El presidente George W. Bush y su gabinete han repetido una y otra vez que “Estados Unidos no tortura” y que la interrogación de sospechosos en la “guerra contra el terror” se realiza dentro del marco de la ley, pero con la revelación de que se destruyeron cientos de horas de videograbaciones de interrogaciones con técnicas “severas” de por lo menos dos operativos de Al Qaeda, el asunto ahora ha estallado en un nuevo escándalo político en Washington y una vez más pone en duda las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos.Ahora la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca enfrentan investigaciones del Congreso sobre obstrucción de la justicia del asunto que se centra en la orden –que supuestamente iba en contra del consejo de abogados de la propia agencia, la Casa Blanca y legisladores– de destruir videograbaciones de interrogatorios que los agentes hicieron en 2002 a dos de los primeros tres integrantes de alto nivel de Al Qaeda, capturados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los comités de inteligencia de ambas cámaras del Congreso están iniciando sus averiguaciones.
Por su parte, la agencia y el Departamento de Justicia anunciaron una investigación conjunta de esos hechos. “Doy la bienvenida a esa investigación, la CIA cooperara plenamente”, dijo el director de la dependencia de inteligencia, Michael Hayden.
La destrucción de las grabaciones fue ordenada en noviembre de 2005 por José A. Rodríguez Junior, entonces jefe de operaciones clandestinas, para revertir la decisión de preservar el material grabado por consejo de los abogados del Poder Ejecutivo y también de los legisladores. En esas fechas el Congreso y los tribunales federales estaban ampliando sus investigaciones sobre métodos de interrogación y centros clandestinos de detención de la CIA.
Una de las preguntas más pertinentes ahora es si la CIA intentó eliminar pruebas de métodos denunciados como tortura, en particular el waterboarding, que provoca la sensación de ahogamiento lento. Por cierto, fue poco después que el Congreso aprobó una legislación que prohibía la tortura de los detenidos por Estados Unidos, incluso los que estaban bajo custodia de la CIA.
A su vez, justo en esas fechas la reportera Dana Priest, del Washington Post, publicó un reportaje en que revelaba que la CIA interrogaba a detenidos en prisiones secretas de hasta ocho naciones (Tailandia, países de Europa oriental y en Guantánamo). El Post recuerda que ese reportaje fue publicado un año después de que la revista The New Yorker, el programa 60 Minutos de CBS y el propio Post habían revelado fotos que provocaron el escándalo de Abu Ghraib.
O sea, la sospecha es que la CIA encubrió la evidencia de que se estaba empleando la tortura, que podrían haber serias consecuencias legales y políticas si los videos fueran revelados al publico a escala nacional e internacional, y que al emplear la justificación de proteger la identidad de sus agentes y las técnicas empleadas se tomó la decisión interna de destruirlos.
Las explicaciones iniciales de Hayden no lograron convencer a casi nadie en Washington, donde se van a iniciar una serie de averiguaciones para determinar la verdad sobre esas videograbaciones.
Silvestre Reyes, el diputado demócrata jefe del Comité de Inteligencia del Senado, y su contraparte republicana Peter Hoekstra, enviaron el pasado viernes una carta a la CIA declarando que “simplemente no es cierto” que la agencia notificó al comité de la destrucción de los videos, como había sugerido Hayden el jueves anterior.
Por su parte, los presidentes de la comisión nacional sobre el 11-S, establecida en 2004 por el presidente Bush para evaluar los hechos de ese atentado y la forma en que el gobierno respondió, expresaron al New York Times que posiblemente fueron engañados por la CIA cuando solicitaron todo el material relacionado con informaciones acerca de los detenidos.
“¿Obstruyeron nuestra averiguación? La respuesta es claramente sí. Si eso es un delito, otros tendrán que juzgar”, comentó Lee Hamilton, uno de los dos presidentes de esa comisión.
Mientras tanto, la Casa Blanca dice que está iniciando su propia averiguación y afirmó que Bush sólo fue informado esta semana de la destrucción de los videos, y que cooperara con cualquier investigación del Departamento de Justicia sobre el asunto.
Y todo esto apenas empieza.
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