¿En qué otro país de Sudamérica el kilo de pan cuesta dos dólares (mil pesos)? Sólo en Chile.
Y también sólo en Chile la mega empresa española “Telefónica” cobra veintitrés dólares por el cargo fijo de los servicios domiciliarios (o servicio teléfono fijo), ya que en otros países latinoamericanos donde esa empresa también está presente, el mentado cargo no supera –en promedio- los diez dólares.
En Chile, y sólo en Chile, las empresas concesionarias de autopistas instalaron –entre la Región de Valparaíso y la del Maule- plazas de peaje cada 100 kilómetros, pues en el resto de las naciones sudamericanas ellas se encuentran mucho más distanciadas.
En realidad, podríamos llenar varias páginas con ejemplos como los citados, en los que encontraremos a las mismas transnacionales que aprietan en forma inmisericorde el bolsillo de los chilenos, pero suavizan la mano y las ansias avaras en otros países hermanos donde también tienen intereses económicos y presencia comercial.
Agreguemos a lo anterior un nuevo y conocido dato. En nuestra larga y angosta faja de tierra, la brecha económica entre ricos (el 05% de la población) y pobres (el resto) se ubica entre las tres más profundas de todo el continente americano. Significa entonces, así de simple, que los salarios son misérrimos. Pese a ello, las corporaciones transnacionales incrementan la expoliación a grados tales que muchos turistas brasileños, argentinos, uruguayos, peruanos, etc., afirman que el nuestro es el país “más caro de Sudamérica”.
Y los economistas extranjeros ratifican esas impresiones con cifras, datos y números indesmentibles.
¿Por qué ocurre todo esto? La única explicación atendible es que nuestros gobiernos, desde la dictadura de Pinochet a la fecha, consciente y voluntariamente (e interesadamente, agregaría alguien), crearon (Pinochet) y perfeccionaron (la Concertación) un sistema foráneo en exclusivo beneficio de los capitalistas y, por supuesto, en abierto desmedro de la población a la que esas administraciones dicen servir.
Hoy, lo que una vez se llamó Chile se convirtió en territorio de nadie…o mejor dicho, en tierra fértil para agiotistas, estafadores y predadores transnacionales que han hecho de este lugar el ‘galpón de la avaricia y el arrase’. Es aquí donde esos tiburones insaciables encuentran las legislaciones perfectas para engordar a destajo.
Nuestro país se perdió como tal hace ya alguna décadas. No hay más Chile. Alguna vez fuimos una nación soberana, pobre pero orgullosa, con identidad propia, con Historia por construir. ¿Qué somos actualmente?
“Chile ha dejado de existir”
Ese titular, destacado en un panfleto escrito por alumnos de una universidad privada regional me provocó –al comienzo de la lectura- abierta molestia, pero a poco de recorrer sus primeras líneas se fue instalando en mi ánimo la incómoda aceptación de lo que en ellas se afirmaba.
Pretendidamente gracioso, el panfleto terminó siendo brutalmente asertivo y nada de cómico, pues señalaba que “Chile ha dejado de existir como nación soberana; el territorio donde antiguamente se asentaba un país, hoy está ocupado exclusivamente por un conjunto de empresas transnacionales ubicadas en las faldas occidentales de la Cordillera de los Andes, con hermosa vista al océano que conduce comercialmente a las rutas de Oriente Milenario”.
Chile, con sus 742 mil kms. cuadrados, es apenas el 0,5% de la superficie terrestre del planeta y en nuestro país se encuentra entre el 40% y el 50% de los recursos de cobre económicamente explotables. Parece ser una locura. Pero es cierto.
La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) pidió a la Presidenta Michelle Bachelet, en julio del año 2007, a través de una carta abierta, que llevase adelante un proceso de “renacionalización” del cobre, para revertir el proceso “anticonstitucional” que significó que actualmente Codelco maneje sólo el 30% del metal rojo que se produce en el país.
Dirigiéndose a la mandataria, la carta dice: “Como usted sabe, Codelco con la nacionalización del cobre controlaba el 100% de la producción y de las exportaciones de cobre de la Gran Minería. Ahora Codelco representa sólo el 30%. El 70% del cobre chileno es controlado por las empresas privadas, particularmente por las grandes empresas extranjeras. La desnacionalización del cobre, es anticonstitucional, ya que la Constitución del Estado señala en forma categórica que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.
Lo del tributo de las inversiones extranjeras es, por decir lo menos, un abuso y una burla enorme. El país ya está enterado que las empresas extranjeras no pagan impuestos por explotar los yacimientos. Esto quedó claro ante la estupefacción de todos en el informe de la Comisión sobre Tributación Minera del Senado de 2003 (presidida por el ex senador Jorge Lavandero), donde se demostró que ninguna de las compañías internacionales tributó, excepto Minera Escondida y Mantos Blancos que sólo pagaron un par de veces. Y lo confirma el Servicio de Impuestos Internos, quien afirmó que entre 1995 y 2002 no recibió un solo centavo de las mineras extranjeras.
No solo el cobre
El ingeniero mexicano no deja de sorprenderse por la facilidad con que la clase política chilena maneja a la ciudadanía a su amplio antojo e interés, transformándola en ‘uso privado’ de sus intereses asociados a las inversiones de grandes empresas.
El ejemplo más destacado en lo anterior se encuentra en las concesiones de autopistas y carreteras, las que pasaron graciosamente a manos extranjeras, pese a que algunas de esas autopistas ya estaban construidas y en uso diario desde muchos años atrás…como es el caso de Avenida Kennedy o el de Ochagavía (hoy, Autopista Central). Lo mismo sucede con la Ruta Cinco Norte y Ruta Cinco Sur. ¿Alguien, en su sano juicio, podrá imaginar a la Quinta Avenida de Nueva York en manos de un empresario extranjero que cobre peaje por transitar allí?
¿Qué nación en este planeta ha aceptado que sus aguas, cursos fluviales, cascadas, tranques, represas, glaciares y lagos pasen a manos foráneas? Sólo Chile, donde los intereses privados se asocian para controlar el líquido elemento junto a la distribución de energía eléctrica. Es tanto el poder que adquieren con esa cofradía permitida y amparada por nuestros gobiernos, que bien pueden ‘inventar’ una sequía en pleno verano a objeto de justificar no sólo el alza desmedida en las tarifas de los servicios sino, también, la mala calidad de los mismos.
Es exactamente lo que sucede en la educación, ámbito en manos de insaciables comerciantes que “educan vendiendo” títulos y certificados. El 80% de las actuales universidades está en poder de intereses privados, y a pesar de ese guarismo indesmentible y preocupante el Estado chileno se esmera en profundizar la dependencia. Lo que sucedió en Rancagua –a través de las ‘gestiones’ efectuadas por algunos diputados- constituye la mejor prueba de lo dicho, ya que en esa ciudad la clase política desechó la posibilidad de disponer de una casa de estudios superiores perteneciente al fisco e, increíble pero cierto, optó por un feble proyecto privado que culminó alzando una de las más débiles y desprestigiadas universidades existentes en el país.
Aún más, el “caso Rocha” (Universidad Santo Tomás) permite señalar, sin lugar a equívoco, el grado de descomposición que caracteriza hoy a muchos de esos planteles, en los que se han insertado propietarios cuyas personalidades deslindan con la insania, y sus objetivos se entrelazan con la usura y el fraude. Pero ahí está la prensa oficial tratando de minimizar los delitos de aquellos dueños de la férula que hoy expolian a plena conciencia este territorio. El diario “El Mercurio” ha hecho ingentes esfuerzos por conseguir internalizar en la conciencia de la gente la deshuesada teoría de que el señor Rocha es un enfermo, un celópata, y que no debe ser castigado severamente ya que padece de una enfermedad incurable…pero es un ‘buen empresario’, lo que para el ‘decano’ de la prensa constituye un atenuante magnífico.
Es así que con las aguas, la electricidad, el transporte, la educación, los puertos, los bordes costeros, los ríos, los glaciares, la energía eléctrica, la previsión social, la educación, la salud, los aeropuertos, la telefonía, la computación, los bosques, la minería, la prensa, la banca, las autopistas, las calles, los ingresos a las ciudades, etc., etc., en manos privadas (y mayoritariamente foráneas), Chile ha dejado de existir como nación soberana.
Sólo falta que cambien nuestro pabellón patrio por una enorme y colorida tarjeta de crédito…y nuestra Canción Nacional por un ‘jingle’ comercial.
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