A 32 años del terrorismo de Estado, los gobiernos provinciales exhiben en sus grillas sin pudor ideológico alguno, a quienes no ocultan su incondicional apoyo a los genocidas. En un marco de soledad, los organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que el gobernador Sergio Urribari, el delfín de Jorge Busti, ungió como funcionarios a Oscar Marelli y Eduardo Aizpuru, confesos adictos a los represores. Los senadores y diputados nacionales entrerrianos, que juraron cuando asumieron por los 30 mil detenidos desaparecidos no acusaron recibo.“Es nuestra intención hacer explícita nuestra postura. Avalar a los represores genocidas no es “un error”, sino más bien una decisión política de respaldar los hechos ocurridos en el marco del Terrorismo de Estado. Decir que es un error implica reproducir la versión oficial de los años 80 que dominó con el eufemismo de “errores y excesos” la desaparición forzada de personas”. Con esas y otras definiciones la Asociación de Familiares y Amigos de Ex Detenidos y Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), H.I.J.O.S. Regional Paraná y la Asociación de Ex Presos Políticos de Entre Ríos, exigieron al gobernador peronista del Frente para la Victoria que la designación de Oscar Marelli, como Director General de Arquitectura y Construcciones de la Provincia y Eduardo Aizpuru como Director del Nuevo Banco de Entre Ríos, no se concretara.
“Los genocidas como el subprefecto Héctor Febres que murió horas antes de escuchar su sentencia por los crímenes de lesa humanidad que cometió en la ESMA durante la última dictadura militar, siempre tuvieron y siguen teniendo sus amigos, sus cómplices e instigadores. Haber intentando ( en alusión a Marelli y Aizpuru) desagraviarlo públicamente es sin dudas un acto de complicidad que no puede obviarse al momento designar y/o ratificar personas que ocupen cargos públicos en un estado democrático. Resulta una insalvable y grave contradicción considerar los derechos humanos como política de Estado y al mismo tiempo contar con dos funcionarios que se han expresado a favor del Terrorismo de Estado”, precisa el documento presentado por los organismos de derechos humanos.
Posiciones que no tuvieron eco en los senadores y diputados nacionales del Frente para la Victoria, que juraron cuando asumieron en sus bancas por “por los 30 mil detenidos desaparecidos” como fue el caso de la senadora Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Honorable Cámara de Senadores, o Pedro Guastavino, quien además de citar a los 30 mil detenidos desaparecidos, agregó los nombres de sus dos hermanos desaparecidos por el Terrorismo de Estado.
Ni una palabra se le escapó sobre las designaciones de Marelli y Aizpuru, lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti, y mucho menos a su esposa, la diputada nacional Cristina Cremer de Busti. Los demás, bien gracias.
Jardín de la impunidad
“Por llevar adelante una política de Derechos Humanos que nos guía hacia la Verdad y la Justicia”. Ese fue uno de los puntos de respaldo del Partido Justicialista de Tucumán con el lema “los peronistas con Néstor Kirchner”, en Página 12 del domingo 10 de febrero de 2008. ¿ Quien lo firmaba en primer término? Nada más ni nada menos que la diputada nacional del Frente de la Victoria, Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa el primer mandatario, ex radical, al igual que él.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Si lee atentamente la consigna se aprecia que se soslayó “memoria”, es decir punto final y obediencia debida, y lo demostraron en las elecciones y días atrás en el frustrado intento de convertir en miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a ex cómplice de la dictadura: Sassi Colombres.
Claro que no es una novedad los gestos conciliadores de la familia Alperovich- Rojkés hacia los genocidas. En las elecciones de octubre último, la lista oficial contó con el apoyó de una fuerza política que reivindicaba el Operativo Independencia, uno de los primeros pasos del genocidio.
En ambos casos, los organismos de derechos no se quedaron callados y los acusaron de obviar la memoria, la verdad y la justicia, pero el primer mandatario tucumano se mira en el espejo de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, y Entre Ríos que a 32 años del golpe militar continúan derechos y humanos.
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