El diseño del sistema electoral español buscó favorecer a las zonas sociológicamente más conservadoras para posibilitar que la derecha obtuviese la mayoría absoluta con el 35% de los votos.Con la solicitud de un informe al Consejo de Estado para su posterior discusión parlamentaria, el Gobierno parece dispuesto a abrir el debate sobre la reforma del sistema electoral. Motivos no faltan. En las pasadas generales, Izquierda Unida obtuvo casi un millón de votos y dos diputados en el Congreso. CiU, con 190.000 papeletas menos, consiguió diez escaños. Pero es que a Izquierda Unida su representante por Madrid le costó casi el doble de votos que al PSOE y seis veces más que al PP el suyo por Soria. No es un caso único. Los 300.000 electores de Unión Progreso y Democracia (UPD) proporcionaron a este partido un acta de diputado. Con los mismos apoyos, el PNV logró seis escaños. Ante semejantes diferencias, el principio democrático “una persona, un voto” no parece referirse a la ley española. “En el caso español, la ley electoral pactada durante la Transición estableció que, para el Congreso, el principio de representación proporcional debía equilibrarse con una garantía de estabilidad y moderación, dado el incierto panorama del momento”, señala José Ramón Montero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la materia. La necesidad de aprobar la Ley de la Reforma Política imponía concesiones al sector más inmovilista del Franquismo. El resultado es un sistema electoral caracterizado, según Montero, “por uno de los más altos niveles de desproporcionalidad entre los de su clase”.
Estos efectos no son casuales. Para el citado experto, “los dirigentes de la UCD diseñaron una normativa electoral favorable a sus intereses, ya que sobrerrepresentaba a las zonas rurales y poco habitadas, sociológicamente más conservadoras, en detrimento de las zonas urbanas densamente pobladas, donde la izquierda solía contar con mayores apoyos”.
Las consecuencias políticas:
La circunscripción provincial resulta clave en la desproporcionalidad del sistema español. Lo que en realidad se produce durante la jornada electoral son 52 elecciones diferentes. Los 350 diputados del Congreso se distribuyen siguiendo criterios de población, pero con la “corrección” de un mínimo de dos escaños iniciales a cada provincia. Esto, explica Montero, “provoca una gran disparidad en cuanto a la magnitud de las circunscripciones, que va desde unas pocas provincias con alta proporcionalidad hasta un importante número de provincias escasamente proporcionales, al repartir menos de siete escaños”. A partir de ahí, “el empleo de la fórmula D’Hont, combinada con el reducido tamaño de muchos distritos, favorece a los grandes partidos”.
Las consecuencias políticas son conocidas. Los dos primeros partidos en votos obtienen ventaja en la asignación de escaños, mientras que las restantes fuerzas a nivel estatal resultan sistemáticamente perjudicadas. “El reducido tamaño de muchas circunscripciones dificulta especialmente la consolidación de una tercera fuerza como Izquierda Unida, al impedirle transformar todo su respaldo electoral en diputados”, comenta Pedro Chaves, miembro de su dirección federal. Los datos avalan esta afirmación. En las últimas generales, sólo un tercio de los votos a IU se tradujo en representantes en el Congreso. Por el contrario, los partidos nacionalistas rentabilizan al máximo sus sufragios, al concentrarlos en unas pocas provincias. “No es que, como se suele pensar, los nacionalistas estén sobrerrepresentados electoralmente, sino que magnifican su capacidad de influencia al ser los únicos capaces de ejercer como bisagra en ausencia de mayorías absolutas”, precisa el dirigente de IU.
Posición de privilegio:
Hasta el momento, PSOE y PP se han negado a modificar unas reglas que les resultan clave para conservar su posición de privilegio. Por ello, Izquierda Unida ha impulsado una campaña de recogida de firmas para plantear en el Parlamento una reforma electoral que garantice la proporcionalidad en el reparto de escaños. En esa misma línea se orienta una proposición de ley presentada por UPyD. Ambas formaciones coinciden en tres elementos necesarios para aumentar la proporcionalidad del sistema : ampliar el Congreso a 400 diputados, reducir a uno el mínimo inicial de escaños por provincia y, sobre todo, modificar la Constitución para pasar a la comunidad autónoma como nueva circunscripción electoral. Para Chaves, “eso sería lo más lógico, dada la estructura política y territorial de este país. Con todo, la circunscripción autonómica debería combinarse con un sistema de restos a nivel nacional para conseguir un reequilibrio proporcional”.
Las modificaciones que sugiera el Consejo de Estado marcarán el punto de arranque de la comisión parlamentaria comprometida por Zapatero en su investidura. Sin embargo, la vicepresidenta Fernández de la Vega ya ha advertido de que cualquier reforma electoral deberá contar con el mayor consenso posible entre los grupos políticos. Palabras que suenan como en la legislatura pasada, cuando se abrió una subcomisión de estudio que echó el cierre tras su primera reunión. Con estos precedentes, Chaves prefiere ser cauto. “No existe voluntad política de hacer la reforma electoral ni por parte de los grandes partidos ni por parte de los nacionalistas. Sólo la presión de la ciudadanía puede forzar un cambio”. Queda comprobar si esa presión sirve para hacer mella en un presidente que proclama a diario su compromiso con la igualdad de los ciudadanos.
Si la pauta que marcan las últimas elecciones se confirma, lo peor del “tsunami bipartidista” puede estar aún por llegar. En buena parte de las circunscripciones de pequeño y medio tamaño, la baja proporcionalidad del sistema conduce a que sólo las dos primeras fuerzas en votos tengan posibilidades reales de obtener representación. Esto supone excluir, en la práctica, a cualquier otra alternativa política en esos distritos.
Y la tendencia se acentúa. En las últimas generales hubo 38 provincias en las que PSOE y PP se repartieron todos los escaños en disputa. Son tres más que en las anteriores generales y siete más que en las de 2000. Izquierda Unida es la fuerza más perjudicada por una dinámica que ha contribuido a situar a la federación en una de las peores crisis de su historia. En las circunscripciones pequeñas y de escasa proporcionalidad, el porcentaje de voto a la coalición de izquierdas suele ser sensiblemente inferior a su media nacional.
Pero ese apoyo está disminuyendo igualmente en distritos moderadamente proporcionales que, en otras ocasiones, le han otorgado alguno de los escaños en juego. Esto es una pésima noticia para IU, porque puede contribuir a que los electores interioricen allí también la cultura del bipartidismo en, según Chaves, “una especie de consolidación estratégica del voto útil”. “Nos preocupa especialmente que estas elecciones refuercen una dinámica de expulsión de IU de su consideración como tercer actor político en la percepción de la gente, lo que nos supondría un coste adicional en las próximas locales y autonómicas”, explica el citado dirigente.
Es un círculo vicioso del que puede resultar muy difícil salir. Cuanto menor es la sensación de que Izquierda Unida puede obtener representación en una circunscripción, menos se le vota, con lo que parte de sus simpatizantes va asumiendo la inutilidad de votar a la coalición en las siguientes elecciones. Lo paradójico del caso es que, como Chaves advierte, “en determinadas circunscripciones, el último diputado se lo vienen disputando Izquierda Unida y PP, con lo que restarle votos a IU en favor de los socialistas sólo sirve para decantar ese último escaño hacia la derecha”.
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