... por Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de IllinoisEl Pentágono niega que el Presidente Bush haya emitido una directiva para la reanudación por esta institución de ensayos a cielo abierto con agentes propios de la guerra química y biológica (CBW, por su sigla en inglés) que fueron prohibidos por el Presidente Richard Nixon en 1969, sin embargo, los preparativos sobre los que el Pentágono ha hecho declaraciones parecen indicar que está presto a hacer justamente eso.
La vocera Chris Isleib no respondió a preguntas sobre un pasaje del informe anual del Departamento de Defensa enviado al Congreso en abril pasado donde se sugiere que el Pentágono se apresta a reanudar los ensayos.
La reanudación de los ensayos a cielo abierto daría al traste con una prolongada moratoria adoptada luego del clamor público contra estos a raíz de accidentes registrados en la década de 1960.
Aparentemente, el informe anual del Pentágono reclama tanto desarrollar como poner en condiciones operacionales “ensayos sobre el terreno de sistemas de CBW completos”, y no sólo simulacros.
El informe del Pentágono al Congreso contiene el siguiente pasaje: “Más de treinta años han transcurrido desde la prohibición por los Estados Unidos de los ensayos a cielo abierto con agentes químicos vivos, y de los últimos ensayos realizados con agentes químicos vivos, por lo que una buena parte de la infraestructura para las pruebas de terreno de los detectores químicos ya no existe o está gravemente comprometida. Las mejoras en la infraestructura de T & E (testing and evaluation), contempladas en el actual presupuesto, darán un serio impulso tanto al desarrollo como a la operacionalidad de los ensayos sobre el terreno de sistemas completos, con una mejor representación simulada de amenazas y caracterización de respuestas del sistema”. “T & E, quiere decir ensayo y evaluación”.
“O bien el ejército ya inició los ensayos a cielo abierto o se prepara para hacerlo”, dijo Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Illinois, autor de la legislación para la Convención de los Estados Unidos sobre Armas Biológicas --convertida en ley luego de firmada por el Presidente George Bush padre— a la que ha dado seguimiento desde entonces.
“Estoy consternado por la naturaleza de esta acción”, aseguró Boyle. “Se trata de un importante cambio de política”. El tratado de 1972 sobre guerra biológica, firmado por los Estados Unidos, prohíbe el desarrollo de armas capaces de dispersar enfermedades como el ántrax, un patógeno considerado por los militares como “idóneo” para la guerra biológica.
“El Pentágono está listo para lanzar una guerra biológica utilizando el ántrax”, acusó Boyle. “Se ha adquirido todo el equipamiento y realizado todo el entrenamiento y la mayor parte de los miembros de las fuerzas armadas de los EE.UU. aptos para el combate han recibido equipos de protección y vacunas que supuestamente los protegerían de este agente”.
Los ensayos a cielo abierto sacan del laboratorio la investigación con agentes letales de manera de estudiar su efectividad, incluido los patrones de dispersión aérea, y si realmente infectan y matan en las pruebas de terreno. Desde los ataques con ántrax realizados contra el Congreso en octubre del 2001, el gobierno de Bush ha financiado una vasta expansión de las investigaciones biológicas en cientos de laboratorios universitarios y privados de los Estados Unidos y en el exterior que utilizan el ántrax y otros patógenos letales.
Los ataques con ántrax causaron la muerte de cinco personas, incluidos dos trabajadores de correos, y daños a otras 17 y provocaron el cierre temporal de las operaciones del Congreso estadounidense, el Tribunal Supremo y otras entidades federales.
Aunque existe un estatuto federal que permite al Presidente autorizar los ensayos a cielo abierto con agentes de la CBW, según Boyle ello “no resuelve el problema de la no observancia de la Convención Internacional sobre Armas Químicas y de la Convención sobre Armas Biológicas, ni tampoco el respeto a las legislaciones nacionales concurrentes que convierten dichas violaciones en un delito”.
Boyle acusó a los EE.UU. de estar ya “violando” ambas convenciones así como las leyes nacionales concurrentes que criminalizan esta violación. Por ejemplo, en febrero del 2003 los Estados Unidos se auto-otorgaron la patente de un arma biológica ilegal, una granada biológica de largo alcance, evidentemente con propósitos ofensivos.
Boyle afirmó que el desarrollo del ántrax con fines posiblemente ofensivos se evidencia en los esfuerzos del gobierno por “tratar de almacenar vacunas de ántrax y antibióticos para más de 25 millones de norteamericanos en aras de proteger a la población civil en caso de un “rebote” por la utilización por el Pentágono del ántrax en la guerra biológica en el exterior”.
Añadió Boyle que, “en teoría, no es posible lanzar una guerra biológica en el exterior, a menos que se esté en condiciones de proteger a la población civil propia de una respuesta similar o de un “rebote” de los agentes biológicos, o de ambas cosas”. El Departamento de Seguridad Interior está gastando en el Proyecto Escudo Biológico $5.6 mil millones para almacenar vacunas y medicamentos para combatir el ántrax, la viruela, y otros agentes del bioterrorismo. El proyecto ha estado marcado por retrasos y problemas operacionales y el 12 de diciembre del pasado año el Congreso aprobó una legislación para sumarle otros mil millones al Proyecto Escudo Biológico con el propósito de financiar tres años más de investigaciones en el sector privado.
Boyle dijo que la evidencia de que los Estados Unidos tienen ántrax calibrado para super armas quedó demostrado en octubre del 2001 cuando se produjeron los ataques con ántrax mediante el servicio postal contra los senadores demócratas Thomas Daschle de Dakota Sur y Patrick Leahy de Vermont. La cepa de ántrax altamente sofisticado utilizada aparentemente fue rastreada hasta el centro principal de armas biológicas del ejército de los EE.UU. en Fort Detrick, Maryland. Los ataques causaron la muerte a cinco personas y enfermaron a otras 17. Según informes del rotativo Baltimore Sun, los actuales esfuerzos para ampliar Fort Detrick han despertado una amplia oposición en la comunidad.
“Evidentemente, alguien que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos tiene un almacén de ántrax diseñado para armas biológicas que pueden ser utilizadas nuevamente dentro del país para el terrorismo político o para lanzar una guerra biológica ofensiva en el exterior”, aseguró Boyle.
La Agencia AP ha informado que el ejército de los EE.UU. actualmente sustituye su Instituto Militar de Enfermedades Infecciosas en Fort Detrick “por un nuevo laboratorio que formaría parte de un centro de investigación de biodefensa bajo jurisdicción de varias agencias”. El Ejército le dijo a la AP que el propósito del nuevo laboratorio es continuar las investigaciones únicamente para la defensa en caso de amenazas biológicas.
Pero este argumento de que los Estados Unidos investigan con fines “defensivos” se debilita por el hecho de que científicos del gobierno han estado creando nuevas cepas de patógenos para las que no existe cura. Richard Novick, profesor de microbiología en la Universidad de New York, ha dicho que “yo no veo justificación alguna para convertir la anti-genicidad del ántrax en una medida defensiva”.
Cambiar la anti-genicidad de un patógeno significa alterar su estructura básica de manera que las vacunas existentes resulten ineficaces contra él.
La guerra biológica incluye la utilización de organismos vivos con fines militares. Estas armas pueden asumir la variante de virus, bacterias y hongos, así como otras formas, y pueden dispersarse por una vasta zona geográfica a través del viento, el agua, los insectos, los animales o la transmisión humana, según apunta Jeremy Rifkin, autor de “The Biotech Century”, de las ediciones Penguin.
Boyle dijo que el gobierno federal ha estado dando dinero para la remodelación de Fort Detrick en Maryland, así como para otras instalaciones de CBW donde esos patógenos son estudiados, desarrollados, probados y almacenados. Algunos estimados plantean que desde el 2002 los EE.UU. han invertido uno $43 mil millones en cientos de laboratorios gubernamentales, comerciales y universitarios en el país para el estudio de patógenos que podrían emplearse en la guerra biológica.
Según el biólogo molecular Richard Ebright de la Universidad Rutgers, más de 300 instituciones científicas y 12 mil individuos tienen acceso a patógenos utilizables en la guerra biológica y el terrorismo. Ebright pudo conocer que la cifra de donativos al Instituto Nacional de Salud para la investigación de enfermedades infeccionas con potencial para la guerra biológica se elevó de 33 en el período 1995-2000 a 497 en el 2006. Ebright afirmó que la multiplicación por diez en la expansión de los Laboratorios de Bioseguridad de Nivel 4 como los de Fort Detrick, eleva el riesgo de accidentes y de desvío de organismos peligrosos. “Si un trabajador en una de estas instalaciones saca una sola partícula viral o una sola célula que no pueda ser detectada o evitado su daño, esa sola partícula o célula puede dar lugar a un brote”.
Durante la época de la Guerra Fría, especialmente en las décadas de 1950 y 1960, varias agencias gubernamentales se dedicaron a los ensayos con armas bacteriológicas a cielo abierto en el territorio de los EE.UU. y en buques de guerra en el mar para estudiar los efectos de los patógenos empleados en armas. Ciudades norteamericanas, incluidas New York, Chicago y San Francisco, fueron blanco de estos estudios e incluso se reportaron casos de enfermos y muertes como resultado de ello.
Según un artículo titulado “Brisa letal” publicado por Lee Davidson en el Desert News de la ciudad de Salt Lake el 5 de junio de 1994, “en decenios de ensayos secretos de armas químicas, el ejército echó a los vientos de UTA más de medio millón de libras de neuroagentes letales”. Entre ellos, dijo, se encontraba el VX, del que tan solo una gota del tamaño de la cabeza de un alfiler puede ser letal. Estos ensayos se realizaron en el terreno de pruebas de Dugway pero según Davidson la evidencia sugiere que “algunos agentes pueden haber escapado con el viento”.
Documentos del Pentágono obtenidos por News enumeraban 1.635 ensayos de terreno o demostraciones con neuroagentes VX, GA y GB entre 1951 y 1969, “cuando el ejército interrumpió la utilización de neuroagentes en ensayos al aire libre luego de que un escape de neuro gas causara la muerte de 6.000 ovejas en Skull Valley”, escribió Davidson. El ensayo de Skull Valley también enfermó a un granjero y a los miembros de su familia.
Ya antes Boyle había alertado de que el Pentágono “se preparaba para librar y ‘ganar’ una guerra biológica” de conformidad con dos directivas de estrategia nacional de Bush adoptadas en el 2002 “sin conocimiento de la opinión pública”. Según afirma, el programa de Defensa Química y Biológica del Pentágono fue revisado en el 2003 para aplicar dichas directivas, aprobándose el “primer golpe” con armas químicas y biológicas en caso de guerra.
La legislación de procedimiento que Boyle redactó y que fue promulgada unánimemente por el Congreso se conoció como Ley de 1989 Contra-terrorismo con Armas Biológicas. Boyle ha escrito ampliamente sobre el tema. Entre sus obras publicadas están “Biowarfare and Terrorism” (Guerra biológica y terrorismo) y “Destroying World Order: U.S. Imperialism in the Middle East Before and After September 11th” (La destrucción del orden mundial: el imperialismo en el Medio Oriente antes y después del 11 de septiembre), ambos publicados por Clarity Press.
0 comentarios:
Publicar un comentario