Traicionar el significado de las palabras es una práctica que últimamente utilizan los políticos con el fin de abrillantar la mugre que se esconde en gran parte de sus políticas antisociales. No estamos hablando de palabras polisémicas, nos referimos a la argucia insidiosa que emplean a la hora de tomar medidas impopulares. Así, para reducir los sueldos de quienes menos cobran se habla de ajuste económico, competitividad, etc. Si lo que se quiere es fomentar que el empresariado tenga vía libre a la hora de despedir y mejor aún si el despido sale gratis, con acudir a términos como liberalización de las relaciones laborales, flexibilidad en el empleo o eufemismos por el estilo, es más que suficiente para que una parte del personal no entienda nada o piense que se está hablando de gimnasia deportiva o ejercicios de calentamiento antes de entrar a trabajar.Las Administraciones Públicas no están al margen de este proceso interesado de tergiversación del lenguaje. Tras la expresión de externalización de los servicios públicos, se está llevando a cabo una progresiva privatización de los mismos. Vamos a un caso en concreto que se ha producido en la Administración de la Seguridad Social.
Recientemente dejaron de emitirse informes de vidas laborales de forma presencial e inmediata para trasladar ese servicio a una empresa privada, eso sí en nombre de la modernidad, rapidez y eficacia que, como no, es el sello distintivo de cualquier acto de la Administración. Como consecuencia, el informe que antes, con la gestión pública, tardaba en emitirse una media de entre 30 segundos y un minuto: pedir D.N.I., teclearlo y pulsar para que se imprima, ahora con la gestión privada puede tardar, en el mejor de los casos, entre 6 y 8 días.
Los medios para obtener el informe han cambiado, es decir, llamada a la empresa privada mediante un teléfono 901 de pago, con un coste económico directo para el ciudadano, (cuando toda la gestión era pública esa llamada era gratuita); petición a través de Internet, las tarifas españolas de este servicio son de las más caras de Europa; o solicitud del informe de vida laboral en las propias Administraciones de la Seguridad Social., antes estas lo entregaban en mano y de forma inmediata, ahora se limitan a tomar los datos para que sea la empresa privada Venturini S.A. quien cobre por ello y lo envíe al domicilio del solicitante. El proceso en todo caso, excepción hecha de quien tenga el certificado digital, es el siguiente: Una empresa privada imprime de forma centralizada el informe de vida laboral, se ensobra y se realiza la lista de correos por orden de provincias. Por este trabajo la empresa Venturini S.A. se embolsa un dinero. Del resto del proceso se encarga Correos, quien traslada el correo en vehículo a la Oficina de Correos de Madrid, la citada oficina distribuirá las cartas por provincias, se enviaran por avión, tren, autobús, etc., se recogerá el correo a su llegada a la provincia correspondiente, se trasladara el mismo en vehículo a la oficina de correos para que lo distribuya por municipios, el servicio de reparto de correos se encargara de entregar en cada domicilio particular el viajero informe de vida laboral. Si el proceso no se corta en ningún eslabón de la cadena, 6 u 8 días de tardanza gestionado por la empresa privada (con la gestión pública se entregaba en mano, en el momento y gratuitamente).
Modernidad, rapidez, eficacia en las Administraciones son palabras que suenan muy bien pero la realidad se contrapone a su genuino significado. ¿A quién beneficia esto? A la ciudadanía, desde luego, no.
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