
En su afán se estableció un aparato legal inepto para construir JUSTICIA que usurpara violentamente los patrimonios de la nacionalidad; al disponer de un mecanismo judicial de ceguera ante las estructuras criminales institucionales que generan delitos de lesa humanidad, el Estado no ha podido ocultar que es una decisión deliberada de la política del ejecutivo que desconoce o ignora las aberraciones de la fuerza pública y paramilitar, contra la seguridad y la vida de une persona o población, a fin de nunca llegar a la verdad y de jamás identificar a los culpables. Es mucho más que fracaso en percatarse del crimen, implica la cohautoría, cohecho y responsabilidad ya que el aparato de "justicia", no concede espacio para la búsqueda de evidencia que conecten la acción criminal de los agentes a sus raíces estructurales institucionales, corroborando su política cómplice de impunidad, ya que impide sancionar a los victimarios obstaculizando cualquier medida correctiva del Terrorismo Estatal.
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