Subida de impuestos por el perdón de 20.000.000€ a varias constructoras.

Miles de salmantinos se manifestaron el 18 de noviembre contra una subida de los impuestos municipales de hasta el 85% en cuestiones básicas como el autobús, la recogida de basuras o el agua.

Alrededor de 25.000 personas secundaron la protesta, aunque el Ayuntamiento contó 8.000 manifestantes, pese a que en la concentración organizada por el Consistorio unos meses antes para protestar por el traslado del Archivo habló de 45.000 personas, con una ocupación de la Plaza Mayor y de las calles adyacentes similar.

La protesta fue organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) y apoyada por diversos organismos sociales progresistas (sindicatos, partidos políticos, colectivos...), y consistió en manifestaciones simultáneas que partieron de cada barrio de la ciudad para confluir en la Plaza Mayor.

El éxito de la convocatoria es aún mayor si se tienen en cuenta los limitados medios económicos de la FEVESA y sobre todo la amenaza que pende sobre los colectivos sociales por la Ordenanza Municipal que prohíbe pegar carteles, repartir octavillas, utilizar megafonía, etc. y establece cuantiosas multas para los autores. Una ordenanza que está siendo aplicada contra colectivos sociales para impedir su actividad, y no contra empresas comerciales.

Subidas exageradas
José María Collazos, presidente de la FEVESA, manifestó a DIAGONAL que el origen de la movilización se halla en “subidas exageradas en cuestiones básicas; el billete del autobús subirá un 85%, la recogida de basuras, 17 euros; la contribución urbana, 45 euros; el agua un 14%”. Como ejemplo, indicó que “para una familia con dos hijos la subida del billete del autobús (solamente la subida, no el precio final del billete) supone 500 euros al año, y el conjunto de las subidas supone cada año el sueldo de un mes”. Todo ello, en opinión de Collazos “es aún más sarcástico al coincidir con la promesa electoral de Rajoy de reducir los impuestos”. El presidente de la FEVESA indicó también que “se van a presentar más de 8.000 alegaciones y las acciones de protesta continuarán”.

El alcalde y sus amigos
El alcalde, Julián Lanzarote, y su grupo político, el PP, han justificado la subida por la necesidad de recaudar fondos para acometer las inversiones que la ciudad precisa. Collazos responde a esos argumentos indicando que “lo que está ocurriendo es que el Ayuntamiento está teniendo muchas sentencias en contra por temas urbanísticos cuyas indemnizaciones las vamos a pagar todos los salmantinos, y recientemente el Ayuntamiento ha dejado de percibir cerca de 20 millones de euros que tenían que pagar los constructores, un dinero que equivale a los impuestos municipales de tres años”.

Mario Curto y el Gran Hotel
Mario Curto fue en su día condenado por estafar 600 millones de pesetas al Banco Castilla, y fue declarado luego insolvente. Es socio de Pedro Román, el que fuera teniente de alcalde del GIL en Marbella y que fue procesado e inhabilitado por el “caso Malaya”, por prevaricación, al usar su cargo para favorecer sus negocios inmobiliarios. Ambos se han visto implicados en asuntos muy turbios en Salamanca, como la construcción de un aparcamiento en la plaza de Los Bandos y, sobre todo, el caso del Gran Hotel. Éste era un edificio de principios del siglo XX, que formaba parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y estaba declarado Bien de Interés Cultural, al igual que los edificios de su entorno, y que sin embargo fue derruido para construir apartamentos de lujo, locales comerciales y un aparcamiento. Esta operación se hizo sin el visto bueno del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO y en contra de los informes de los técnicos municipales.

Ello fue posible gracias a que, por un lado, el edificio fue vendido a otra constructora, Promociones Salmantinas 2010, y posteriormente a Promociones Gran Monterrey (la empresa de Mario Curto y Pedro Román), por lo que la primera los acusó de estafa al haber dos contratos de compraventa sobre el mismo bien. Y, por otro, al retraso injustificado en la publicación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca que hubiese impedido conceder licencia para la operación ya que el texto, ya aprobado pero sin publicar, indicaba que ese suelo no podía tener uso residencial. El 20 de enero de 2005 se iba a reunir la Comisión de Patrimonio para decidir la concesión de la licencia y el día 21 se publicaría el nuevo PGOU, pero esa Comisión decidió no conceder la licencia, por lo que el alcalde paralizó la publicación del PGOU, se reunió con su equipo de gobierno el día 21 y firmó la licencia sin el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. El PGOU se publicaría finalmente el día 24, lunes, primer día hábil después de la reunión. Pero los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León emitieron un informe indicando la ilegalidad cometida, ya que la ley obliga a suspender la concesión de licencias desde tres meses antes de la publicación de un nuevo PGOU, así que el Ayuntamiento se vio obligado a suspender la licencia concedida. Pero hecha la ley, hecha la trampa. En abril de 2006 se volvió a cambiar el PGOU, para declarar la zona como de uso residencial. Y en febrero de 2007 comenzó el derribo del emblemático edificio y las obras por parte de la empresa de Mario Curto y Pedro Román. Entre los constructores beneficiados figura José Luis Zarza, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca y sobre todo Mario Curto Bermejo, amigo íntimo de Julián Lanzarote (éste y su familia veranean en un chalet de lujo que Curto tiene en Marbella). Los pagos pendientes eran por el exceso de edificabilidad en decenas de promociones inmobiliarias, y el Ayuntamiento no los ha reclamado hasta que han prescrito, por lo que en estos momentos son incobrables.

Este exceso de edificabilidad tiene su origen en una figura tan peculiar y especulativa (declarada ilegal por los tribunales) como las “transferencias de edificabilidad” (ver DIAGONAL nº 1), por las que los constructores podían trasladar la edificabilidad de un solar a otro ya construido a cambio de ceder al Ayuntamiento el terreno libre. Y cuando no cedían el terreno tenían que pagar su equivalente en dinero, que es lo que no se ha pagado y el Ayuntamiento no ha reclamado hasta después de haber prescrito.

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