Reunidos en la XXXV Cumbre del Mercosur, en Tucumán, Argentina, jefes de estados miembros y miembros asociados del grupo condenaron, en declaración conjunta divulgada el día 1 de julio, la "Directiva de Retorno", aprobada el día 18 de junio por el Parlamento Europeo. Los presidentes sudamericanos solicitan a la Unión Europea que reflexione sobre su posición a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los presidentes instruyen a sus Ministros de Relaciones Exteriores a adoptar las medidas necesarias para que consulados, secciones consulares y embajadas resuelvan los problemas que puedan ser ocasionados por la Directiva. En la declaración, ellos denuncian que la medida es contraria a la propia normativa europea sobre el derecho humanitario consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
"La legislación aprobada cuestiona el ‘interés superior de los niños’, consagrado en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de la Niñez; dificulta el principio de la reunificación familiar y avanza restrictivamente sobre los derechos y obligaciones establecidos en el protocolo sobre el estatuto de los refugiados (1967)", afirman.
Recuerdan también que la medida constituye una contradicción con la histórica de hospitalidad de los pueblos sudamericanos, pues, durante siglos, inmigrantes procedentes de todo el mundo llegaron al continente siendo recibidos sin criterios. "Reivindicamos el aporte positivo de nuestros migrantes connacionales en todos los países de destino de la Unión Europea, tanto en el plano social y cultural como en el económico, según constataron estudios científicos europeos sobre la materia", resaltan.
Los mandatarios señalan que la forma de organizar los flujos migratorios es cooperar, en el marco del principio de responsabilidad compartida, para generar desarrollo socioeconómico en los países de origen de los migrantes. Otras soluciones destacadas por ellos son: abrir los mercados del mundo desarrollado a los productos de los países en desarrollo y eliminar los subsidios y distorsiones comerciales.
En un comunicado divulgado el día 30 de junio, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también rechaza la Directiva de Retorno. Ellos piden que los gobiernos se posicionen en relación con esa medida. "No nos parece correcto que, por un lado se pretenda abrir los mercados a los productos, bienes y servicios, mientras se cierran las fronteras a las personas generadoras de la riqueza", declaran.
"La CGTP exige a los gobiernos de América Latina, y especialmente al de Perú, que tomen una actitud consecuente y firme en defensa de los derechos fundamentales, de la salud y del bienestar de los trabajadores y de sus familias que puedan estar afectados. La respuesta de nuestros gobiernos tiene que ser solamente una: no más políticas de puertas abiertas a los poderosos, mientras no recibamos un tratamiento equitativo", finalizan.
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