El Gobierno Vasco sigue financiando la industria de armamentos. El caso de SAPA.

El 9 de enero del presente año el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos. Una ley que tanto por su contenido (aborda en su declaración de intenciones cuestiones como la abolición de la deuda externa; utilización del actual gasto militar para cubrir las necesidades sociales, humanas y ambientales; desarrollo del denominado comercio justo; promoción de la reforma o desaparición del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio; igualdad de derechos a las personas inmigrantes…) como por su peculiar forma de gestación y aprobación (nace de una iniciativa legislativa popular y necesitó de varias rondas de votación con curiosos empates y llamativas alianzas, abstenciones y otros pormenores) debería estar ocupando en los medios de opinión y reflexión pública mucho más espacio del poco que hasta el momento ha obtenido.

Pero desde Gasteizkoak, como colectivo antimilitarista que desde hace muchos años venimos denunciando la vergonzosa existencia de la industria vasca de armamento (que cuenta con el apoyo y participación de empresas, instituciones, entidades, organizaciones políticas, sindicales…), queremos centrarnos en esa cuestión, también abordada por la Ley 14/2007, y contrastarla con la realidad.

La mencionada Ley, en su Artículo 3 -Actuaciones y convenios-, establece en su párrafo 3:

En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas.

Cualquier persona que conozca mínimamente la realidad de la industria militar vasca, sabe que –hasta la fecha- la política que los diferentes ejecutivos vascos han practicado es justamente la contraria.

Esta política, por poner algunos ejemplos, ha venido caracterizada tanto por el impulso de planes específicos para el sector -en el subsector de Arma corta-, como multimillonarias ayudas, subvenciones a fondo perdido, avales, beneficios fiscales… a muchas de las empresas implicadas (desde Gamesa Aeronáutica –hoy Aernnova- hasta Sener, Industria de Turbo Propulsores –ITP- o la multitud de Centros y Parques Tecnológicos o de Investigación presentes en la red de empresas vascas que participan en los principales programas europeos de aeronáutica militar –Avión de Combate Europeo, Avión de Transporte Militar Europeo, Helicóptero de Ataque Tigre…-).

Tampoco ha faltado la participación directa en el accionariado de algunas empresas por parte del ejecutivo, como en Gamesa Aeronáutica –hace una década-, o en la actualidad en Sener Aeronáutica, quien posee la mayoría de ITP.

Estas empresas también han contado con el respaldo político mediante la presencia de representantes del ejecutivo vasco -al más alto nivel- tanto en la inauguración de nuevas instalaciones: como en la presentación de la firma de nuevos contratos; en los viajes internacionales con objeto de abrir nuevos mercados a su producción militar. O, dicho más crudamente, para la promoción de nuevas guerras y conflictos, que no para otra cosa sirven las exportaciones de armamentos.

Pero vista la claridad y rotundidad del apartado ya comentado de la ley, habría que pensar que toda esta línea de apoyo político a la industria militar vasca va a cambiar radicalmente… aunque eso supondría un tremendo revolcón para buena parte de los hilos que tejen la política vasca (como la del resto de administraciones), pues gran parte de lo comentado hasta aquí tiene bastante que ver con las fluidas relaciones que ex altos cargos de la política tienen con los Consejos de Administración de las empresas del sector y con los suculentos beneficios que la industria militar supone para las entidades financieras que conceden préstamos a las organizaciones políticas. Mucho nos tememos que no vaya a ser así.

Y hacemos esta valoración no porque seamos pesimistas recalcitrantes, sino porque dos semanas después de la aprobación de la Ley nos hemos encontrado ya con la primera demostración palpable: el pasado 10 de enero la mayoría de medios escritos recogían la noticia de que el Gobierno Vasco había aprobado la concesión de ayudas a 7 empresas por valor de 24 millones de euros (financiados por el ejecutivo vasco y por las tres diputaciones forales) como apoyo a proyectos estratégicos. Y echando un vistazo a esa lista de empresas nos encontramos con SAPA-Placencia, a la que se le adjudica una subvención de 3,1 millones de euros para la creación de nuevas instalaciones donde mejorar su producción centrada en las transmisiones y unidad de potencia auxiliar de vehículos especiales.

Para comprender la verdadera enjundia de esta noticia –que por sí sola supone la evidencia de que el ejecutivo vasco se cisca sin pudor alguno en lo aprobado en la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos- hay que intentar responder a algunas cuestiones: ¿Quién es SAPA?, ¿cuáles son esos vehículos especiales a los que se dedica?, ¿por qué necesita unas nuevas instalaciones?, ¿qué curiosos personajes están presentes en su Consejo de Administración o en sus cargos de asesoramiento? Intentemos responderlas brevemente.

SAPA-Placencia –hasta hace unos años conocida como Sociedad Anónima Placencia de las Armas- es la empresa de producción militar más antigua del Estado español –sus orígenes se remontan al año 1573- y en la actualidad la principal empresa vasca del sector de armamento y munición. A lo largo de su historia se ha destacado en la producción y mantenimiento de piezas de artillería. De hecho, cuando la actual SAPA-Placencia se constituye hace unos años declara como objeto social de la empresa: cualesquiera actividades comerciales industriales y de investigación relacionadas con material de guerra preferentemente de artilleria y municiones.

Sin embargo en los últimos años, de la mano de su departamento de I+D se ha especializado en la unidad de potencia auxiliar (UPA) y en las transmisiones mecánicas para vehículos pesados. En concreto la UPA es un elemento diseñado para su integración en el Carro de Combate Leopardo 2E, mientras que la transmisión SG-850 ha sido diseñada para el vehículo blindado Pizarro, dos de los principales programas de armamento en los que actualmente despilfarra dinero público el Ministerio de Defensa español.

Habrá quien piense que, no obstante, ambos desarrollos probablemente tengan una clara aplicación civil. Pero todas las dudas se disipan leyendo las declaraciones del Director Industrial de la empresa quien en su propio boletín Innovación de junio de 2007 a la pregunta “¿tiene SAPA PLACENCIA la intención de introducir sus productos en el mercado civil?”, contesta:

“La intención de SAPA PLACENCIA, a día de hoy, es ampliar el mercado militar a nivel internacional. (…) El mercado civil es muy distinto a la industria militar. Aunque la tecnología sea la misma, la forma de producir es muy diferente con una producción en masa de forma inteligente. En SAPA PLACENCIA, la producción sí que es militar”.

Y, de hecho, en ese mismo boletín se informa de que :

“La UPA desarrollada por SAPA PLACENCIA ha sido preseleccionada por US TACOM (Centro de Ingeniería y Desarrollo del Ejército Americano) como candidata para ser introducida en los tres principales vehículos de su Ejército: Abrahams, Bradley y Stryker.”

Curioso también los referente a las nuevas instalaciones. Hasta finales de 2004 SAPA poseía dos plantas industriales, una en Soraluce (Placencia de Armas) y otra en Andoain. Como declaró el propio Alcalde de Soraluce (Gara, 19-11-2004) la empesa intentó que el Ayuntamiento recalificara los 11.000 metros cuadrados que la empresa poseía, para que cuando ésta los vendiera allí se pudieran construir viviendas. Como el Ayuntamiento se negó a la maniobra especulativa, la empresa cerró la fábrica de Soraluce trasladando toda su producción a Andoain.

Pues bien, durante 2007 ha vuelto a repetir la jugada, pero ahora en Andoain y contando con el visto bueno municipal. Así, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento que supondrá el desarrollo residencial de los terrenos en los que se ubica la empresa, lo que permitirá la construcción de 500 a 600 viviendas. Y, claro, ello trae consigo que SAPA necesite una nueva planta que, gracias al convenio con el Ayuntamiento, ubicará en el nuevo polígono industrial Antzizu, junto a Leizotz. Así logra realizar el negocio que le negaron en Soraluce y consigue una instalación nueva que, además, va a contar con los 3,1 millones de euros de ayuda que para ello le ha concedido el Gobierno vasco. Todo un chollo.

Nos queda por abordar una de las cuestiones planteadas. ¿Qué personas y personajes están tras las siglas SAPA?. La empresa pertenece de antaño a la familia Aperribay. Joaquín Aperribay Elosua –antiguo alcalde de Deba- es el Presidente del Consejo de Administración y su hijo Jokin Aperribay Bedialauneta uno de los Consejeros. También es conocido que el histórico dirigente jeltzale Ramón Labayen –antiguo Alcalde de Donostia- ha sido durante años Asesor militar de la empresa.

Pero las especiales relaciones de la empresa son de otro calibre. Durante años su Vicepresidente ha sido Enrique Falcó Carrión, Conde de Elda y presidente del Consejo de la Grandeza, organismo consultivo de la Administración del Estado en el que están agrupados los 300 Grandes de España.

Hasta su muerte también estaba en su Consejo de Administración Gabriel Peña Aranda, miembro del famoso grupo de opinión de la transición denominado Tácito, Director General de Televisión española durante los años 1975 y 1976 y posteriormente Director de la División de Defensa del Instituto Nacional de Industria en el gobierno de la UCD.

Tras la muerte de Peña Aranda y con intención de sustituirle por alguien con parecida capacidad de influencia en las esferas políticas relacionadas con la industria armamentística, nos encontramos con la última sorpresa en su Consejo de Administación: Pedro Morenés Eulate, Secretario de Estado de Defensa de 1996 a 2000; Secretario de Estado de Seguridad de 2000 a 2002 y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004. Un gran conocedor de los entresijos administrativos ligados a las fuerzas militares y policiales quien, además, recientemente ha sustituido precisamente al Conde de Elda como Presidente del tan selecto como exclusivo Club Puerta de Hierro de Madrid.

Tras estos datos es más fácil entender cómo después del gran reajuste que ha sufrido a nivel internacional el sector de armamento y munición (especialmente en Europa), donde las pequeñas empresas o han desaparecido o han sido absorbidas por grandes multinacionales del sector, la pequeña SAPA goza de una salud excelente y no carece de pedidos y expectativas para su producción de armamentos. Es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad -AFARMADE-; es accionista del consorcio público-privado para la exportación de material militar DEFEX (Defensa y Exportación); es igualmente -y aquí coincide con el Gobierno Vasco- Socio Protector de la revista “Memorial Ingeniería de Armamento”, y parte de sus beneficios los invierte como empresa en el Fondo de Inversión de Acumulación DINERBANC F.I., perteneciente al Grupo Banco Atlántico, en el que poseía en 2004 cerca de la tercera parte de todo el patrimonio.

Pues bien, a esta empresa es a la que el Gobierno Vasco ha otorgado esos 3,1 millones de euros, incumpliendo flagrantemente la ley aprobada el 28 de diciembre.

Todo apunta a que éste no será el único incumplimiento, ya que las ayudas y subvenciones a la industria militar vasca que en los últimos años ha cambiado de arriba abajo (a lo largo del año nos proponemos publicar un informe sobre su actual realidad) son, desgraciadamente, el pan nuestro de cada día.

Ante todo ello, nos quedan al menos dos salidas. O hacemos oídos sordos a estos datos y dejamos que se sigan riendo en nuestra cara, o tomamos conciencia de una vez por todas de que para acabar con esa vergonzante industria vasca de armamentos nada cabe esperar de instituciones y organizaciones políticas y que en esto, como en tantas otras cosas, está en juego el convertir nuestros deseos transformadores en realidad, lo que dependerá del empeño que pongamos en conseguirlo. Sigan ellos con sus palabras huecas. Eso sí, no permitamos que no nos tomen por idiotas.

www.eutsi.org

Manifiesto de CGT contra las agresiones fascistas en la ciudad de Valencia.

Durante el periodo del año 2007, se han registrado sólo en el ámbito del País Valenciano, más de 600 agresiones (denunciadas) de corte racista, xenófobo y fascista.

La mayor parte de estas agresiones y ataques fascistas han sido dirigidos contra los sectores más precarios, desfavorecidos y explotados de la sociedad: inmigrantes, indigentes, homosexuales, jóvenes de distintos movimientos sociales, etc.

(La más reciente: Un grupo de neonazis ataca a un joven de Castelló y le graba una esvástica en la cara. Levante)

Además a estas agresiones, tenemos que sumar los ataques a sedes y locales de colectivos y organizaciones políticas por parte de grupos claramente de ideología fascista.

Las últimas agresiones más destacadas y por desgracia más sangrantes entre muchas otras, han sido las ocasionadas a los miembros del CSO La quimera de Mislata en el mes de diciembre. Así como la reciente agresión ocurrida el pasado 27 de enero, en la conocida Plaza del Cedro de Valencia, cuando un grupo de Neonazis persiguió y finalmente agredió a otro grupo de jóvenes, resultando herido gravemente de una puñalada, el joven José Luís.

El apuñalado tuvo que ser trasladado inmediatamente al Hospital Clínico de Valencia y fue allí donde "le salvaron la vida".

Afortunadamente la puñalada "no fue mortal, ya que por escasos centímetros no le llegó al pulmón" según los médicos que le atendieron. El joven ha tenido que ser operado del bazo y sigue de baja.

Tampoco vamos a olvidar las distintas agresiones y ataques ocurridos recientemente, en ciudades como Madrid y Barcelona.

Desde la Confederación General del Trabajo, como organización obrera y libertaria, queremos manifestar nuestro rechazo y denuncia de esta violencia de los grupos de la ultraderecha.

La mayoría de estos grupos y organizaciones fascistas, están vinculados, como anteriormente se ha denunciado públicamente, e incluso son financiados por empresarios, relacionados con empresas de seguridad o la prostitución.

Por ello denunciamos el silencio cómplice de algunos medios de comunicación, que presentan estas agresiones ante la opinión pública, como simples peleas entre tribus urbanas, vaciando y anulando estas agresiones de su contenido político y social.

En este mismo contexto es de destacar, la conocida y ultima “operación panzer”, realizada por la Guardia Civil, contra grupos fascistas violentos, que se saldo con un gran número de detenidos, y que tenían en su posesión distintas armas, y propaganda nazi. Hasta un “bazoca” encontraron en los registros.

Estas detenciones no causaron ninguna preocupación, ni reflexión para los medios de comunicación y los estamentos políticos, no fue más allá del sensacionalismo periodístico.

Todo lo contrario ocurrió cuando en las últimas detenciones de jóvenes libertarios en Valencia, esa vez realizadas por la brigada de información de la policía nacional (antigua y heredera de la brigada político-social del Franquismo) que se saldaron en algunos casos con aplicación de la Ley Antiterrorista y peticiones exageradas de los fiscales. Parece que para algunos medios de comunicación, jueces y fiscales, existe una distinta forma de aplicar la legislación penal. Mientras se criminaliza a organizaciones y personas libertarias, o de izquierdas, se deja que campen a sus anchas grupos que hacen apología del racismo y la xenofobia, y que utilizan la agresión y hasta el asesinato para eliminar a sus rivales políticos: sindicalistas, libertarios, okupas, antifascistas, etc.

Desde CGT, con el corazón rojo de rabia y negro de dolor, denunciamos estos hechos y nos solidarizamos activamente con las personas, colectivos y organizaciones que han sufrido y están sufriendo esta violencia fascista, en cualquiera de sus formas.

Siempre con los explotados, nunca con los explotadores.
Secretario de Comunicación de la Federación Local de CGT en Valencia.

www.barriodelcarmen.net

Chile: Infórmate (SubVerso)

Infórmate es un vídeo musical, un llamamiento a la voluntad de información, y al conocimiento resultante, que haga desenmascarar, en este caso, las mentiras del Gobierno Bachelet. Es además, en sí mismo, un vídeo informativo de la realidad chilena, oculta o manipulada por los medios de des-información de masas.

Conozca los Imperios de Comunicación en el Estado español.

¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quién dicta sus doctrinas? ¿Quién dicta los parámetros de lo real? ¿Qué intereses defienden esas doctrinas? ¿Quiénes son capaces de formar y educar en tamaña Ideología? ¿Quiénes son capaces de formar y educar al pueblo en una ideolgía completamente antagónica a sus propios intereses (los del pueblo)?
Este breve vídeo nos ofrece un poco de luz a este respecto...

La falacia de las rebajas de impuestos.

Los estragos que la potente propaganda neoliberal ha causado en el discurso político tienen un evidente reflejo en esa moda con que los líderes de los grandes partidos visten su discurso cuando se avecinan elecciones. No importa a qué lado del eje del bipartidismo se sitúen: la moda consiste en prometer una rebaja de impuestos, medida a la que atribuyen todo tipo de efectos prodigiosos. El planteamiento es bastante absurdo, pues, en sí mismos, los impuestos no son ni buenos ni malos. Son, en todo caso, el precio de la civilización. No en vano el diseño y ejecución de obras públicas es lo que se conoce como ingeniería civil.

Las primitivas hordas de cazadores recolectores que nos precedieron en el Paleolítico no tenían sistemas fiscales, pero tampoco tenían carreteras, puertos, faros marítimos, aeropuertos, líneas ferroviarias, hospitales, escuelas y universidades públicas… en fin, ese largo etcétera de equipamientos sociales, amén de prestaciones sociales –subsidios, becas, pensiones– a los que nadie en su sano juicio está dispuesto a renunciar. Sin embargo, la ausencia de una elemental pedagogía política ha llevado a gran parte de la población a experimentar cierta repugnancia a la hora de rascarse el bolsillo ante Hacienda. Actitud que contrasta con la naturalidad con que se abonan las facturas no ya de los productos de primera necesidad vital, sino de toda esa amplia gama de objetos que pautan la normalidad de la sociedad de consumo en que vivimos (o nos asfixiamos).

Fieles seguidores de la moda, los gobiernos efectúan rebajas de impuestos que, curiosamente, a quien benefician es a los más ricos. Categoría que no sólo engloba individuos sino también a las corporaciones industriales, mercantiles y financieras, cuyos negocios prosperan gracias a la red de infraestructuras viales, portuarias, aeroportuarias, líneas de conducción de agua, energía, etc. [y al conjunto de sus continuos aseguramientos, regulados oficialmente por subvenciones directas a fondo perdido, financiación privilegiada, demanda por inversión pública e incentivos, o primas, y demás desgravaciones fiscales], pagadas con el dinero de todos.

Una de las grandes injusticias de las rebajas fiscales es la no universalidad en su aplicación. Como es el caso de la controvertida devolución de 400 euros prometida por el PSOE en la precampaña. Estas rebajas afectan a quienes pagan impuestos directos, pero no a aquellos sectores de la población cuyos ingresos, al ser modestos e incluso situarse por debajo del umbral de pobreza, están exentos de pagar impuestos directos. Aunque paguen religiosamente los impuestos indirectos que recaen sobre los bienes y servicios de consumo. Esta falta de equidad en el tratamiento de las rentas personales podría ser equilibrada con medidas del tipo “impuesto negativo”, o mucho mejor aún con el establecimiento de una Renta Básica de Ciudadanía pagada a todo el mundo con carácter incondicional y universal.

Produce cierto sonrojo explicar obviedades, pero dada la confusión que la “opinión publicada” introduce en la opinión pública en materia fiscal, en el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía decidimos elaborar un no menos básico argumentario que nos permita tener a mano algunas ideas clave sobre los fundamentos impositivos que soportan los pilares básicos del Estado del Bienestar.

CUESTIONES ELEMENTALES EN MATERIA DE IMPUESTOS

1. Los impuestos son éticamente defendibles siempre que persigan dos fines principales:

a) Redistribuir la riqueza: no todas las personas tienen las mismas posibilidades laborales y de realización personal. Los más favorecidos de nuestra sociedad están moralmente obligados a practicar la solidaridad.

b) Conseguir la recaudación que el Estado necesita para asegurar la vida social civilizada

2. Igualdad, libertad y fraternidad es el anhelo máximo de una sociedad democrática. La democracia no es viable sin impuestos, por lo que su importancia está recogida en las constituciones de los países desarrollados. La Constitución española, en su artículo 9.2, afirma: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

3. Defender un sistema fiscal progresivo es defender la Constitución española, que en su artículo 30.1 proclama: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Eso atañe en particular a la progresividad en los impuestos de IRPF, Patrimonio y Sucesiones.

4. Con la recaudación de los impuestos se crean empleos de calidad y se aumenta la renta del país. Una parte sustancial de los impuestos se destinan al gasto público, que funciona como la inversión. Por el efecto multiplicador del gasto público se produce un aumento de la renta que es mayor (o múltiplo) del gasto público realizado.

5. Permite realizar inversiones sociales universales y necesarias para la salud y el bienestar de los ciudadanos. Sobre todo, en aquellos servicios que el sector privado no ofrece porque no no producen beneficios de capital, tales como la sanidad, educación, infraestructuras, etc. Sin embargo, el beneficio de estos equipamientos es de otra índole: se trata de un beneficio social.

6. Sirven para mitigar los efectos nocivos del mercado, al corregir la mala distribución de la renta que éste produce o al contribuir a que los precios de determinados servicios privados, que se prestan también por el Estado, no se disparen, como ocurre con los precios de la sanidad privada y no ocurre con los dentistas.

7. Se pueden utilizar para defender el medio ambiente, a través de tasas ecológicas o encauzar al sistema financiero internacional para evitar las crisis financieras con impuestos tipo Tobin tax.

8. Jeffrey D. Sachs, de la Universidad de Columbia, comprueba empíricamente que los países ricos con bajos impuestos (EEUU, Gran Bretaña, Austria y Nueva Zelanda) tienen unos indicadores económicos (competitividad, sistema sanitario y educativo, índice de pobreza, balance presupuestario) más bajos que países ricos con más porcentajes de impuestos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia).

FALSOS ARGUMENTOS A FAVOR DE BAJAR LOS IMPUESTOS.

Las teorías y los argumentos de carácter económico que utilizan los que quieren bajar los impuestos son, en en la mayoría de los casos, interesados, pues las decisiones económicas afectan y son afectadas por muchas variables y hacer depender el resultado de una o pocas variables está lejos de la realidad.

1.“Si se reducen los impuestos directos y en especial los progresivos los propietarios de las grandes fortunas y empresas dispondrán de más dinero para ahorrar, podrán invertir más y de esta forma aumentar la renta del país”.

Crítica. El aumento del ahorro o de los beneficios no supone el aumento de la inversión productiva que es la que puede hacer subir la producción del país, porque los que ahorran y los que invierten no son los mismos y en la mayoría de los casos las inversiones privadas son especulativas, o se utilizan para ahorrar trabajo o pagar prejubilaciones.

2. “Si no se baja el impuesto de sociedades no llegarán empresas extranjeras y habrá deslocalizaciones”.

Crítica. La inversión extranjera que está viniendo a España no es, en la mayoría de los casos, para instalar nuevas empresas, sino para comprar empresas existentes, con lo que se reducen, en muchos casos, los puestos de trabajo. Además en España hay jóvenes bien preparados dispuestos a crear empresas con sueldos más bajos de sus directivos y menos beneficios. La productividad se podría subir con rebajas fiscales a determinadas actividades.

3. “Si se bajan los impuestos, los consumidores tendrán más renta disponible y aumentará el consumo con lo que las empresas podrán producir más y contratar más trabajadores y la renta del país aumentará”.

Crítica. Es cierto que puede aumentar el consumo del país si se reducen los impuestos de las rentas más bajas. Pero esto nos llevaría a no bajar los impuestos a los más pudientes y a las grandes fortunas porque no producirá subida de consumo, pero justo esto no se hace.

4. Hay otros argumentos de tipo “ético” que tampoco se sostienen como “Con los impuestos, el Estado está robando a los ciudadanos lo que han conseguido con su esfuerzo”, o “El Estado se entromete en la vida de los ciudadanos y les coarta su libertad”.

Crítica. Los ingresos que recibe una persona no sólo dependen de su esfuerzo sino del desarrollo tecnológico y cultural de una sociedades en la que han participado muchas generaciones y los que pagan impuestos devuelven a la sociedad una parte de lo que han obtenido por el uso de ese patrimonio social.

Por otra parte el concepto liberal de libertad (uno es libre mientras nadie le impida hacer lo que quiere) “ha pervertido el sentido de la democracia, que no es otro que el autogobierno, la participación y la cooperación” (Victoria Camps).

PRINCIPIOS ELEMENTALES DE MORAL FISCAL PARA LA CIUDADANÍA

Una elemental conciencia ciudadana exige plantearse,

Que es necesario promover un estado de opinión social a favor de la justicia distributiva. Ello exige un proceso de reflexión y cambio personal, familiar y social sobre la escala de valores en que se asienta nuestra vida para situar al hombre y a su desarrollo personal por encima del afán de poseer y ganar solo competitivamente, desatendiendo hasta sus propias necesidades de colaborar con el colectivo donde vive y se apoya tanto en activo como en calidad de pensionista.

Que la conciencia moral fiscal nos debe mover a la acción para exigir al gobierno que realice los cambios necesarios para que cualquier reforma fiscal que se apruebe sea justa y progresiva. Es decir, beneficiando realmente más a la mayorías de personas que se encuentran hoy bajo el indicador estadístico medio de la renta per capita; y no al revés.

Que la ocultación fraudulenta de rentas para eludir a Hacienda para su legítima distribución constituye una actitud inmoral, egoísta y éticamente insolidaria que va contra los intereses generales de toda la comunidad. Paulatinamente se va implantando la tolerancia cero hacia los autores de violencia doméstica, los automovilistas que se ponen al volante bajo los efectos de elevadas dosis de alcohol, e incluso los fumadores que encienden cigarrillos en lugares públicos. ¿Cómo es que todavía existe tolerancia ante un acto tan delictivo como la evasión fiscal?

www.attacmadrid.org

Es necesario expropiar las patentes a las transnacionales.

...por Fabián Pena

Las sucesivas revoluciones industriales han creado acumulativamente las condiciones materiales necesarias y suficientes como para desterrar de la faz del planeta la insuficiencia alimentaria.

Los avances en genética animal y vegetal, y el desarrollo de nuevos procesos, han dado como resultado la optimización en la producción de alimentos suministradores de las proteínas requeridas por el Hombre para su subsistencia.

Sin embargo los países del Sur se han visto sometidos especialmente en los últimos tiempos a la falta forzada de nutrientes básicos, consecuencia del accionar faccioso de empresas transnacionales que acaparan la producción de estos insumos proteínicos.

Los Estados han tenido entonces que salir al ruedo para enmendar estas “distorsiones” del Mercado generadas por agentes económicos que en su lógica capitalista corporativa tomaron la decisión de limitar la oferta de sus productos aduciendo precios regulados insuficientes: leche en polvo, carnes, azúcar, caraotas/porotos/Feijoo, son los blancos predilectos de estos traficantes de alimentos que han mostrado su verdadero rostro, el de la codicia y el desprecio humano: dos condiciones esenciales del sistema capitalista en su actual fase de desarrollo.

En el origen de este sistema, el conocimiento humano creado por las sociedades se había incorporado a los procesos productivos como capital fijo bajo la forma de tecnología, hecho que impactó en las relaciones de producción y en el mundo del trabajo de forma dramática para la humanidad. El excedente de valor generado por el capital había encontrado un acelerado mecanismo de acumulación. Hoy necesita de mayores volúmenes de investigación en ciencia y tecnología para sostenerse y amortiguar así las crisis expansivas del capital global.

La denominada propiedad industrial protege por medio de patentes los conocimientos creadores de las tecnologías construyendo monopolios temporales pero sin la contrapartida requerida por las leyes nacionales y tratados internacionales de divulgar de manera suficientemente clara y completa la información técnica contenida en los documentos de patentes, que servirían a los Estados y sus sociedades para reproducir tecnologías sin erogar grandes inversiones por contratos de transferencia.

¿Porque proteger por patentes tecnologías procesadoras de nutrientes alimenticios?

Dada la perversa práctica de las corporaciones alimenticias, las tecnologías procesadoras de alimentos y nutrientes deberían excluirse de la protección por patentes y reapropiarse bajo la forma de licencias obligatorias según lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, si de vidas humanas y salud pública se trata.

Licenciar las patentes de medicinas que combaten graves enfermedades, como lo hecho por varios Gobiernos de países en desarrollo, o incluso humanamente subdesarrollados como los EE. UU, podrían ser los antecedentes a esgrimir en la decisión de consolidar la Soberanía Alimentaria tan anhelada por los pueblos de América.

Tal vez considerar a las tecnologías en manos de traficantes de alimentos simplemente de Uso Libre.

www.rebelion.org

Las transnacionales y la militarización en Ecuador.

Durante las últimas semanas de noviembre y gran parte de diciembre, hay un estado de emergencia (militarización de la zona) en la Provincia de Orellana, debido a que sus habitantes, concretamente del poblado de Dayuma, se han levantado en protesta debido a la situación de abandono por parte del gobierno ecuatoriano.
Esta militarización y represión a desembocado en varios arrestos y allanamientos de domicilios de los habitantes, violando sus Derechos Humanos, por el solo hecho de exigir que se atiendan sus necesidades.
Pero, ¿cual es la verdadera razón para que el estado ecuatoriano militarice esta provincia?.
En esta provincia se encuentran asentadas empresas transnacionales y estatales petroleras como: Repsol-YPF ( Espa- ñola), Petrobell (Canadiense), Petrosud-Petrorivas (Argentina), Petroriental (China), Perenco ( Francesa) SIPEC/ ENAP ( Chilena), Petrobrás (Brasileña) y Petroecuador (Ecuatoriana), entre otras.
El estado de emergencia se da básicamente para garantizar que estas petroleras puedan explotar el petróleo sin ninguna oposición, y para esto el ejercito ecuatoriano a amenazado, reprimido, y encarcelado a la población de Orellana.
La justificación del Gobierno ecuatoriano es que nadie puede impedir "el desarrollo del país", y para esto se debe explotar el petróleo ecuatoriano a toda costa.
Esto no hace otra cosa que confirmar que en el Ecuador, al igual que en otros países del mundo, se privilegia los intereses de las transnacionales sobre los de la gente.
Además el ejercito ecuatoriano, tiene un consorcio de empresas que están catalogados entre los 25 grupos empresariales mas grandes del Ecuador, y muchas de sus empresas son proveedores del sector petrolero, por ejemplo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tiene una serie de contratos para construir carreteras en la amazonia ecuatoriana; la aviación del ejercito tiene contratos con las petroleras para, con sus helicópteros, transportar el material para los pozos petroleros.
En mi opinión las transnacionales petroleras son los verdaderos especuladores de la guerra, pues manejan al estado y al ejercito a su antojo, obligándolos a reprimir y amenazar a la población para poder garantizar la explotación y maximizar sus ganancias.
Es lógico que estas empresas quieran explotar mas y mas petróleo pues el precio del barril esta bordeando los USD 100, lo cual lo hace un negocio muy lucrativo para ellas. Cabe mencionar que por cada barril explotado en la amazonia ecuatoriana, el estado sólo recibía el 20% de las ganancias, es decir que si un barril costaba 60 USD el estado solo recibía 12 USD. Esto en la actualidad esta cambiando debido a algunos decretos del estado para tener una mejor ganancia.
Entonces bajo este modelo de garantizar las ganancias de las petroleras sobre los derechos de la población, el estado está haciendo lo que quiere con la población y tratándolos con adjetivos como: "terroristas", "delincuentes", "fanáticos", etc. Al puro estilo de los discursos de Bush, para con esto intentar deslegitimar la movilización de la gente.
El poder de las transnacionales en el Ecuador sobre el ejército y el estado llega a tal punto que en las comunidades, cuando llegan miembros del ejercito a arrestar, muchas veces viene acompañado de un representante de la empresa petrolera, es decir, una forma muy descarada de decir que ahí los que mandan son ellos ( las petroleras).
Hasta el día de hoy existen todavía detenidos por el caso Dayuma, los cuales están siendo enjuiciados con cargos de terrorismo, atentar contra el estado, entre otros.
Si usted esta interesado en saber y apoyar a los detenidos sobre la situación en Orellana, puede visitar las siguientes páginas web: www.accionecologica.org , www.cedhu.org , www.inredh.org, las cuales contienen información detallada sobre la situación de lo que esta sucediendo en estos momentos.

Xavier Leon

www.antimilitaristas.org

Del árbol que oculta el bosque o el intento de negar el reflejo social de una «huelga política»

15/02/08

La izquierda abertzale lanzó el domingo pasado una convocatoria que tuvo como efecto inmediato la detención de catorce representantes políticos, de los cuales 11 ingresaban en prisión pocas horas antes de que en Euskal Herria comenzara una jornada de huelga general. A la vista del contexto político de la jornada movilizadora vivida ayer, no es exagerado afirmar que la izquierda abertzale logró dar un reflejo importante a su protesta. En una situación de máxima excepcionalidad para Euskal Herria, en que cada gesto político puede dar lugar a graves consecuencias penales, la primera consideración que cabe realizar es que la masa crítica independentista que existe en este país está activa y dispuesta a mostrarse en la calle. Ayer, miles de ciudadanos y de ciudadanas secundaron el paro, y apoyaron las manifestaciones impulsadas desde el ámbito sindical, para decir «stop» a una ofensiva estatal que trata de condicionar el cambio político en Euskal Herria.

La huelga general no tuvo igual reflejo en todos los sectores y todas las zonas, pero alteró la viva cotidiana... y la agenda de medios y políticos. Porque este país no se levanta todos los jueves con cortes de carreteras, interrupciones de servicios de cercanías, talleres y comercios cerrados, menos tráfico en los centros urbanos. El tratar de obviar ese hecho, perdiéndose como hizo ayer el consejero Joseba Azkarraga y algún representante de la patronal en disquisiciones sobre tantos por ciento de seguimiento de la huelga, roza el patetismo político. Por mucho que, aquejados de una especie de «síndrome Urdaci», desde Lakua y los medios de comunicación públicos se insistiera en un retrato aséptico de la «normalidad», lo cierto es que el 14-F no fue un día laboral más. Porque sí, señor Azkarraga, la de ayer fue una jornada de huelga «política», y por motivos políticos se movilizaron miles de trabajadores y trabajadoras que tienen pleno derecho a ser, participar y actuar en clave política.

Tras esas valoraciones oficiales de la huelga asoma, de partida, una actitud elitista de la actividad pública, que busca excluir al ciudadano del día a día político para limitar su acción política a dar un voto cada cuatro años. Y asoman más cosas. Entre ellas, el afán de ocultar que buena parte de los ciudadanos y ciudadanas que ejercieron legítimamente su derecho a la huelga debieron hacerlo, además, jugándose el tipo. Muchos de ellos se vieron sometidas a la presión constante de la Ertzaintza, y así se deduce de esa veintena de detenciones.

El consejero debería aclarar a la ciudadanía vasca si el derecho a la huelga, un derecho universal, sigue vigente en este país o si el tripartito lo ha derogado por su cuenta y riesgo a fin de utilizar todos los medios coercitivos de que dispone para impedir a un sector político que exprese su rechazo hacia una política de ilegalizaciones que, al menos en teoría, es rehusada por Lakua.

La evidente desproporción entre los medios que emplea el ejecutivo Ibarretxe para oponerse al Estado y los que utiliza para secundar al Estado en su ofensiva contra la izquierda abertzale se hace aún más patente ante jornadas como la vivida ayer, cuando se detiene a personas por encadenarse a un bidón en una carretera, colgarse del puente de Galindo o participar en piquetes informativos. A todas luces, la de ayer fue una jornada de reacción ciudadana, de respuesta social animada desde un sector político que en un tiempo récord, y disponiendo de mucho menos medios que los que utilizan las administraciones públicas, fue capaz de demostrar que el 14-F fue, cuanto menos, un jueves muy diferente.

La huelga que no existió la vieron los ciudadanos en los polígonos industriales, en las pequeñas localidades y en los centros de las ciudades; la huelga que no existió llevó a tomar partido a funcionarios, pero también a jugadores de fútbol, a comerciantes, y sus efectos alcanzaron incluso a programas conocidos de ETB. Con lo vivido ayer es difícil de sostener que la jornada de protesta no sirvió para canalizar una respuesta amplia, como es difícil de ocultar que, además de reflejar el malestar de la izquierda abertzale, el rechazo al «estado de excepción» se expresa en sectores y ambientes bien diversos.

Hacia el 9-M, y más allá

Como es sabido, tras una jornada de huelga general se abre el capítulo dedicado a las capitalizaciones, el capítulo de la gestión del resultado de la protesta. De partida, salta a la vista que esta protesta, que sigue a otras muchas movilizaciones, ha proyectado a una izquierda abertzale que no parece anclada en la fatalidad, sino más bien decidida a seguir haciendo política, por difícil que sea, para que se habilite un escenario democrático.

Por lo demás, el compromiso militante y la fuerte presencia de las gentes abertzales y de izquierda en todo Euskal Herria son dos factores que, diga lo que diga la propaganda oficial, descolocan e inquietan tanto al Estado como a los sectores más acomodaticios del autonomismo. Máxime cuando la movilización social puede relanzar a la izquierda abertzale en un contexto electoral en el que en su objetivo no ocultado es lograr el máximo de votos independentistas el 9-M.

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Declaración para que no se imparta religión en los colegios y para que el gobierno próximo denuncie los acuerdos del Estado español con el Vaticano.

La declaración, fundamentalmente, demanda a los partidos políticos que reconozcan la evolución de la sociedad española, que representen al conjunto de la ciudadanía eliminando los privilegios de que disfruta la Iglesia Católica, y que trabajen para que el ámbito público sea realmente neutral. En dicha declaración se considera que la Ley Orgánica de Educación consolida e intensifica la religión en la escuela, lo que obliga a los firmantes a seguir reivindicando un modelo de escuela laica y el fortalecimiento de la escuela de titularidad pública. Por estos motivos exigen la derogación de los acuerdos con el Vaticano, que la religión deje de formar parte del horario lectivo, que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares y que con el dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso.

Fernando Martín, representante de la CEAPA, insistió en que no se debería separar a los alumnos por creencias, pues éstas pertenecen al ámbito privado. Según Martín, "la defensa de las libertades supone la no intromisión de ningún criterio particular". Éste es el motivo de que considere que el laicismo necesita hoy una explicación importante, en el sentido de que es necesario combatir la tendencia que hay en nuestros días, por parte de algunos sectores, para confundir el laicismo con otros aspectos que no tienen nada que ver. Por su parte, Juanjo López, Secretario General del Sindicato de Estudiantes, nos trajo como ejemplo un libro de Educación para la Ciudadanía, del que leyó varios pasajes, claramente procatólicos, pro-familia cristiana, anti-divorcio y antiabortistas. "Este libro está hecho con dinero público, con el dinero de todas y todos", denunció.

Reproducimos a continuación la declaracioón completa.

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POR UNA SOCIEDAD LAICA. LA RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA
Octava Declaración Febrero de 2008

Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a los partidos y coaliciones que concurren a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 y a la sociedad en general, con la siguiente declaración:

Ante las elecciones generales que se celebran el próximo 9 de marzo, las organizaciones que impulsamos, desde el año 2003, la campaña “Por una sociedad laica, la religión fuera de la escuela”, demandamos a los grupos políticos que constituirán las Cortes Generales del Estado Español y al futuro Gobierno lo siguiente:

1) Que reconozcan que la sociedad española ha evolucionado y que la realidad social es muy diferente a la que existía en 1978, cuando fueron firmados los acuerdos entre el Estado Español y el Vaticano, como adaptación del concordato firmado por la dictadura en 1953. Por ello la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas demandan su derogación y una verdadera separación entre el Estado y la iglesia.

2) Que representen al conjunto de la ciudadanía, eliminando los privilegios económicos, jurídicos, educativos, simbólicos y sociales de los que disfruta la iglesia católica, por medio de los cuales se adoctrina en la escuela y no dejan de presionar, bulos y las soflamas, a los poderes públicos y a la sociedad española.

3) Que legislen y orienten sus políticas, para que haya un tratamiento, por igual, de las convicciones y creencias de todos los ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, trabajen para que el ámbito público sea realmente neutral, es decir, que no esté orientado por ninguna doctrina religiosa. Todos tenemos el derecho a que se respete, escrupulosamente, esa neutralidad del Estado, que es la esencia de la democracia.

4) Consideramos que la ley orgánica de educación (LOE) consolida e intensifica la religión en la escuela, así como el papel de los colegios de ideario confesional católico, dentro del sistema educativo.

Esta situación nos obliga a seguir reivindicando un modelo de escuela laica y el fortalecimiento de la escuela de titularidad pública, como instrumento de una sociedad plural y multicultural, en donde se respete la libertad de pensamiento y de conciencia de cada persona que la integra.

Es decir, una escuela que eduque sin dogmas, ni verdades únicas, absolutas y excluyentes. Una escuela que no separe en función de las creencias. Que forme en valores humanistas, científicos y universales. Que eduque en la pluralidad, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos, que son comunes a todos y a todas.

Por todo ello exigimos:

La derogación de los acuerdos con el Vaticano.

Que la religión deje de formar parte el horario lectivo, saliendo de la escuela.

Que con dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso.

ORGANIZACIONES ESTATALES Y TERRITORIALES QUE LA RESPALDAN

Europa Laica / CEAPA / STES-i / Sindicato de Estudiantes / Izquierda Unida / CGT / Confederación Estatal de MRPS / ATEUS de Cataluña / Federación Estatal de Gays y Lesbianas / SOS Racismo / PCE / Juventudes Comunistas / Izquierda Republicana / Unidad Cívica por la República / Foro por la Educación Pública / Los Verdes / Liberación – Amanta / Foro Por Otra Escuela / Lliga per la Laïcitat de Catalunya (12 organizaciones sociales y sindicales) / Andalucía Laica / Granada Laica / Asociación de Maestros Rosa Sensat / Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y Laica / Asociación Galileo de Úbeda / Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid / Asociación Escuela Laica de Albacete / Fundación Escuela Pública de Zaragoza / Colectivo Escuela Laica de Zaragoza / Foro Ciudadano de la Región de Murcia / Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid / Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid / Club de Amigos de la UNESCO de Madrid / No nos Resignamos / Asociación Manuel Azaña / Plataforma Cultura contra la Guerra / Más Democracia / Espacio Alternativo / USTEC-STEs / Intersindical Alternativa Catalana (IAC) / Enseñantes Asamblearios de Canarias (EA-Canarias) / Asociación REDES de Sevilla /Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid / FIDA-Federación Internacional de Ateos / Cullera Laica / Unión de Republicanos de La Isla. San Fernando. Cádiz / Partido Humanista / Trabajadores y jóvenes por la República / Ateneo Republicano de Valladolid.

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Kosovo y las esencias.

...por Carlos Taibo

Parece fuera de discusión que el proceso que ha conducido a la independencia, por tutelada que ésta sea, de Kosovo arrastra vicios nada desdeñables. Recordemos al respecto, y por lo pronto, que ninguno de los objetivos establecidos hace ocho años por el protectorado internacional ha sido colmado: si por un lado apenas se ha progresado desde entonces en materia de democratización del país, por el otro la economía permanece estancada en un escenario marcado —y esto es al cabo lo más importante— por violaciones serias de los derechos de las minorías.

Quienes a esto le atribuyen un relieve singular agregarán que la fórmula abrazada para permitir que la independencia sea un hecho conculca las normas estatuidas al efecto de estas cuestiones en el derecho internacional. Por si poco fuere, ni siquiera quienes defienden el principio de libre determinación — entre ellos me cuento— tienen con qué sentirse satisfechos: aunque a menudo prefiera olvidarse, las principales potencias del planeta han preferido esquivar en Kosovo cualquier criterio inspirado, en los hechos, en ese principio.

Nada de lo anterior justifica, sin embargo, la hostilidad manifiesta con que la abrumadora mayoría de nuestros analistas y políticos, cargados de prejuicios y lugares comunes, ha acogido en los últimos meses el horizonte de un Kosovo independiente. De la noche a la mañana ha desaparecido de nuestro discurso público y mediático lo que —parece— debería ser un recordatorio obligado a la hora de encarar lo que ocurre en el Kosovo contemporáneo: en el decenio de 1990 las autoridades serbias protagonizaron una agresión en toda regla contra los derechos elementales de la mayoría albanesa de la población kosovar. De resultas, la condición autónoma de la provincia fue abolida, se disolvieron el parlamento y el gobierno locales, se prohibió el empleo del albanés en el sistema educativo, se instauró un genuino régimen de apartheid y, en suma, cobró cuerpo una ley marcial saldada con numerosos muertos, desaparecidos y detenidos. Quiere uno creer que nada de lo que sucede hoy en Kosovo puede entenderse de no haberse verificado en su momento todo lo anterior, tanto más cuanto que durante ocho años, los que mediaron entre 1989 y 1997, la respuesta de la mayoría albanesa de la población ante tantos desafueros consistió en el despliegue de un olvidado movimiento de desobediencia civil no violenta.

Pero el rechazo, casi unánime, de un Kosovo independiente que se registra entre nosotros bebe también de la certeza, rara vez verbalizada pero evidente, de que los Estados y sus fronteras son sagrados. Sin rebozo se nos dice que, a la hora de determinar si un territorio o una población pueden abandonar el Estado en que se hallan, ello debe ajustarse escrupulosamente a lo que rezan las leyes de éste, en franco olvido, claro, de que esas leyes obedecen casi siempre, como no podía ser menos, a percepciones ontológicamente hostiles a cualquier perspectiva de secesión. Al cabo se nos señala, sin más, que Kosovo es Serbia porque lo dicen las leyes de esta última, sin formular pregunta alguna en lo relativo a cómo y cuándo nació el Estado correspondiente, a la presunta condición democrática de su ordenamiento legal y a las fórmulas que en su momento permitieron la integración de unos u otros territorios y poblaciones en ese Estado. ¿Cuándo se le preguntó, por cierto, a los habitantes de Kosovo si deseaban formar parte de Serbia?

En realidad la forma de razonar de la que acabamos de dar cuenta no tiene, entre nosotros, otro sentido que el que nace de una lectura sesgada vinculada con un problema celtibérico de siempre. Y es que en realidad poco importa lo que haya ocurrido en el pasado, y lo que suceda hoy, en Kosovo: lo que preocupa a los guardianes de nuestras esencias es el efecto que la independencia kosovar pueda tener en materia de las disputas nacionales que se revelan en España. El lector atento rápidamente se percatará de que la universal contestación que la independencia en cuestión merece entre nosotros se ve siempre acompañada de la mención del presumible efecto dominó que le seguirá. Interesa sobremanera subrayar que, de resultas, los procesos de secesión se nos retratan cargados de universales rasgos negativos sin que, de nuevo, se deje espacio para pregunta alguna relativa a su eventual racionalidad. Una vez más lo que despunta es, en otras palabras, la postulación de la bondad intrínseca de los Estados realmente existentes. Cuando se señala, con argumento respetabilísimo, que no parece razonable que se reconozca en Kosovo lo que se rechaza en otros lugares, bueno sería que quienes tal criterio abrazan se planteasen si no habría que pelear, no por la negación del derecho de secesión en Kosovo, sino por la extensión de tal derecho a otros escenarios.

Rematemos con la mención de un fenómeno que se ha revelado sibilinamente, en las últimas semanas, entre nosotros. Curioso resulta el cambio de percepción que se ha operado, con enorme diligencia, en determinados discursos públicos. Los mismos que a lo largo de los veinte últimos años han demonizado de manera visiblemente acrítica todas las políticas que cobraban cuerpo en Serbia parecen recorrer hoy el camino contrario. Pareciera como si la necesidad de pertrechar argumentos que permitan contestar la independencia kosovar condujese a aligerar repentinamente las críticas —a menudo impregnadas, por cierto, de gris xenofobia— vertidas durante dos decenios contra la conducta abrazada por los gobernantes serbios. ¡Qué lejos llegan entre nosotros, supuestamente amparados en la magia que desprenden las palabras democracia y derecho, los defensores cabales de las esencias patrias!

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Guerra en Kosovo. Un estudio sobre la ingeniería del odio (Catarata, 2000).

www.rojoynegro.info

Fina Garcia Aranburu, en llibertat!

www.alertasolidaria.org

Des de Socors Roig Internacional ens han fet arribar la notícia de que la militant del PCE(r), Fina Garcia Aranburu ha quedat en llibertat.

Ha sortit de la presó d’Alcalá-Meco el passat dimarts, dia 12 segons difon l’entitat antirepressiva internacionalista. Fina és exemple de resistència activa en els més de 24 anys que ha estat empresonada, a l’Estat espanyol i francès i després d’haver sofert tortures en diverses ocasions i haver realitzat 16 vagues de fam.

De la nota de SRI: “Una victòria que volem compartir i agrair als nombrosos col·lectius i persones que vareu ajudar-nos a denunciar la seva situació i signareu el manifest. Gràcies a tots i totes. Avui som tots i totes una mica més lliures. Malgrat tot, la lluita continua i hem de continuar denunciant la repressió feixista i la llibertat de tots i totes els presos i preses.”

Benvinguda a casa, Fina!

El capital ficticio ardió.

Cuando aún no ha completado su primera década, el siglo XXI ya atraviesa por la tercera crisis financiera. En 2000, el estallido de la burbuja de Internet hizo desaparecer el 90% de las empresas puntocom; en 2001, el caso Enron y la multiplicación de los escándalos en la USamérica corporativa, con la complicidad de las compañías auditoras y de los bancos de negocios; y desde fines de julio de 2007, el incendio de las hipotecas subprime, cuyo alcance todavía no es previsible.

Con calmas transitorias y bajas espectaculares en la bolsa, hace siete meses que la crisis se arrastra. A principios de febrero de 2008 las principales bolsas de Asia cerraron su quinta semana consecutiva de pérdidas, su período de caída más prolongado de los últimos tres años, a excepción del Sudeste asiático.

Esta crisis financiera se manifestó en primer término en los grandes bancos norteamericanos (Citigroup, Merrill Lynch, JP Morgan, Bank of America, ...) los mismos que administran índices que catalogan el riesgo de las empresas, así como las economías de los países pobres. En las décadas anteriores con la manipulación de sus índices de riesgo presionaron a favor del pago de la deuda externa, de las privatizaciones, de las “aperturas” de las economías al saqueo de las transnacionales, de las contra-reformas de la previdencia, etc. Sus índices bajaban el “riesgo país” cuando los gobiernos se sometían al “neoliberalismo”. Complementaban el trabajo de pillaje de las instituciones internacionales de dominación del imperio. Trabajaron asociados al FMI y el BM para el impulso a los programas fondomonetaristas que desataron las crisis financieras de la década del 90 en los países “en desarrollo”.

Estos “expertos” clasificadores del riesgo de los otros, tienen sus carteras contaminadas con préstamos hipotecarios estadounidenses impagables. Y esto no es porque fueron engañados, sino porque son cómplices del engaño.

Falso boom de la construcción

La crisis no comienza y termina en los “solventes” bancos USamericanos. Las famosas hipotecas “subprime” provienen de un falso auge de la construcción impulsado por el gobierno estadounidense y la Reserva Federal (Fed) en 2003-2004. No existía una demanda real de inmuebles producto de un crecimiento de la economía que hubiera acrecentado la adquisición y la capacidad de endeudamiento de la población. Por el contrario, la aplicación de las recetas del Consenso de Washington en la propia población estadounidense –rebaja de los impuestos a los ricos, recorte de los beneficios sociales a los pobres, a los trabajadores y a la clase media, aumento de la precariedad y la desocupación en el trabajo y gasto en armamentismo y guerra- contrajeron la capacidad de consumo y de demanda de bienes.

El gobierno y la Fed impulsaron el otorgamiento de créditos bancarios para la construcción. Tanto la Suprema Corte como el Congreso –confirmando la “independencia” de los poderes- colaboraron con el plan. La Suprema Corte aprobó dictámenes contra la sindicalización de los indocumentados para facilitar el flujo hacia la construcción de una mano de obra barata y sin derechos. En el Congreso, mientras tanto, el ultra neoconservador Frank James Sensenbrenner Jr. representante republicano por Wisconsin presentó una ley de reforma migratoria que considera a los millones de inmigrantes ilegales que trabajan en EE.UU. como criminales que deben ser arrestados y deportados. Era la US-PATRIOT Act de los inmigrantes. No es casual, porque fue Sensenbrenner quien presentó la US-PATRIOT Act en el Congreso en el 2001. Cuando los inmuebles estuvieron prontos se promovió una corrida de especulación inmobiliaria con la promesa de una buena ganancia futura. Pero cuando se quiso realizar los inmuebles en el mercado, la demanda no existía. Entonces se rebajaron los requisitos y garantías de las hipotecas para incentivar una falsa demanda. Estas son las famosas hipotecas “subprime” o de alto riesgo, que los españoles llaman “hipotecas locas” pero en realidad el nombre que mejor les cae es “hipotecas basura” porque fueron otorgadas concientemente a quienes no tenían condiciones de pagarlas.

Los grandes bancos estadounidenses expertos en repasar pérdidas, actuaron como los tahúres: barajaron y empaquetaron las “subprime” transformándolas en títulos. Hay productos financieros que se empaquetaron hasta siete u ocho veces, y a continuación se titulizaron. Son una verdadera caja de Pandora distribuidos por las carteras de las entidades financieras en el mundo. La gran pregunta es ¿hasta dónde llega el contagio con esos títulos envenenados? Después de los bancos, las entidades que están en la mira son las Hedge Funds (o fondos de alto riesgo) y las compañías aseguradoras de bonos. La caída de las bolsas de valores del lunes 21 de enero se debió a que dos días antes, la agencia de calificación de riesgo Fitch rebajaba la solvencia a Ambac Assurance, una de las principales compañías aseguradoras de bonos de EE.UU.

A pesar de la intervención inmediata a la explosión de la burbuja inmobiliaria, de los bancos centrales estadounidense, europeo y asiáticos para cubrir las pérdidas, aún siguen apareciendo otros contaminados. La semana pasada Japón -la segunda economía del mundo- que ha tenido una larga convalecencia de su propia crisis hipotecaria de1990 reconoció que sus principales bancos van a tener recortes millonarios en sus beneficios por causa de las hipotecas “subprime” que envenenan sus carteras. Esta es la razón del desplome de la bolsa de Tokio en la última semana.

“El rebote del gato muerto”

Por su parte Wall Street y otras bolsas de valores tienen las cotizaciones accionarias amenazadas por varios flancos. En primer lugar las acciones de los bancos y otras instituciones financieras con el virus de las subprime. Luego los fondos de inversión también contaminados por las “hipotecas basura”. Quizá estos fondos deban verse obligados a deshacerse de carteras de acciones –con consecuencias negativas en las cotizaciones- para cubrir los agujeros de los paquetes titulizados con “hipotecas basura” en sus entrañas.

Pero además en las últimas décadas se impuso una nueva “governanza” entre los ejecutivos que dio prioridad al valor de las acciones y al reparto de dividendos sobre la realidad productiva de las empresas. Lo financiero pasó a primer plano, es lo hegemónico; lo productivo o lo industrial es subsidiario de lo financiero. El valor de la acción de una empresa es más importante, que la producción o los servicios que genera. Los pagos de salarios y premios millonarios a los ejecutivos en acciones de su empresa (stock-options), incentivaron la visión financiera por sobre el proceso productivo que es donde en realidad se crea valor.

Esa obsesión por mantener las cotizaciones de las acciones a toda costa siempre altas es lo que llevó, por ejemplo, a los fraudes contables de la Enron. Y es también lo que condujo a los grupos industriales a endeudarse en el mercado de préstamos obligatorios para comprar sus propias acciones, e impedir una caída en las cotizaciones o lograr incluso un ligero repunte. Estas y otras formas de maniobras para subir artificialmente las cotizaciones es lo que en la jerga financiera se conoce como “el rebote del gato muerto”.

El gran problema es que el mercado financiero globalizado tiene más gatos muertos rebotando que felinos saludables.

Inflando el globo del capital ficticio

El tercer factor que amenaza profundizar la crisis financiera es la inminencia de una recesión en la economía de EE.UU. y las poco saludables medidas económicas de las autoridades estadounidenses. Como en el 2000, el gobierno Bush optó por enfrentar la recesión con un nuevo impulso al déficit presupuestario, duplicándolo para los dos años próximos. Déficit, producto de una nueva reducción de impuestos a los ricos. El imperio confía en que los bancos asiáticos seguirán comprando bonos del tesoro, acciones y acumulando dólares devaluados y por tanto enjugando los déficit USamericanos, como hicieron hasta ahora. Es importante medir el volumen de la deuda de Estados Unidos para comprender la gravedad del problema.

Con un Producto Interno Bruto (2006) de 13.200 miles de millones de dólares (es decir 13,2 billones de U$S en español o 13,2 trillones en inglés) EE.UU. fue la locomotora que empujó el crecimiento económico del capitalismo globalizado. Hacia finales del 2006 la deuda total estadounidense (pública, empresarial y personal) llegaba a los 48 billones (trillones en inglés) de dólares: entre tres y cuatro veces el Producto Interno Bruto USamericano (360% mayor) y superior al Producto Bruto Mundial. Esto significa que la economía estadounidense funciona apoyada en tres cuartas partes de capital virtual. Esto, si aceptamos que la otra cuarta parte es de alguna forma necesaria para el funcionamiento del crédito en el capitalismo. Este crecimiento descomunal del capital ficticio, paga el sobreconsumo irresponsable de los estadounidenses (las deudas del consumo en EE.UU. son hoy más del 70% de su PIB) y los gastos militaristas del estado. Aunque el keynesianismo-militar se comenzó a impulsar decididamente con Reagan, los cuatro últimos gobiernos lo incentivaron sin descanso.

Pero fue bajo Bush y el pleno dominio de los neoconservadores y su política de “guerra perpetua” que el complejo industrial-militar se consolidó como motor de “desarrollo y globalización” y las industrias y servicios centrados en la destrucción y la muerte, como propulsores de la “economía de mercado”.

La crisis de las empresas puntocom en el 2000 y la actual crisis de las subprime son en realidad procesos de quema de capital ficticio. En ambas crisis, pero más aún en la actual, Estados Unidos repartió los costos del incendio con el capitalismo europeo y asiático.

Otras aristas de la crisis

Pero aquí no terminan los problemas del capital. Esta crisis de arrastre tiene dos componentes más que amenazan el sistema. Por un lado la desconfianza creciente en el dólar como moneda mundial y por otro el fin de la indiscutible hegemonía de las instituciones internacionales de dominación.

La expansión desorbitada del capital ilusorio se sostiene en el privilegio estadounidense de ser el dólar la moneda mundial, de emitirla sin ningún control y de tener como único costo el de emisión y distribución. Las cifras indican que la delirante expansión del Pentágono no se sustenta en la economía real de EE.UU. sino en deuda y una emisión descontrolada de la moneda USamericana.

La desvalorización creciente del dólar confirma la fuerte tendencia de su descrédito. Cada vez hay más reticencia de los países en mantener sus reservas en dólares, bonos y acciones estadounidenses. Pero más aún, se lo cuestiona como moneda mundial. Ya se colocó el debate en la OPEP para dejar de cotizar el petróleo en dólares y pasar a hacerlo en una canasta de monedas. Se discute reconvertir a euros las reservas de los países árabes. Se expande la zona del rand en África. Existe una propuesta rusa de unirse a China para una moneda de reservas en común. Brasil y Argentina a partir del 2008 dejan de utilizar el dólar como moneda de intercambio entre ellos.

Respecto a las instituciones internacionales, la memoria reciente de los desastres que provocaron les ha quitado toda legitimidad. En la crisis asiática de fines de los 90 sólo Malasia se opuso al paquete fondomonetarista y fue el único país que superó la situación sin un desastre financiero. En África el purgante fondomonetarista produjo una verdadera tragedia humanitaria en las últimas dos décadas. La negativa de los principales países africanos -Senegal, Suráfrica y Namibia- a los Acuerdos de Asociación Económica (EPA’s) propuestos por Europa, es una clara rebelión contra las directivas “neoliberales”. En el encuentro África-Europa en Lisboa, en diciembre pasado, se rechazaron los EPA’s –clones de los TLCs- que pretenden imponer una apertura indiscriminada de las saqueadas economías africanas, para ampliar el pillaje de las transnacionales europeas.(1)

En Latino América ya no hay unanimidad en la aceptación de las directivas de estas instituciones como en las décadas del 80 y 90. Y en el Mercosur se aprobó la formación de un Banco del Sur para sustituirlas.

La situación resalta hoy el acierto de aquellos que se opusieron al ALCA. La crisis financiera y la inminencia de la recesión en EE.UU. amenaza sobretodo a los países de los gobiernos entreguistas que aprobaron TLCs. Mientras el gobierno chileno optó por la falsificación de las estadísticas oficiales de los niveles de pobreza y desigualdad para maquillar el pillaje del “neoliberalismo” (2), México vive un proceso de movilización de organizaciones campesinas, sindicales y sociales contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (3). Ellos, así como Perú, Colombia y los países centroamericanos que aprobaron TLCs. están condenados a absorber su correspondiente pedazo de crisis estadounidense.

La crisis no se restringe a lo financiero

A pesar de la intervención de salvataje de los bancos centrales, continúa la crisis. Los nuevos rescatadores de los bancos auto-envenenados con las sub-prime son los fondos soberanos (sovereign-wealth funds). Los fondos soberanos son fondos de capital público de los países “emergentes” (China, Arabia Saudí, Abu Dhabi, ...) con enormes reservas de divisas por poseer materias primas con los precios al alza, en especial, petróleo. Algunos socios de EE.UU. aceptaron quemar parte de esos fondos como auxilio a los buitres bancarios del imperio.

Pero, como vimos, la crisis tiene muchas aristas y su “corazón de las tinieblas” es un enorme globo de capital ficticio, que el gobierno estadounidense está decidido a seguir inflando y que es el inconsistente respaldo de la economía del imperio.

El incendio de las “hipotecas basura”, los fraudes contables, los gatos muertos rebotando, el predominio del capital ficticio, la recesión estadounidense, el descrédito de la moneda mundial y de las instituciones internacionales de dominación, son todos síntomas del carácter estructural de la crisis del sistema capitalista.

Por ahora sólo adelantaremos sus atributos específicos, según István Mészáros (4):

- Su extensión es universal, no se trata de una crisis en una rama de la industria o en una esfera particular (financiera, comercial, etc.)

- Su alcance es global. No abarca a un grupo de países o región del mundo como fueron las principales crisis del pasado. Los distintos componentes de la crisis se expresan en menor o mayor medida en todos los países.

- No se trata de una crisis cíclica, sino de una crisis permanente.

- No es una crisis tipo “tempestad” o colapso violento con un período limitado de quiebras industriales, comerciales o financieras. Se trata de una crisis de arrastre o extendida, acumulativa, endémica o crónica.

Los componentes de esta crisis estructural del sistema que devienen de una nueva mecánica de acumulación del capital, quedan para un próximo artículo.

Juan Luis Berterretche

Isla de Santa Catarina

Febrero de 2008

Notas

(1) Ignacio Ramonet, África, dice NO Mail & Guardian

(2) El lunes 7 de enero de 2008, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, se inauguró el Seminario Internacional Equidad, Trabajo y Competitividad en un Mundo Global, convocado por el Consejo Asesor Presidencial CAPTES, financiado por la Presidencia de la República e inaugurado por la presidenta Bachelet. Fue en el plenario de este seminario internacional que un integrante denunció la estafa estadístico-económico-política en los resultados de la "Encuesta de Caracterización Socioeconómica" (CASEN). Desde hace 10 años se falsean las cifras de pobreza, desigualdad y ocupación para alimentar el fraude del “milagro neoliberal chileno”. Arturo Alejandro Muñoz, Kaos en la Red.

(3) A fines de diciembre 2007, organizaciones sociales, campesinas y obreras hicieron una movilización de 200 mil personas en el Zócalo contra el TLCAN. http://www.jornada.unam.mx/

(4) Mészáros, István Beyond Capital, Towards a Theory of Transition, cap.15,16 y 18. Merlin Press, Londres, 1995

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