Teherán va a permitir que inversionistas extranjeros, en lo que podría ser interpretado como una apertura a Occidente, adquieran la propiedad total de empresas del Estado iraní en el contexto de un programa de privatización de largo alcance al estilo “libre mercado.”
Con el precio del petróleo crudo a 140 dólares el barril, el Estado iraní no está en apreturas económicas como en el caso de los países en desarrollo más endeudados, obligados por sus acreedores a vender los activos estatales para pagar su creciente deuda externa.
¿Cuáles son las motivaciones políticas tras esta medida? ¿Y por qué Ahora?
Ya han establecido contactos con siete compañías occidentales. Teherán permitirá que el capital extranjero “compre cantidades ilimitadas de acciones de empresas controladas por el Estado que están en el proceso de ser vendidas.”
Aunque el programa de privatización de Irán fue lanzado durante el gobierno de Mohammed Jatami a fines de los años noventa, la reciente venta de acciones de empresas estatales clave apunta hacia un nuevo proyecto económico. La medida subyacente es trascendental. Va más allá del marco de privatización prevaleciente aplicado en varios países en desarrollo dentro de la esfera de influencia de EE.UU.:
“La iniciativa está diseñada para atraer más inversión extranjera y forma parte del programa global de liberación económica del país.
“Irán dejará de hacer distinciones entre firmas nacionales y extranjeras que deseen adquirir compañías estatales mientras la propiedad extranjera en su conjunto en una industria en particular no exceda un 35%... Por ejemplo, una compañía extranjera puede adquirir una compañía siderúrgica iraní pero no se permite que compre todas las empresas en la industria siderúrgica iraní.
Entre las nuevas medidas incentivas anunciadas, las firmas extranjeras también podrán transferir fuera del país sus beneficios anuales de su compañía iraní en la moneda que deseen.” (“Irán permitirá un 100% de propiedad extranjera,” Press TV, 30 de junio de 2008)
Es importante analizar cuidadosamente esta decisión. La oportunidad del anuncio de la Organización Iraní de Privatización (IPO) coincide con crecientes amenazas de EE.UU. e Israel de conducir una guerra en todos los frentes contra Irán.
Además, el programa de desinversión cumple con las exigencias del “Consenso de Washington”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confirmado con algunas reservas, que Teherán se ha comprometido a una “continua transición hacia una economía de mercado viable y eficiente,” implicando al mismo tiempo que la creación de “confianza para inversiones” requiere una aceleración del programa de privatización.
En su Estudio de mayo de 2008 (Art. 4 Consultas), el FMI elogió a Teherán por su programa de desinversión, que esencialmente transfiere la propiedad de activos estatales a manos privadas, mientras subraya también que el programa está siendo realizado de una manera rápida y eficiente.
Bajo la amenaza de guerra, ¿tiene esta nueva iniciativa de Teherán industrias clave la intención de cumplir con las exigencias del gobierno de Bush?
Se sabe que las instituciones de Bretton Woods sirven directamente los intereses de EE.UU. No sólo están vinculadas a Wall Street y al Tesoro de EE.UU., también están en contacto con el Departamento de Estado de EE.UU., el Pentágono y la OTAN. El FMI y el Banco Mundial son consultados a menudo antes del embate de una gran guerra. En las secuelas de la guerra, están involucrados en el suministro de préstamos “de reconstrucción post-conflicto.” A este sentido, el Banco Mundial es un actor clave en la canalización de “ayuda externa” tanto a Iraq como a Afganistán.
Las medidas de privatización sugieren que Irán está dispuesto a permitir que el capital extranjero obtenga el control sobre importantes sectores clave de la economía iraní.
Según el presidente de la Organización Iraní de Privatización (IPO), Gholamreza Kord-Zanganeh, unas 230 compañías estatales están destinadas a ser privatizadas hasta fines del año iraní (marzo de 2009). Las acciones de unas 177 compañías estatales fueron ofrecidas en la Bolsa de Comercio de Teherán en el último año iraní (que terminó en marzo de 2008).
La estatal Compañía de Telecomunicación de Irán (TCI) ya ha indicado que “una serie de compañías extranjeras de telecomunicaciones han expresado interés en la adquisición de sus acciones cuando el gobierno venda parte de sus intereses dentro de un mes. Informes de la prensa local no nombraron a los posibles inversionistas. TCI tiene el monopolio del mercado de líneas fijas de Irán y es también el mayor operador celular del país a través de su subsidiaria MCI.” Alcatel, de Francia, el grupo MTN de Sudáfrica y Siemens de Alemania ya poseen considerables participaciones en la industria de telecomunicaciones de Irán.
Otros sectores clave de la economía, incluyendo las industrias del aluminio, cobre, hierro y acero han sido recientemente ofrecidos para ser privatizados, y las acciones de compañías estatales han sido introducidas en la Bolsa de Comercio de Teherán (TSE).
Más complejo de lo que parece
¿Está relacionada de alguna manera esta decisión de Teherán de implementar un trascendental programa de privatización, con la continua belicosidad y presión de EE.UU.?
A primera vista parecería que Teherán estuviera cediendo a las exigencias de Washington para evitar una guerra total.
¿Serían entregados los haberes de Irán en una bandeja de plata a los inversionistas occidentales extranjeros, sin que sea necesario que EE.UU. conquiste nuevas fronteras económicas por medios militares?
Pero la cosa es más compleja de lo que parece.
Washington no tiene interés en la imposición de un programa de privatización a Irán, como “alternativa” a una guerra total. En los hechos es precisamente lo contrario. Existen indicios de que el objetivo principal del gobierno de Bush es paralizar el programa de privatización.
En lugar de ser aplaudido por Washington como un paso en la dirección correcta, el programa de privatización de Teherán coincide con el lanzamiento (mayo de 2008) de una resolución de largo alcance en el Congreso de EE.UU. (H.CON. RES 362), que llama a imponer sanciones financieras mundiales dirigidas contra Irán:
"[H. CON. RES. 362] insta al presidente, en los términos más firmes, a utilizar de inmediato su autoridad existentes para imponer sanciones al Banco Central de Irán... bancos internacionales que continúen realizando transacciones financieras con bancos iraníes proscritos;... compañías de energía que han invertido 20.000.000 dólares o más en el sector petrolífero o de gas natural iraní en cualquier año dado desde la promulgación de la Ley de Sanciones contra Irán de 1996; y todas las compañías que sigan haciendo negocios con el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.” (Vea texto completo en inglés de H.CON RES 362) (Énfasis agregado)
La resolución exige además que “el presidente inicie un esfuerzo internacional para aumentar inmediata y dramáticamente la presión económica, política, y diplomática sobre Irán... prohibiendo la exportación a Irán de todos los productos de petróleo refinados; imponiendo estrictos requerimientos de inspección de todas las personas, vehículos, barcos, aviones, trenes, y carga que entre o salga de Irán; y prohibiendo el movimiento internacional de todos los funcionarios iraníes no involucrados en la negociación de la suspensión del programa nuclear de Irán.” (Énfasis agregado)
Si esas sanciones económicas fueran realizadas e impuestas, paralizarían las transacciones comerciales y monetarias. Sobra decir que también debilitarían el programa de privatización de Irán e impedirían la transferencia de activos iraníes a manos extranjeras.
Guerra económica
¿A cuenta de qué se opondría el gobierno de Bush a la adopción de un programa de desinversión al estilo neoliberal, que despojaría a la República Islámica de algunos de sus activos más lucrativos?
Si la “conquista económica” fuera el objetivo final de una agenda militar impulsada por las ganancias, ¿cuál es entonces el propósito de bombardear Irán, si Irán realmente acepta entregar sus activos a precios por los suelos a inversionistas extranjeros, de un modo muy parecido a como lo han hecho otros países en desarrollo como Indonesia, las Filipinas, Brasil etc.?
Los mayores inversionistas extranjeros en Irán son China y Rusia.
Mientras las compañías de EE.UU. están claramente ausentes de la lista de inversionistas extranjeros directos, Alemania, Italia y Japón tienen importantes participaciones inversionistas en el petróleo y el gas, la industria petroquímica, la generación de energía y la construcción, así como en el sistema bancario. Junto a China y Rusia, son los principales beneficiarios del programa de privatización.
Uno de los principales objetivos de las sanciones económicas propuestas en H. RES CON 362 es impedir que compañías extranjeras (incluyendo las de la Unión Europea y de Japón), adquieran una mayor parte de la economía iraní bajo el programa de desinversión de Teherán.
Otros países con importantes inversiones en Irán son Francia, India, Noruega, Corea del Sur, Suecia y Suiza. Svedala Industri, de Suecia, tiene grandes participaciones en las minas de cobre de Irán.
Francia, Japón y Corea tienen participaciones en la industria automóvil, en la forma de acuerdos de licencia con fabricantes iraníes de autos.
ENI Oil, de Italia, está involucrada en el desarrollo de las fases 4 y 5 del campo petrolífero South Pars, que asciende a 3.800 millones de dólares. (Vea Organización Iraní de Privatización, informe 2008). Total y el conglomerado anglo-holandés Shell están involucrados en el gas natural.
Aunque el proceso de privatización no incluye la desinversión de la compañía petrolera estatal de Irán, crea un ambiente que favorece la inversión extranjera en la refinería de petróleo, la industria petroquímica, la economía de servicios para el petróleo, así de la infraestructura para el petróleo y el gas, incluyendo la exploración, oleo y gasoductos de una serie de países que incluyen a China, Rusia, Italia, Malasia, etc.,
A pesar de que varias corporaciones estadounidenses realizan (extraoficialmente) negocios en Irán, el régimen de sanciones comerciales de EE.UU. (renovado bajo el gobierno de Bush) declara ilegal que ciudadanos y compañías estadounidenses tengan negocios con Irán. En otras palabras, no se permitiría que corporaciones de EE.UU. adquieran activos del Estado iraní bajo el programa de privatización a menos que se levante el régimen de sanciones comerciales de EE.UU.
Además, todas las firmas extranjeras son tratadas en condiciones de igualdad. No hay tratamiento preferencial para las compañías de EE.UU., no hay un corrupto arreglo al estilo colonial como en Iraq desgarrado por la guerra, que favorece la transferencia directa de la propiedad y el control de sectores enteros de la economía nacional a un puñado de corporaciones de EE.UU.
En otras palabras, el programa de privatización de Teherán no sirve los intereses económicos y estratégicos de EE.UU. Tiende a favorecer a países que tienen relaciones comerciales y de inversión con la República Islámica desde hace mucho tiempo.
Favorece a inversionistas chinos, rusos, europeos y japoneses a costas de EE.UU.
Socava y debilita la hegemonía estadounidense. Va contra el plan de Washington de auspiciar un Nuevo Orden Mundial “unipolar” a través de medios económicos y militares.
Es el motivo por el cual Washington quiere paralizar este programa mediante un régimen mundial de sanciones económicas que, si fuera implementado, paralizaría el comercio, la inversión y los flujos monetarios con Irán.
El régimen de sanciones económicas propuesto bajo H. CON 362 tiene el propósito de aislar a Irán y de impedir la transferencia de activos iraníes a manos de potencias económicas competidoras como China, Rusia, la Unión Europea y Japón. Es equivalente a una declaración de guerra.
Como amarga ironía, H CON 362 sirve para debilitar los intereses económicos de varios aliados de EE.UU. La Resolución les impediría posicionarse en Oriente Próximo, a pesar de que esos aliados (por ejemplo Francia y Alemania) también participan a través de la OTAN en la planificación de la guerra contra Irán.
Guerra y manipulación financiera
El gobierno de Bush ha optado por una guerra total contra Irán en alianza con Israel, a fin de establecer una esfera de influencia exclusiva de EE.UU. en Oriente Próximo.
Una operación militar contra Irán patrocinada por EE.UU. e Israel, tendría una considerable y violenta repercusión contra los intereses económicos y financieros de varios de los aliados de EE.UU., incluyendo a Alemania, Italia, Francia, y Japón.
De un modo más general, una guerra contra Irán afectaría a intereses corporativos involucrados en la economía civil, a diferencia de los que están vinculados más directamente al complejo militar-industrial y a la economía de guerra. Debilitaría economías locales y regionales, la economía de manufactura para el consumo y los servicios, a la industria automóvil, las líneas aéreas, a la economía del turismo y el ocio, etc.
Además, una guerra total alimentaría la agenda impulsada por los beneficios de la banca global, incluyendo a los especuladores institucionales en el mercado energético, los poderosos gigantes del petróleo anglo-estadounidenses y los productores de armas de EE.UU., los cinco grandes contratistas de la defensa, más British Aerospace Systems Corporation, que tienen un papel importante en la formulación de la política exterior de EE.UU. y la agenda militar del Pentágono, para no mencionar la gama de compañías de mercenarios y contratistas militares.
Una pequeña cantidad de corporaciones e instituciones financieras globales se ceban de la guerra y la destrucción en detrimento de importantes sectores de actividad económica. En líneas generales, la parte principal de la economía civil está amenazada.
Ante nosotros tenemos conflictos y rivalidades entre los niveles superiores del sistema capitalista global, que opone en gran parte a los protagonistas corporativos que tienen interés en la guerra a la economía capitalista en general que depende en última instancia del continuo desarrollo de la demanda de consumo civil y de inversiones.
Estos intereses creados en una guerra motivada por los beneficios también se alimentan de la recesión económica y de los trastornos financieros. El proceso de colapso económico resultante, por ejemplo, de los aumentos especulativos de los precios del petróleo y los alimentos, provoca bancarrotas en gran escala, que terminan por posibilitar que un puñado de corporaciones e instituciones financieras globales “saquen las castañas del fuego” y consoliden su control global sobre la economía real así como sobre el sistema monetario internacional.
La manipulación financiera está íntimamente relacionada con el proceso de toma de decisiones militares. Los grandes bancos e instituciones financieras tienen vínculos con los aparatos militares y de inteligencia. El conocimiento anticipado o la información confidencial por parte de esos especuladores institucionales respecto a ataques terroristas específicos “de bandera falsa”, u operaciones militares en Oriente Próximo es la fuente de tremendas ganancias especulativas.
Tanto la agenda belicista como el propuesto régimen de sanciones económicas provocan, de un modo bastante deliberado, una atmósfera global de inseguridad y de caos económico.
Por su parte, los especuladores institucionales en Londres, Chicago y Nueva York no sólo viven del caos económico y de la inseguridad, sus acciones manipuladoras en los mercados de la energía y de las materias primas contribuyen a llevar a la bancarrota a amplios sectores de la economía civil.
Los trastornos económicos y financieros que resultan de los aumentos en los precios del petróleo crudo y de los alimentos básicos son la fuente de beneficios financieros de un puñado de protagonistas globales. A los especuladores no les preocupan las consecuencias de gran alcance de una guerra más amplia en Oriente Próximo, que podría llevar a un escenario de una Tercera Guerra Mundial.
El lobby pro-israelí en EE.UU. sirve indirectamente a esos poderosos intereses financieros. En el contexto actual, Israel es un aliado con importantes capacidades militares que sirve el objetivo general de EE.UU. en Oriente Próximo. Washington, sin embargo, se preocupa poco por la seguridad de Israel, que en el caso de una guerra contra Irán sería el primer objetivo de una acción de represalia de Teherán.
El objetivo general de EE.UU. consiste en el establecimiento, a través de medios militares y económicos, de una esfera exclusiva de influencia de EE.UU. en todo Oriente Próximo.
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