Nº79
Desde hace un mes, desde que comenzó a correr la voz de alarma, la planta de producción de arcilla expandida y electricidad que la empresa Maxit SA tiene en Villalbilla aprovecha las horas de sueño para escupir sus emisiones. Pero antes, al aproximarse a este municipio de la Alcarria madrileña, situado a 41 kilómetros de la capital y a nueve de Alcalá de Henares, lo primero que llamaba la atención, sobre todo en días de bajas presiones, era la enorme boina que cubría el continuum de urbanizaciones del lugar. Eso, y un molesto hedor que recuerda a azufre y cloaca. La mayoría de los 8.500 habitantes de este término municipal asolado por la especulación urbanística achacaban los malos olores a colectores en mal estado y otros problemas menores.
Pero ahora, desde que un grupo de vecinos creara la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Alcarria Madrileña (ASDESAM) e iniciara una incisiva campaña para denunciar los efectos de la planta, la percepción ha cambiado y la preocupación corre de familia en familia. “Llevamos unos veinte años conviviendo con la fábrica, pero los olores no comenzaron hasta 1997 ; desde entonces, produce emisiones constantemente, sobretodo por las noches y los fines de semana”, indica María Carmen Buquerín, una de las promotoras de la protesta.
En 2002, esta mujer de 42 años y su marido, Francisco Tubío, perdieron un hijo de tres años. Entonces residían en Los Hueros, a unos 300 metros de la fábrica. Diego falleció de un tumor en el cerebelo, una patología muy poco frecuente que ya se ha llevado, al menos, a otro niño de la población. “Nuestro hijo nació con microcefalia y problemas en un ojo y en los testículos, y antes de que naciera yo sufrí dos abortos”, sostiene Buquerín, que , igual que Francisco, sospecha que detrás de estos hechos están las emisiones contaminantes de Maxit. Tras la pérdida de Diego, la pareja abandonó Los Hueros para trasladarse a Peñas Albas, otra localidad de Villalbilla, a tres kilómetros de la primera. “Pensábamos que aquí nos íbamos a librar de la contaminación de la fábrica, pero hemos visto que para ello tendríamos que habernos mudado mucho más lejos”, asegura Francisco, que ahora teme por la salud de sus dos hijas. Según un exhaustivo informe de Ecologistas en Acción (EeA), que ha sido puesto en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la polución de la instalación no sólo afecta a Los Hueros y Peñas Albas, sino también a los pueblos de Zulema, Torres de la Alameda, Villalbilla (casco antiguo), Loeches, Arganda del Rey, Velilla de San Antonio y Mejorada del Campo. “En días anticiclónicos resultan muy afectados los municipios situados al oeste de la fábrica. En días con bajas presiones la nube tóxica afecta al término de Villalbilla y al Parque Regional del Sureste”, indica Fernando Palacios, presidente de ASDESAM.
La planta de Maxit, empresa que pertenece a la multinacional francesa Saint-Gobain, se dibuja como una instalación fija de coincineración, que para producir energía eléctrica y Arlita, un material muy utilizado en la construcción, emplea como combustible habitual diversos tipos de residuos. La quema de estos elementos, entre los que destacan por su toxicidad, diversos aceites industriales, produce “emisiones consistentes en gases, partículas y cenizas, además de residuos no reciclables”. Unión Fenosa, que forma parte del accionariado principal de Maxit, compra toda la energía que la planta produce. EeA y ASDESAM denuncian que la empresa incumple la normativa europea sobre incineración de residuos y emite “altos niveles de sustancias tóxicas que producen transtornos respiratorios, neurotoxicidad y diversos tipos de cáncer”. La asociación vecinal, además de los citados casos de cáncer infantil, tiene contabilizados en Villalbilla al menos seis tumores de colon, varios cánceres de mama y enfermedades respiratorias graves que podrían estar relacionadas con la acción de las sustancias que genera la fábrica.
La Comunidad de Madrid, que a pesar de varios centenares de alegaciones vecinales tiene previsto conceder a Maxit una “autorización ambiental integrada” que le permita seguir con su actividad otros cinco años, ha acusado a EeA de alarmismo y de falta de rigor, asegurando que la compañía cumple con la legislación ambiental. El Ayuntamiento de Villalbilla (PP), por su parte, rechazó el 16 de mayo en un pleno debatir una moción sobre la legalidad de la fábrica, mientras 150 personas pedían el cierre preventivo de la instalación en el exterior del Consistorio. La protesta no ha hecho sino comenzar.
En virtud de la información recogida en el trámite de audiencia de la autorización ambiental integrada que la Comunidad de Madrid va a otorgar a Maxit, EeA tiene constancia de que “las condiciones de funcionamiento de la fábrica incumplen ampliamente la Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre de 2000, que es de obligado cumplimiento para España como miembro de la UE”. La instalación, que presenta “problemas serios de ubicación y diseño”, está situada a menos de 2.000 metros de las zonas urbanas y produce sus emisiones a ras de suelo. Según los ecologistas, “su depuración no es eficiente, sobre todo en el ciclón del molino y en el horno, no se contemplan las emisiones de la planta de cogeneración de Unión Fenosa y –normalmente– se autorizan niveles de emisión superiores a los permitidos”. En su proceso productivo, la fábrica incinera combustibles residuales como aceites (minerales, hidráulicos y sintéticos), emulsiones cloradas y no cloradas, fenoles, disolventes halogenados y orgánicos, aminas e hidrocarburos que contienen o generan durante su incineración sustancias cancerígenas.
Nº80
Saint-Gobain incinera agroquímicos y medicinas
Es peor de lo que se pensaba. La Resolución de Autorización Ambiental Integrada que la Comunidad de Madrid acaba de conceder a la empresa Maxit para que continúe su actividad en Villalbilla durante otros cinco años, enumera una serie de residuos de alta toxicidad que la fábrica incinera y que el vecindario hasta ahora desconocía. Según el permiso, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la CAM pero al que DIAGONAL ha tenido acceso, la planta de la multinacional francesa Saint-Gobain en este municipio de la Alcarria madrileña quema para la producción de arcilla expandida y electricidad “detergentes que contienen sustancias peligrosas”, “líquidos de frenos” y “residuos procedentes de la transformación física y química de minerales metálicos”. También procesa, entre otros elementos, “residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras”, es decir, desechos de PVC, así como “líquidos de limpieza”, “agroquímicos que contienen sustancias peligrosas” y “medicamentos citotóxicos y citostáticos”. Estos últimos hacen referencia a compuestos que se utilizan para combatir diversos tipos de cáncer.
El caso, a los tribunales
La Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Alcarria Madrileña (ASDESAM) sostiene que la planta utiliza todo tipo de desechos procedentes de los hospitales de la región y de otras comunidades del Estado. “El problema es que la declaración indica que la combustión de estos residuos debe hacerse a una temperatura mínima de 850 grados, cuando los protocolos europeos recomiendan hacerlo a no menos de 1.000 o 1.200 grados, que es cuando se eliminan por completo”, asegura Fernando Palacios, presidente de la entidad ciudadana. De otra forma, pueden generar partículas altamente contaminantes que la fábrica expulsa al exterior a través de sus chimeneas, afectando a la salud de las poblaciones cercanas.
ASDESAM se queja de que los vecinos no han podido realizar alegaciones precisas en el trámite de audiencia de la declaración, pues entonces sólo se especificaban elementos de combustión genéricos. Por ende, sostiene que el permiso de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid incurre en diversas contradicciones y puede haber defectos de forma en su tramitación, por lo que estudia llevar el caso a los tribunales.
Artículos procedentes de las publicaciones nº79 y nº80 dediagonalperiodico.net
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