...por Manuel Muñoz Navarrete
¿Qué es el proceso de Bolonia?
Me gustaría contaros que todo esto comenzó con la declaración de Bolonia, pero no puedo. En los años 90, los poderes económicos (representados por la OMC y el AGCS) exigen repetidamente la privatización de los servicios en Europa para competir económicamente con los EE UU.
Sólo en consecuencia, en 1999, los ministros de educación de la UE emiten la Declaración de Bolonia, que plantea reformar radicalmente la universidad, aunque aún no se sabía muy bien cómo.
En el año 2000 los ministros europeos definen la llamada Estrategia de Lisboa, para transformar radicalmente la economía europea, y automáticamente se publica en España el Informe Bricall (financiado por el BSCH, Telefónica, Freixenet y Repsol-YPF) que plantea todo lo que se irá viendo después: la progresiva privatización y los métodos docentes basados en competencias y no en conocimientos.
Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no reforman la Universidad porque estén aburridos. Esto tiene un trasfondo: adaptar los planes educativos a los intereses del mercado y las grandes empresas.
En 2001 se emite la LOU de Aznar, en contra de la cual, seguramente, casi todos nosotros salimos a la calle. Esta ley establece la financiación competitiva, creando un ranking de universidades (unas de primera, otras de segunda) e introduce en la universidad a la ANECA (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y el Consejo Social, organismos en los que están físicamente representadas las grandes empresas.
En el 2003 la Comisión de Bruselas recomienda la subida de tasas y el incremento de la financiación privada. Por medio de un Real Decreto de Septiembre, se introduce en este proyecto la asistencia obligatoria, que impedirá estudiar a los que tienen que compaginar estudios y trabajo, y el eurocrédito, según el cual sólo el 30% de los créditos son clases, por lo que pagaremos también horas de estudio, bibliotecas, tutorías…
Por si la depresión fuera poca, en 2006 sale el Modelo de Financiación de Universidades de la Junta de Andalucía, por el que se establece que habrá universidades de primera y de segunda, dándole más dinero a aquellas cuyos alumnos se coloquen antes o monten empresas propias.
Ese mismo año, Zapatero saca su LOU y vemos que, a pesar de lo prometido, sólo ha cambiado algunos puntos y comas a la de Aznar. Refuerza el poder de la ANECA y establece el CAP de dos años, que además será privado (y por tanto, mucho más caro).
Esto se redondea con la aparición de las becas-préstamo en la página del Ministerio de Educación: ya no habrá becas, sino préstamos con intereses que, al acabar la carrera, tienes que devolver.
Así pues, este Real Decreto no es una sorpresa ni nada novedoso. No hace otra cosa que acelerar el proceso de privatización de la universidad abierto en el año 99 por la UE y cuyas directrices han seguido todos los gobiernos, con independencia de su color.
¿Qué dice el Real Decreto de Octubre de 2007?
No es ya sólo la falta de democracia en la elaboración de estos planes, no es ya sólo que ni siquiera se haya consultado a profesores, alumnos y personal universitario. Es que ni siquiera han ofrecido un mínimo de información necesario.
Pese a ello, el nuevo Real Decreto suprime definitivamente las Licenciaturas y las Diplomaturas, de modo que para el año 2010 los primeros cursos de todas las universidades españolas tendrán que ser los llamados Grados (Artículo 27).
En el Capítulo II, Artículo 9 del Real Decreto se dice que el Grado, a diferencia de las Licenciaturas por ejemplo, será una “formación general” orientada al ejercicio de actividades de “carácter profesional”.
Según el Artículo 12, los Grados tendrán 240 créditos (4 años). De estos, un mínimo de 60 serán de formación básica, 36 de los cuales al menos serán de materias comunes a toda la rama de conocimiento (Artes y Humanidades en nuestro caso).
Además, hasta 60 créditos podrán ser prácticas externas (es decir, en empresas) y entre 6 y 30 serán para un trabajo de fin de grado, enfocado no a los conocimientos sino a las “competencias”.
Haciendo las cuentas, sólo quedarán entre 90 y 174 créditos de formación específica de tu titulación, situación a la que hay que sumar el eurocrédito, que este Decreto ratifica y por el cual sólo el 30% de esos 90-174 créditos serían clases.
Parece obvio que, según los criterios de los poderes económicos, los estudiantes universitarios salimos de aquí sobrecualificados de cara a un mercado laboral precario y en el que hay que adaptarse a todo, por lo que, como quedó claro en el Proyecto Tuning, hay que ofrecer menos conocimientos y más “competencias, habilidades y destrezas”, convirtiendo la Universidad en información generalista, en otra FP.
Sin olvidar, además, que hasta David Aguilar, rector de la Universidad de Granada, reconoce que el precio de las matrículas subirá un 150% para empezar.
Aparte, están el Master y el Doctorado como formación más específica (Posgrado). La experiencia de todos los países de Europa en los que ya se han aplicado estas reformas nos demuestra que estas titulaciones tienen precios prohibitivos que sólo unos pocos podrán pagar (máxime cuando las becas sean préstamos y los estudios una arriesgada inversión).
Por otra parte, en el Capítulo VI, Artículo 25 se establece que la ANECA (constituida en buena medida por “profesionales” prestigiosos del mundo empresarial) elaborará un informe sobre el plan de estudios que tendrá “carácter preceptivo y determinante”.
Según el Artículo 27, para la renovación de un título universitario será necesario un “informe positivo” de la ANECA. “De no serlo, el título causará baja” (…) “y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”, opinen lo que opinen la Comunidad Autónoma o el Consejo de Universidades.
Por lo tanto si un plan de estudios no supera el veredicto de la ANECA, “se considerará extinguido”.
Cabe preguntarse quiénes son estos “profesionales”, movidos muchos de ellos por intereses directamente económicos, para tener tanto poder y “carácter preceptivo y determinante” sobre el diseño de nuestros planes de estudio…
…por todo eso estamos aquí, y no por capricho como dicen algunos. Para defendernos de estos ataques a la Universidad pública, para reclamar otra universidad posible que sea también gratuita, laica y democrática. Para defender el derecho a estudiar de nuestros hermanos pequeños y de toda una próxima generación. A ello.
www.nodo50.org/corrienteroja
¿Qué es el proceso de Bolonia?
Me gustaría contaros que todo esto comenzó con la declaración de Bolonia, pero no puedo. En los años 90, los poderes económicos (representados por la OMC y el AGCS) exigen repetidamente la privatización de los servicios en Europa para competir económicamente con los EE UU.
Sólo en consecuencia, en 1999, los ministros de educación de la UE emiten la Declaración de Bolonia, que plantea reformar radicalmente la universidad, aunque aún no se sabía muy bien cómo.
En el año 2000 los ministros europeos definen la llamada Estrategia de Lisboa, para transformar radicalmente la economía europea, y automáticamente se publica en España el Informe Bricall (financiado por el BSCH, Telefónica, Freixenet y Repsol-YPF) que plantea todo lo que se irá viendo después: la progresiva privatización y los métodos docentes basados en competencias y no en conocimientos.
Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no reforman la Universidad porque estén aburridos. Esto tiene un trasfondo: adaptar los planes educativos a los intereses del mercado y las grandes empresas.
En 2001 se emite la LOU de Aznar, en contra de la cual, seguramente, casi todos nosotros salimos a la calle. Esta ley establece la financiación competitiva, creando un ranking de universidades (unas de primera, otras de segunda) e introduce en la universidad a la ANECA (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y el Consejo Social, organismos en los que están físicamente representadas las grandes empresas.
En el 2003 la Comisión de Bruselas recomienda la subida de tasas y el incremento de la financiación privada. Por medio de un Real Decreto de Septiembre, se introduce en este proyecto la asistencia obligatoria, que impedirá estudiar a los que tienen que compaginar estudios y trabajo, y el eurocrédito, según el cual sólo el 30% de los créditos son clases, por lo que pagaremos también horas de estudio, bibliotecas, tutorías…
Por si la depresión fuera poca, en 2006 sale el Modelo de Financiación de Universidades de la Junta de Andalucía, por el que se establece que habrá universidades de primera y de segunda, dándole más dinero a aquellas cuyos alumnos se coloquen antes o monten empresas propias.
Ese mismo año, Zapatero saca su LOU y vemos que, a pesar de lo prometido, sólo ha cambiado algunos puntos y comas a la de Aznar. Refuerza el poder de la ANECA y establece el CAP de dos años, que además será privado (y por tanto, mucho más caro).
Esto se redondea con la aparición de las becas-préstamo en la página del Ministerio de Educación: ya no habrá becas, sino préstamos con intereses que, al acabar la carrera, tienes que devolver.
Así pues, este Real Decreto no es una sorpresa ni nada novedoso. No hace otra cosa que acelerar el proceso de privatización de la universidad abierto en el año 99 por la UE y cuyas directrices han seguido todos los gobiernos, con independencia de su color.
¿Qué dice el Real Decreto de Octubre de 2007?
No es ya sólo la falta de democracia en la elaboración de estos planes, no es ya sólo que ni siquiera se haya consultado a profesores, alumnos y personal universitario. Es que ni siquiera han ofrecido un mínimo de información necesario.
Pese a ello, el nuevo Real Decreto suprime definitivamente las Licenciaturas y las Diplomaturas, de modo que para el año 2010 los primeros cursos de todas las universidades españolas tendrán que ser los llamados Grados (Artículo 27).
En el Capítulo II, Artículo 9 del Real Decreto se dice que el Grado, a diferencia de las Licenciaturas por ejemplo, será una “formación general” orientada al ejercicio de actividades de “carácter profesional”.
Según el Artículo 12, los Grados tendrán 240 créditos (4 años). De estos, un mínimo de 60 serán de formación básica, 36 de los cuales al menos serán de materias comunes a toda la rama de conocimiento (Artes y Humanidades en nuestro caso).
Además, hasta 60 créditos podrán ser prácticas externas (es decir, en empresas) y entre 6 y 30 serán para un trabajo de fin de grado, enfocado no a los conocimientos sino a las “competencias”.
Haciendo las cuentas, sólo quedarán entre 90 y 174 créditos de formación específica de tu titulación, situación a la que hay que sumar el eurocrédito, que este Decreto ratifica y por el cual sólo el 30% de esos 90-174 créditos serían clases.
Parece obvio que, según los criterios de los poderes económicos, los estudiantes universitarios salimos de aquí sobrecualificados de cara a un mercado laboral precario y en el que hay que adaptarse a todo, por lo que, como quedó claro en el Proyecto Tuning, hay que ofrecer menos conocimientos y más “competencias, habilidades y destrezas”, convirtiendo la Universidad en información generalista, en otra FP.
Sin olvidar, además, que hasta David Aguilar, rector de la Universidad de Granada, reconoce que el precio de las matrículas subirá un 150% para empezar.
Aparte, están el Master y el Doctorado como formación más específica (Posgrado). La experiencia de todos los países de Europa en los que ya se han aplicado estas reformas nos demuestra que estas titulaciones tienen precios prohibitivos que sólo unos pocos podrán pagar (máxime cuando las becas sean préstamos y los estudios una arriesgada inversión).
Por otra parte, en el Capítulo VI, Artículo 25 se establece que la ANECA (constituida en buena medida por “profesionales” prestigiosos del mundo empresarial) elaborará un informe sobre el plan de estudios que tendrá “carácter preceptivo y determinante”.
Según el Artículo 27, para la renovación de un título universitario será necesario un “informe positivo” de la ANECA. “De no serlo, el título causará baja” (…) “y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”, opinen lo que opinen la Comunidad Autónoma o el Consejo de Universidades.
Por lo tanto si un plan de estudios no supera el veredicto de la ANECA, “se considerará extinguido”.
Cabe preguntarse quiénes son estos “profesionales”, movidos muchos de ellos por intereses directamente económicos, para tener tanto poder y “carácter preceptivo y determinante” sobre el diseño de nuestros planes de estudio…
…por todo eso estamos aquí, y no por capricho como dicen algunos. Para defendernos de estos ataques a la Universidad pública, para reclamar otra universidad posible que sea también gratuita, laica y democrática. Para defender el derecho a estudiar de nuestros hermanos pequeños y de toda una próxima generación. A ello.
www.nodo50.org/corrienteroja
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