprobando leyes ad hoc para darse la razón.
La Mesa de Ajuria Enea, creada en enero de 1988 y presidida por el jeltzale José Antonio Ardanza, fue la impulsora de las estrategias de aislamiento de la izquierda abertzale. Las fuerzas firmantes acordaron la búsqueda de cualquier tipo de pacto entre ellas para arrebatar las alcaldías a HB allí donde fuera la fuerza más votada. Los noventa fueron años en los que esa estrategia se llevó hasta el extremo. Sirva como ejemplo que los debates electorales en EiTB quedaban suspendidos porque PNV, PSE y PP se negaban a sentarse a dialogar con HB, cuya presencia era obligada por Ley.
Sin embargo, cabe decir que esta política de apartheid, que pretendía desestabilizar a la izquierda abertzale, originó también numerosos problemas entre los propios componentes del Pesa de Ajuria Enea. Un documento de la Mesa de noviembre de 1991 reconoce que algunos «pactos municipales con Herri Batasuna o las conversaciones con el mismo partido en torno a la Autovía del Leizaran» «han empañado la imagen del consenso democrático que se había alcanzado entre los partidos en cuanto a la estrategia a seguir frente al rupturismo». Por ello, los firmantes del acuerdo se volvían a juramentar para determinar que «sólo un consenso entre los partidos representados en esta Mesa podría avalar en las instituciones la legitimidad democrática de los acuerdos que eventualmente pudieran alcanzarse», según puede leerse en la documentación de aquellos años.
Lo más llamativo es que los componentes del Pacto creía ver entonces «movimientos» en el seno de la izquierda independentista y los atribuían a su política de «firmeza». Y luego, además, se permitían juzgar voluntades y aseguraban que dichos movimientos no eran «todavía suficientemente significativos de una sincera voluntad de incorporarse, con todas sus consecuencias, al sistema democrático».
Tras el secuestro y muerte a manos de ETA del concejal del PP Miguel Angel Blanco, en julio de 1997, y dentro del clima de extrema emotividad que se alimentó en aquellas fechas, la Mesa de Ajuria Enea hizo una solemne declaración de que sus componentes no actuarían conjuntamente ni realizarían iniciativa alguna con HB. Dicho pronunciamiento fue asumido a las pocas horas por la Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz.
Estos días, con motivo del intento de desalojar a ANV de la alcaldía de Arrasate, muchos medios están recordando que en aquel verano de 1997 se presentaron diversas mociones de censura contra alcaldes de HB, entre ellos el de esta localidad guipuzcoana, Xabier Zubizarreta, Txiron. Aquella oleada inquisitorial dio lugar a extrañas coaliciones de gobierno en algunos ayuntamientos y a actuaciones en cierta medida estrambóticas, como la de EA, que cesó de sus cargos a los concejales de HB en el Ayuntamiento de Bermeo.
El clima de agresividad que se fue encendiendo, los ataques a herriko tabernas y negocios de militantes de HB, los llamamientos de los sectores más intransigentes del nacionalismo español al acoso social contra las bases independentistas, llegó a asustar a algunos dirigentes del propio PNV, que hicieron declaraciones destacando que el acuerdo de la Mesa no debía ser interpretado como una política de aislamiento sino de simple «no colaboración».
A los pocos meses, una vez más, los integrantes del Pacto hicieron una valoración positiva de su propia estrategia y en setiembre de 1997 Ramón Jáuregui declaraba que el aislamiento estaba produciendo buenos resultados por la «crisis abierta en HB».
Tan «buenos resultados» dio aquella política que en menos de un año era el PSE quien dejaba el Gobierno de Lakua en protesta por los acuerdos que empezaban a fraguarse entre PNV, EA, IU y HB en el Parlamento de Gasteiz que ya se habían «olvidado» de lo que pocos meses antes habían aprobado en la Diputación Permanente de la Cámara. Hubo actuaciones conjuntas en defensa de Trebiñu, se aprobó la Ley del Deporte, se rechazó la introducción del juramento constitucional en el Reglamento de la Cámara, se fimaron acuerdos en favor de la repatriación y el respeto de todos los derechos de los presos... y todo ello con ETA en activo, antes de que en setiembre de 1998 declarara un alto el fuego.
Como es posible observar, casi todo lo que puede intentarse contra la izquierda abertzale en el plano represivo ya ha sido experimentado con anterioridad y su resultado nunca ha sido la solución del conflicto, si no su prolongación.
El 31 de marzo de 1989 se descubrió en el piso superior a la sede de HB de Gasteiz una estructura de espionaje ilegal de las conversaciones y comunicaciones de la formación. Además, desde un piso situado en frente, el Cesid grababa la entrada.
De las seis personas que se sentaron en el banquillo por estos hechos después de un sumario entorpecido desde las más altas instancias, dos espías fueron absueltos porque grabar en espacios públicos no es delito; los dos jefes del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, fueron condenados por la Audiencia de Gasteiz y absueltos después por el Supremo. El espía Franciso Buján, también fue finalmente absuelto, pero murió con anterioridad. Y el único condenado, Mario Cantero, fue después indultado. El espionaje ilegal comenzó con Felipe González, siguió con José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero le dio cerrojazo con el indulto.
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