El avispado arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza (Aldea del Fresno, Madrid, 1944), tiene una muy especial querencia por las operaciones urbanísticas, que devienen invariablemente en procesos especulativos. Es como una vocación obsesiva que le define en su paso por la escala ascendente de obispados y arzobispados que le encomiendan. Poner en valor los terrenales bienes de la iglesia católica y maximizar su rentabilidad y la ganancia lucrativa son referencias de su trabajo pastoral, a costa de lo que sea, por escabroso que se presente en forma y fondo. Puede valer el cementerio de Salamanca o, en Valladolid, la satisfacción usurera de apremiantes necesidades de vecinos del barrio de la Rondilla y hasta la utilización del patrimonio de una fundación benéfica de atención a personas minusválidas. En todos los casos ha contado a su favor con un aparato municipal y autonómico poco escrupuloso, o cuanto menos negligente, en la valoración de los procedimientos administrativos seguidos e inclinado al reconocimiento magnánimo de derechos asignados por las respectivas normas urbanísticas reguladoras.
De ostentar el obispado de Burgo de Osma pasó en 1995 al de Salamanca y después, en 2002, al arzobispado de Valladolid, donde llegó tras importantes y notorios escándalos eclesiales, tales como el caso Gescartera o la manipulación del testamento de la familia Méndez Carlón, que amargaron los años últimos del anterior arzobispo, Delicado Baeza, envuelto en los enredos poco claros de su ecónomo, Enrique Peralta.
En Salamanca
Es sobradamente conocida la inclinación del Ayuntamiento de Salamanca por la utilización torticera de la figura legal de transferencias de edificabilidad de unos solares a otros mediante una figura tan supuestamente ortodoxa como el convenio urbanístico, que es lo que el obispo Braulio suscribe con el Ayuntamiento, con la particularidad de que el supuesto "solar" para el que sin sonrojo reclama el reconocimiento de edificabilidad es el propio cementerio de la ciudad, cuyo propietario es la diócesis salmantina. Pese a las protestas cívicas, el obispo Braulio obtuvo graciosamente el reconocimiento de edificabilidad para 23.000 metros cuadrados de suelo ocupado por tumbas a perpetuidad. Como perla del expediente administrativo instruido en los servicios de Urbanismo, el técnico municipal competente justifica la operación urbanística para ajustarla a las leyes y a la razón con una macabra parrafada: "en ningún caso puede considerarse consumida edificabilidad por los enterramientos bajo rasante".
De telonero necesario actuó la Junta de Castilla y León que colaboró activamente en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca y allí donde únicamente se reconocían transferencias de edificabilidad entre parcelas residenciales, modificó la norma para permitir transferencias de edificabilidades de suelos con otros usos a suelos residenciales.
Por iniciativa de Ecologistas en Acción el asunto llegó a los tribunales, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de noviembre de 2005 y del Tribunal Supremo de mayo de 2007, que declararon nulo el especulativo convenio urbanístico promovido por el Obispado con la Ayuntamiento del alcalde, Julián Lanzarote.
De su período salmantino le vino a Braulio Rodríguez su interés por las inmensas posibilidades lucrativas de la promoción de aparcamientos subterráneos. En efecto, allí posibilitó otro pelotazo urbanístico con otro convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación eclesiástica del Hospital Santísima
Trinidad, que controla el Obispado., que instó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca para la construcción de un aparcamiento bajo rasante en un jardín público del Hospital que a la vez, todo en una misma operación urbanística, recalificaba como residencial una parcela anexa al centro hospitalario para promover la construcción de 100 viviendas y la cesión gratuita a la Fundación por el Ayuntamiento de un solar de 3.000 metros cuadrados en la zona de la Plata sin concreción de destino. Poco importó destruir un jardín público, levantar un edificio ’fuera de escala’ por su excesivo volumen, que no encajaba con el entorno y la obligada protección del conjunto, y acordar una cesión de suelo no justificada y que no beneficiaba en ningún caso al municipio, como así reconocieron los tribunales posteriormente. Para escarnio de la UNESCO y la calificación de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, también el obispo Braulio Rodríguez, en otro jardín privado, con la absoluta desnaturalización del entorno, promovió sin escrúpulos una rampante modificación del Plan Especial del Casco Histórico de Salamanca en la zona protegida del Seminario de Calatrava, para construir otro aparcamiento y también las edificaciones de la llamada Casa de la Iglesia, con un auditorio de 400 plazas y servicios administrativos del Obispado.
En Valladolid
En el barrio de la Rondilla está ubicado el Seminario diocesano que, con una serie de servidumbres y construcciones anejas, en buena parte infrautilizadas y hasta abandonadas, ocupa una superficie de 19.500 metros cuadrados. Delante de su edificio principal, en una unidad de conjunto, se abre un extenso espacio libre de más de 31.000 metros cuadrados con la catalogación de suelo "deportivo privado", al que el planeamiento urbano reconoce una edificabilidad máxima de 1.500 metros cuadrados vinculada a aquel uso. Este espacio fue respetado por las sucesivas revisiones de planeamiento, manteniendo el uso deportivo como mejor fórmula para reequilibrar los desmedidos abusos cometidos en su entorno inmediato, saturado de viviendas y el necesario respeto paisajístico de la zona. No faltaron en el tiempo iniciativas desde el Arzobispado para obtener concesiones municipales ventajosas en nuevos usos y derechos al margen del reconocido, que no cuajaron. Con la llegada a Valladolid como nuevo arzobispo de Braulio -Rodríguez, se animaron los proyectos de "puesta en valor" de propiedades diocesanas, entre las que los terrenos del Seminario fueron inmediato objeto de deseo. En efecto, se acariciaron diversos proyectos, pero todos tropiezan con las limitaciones marcadas por el vigente Plan General de Ordenación Urbana, situación que no arredra al equipo del arzobispo, que diseña una aparente inocua operación urbanística de utilización del subsuelo para la construcción de un aparcamiento subterráneo, que no computa edificabilidad, pero a la que se acompaña de otras intenciones que son conocidas con posterioridad al proyecto del aparcamiento.
El 20 de enero de 2005, en declaraciones a la prensa, el alcalde la ciudad, Javier León de la Riva, anuncia su propósito de aprobar la construcción de un gran aparcamiento en los terrenos del Seminario, con capacidad para 862 vehículos. El 11 de febrero del mismo año, la empresa Parkosa, creada ese mismo año con un capital de diez mil euros, solicitó del Ayuntamiento la licencia de obra, que le es concedida en un tiempo record de tres días. Para todos los terrenos del Seminario, en julio de 2005 el Arzobispado promueve un expediente de segregación de finca que divide los 51.000 metros cuadrados de la finca matriz en tres lotes, todos ellos de titularidad plena del Arzobispado: una parcela de 19.500, donde se asientan las edificaciones existentes, a la que se asignan los derechos reconocidos por el PGOU de edificabilidad de 1.500 metros cuadrados; otra de 25.000, de uso deportivo y edificabilidad "cero"; y una tercera de 6.700 metros cuadrados, que mantiene su uso deportivo y sin edificabilidad reconocida. Es en el subsuelo de este último lote donde se promueve la construcción del aparcamiento con tres plantas bajo rasante.
Desde el primer momento la Asociación de Vecinos del barrio demandó información sobre las características concretas del proyecto y los precios y condiciones de venta de las plazas, sin que ni Arzobispado, empresa constructora y Ayuntamiento, en las personas de los concejales de Urbanismo (García de Coca), Movilidad (Manuel Sánchez) y Hacienda (Enríquez Taúler), facilitaran esa información. Tampoco consiguieron resultado alguno los continuos requerimientos de entrevista con el arzobispo, que eludió cualquier reunión con la Asociación de Vecinos por "problemas de agenda".
Las discrepancias de la Asociación vecinal con el proyecto se manifiestan con la apertura del proceso de comercialización délas plazas y, posteriormente, con él diseño de los accesos al aparcamiento y la información que se va obteniendo sobre las pretensiones de edificar sobre el aparcamiento, que se evidencia como el aspecto más escandalosamente lucrativo de la operación programada.
Parkosa da como precio medio al contado de una plaza 28.721 euros (4.778.772 pesetas), cuyo pago fracciona en una primera entrega por reserva de 3.486 euros, cuatro pagarés a 90,180,270 y 360 días de 776 euros, 3.183 al escriturar la compra y para el resto mediante una hipoteca a 20 años, que eleva el precio final de cada plaza a 34.135 euros (5.679.586 pesetas), proporcionando un resultado en las ventas cercano a los 23 millones de euros. El presupuesto de contrata de la obra, según la memoria de la obra, ascendió a 4.846.303 euros. La operación del aparcamiento del Seminario en el barrio de la Rondilla se salda asi con la obtención de un margen de beneficio del orden de 18 millones de euros. ¿Cuánto para el Arzobispado, cuánto para Parkosa, cuánto para terceras personas?
Siendo esos 18 millones de euros un rédito inmejorable, éste se hace intolerable cuando se precisan quiénes son los que sufragan con sus aportaciones esos importantes beneficios y quién promueve ese desmesurado enriquecimiento. Aquéllos son vecinos de la Rondilla, con un grave problema de falta de espacio donde aparcar por la estructura del viario congestionado del barrio y el elevadísimo parque de vehículos existente, gente con nivel de renta medio-bajo y titulares de viviendas modestas con tasación media de 150.000 euros; y el promotor que organiza el negocio es una diócesis de la Iglesia católica.
La zona en la que está el aparcamiento ha quedado degradada urbanísticamente con los cuatro accesos peatonales, la entrada de vehículos y las dos torres de ventilación que se han construido, desmesurados en superficie y volumen para la estricta función que deben de cumplir. Todo ello resultaría inexplicable si no se analizara a la luz de las pretensiones ocultas del Arzobispado sobre el destino a dar a la superficie de la parcela de 6.700 metros cuadrados en la que se está el aparcamiento subterráneo. Las indecentes moles que se construyen como accesos y ventilación son consecuencia obligada del proyecto ocultado de elevar una inmensa edificación sobre el aparcamiento para la que han de servir, reacondicionadas debidamente, como entradas naturales.
En efecto, como ya el propio alcalde, Javier León, insinuaba en el anuncio de la construcción del aparcamiento al decir que podría haber un cambio de calificación del suelo con un amplio abanico en las posibilidades de uso y, además, como se puede deducir de las características constructivas de la cimentación, los pilares se diseñaron para que puedan soportar en el futuro un volumen de cinco plantas sobre rasante con más de 30.000 metros cuadrados edificados, que incrementará notablemente el patrimonio eclesiástico en más del doble de lo obtenido por las ventas de las plazas de garaje. El propio rector del Seminario, responsable diocesano de Pastoral, Luís Arguello, en un correo electrónico que remitió a la Asociación de Vecinos, con el que pretendió justificar el pelotazo, reconocía: "los pilares se han dejado para que la propiedad del suelo, que sigue siendo del Arzobispado, tenga utilidad, somos una institución que no mide su tiempo por meses y parece de sentido común tomar una previsión aunque hoy ni se puede ni nos planteamos posible edificación".
Los terrenos de Caritas
Otra de las actuaciones urbanísticas en curso en Valladolid de Braulio Rodríguez es la que promueve con los terrenos dotacionales de la Fundación diocesana Emilio Álvarez, que él preside como arzobispo, y cuyo objeto social es la atención a personas sordas y minusválidos físicos, con instalaciones en las calles Santuario, Simón Aranda y José María Lacort, sedes de Caritas, Colegio de Sordos, talleres ocupacionales, formación profesional de minusválidos, aulas de estimulación precoz, etc.
El manifiesto objeto de la operación es obtener rentabilidad lucrativa mediante la demolición de los edificios de Caritas y del Colegio de Personas Sordas, protegido y de gran calidad constructiva, la variación a la carta de la ordenación urbana de todo el sector, el incremento de la edificabilidad de los espacios liberados y los cambios de usos previstos, que complementarán los dotacionales reconocidos, con otros que incluyen los residenciales y hoteleros. El 1 de marzo de 2007 se produjo la venta en 6 millones de euros del subsuelo a Promociones Parkosa (como en la Rondilla, en los terrenos del Seminario, de nuevo Parkosa) para construir un aparcamiento subterráneo con capacidad para 454 plazas de automóviles y 28 de motocicletas. Un informe de tasación, solicitado por la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) valoró el precio del subsuelo en 14.616.625 euros, lo que representa para la Fundación una pérdida de patrimonio de 8.616.652 euros. El acuerdo de venta se hace sin la preceptiva autorización previa del Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Castilla y León, departamento de la Administración Autonómica que vela por la legalidad y pureza de las operaciones de las fundaciones benéficas y sociales, que fue informada el 27 de abril de 2007, casi dos meses después de consumada la venta.
Esta venta se realiza mediante concurso restringido sin que a fecha de hoy se conozca la identidad de quienes concurrieron a la misma y las razones por las que se adjudicó a Parkosa. La modalidad que regula este tipo de disposiciones patrimoniales es la de concurso abierto, de pública concurrencia, imparcial y transparente. Supone en toda regla la posible comisión de un delito societario, sancionable según los (artículos 290 a 297 del Código Penal), y así ha sido formulado ante el mencionado Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León, sin que hasta la fecha haya resuelto la denuncia de la FAPSCL. El presupuesto de contrata de la obra, que firma el arquitecto vinculado al Arzobispado, Elesio Gatón, que también lo es de Parkosa, es de 6.418.860 euros. que sumado a los 5 millones del precio del subsuelo, da un total de 12.418.860 euros. El producto de la venta de las plazas (62.000 euros por 454 plazas de coches más las 28 de motos) es de 28.288.000 euros, lo que equivale a un beneficio, en este caso para Parkosa, titular ahora del subsuelo, de 15.869.140 euros. (Aunque es una circunstancia concurrente, Parkosa es la misma sociedad que compró terreno industrial en el Pinar de Antequera, que el Ayuntamiento recalificó graciosamente como residencial, donde recientemente ha realizado una ilegal tala de árboles).
De lo que se proyecta sobre el aparcamiento subterráneo en construcción poco se conoce en concreto. Precisamente ahora se encuentra en tramitación en el Ayuntamiento un expediente de "normalización de fincas", promovido por el Arzobispado en nombre de la Fundación Emilio Álvarez, que divide el suelo disponible en cinco zonas, una de ellas, de 3.750 metros cuadrados, edificable en subsuelo, aparcamiento bajo rasante, previsiblemente la malvendida a Parkosa, para la que se crea una extrañísima figura jurídica absolutamente inédita en el urbanismo de Valladolid, consistente en un atípico "aprovechamiento en subsuelo", que no es homologable en el ordenamiento jurídico español, tal vez con la pretensión de eludir una previa división horizontal, sin compartir cuotas y cargas de la propiedad de la parcela e impidiendo repartir su valor en una eventual remodelación futura. Las restantes cuatro zonas abren expectativas adicionales de lucro especulativo en función de las casi seguras favorables condiciones de la reordenación urbana del sector, del que es un anticipo los derechos que el mismo estudio de detalle, que sirve de referencia para la remodelación, reconoce ya de un incremento importante del índice de edificabilidad.
La cadena de denuncias va desde la formulada ante el Protectorado de Fundaciones hasta el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y la Fiscalía Anticorrupción, todas ellas promovidas por el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas, Luís Alberto Redondo, y por Julia Álvarez Arregui, sobrina del fundador de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, por considerarse perjudicados, a título personal y del colectivo que representan, estiman que a las pérdidas de más de 8.616.652 euros en la venta del subsuelo para el aparcamiento, hay que añadir el valor de los edificios destruidos, que ronda los 35 millones de euros, por lo que el daño patrimonial para la Fundación se sitúa alrededor de los 44 millones de euros, a expensas de lo que resulte con las plusvalías que generen las nuevas edificaciones y usos que se prevén y cuyos detalles se mantienen en la mayor opacidad.
...por Ángel Ceballos Buendía, de la Asociación de la Rondilla y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid.
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