La provincia de Cádiz cuenta con una serie de peculiaridades que la convierten en una de las más atractivas para los promotores inmobiliarios. Una amalgama de entornos naturales luchan por mantenerse en una situación crítica : por un lado la multitud de terrenos militarizados y, por otro, el aumento de la presión urbanística debido a la proliferación de campos de golf y urbanizaciones de lujo a pie de playa. Si bien es cierto que el porcentaje de litoral construido no tiene nada que ver con los niveles alcanzados en ciertas zonas de la costa mediterránea, las áreas de elevado valor ecológico que forman parte de la costa gaditana, como el Parque Natural del Estrecho, el Parque de la Breña o el Parque Natural Bahía de Cádiz no parecen ser de tal importancia para la Consejería a la hora de autorizar edificaciones en los mismos o en terrenos colindantes.
Pese a todo, no es la costa la única que sufre el asedio de los especuladores. Éstos, que con demasiada frecuencia tienen que ver con los Ayuntamientos de las localidades en las que pretenden construir, campan a sus anchas gracias a la legislación, como el nuevo decreto sobre campos de golf elaborado por la Junta de Andalucía, que permite la figura de “Campos de Golf de interés turístico”, rechazada por Ecologistas en Acción al considerarla una argucia, un “subterfugio para convertir unas instalaciones teóricamente deportivas en meras excusas para recalificar terrenos y promocionar desarrollos urbanísticos destinados fundamentalmente al mercado de segundas residencias”.
En la actualidad existen 20 campos de golf en la provincia, de los cuales sólo tres riegan con agua depurada ; además, la mitad incumple la Declaración de Impacto Ambiental. Lo más interesante es que existen unos 70 proyectos para la instalación de nuevos campos, que conllevarán la construcción de entre 55.000 y 70.000 nuevas viviendas. ¿Playa o montaña ? Ninguna de las dos escapa a la vorágine urbanizadora. El caso del Pinar de Hierro, en Chiclana de la Frontera, es especialmente llamativo. La ciudad de Chiclana ha sufrido un brutal crecimiento en los últimos 20 años debido al aumento de las segundas viviendas utilizadas para el veraneo.
No por casualidad, también han crecido los casos de corrupción urbanística, el último de éstos el pasado marzo, cuando nueve personas fueron detenidas por corrupción, falsedad documental y estafa. En el caso del Pinar de Hierro, el propio plan urbanístico permite la construcción de 217 chalets en un hábitat extremadamente diverso que cuenta incluso con especies excepcionales como la macrothele calpeiana, una araña negra endémica que es el único arácnido protegido por la Unión Europea. Lo curioso del caso es que, cuando el promotor decidió roturar ilegalmente el terreno como preparación a la construcción, el propio alcalde de la localidad lo justificó como una medida “para prevenir incendios”. También en la sierra nos encontramos con escándalos urbanísticos. La construcción de un polígono industrial en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema, con la incomprensible aprobación de la Consejería de Medio Ambiente pese a estar realizando movimientos de tierras explícitamente prohibidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de dicho espacio natural protegido, es la última de las actuaciones ilegales autorizadas por la Administración.
Todo esto no es sino una pequeña muestra de los escándalos urbanísticos en la provincia de Cádiz. La realidad es que, si bien muchas veces la especulación viene amparada por la propia legislación, en otras ocasiones el hábito se impone al sentido común. No son sólo los grandes promotores los culpables de la pérdida de recursos que conlleva la urbanización de terrenos. Cada vez es más visible un aumento de pequeños propietarios que aumentan ilegalmente sus parcelas construyendo sobre terreno con un alto valor agrícola o que cambian las pequeñas huertas que han cultivado tradicionalmente durante años para instalar un garaje, una piscina o una ‘casita de invitados’.
El bicentenario de la Constitución Liberal de 1812 ha servido durante años para mantener una nefasta política urbanística en la capital. La cantidad de viviendas vacías de la ciudad, que alcanza el 11% en una localidad que por su peculiar geografía no cuenta con terreno para edificar, sólo se explica si existe un interés especulador detrás, que fuerce, al mantener éstas casas sin habitar, la subida de los precios de los alquileres. Además, la escandalosa cesión de espacios públicos a entes privados ha alcanzado límites insospechados. La concesión de gran parte de una plaza pública a pie de playa a un conocido hostelero de la ciudad para la construcción de un restaurante subvencionado con dinero público que le va a costar 250.000 euros al Ayuntamiento gaditano ha sido el último de los casos de acciones “para explotar el potencial de la ciudad” por parte del Consistorio. Todo para “crear puestos de trabajo y potenciar el turismo”, cueste lo que cueste.
diagonalperiodico.net
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