¿Dónde está Rodrigo Rato?

...por Mario Cuéllar

El 24 de julio de 2007 asistí a uno de los ejercicios de “periodismo” más lamentables que he visto en mi vida. El pseudoperiodista (llamarle periodista sería insultar a otros muchos dignos profesionales) Ernesto Saez de Buruaga entrevistó en el programa “En Persona” de Telemadrid a Rodrigo Rato, Director Gerente del FMI en ese momento. Sin duda alguna, ha sido una de las entrevistas más babosas (perdonen la expresión, pero no puedo calificarla de otra forma) que me he tenido que tragar. Un mes antes Rodrigo Rato había anunciado su dimisión como director del FMI y había que ir a Washington a poner en los altares a este “gurú” de la economía mundial.

Sabiendo quien es Buruaga y sus precedentes parecía claro que iba a ser una entrevista dirigida a mostrar su lado humano, sus conocimientos de macroeconomía y ensalzar sus cargos. No me equivoqué.

La primera parte de la entrevista glosó sobre el lado humano de Rato, su infancia, sus estudios y viajes con los Salesianos. Para confirmar que era un buen chico nos relató sus viajes en bici, los bocatas de mantequilla con azúcar, su moto Vespino y sus seiscientos. Muy bucólico.

La segunda parte, fue una loa del entrevistador sobre su trayectoria política desde Alianza Popular en Cádiz, su ascenso en el partido que culmina en la designación como jefe de campaña en la primera elección que ganó Aznar y sus meritos como Ministro de Economía.

El entrevistador paso de Rato, Ministro de Economía de España a Director Gerente del FMI, sin derrotas electorales de por medio y es ahí cuando se mostró más pelota y adulador que nunca al preguntarle sobre el FMI, la importancia de su cargo y el poder que representaba. Era tan penoso que hasta el propio Rato tenía que cortar las alabanzas del pseudoperiodista. No le preguntó cosas como: ¿Cuál fue el papel del FMI en la crisis argentina? o ¿existe democracia en el FMI? Claro que el entrevistador sólo fue a adularle y no a mostrarnos como funciona internamente el FMI. Nada sobre las cuotas, ni sobre la injerencia en las políticas económicas de otros países.

Lo que no sabíamos en ese momento, era que se estaban permitiendo las hipotecas “subprime”, mientras el FMI, en este caso creo que, por omisión o porque el libre mercado se “autorregula”, no se enteraba de nada. En cambio en España, sufríamos los altos precios de la vivienda, la especulación y la corrupción urbanística derivada de la gestión de Rodrigo Rato como Ministro de Economía durante el gobierno del PP y su reforma de la ley del suelo que lo liberalizaba. A esto también contribuyeron los bajos tipos de interés y el denominado por el propio Rato “capitalismo popular”. Ya vemos las consecuencias de aquellas políticas.

Las cuestiones ahora son: ¿Qué opina Rodrigo Rato ahora de la crisis financiera?¿Por qué el señor Buruaga no le entrevista ahora?

El ex Ministro de Economía de España y ex director del Fondo Monetario Internacional permanece en un sospechoso silencio sobre la crisis. Se supone que el FMI tiene como una de sus labores principales la supervisión de los productos financieros. No se entiende que a países en desarrollo se les obligue a adoptar políticas económicas claramente desreguladoras y privatizadoras, se les amenace con no darles créditos si no cumplen con estas políticas o peor aún, cobrarles grandes intereses si no pagan a tiempo y por el contrario, la liberalización del mercado financiero de occidente nos ha llevado a esta situación, sin que nadie en el FMI haya asumido sus responsabilidades, incluso judiciales.

Su escapada al mundo empresarial dejando atrás la política tanto en el Partido Popular como en el FMI no ha podido resultar más oportuna. No es sorprendente como muchos medios guarden silencio sobre aquellas políticas, aquellos dogmas que nos han traído a esta situación. Hay algo peor, el señor Rato no tendrá que asumir ninguna responsabilidad, ni pagar multas. Vivirá un plácido retiro como Consejero Asesor Internacional del Banco de Santander, mientras, eso sí, vamos descubriendo como el neoliberalismo pierde credibilidad en la sociedad. Esperemos que el suficiente para que no se vuelvan a aceptar esas políticas económicas y ojalá que la sociedad madrileña reaccione frente a un medio de comunicación dedicado a difundir esta ideología con el dinero de todos: Telemadrid.

globalizate.org

Comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los pasados días 20 y 21 de octubre, el Gobierno español compareció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del 94 periodo de sesiones y en relación al 5º informe periódico, que comenzó el 13 de octubre.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y que tiene como tarea la de comprobar si los Estados parte del Pacto están cumpliendo con sus disposiciones, (el reconocimiento y garantía de los derechos de la persona en su faceta individual –integridad física- y de acción política) que se comprometieron a respetar. Para ello, y entre otras tareas, dicho Comité debe analizar los informes que, cada seis años, han de presentar los Estados parte del Pacto sobre las disposiciones que hayan adoptado y que hagan efectivos a los derechos reconocidos en dicho Pacto.

En este sentido hay que recordar que el Estado español ratificó el pacto en 1977 y desde entonces, y hasta 1996, presentó 4 informes periódicos. En 2002, el Estado español incumplió su obligación de comparecer ante el Comité de Derechos Humanos, y no ha sido hasta 2008 que ha presentado el 5º informe, con un retraso de 12 años. Además, como expresaron los expertos del Comité, en este tiempo los Gobiernos españoles no han cumplido con algunas de las recomendaciones realizadas en el último informe, ni en posteriores informes de diversas instancias internacionales (como el CAT, la Comisión de DDHH del Consejo de Europa o el Relator especial contra la tortura), lo que pone de manifiesto el problema de la pervivencia de la tortura y otras violaciones del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este 5º informe periódico del Estado español ha generado un gran interés por parte de las organizaciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, que han remitido informes al Comité para su examen: AEDIDH, ALA y APDHE, Amnesty International, CAMHA, Conscience & Peace Tax International, ICJ, Democracy Reporting International, ACAT-FIACAT, Human Rights Watch, APDHA, Basque Observatory of Human Rights – Behatokia-, International Commission of Jurists, además de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Estos informes reflejan una valoración absolutamente opuesta a la que efectúa el Estado español en los informes remitidos al Comité [1] para esta ocasión.

Durante las sesiones, la delegación española, formada por ocho miembros de distintos ministerios afectados por las cuestiones a tratar, y presidida por el Sr. Javier Garrigues, embajador representante permanente de la Misión permanente de España en Ginebra, y por Fernando Irurzun, Jefe de la Abogacía General del Estado ante la Audiencia Nacional, que hizo de portavoz de la delegación, expuso los avances que, a su entender, se han realizado en relación a la última evaluación al Estado por parte del Comité en el año 1996. Entre otras cuestiones, se plantearon las medidas que se están tomando para hacer efectiva la doble instancia penal, la mejora de la situación en las prisiones con la construcción de mas cárceles y el aumento en la aplicación de regímenes de semi libertad y los elementos que mejoran la detención incomunicada. Posteriormente, el Estado pasó a responder a las 24 preguntas realizadas, por el Comité. El Gobierno español no cumplió los plazos previstos para enviar sus respuestas escritas, lo que ha dificultado la labor de las organizaciones sociales y de los propios miembros del Comité, que no han podido tener la documentación traducida para las sesiones, hecho apuntado por diversos miembros del Comité.

En el diálogo posterior, los miembros del Comité expresaron sus preocupaciones en relación con la detención incomunicada, (y en concreto la imposibilidad del detenido a ser asistido por un abogado de confianza, la duración de la incomunicación, las reticencias del Gobierno español para grabar los interrogatorios); la prisión provisional, el aislamiento penitenciario; la ‘evidente’ persistencia de la tortura y malos tratos en el Estado español, así como a la ‘poca voluntad’ del Gobierno de ‘mantener un dialogo’ con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre estas cuestiones; la segunda instancia y secreto de sumario; la extensión de la noción terrorismo que se ha producido en la ultima década en el Estado español; y episodios de torturas y malos tratos a inmigrantes, algunos con resultado de muerte, sobre los que han solicitado más información. Otras temas tratados por el examen del Comité han sido el tratamiento de los menores inmigrantes no acompañados, las expulsiones masivas de inmigrantes, el acceso al derecho de asilo, las políticas de lucha contra el racismo y la discriminación, la violencia doméstica y la memoria histórica.

Los expertos también mostraron su preocupación por las cuestiones relativas a la libertad de expresión, en referencia a los cierres de periódicos, la encarcelación de un ex-parlamentario europeo, y las persecuciones a las que a veces se ven sometidas las personas pertenecientes a grupos de denuncia de las violaciones de los Derechos Humanos (a este respecto nuestra Coordinadora presentó un informe completo al Comité el pasado julio).[2]

En las deliberaciones de los próximos días, El Comité de Derechos Humanos analizará la información recibida sobre la observancia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los avances realizados –o retrocesos- por parte del Estado español, y, en los próximos meses, se hará público el correspondiente Informe. Las recomendaciones que en él se incluyan serán de especial relevancia para la visión que pueda tener la comunidad internacional en referencia a la observancia de los derechos humanos en el Estado español.

Últimos informes de los Comités de Naciones Unidas en relación al Estado español

El último informe de conclusiones publicado por el Comité de Derechos Humanos, tras la comparecencia de abril de 1996 ya mencionada, documento CCPR/C79/Add.61 ([3]), ya incluía referencias a la “falta de investigaciones” en materia de tortura y que “cuando miembros de esas fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados con penas de privación de libertad, a menudo reciben indultos”. Asimismo, señalaban la detención incomunicada por la que los detenidos acusados de pertenencia a organizaciones armadas “no tienen derecho a designar su propio abogado y son juzgados en la Audiencia Nacional sin tener posibilidad de presentar recurso”, ante lo que exhorta al Estado parte a “abstenerse de utilizar la detención incomunicada y le invita a reducir la duración de la prisión provisional”.

Aquel mismo año, 2002, El Estado español tuvo que comparecer ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura que, tras dicha comparecencia, emitió su informe final, recogido en CAT/C/CR/29/3 [4], y en el que mostraba su preocupación por: la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; el mantenimiento de la detención incomunicada; la prolongada dilación de las investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura; las denuncias de malos tratos infligidos a inmigrantes, incluyendo abuso sexual y violación, supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas; y las severas condiciones de reclusión de algunos de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento.

Madrid, 22 de octubre de 2008

Notas:

[1]Todos ellos, junto con los informes del Estado español, pueden verse en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm
[2]http://acat.pangea.org/publica/Informe-defensores.pdf
[3]http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.61.En?Opendocument
[4] http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.29.3.Sp?Opendocument

www.prevenciontortura.org

Una experiencia de lucha contra la privatización de la sanidad pública: "el PP privatiza, el PSOE autoriza"

...por Ángeles Maestro*

Los hechos

El 23 de septiembre, en la concentración frente al Hotel Ritz donde tenía lugar un acto dirigido a empresas privadas e instituciones financieras en el que la Consejería de Sanidad presentaba las oportunidades de negocio que les ofrece la sanidad pública, con una inversión inicial de 1000 millones de euros(1), se inauguraba una nueva forma de movilización y de lucha contra la privatización de la sanidad.

Una concentración de 8.000 personas, cifra calculada estrictamente en función del espacio ocupado por los asistentes, convocadas por la recién creada(2) Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).

La novedad con respecto a movilizaciones anteriores es la aparición en escena de la citada Coordinadora, una nueva organización que surge ante el silencio clamoroso del autodenominado "sindicalismo de clase" y de la izquierda política, y la percepción de que se está produciendo un rapidísimo y demoledor proceso de liquidación de la sanidad pública.

En Madrid no se ha producido ningún tipo – no ya de movilización contra la privatización – sino de la información más elemental por parte de estas organizaciones, mientras entraban en funcionamiento los nuevos hospitales en condiciones penosas con falta de personal y de recursos con graves repercusiones para la salud y la vida de los usuarios. Las convocatorias a finales de mayo y mediados de junio por parte de CC.OO. y UGT de algunas manifestaciones en la calle, con un seguimiento mucho mayor al esperable en función de los escasos recursos destinados a la propaganda de las mismas por parte de estos sindicatos – se enviaban por fax a los centros el día anterior – se centraron en reivindicaciones económicas o laborales marginales. Las decenas miles de personas, trabajadores y usuarios,que se manifestaron, hicieron caso omiso de los objetivos de los convocantes, y en sus consignas ampliamente coreadas, se centraron en la denuncia de la avalancha privatizadora.

La Coordinadora de Trabajadores asume directamente el objetivo de organizar a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad desde la base y de construir la organización y el poder de movilización suficiente para, junto a las organizaciones sociales, parar la privatización, conseguir que se derogue la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y las leyes regionales que amparan la privatización, y reconstruir una sanidad pública que excluya cualquier forma de negocio privado y tenga por objetivo satisfacer las necesidades de salud de toda la población. La Coordinadora se organiza mediante la creación de comisiones en cada centro de trabajo, adoptando la forma asamblearia para la toma de decisiones y publicando un Boletín Informativo quincenal muy sencillo y fácil de reproducir (un folio por las dos caras), que llega por correo electrónico a la totalidad de los centros y hospitales, con información rigurosa de las decisiones que la Consejería va adoptando y de sus repercusiones para trabajadores y usuarios – consciente de que la opacidad informativa es vital para extender la sensación de impotencia e impedir cualquier tipo de respuesta. Obvio es decir que los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial están hurtando la información que poseen tanto a sus afiliados como al resto de los trabajadores y a la población afectada.

Ante el riesgo que entraña una organización que no se subordina a los grandes poderes políticos y económicos decididos a degradar un servicio público esencial como la sanidad - tanto como exijan los objetivos de lucro de las empresas financiadas con dinero público - , que denuncia tanto al gobierno del PP que ejecuta la privatización, como al PSOE que gobierna el Estado y que votó a favor de la Ley 15/97 que permite la privatización, y que no se somete a la maraña de complicidades económicas y de pequeñas o grandes corruptelas que corroen a las burocracias sindicales, se han alertado todas las alarmas.

La última muestra ha sido que ante la receptividad de la convocatoria del día 23, decidida en asamblea por la Coordinadora en el mes de julio, extendida sin medio económico alguno, pero reproducida por correo electrónico y difundida por los medios que cada trabajador tenía a su alcance a las compañeras y compañeros de trabajo y a usuarios y boicoteada por las organizaciones sindicales mayoritarias en la sanidad, el día antes de la concentración CC.OO. y UGT convocaron una rueda de prensa apropiándose de la convocatoria, sin mencionar a la Coordinadora(3).

La "información" difundida en los grandes medios de comunicación fue que 1.500 personas se concentra ante el Hotel Ritz, convocadas por CC.OO y UGT. La Coordinadora emitió un comunicado de prensa4 con video y fotos que, obviamente, no ha sido reproducido en los medios citados.

Los miles de personas que allí estuvieron, que comprobaron la fuerza, la combatividad e incluso la violencia contenida y el odio de algunas personas mayores que pretendían entrar como fuera a gritarles "carroñeros y ladrones" a los políticos y empresarios allí reunidos, y que coreaban consignas como: "Ley 15/97, derogación" y "El PP privatiza, el PSOE autoriza", comprobaron el papel de los medios de comunicación en un doble sentido: minimizar las movilizaciones que escapan a los objetivos del poder y atribuirlas a organizaciones controladas por el mismo.

El objetivo de este artículo es poner a disposición de compañer@s y colectivos una experiencia de organización y de lucha que les puede ser útil. Las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, como los de cualquier otro sector, no somos gentes que pasivamente asistamos impasibles a lo que sucede con nuestras condiciones de trabajo. Percibimos – como trabajadores y usuarios – las dimensiones de la liquidación de un sector que trabaja directamente con algo tan trascendente como la salud y la enfermedad de la población. Eso es lo que nos quieren hacer creer organizaciones sindicales y políticas, supuestamente de izquierda, que para justificar su pasividad, dicen que "los trabajadores pasan" y que la población asiste apática a la liquidación de sus derechos. La verdad es que esos argumentos apenas sirven para ocultar las vergüenzas de quienes han renunciado, en función de intereses personales y de complicidades injustificables, a cumplir la función de representación de las trabajadoras y trabajadores

Es preciso reinventar formas de organización y de lucha. La experiencia de la Coordinadora de Madrid muestra que es posible organizar la movilización. La percepción de los trabajadores y usuarios de las consecuencias concretas para el mantenimiento de sus puestos de trabajos, de sus condiciones laborales y, sobre todo, de su derecho a una sanidad pública y de calidad, son el terreno abonado para construir formas de organización y de lucha capaces de enfrentar la barbarie privatizadora.

La privatización de la sanidad es un proceso general, que viene de lejos

En todas las CC.AA del Estado se está produciendo un proceso, con velocidades e intensidad variables, de transferencia a las empresas privadas – constructoras, empresas financieras y aseguradoras privadas – de la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria.

Es un asalto a un servicio público de primera necesidad por parte del capital privado que, en una situación de grave crisis económica, se refugia en la garantía que ofrece el dinero público y una clientela asegurada; cautiva, mas bien. El "riesgo y ventura" que el capitalismo aduce como justificación para la apropiación de beneficios se reduce aquí a cero.

Es la versión bis del escándalo de la transferencia de dinero público a bancos y aseguradoras en crisis que reedita a gran escala y con intensidad inédita el gran negocio del gran capital: privatización de beneficios y socialización de las pérdidas.

En el caso de la sanidad la obtención de beneficios privados a partir de la financiación pública ofrecida generosamente por los respectivos gobiernos regionales, independientemente de su composición política, se realiza de la única forma posible:

-Mediante la reducción de pruebas diagnósticas, de remisiones a especialistas, altas hospitalarias precoces, disminución del gasto farmaceútico, etc
-Reducciones de la cantidad y de la cualificación del personal sanitario
-Seleccionando pacientes, es decir, deshaciéndose como sea de los no rentables: enfermos crónicos, personas mayores con patologías múltiples y pobres en general, en los que las necesidades sociales y sanitarias se multiplican.

El "modelo" privado, de atención individual a la demanda que se generaliza implica el abandono de todas las actividades preventivas y de salud pública, precisamente las más eficaces para intervenir sobre las principales causas de enfermedad y de muerte y justo aquéllas consideradas no rentables para la gran mafia de la industria farmacéutica y de las aseguradoras privadas. Hay que añadir que no existe estudio alguno que acredite – porque es imposible – que la privatización ahorre gasto, manteniendo la calidad. Más bien todo lo contrario. Valgan algunos ejemplos absolutamente contrastados en multitud de países:

-Los programas de actividades preventivas y de educación para la salud son capaces de intervenir disminuyendo significativamente la morbilidad y mortalidad por las principales patologías crónicas (infecciones, diabetes, hipertensión, cáncer, etc) y de reducir el consumo innecesario de medicamentos
-La sanidad privada o las diversas fórmulas de gestión sanitaria con ánimo de lucro, multiplican por cuatro las intervenciones quirúrgicas consideradas de "dudosa indicación"
-Las reducciones de personal y el alargamiento de jornadas tienen como consecuencias el aumento de la mortalidad, mayores índices de infecciones hospitalarias, más complicaciones, etc.

Pese a que todo ello es bien conocido por los políticos de turno y por la pléyade de gerentes y altos cargos de la sanidad , la privatización se generaliza. Los Ayuntamientos, independientemente del partido que les gobierne – el concepto de izquierda y derecha ha pasado a no significar absolutamente nada – ceden suelo público a empresas que se encargan de la construcción de nuevos hospitales y centros de salud y que los gestionan con evidente ánimo de lucro.

El modelo que se extiende es el de PFI (Iniciativa de Financiación Privada) mediante el cual las empresas que construyen nuevos hospitales – que no tienen otra justificación que detraer pacientes de hospitales públicos que se devalúan - reciben un canon calculado en función de la población atendida, financiado con dinero público durante 30 años, que supondrá recibir cuatro veces el gasto de la construcción, que se encargan de la gestión de toda la actividad "no sanitaria" - por ejemplo la esterilización se considera "no sanitaria" - que se subcontrata a otras empresas, y la explotación del espacio en el que se construyen aparcamientos, restaurantes, tiendas, etc.

A todo ello hay que añadir que no existe control de calidad que merezca tal nombre, ni por parte de las CC.AA, ni por el Ministerio de Sanidad, quien conserva las competencias de Alta Inspección y que , sobre todo, que si tuviera voluntad política, que no es el caso, debería intervenir para poner freno a tanta aberración.

La pregunta es: ¿todo esto es legal, es constitucional?

Este interrogante se generaliza para trabajadores de la sanidad, que ven degradarse hasta límites insospechados sus condiciones de trabajo, las reducciones de plantilla vía despidos o no renovaciones de contrato a la gran cantidad de trabajdoras y trabajadores precarios que existen en la sanidad y a usuarios que asisten, uno a uno - cuando les toca – a la degradación de la calidad que viven con consecuencias dramáticas.

La respuesta es clara. La Constitución, que asegura el Derecho a la Propiedad Privada y a la Libre Empresa otorgando toda la protección del Estado y la posibilidad de reclamar esos derechos directamente ante los Tribunales de Justicia, establece que el Derecho a la Sanidad Pública, al igual que el Derecho al Trabajo , a la Vivienda, etc, son meros principios de política social y económica, interpretables por los gobiernos de turno. Es decir, papel mojado.

El proceso de preparación para la privatización, anterior a las transferencias a las CC.AA., fue ejecutado por el Gobierno PSOE. Tal y como planteaba el Informe Abril Martorell, se cambió la gestión económica y organizativa para identificar el coste por proceso – el gasto por cada actividad sanitaria - de forma que pudiera ser vendido a la empresa privada, la gestión por objetivos asistenciales no por resultados en salud, etc.. Los mecanismos de control de calidad nunca fueron aplicados.

La clave de bóveda de todo el proceso de privatización es la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de la asistencia sanitaria. Fue propuesta por el PP ante el Congreso de los Diputados en 1997, gobernando en minoría. La aprobación de esa Ley, piedra angular de la privatización sanitaria, requirió, y obtuvo, el voto del PSOE y de las derechas nacionalistas, con el único voto en contra de IU y el BNG.

Ante la presión popular creciente exigiendo la derogación de la Ley 15/97, que llevó a que militantes de PSOE plantearan enmiendas a los documentos de sus recientes Congresos, su dirección estatal ha elaborado un "argumentario" en el que intenta devaluar el alcance de esa Ley – y su responsabilidad directa en su aprobación - con el objetivo evidente de conseguir réditos electorales de la movilización ciudadana y señalando al PP como único responsable de la privatización(5).

¿Qué hacer?

Obvio es decir que nada de esto podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de CC.OO, UGT (además del resto de sindicatos corporativos de la sanidad). Ambos sindicatos, que se llaman "de clase", si se hubieran comportado como tales deberían haber movilizado a los trabajadores de la sanidad, al conjunto de la clase obrera y al pueblo en general, ante un auténtico proceso de demolición de conquistas históricas del movimiento obrero y de las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.

Nada se puede esperar de estas cúpulas sindicales. Las evidencias de sus vinculaciones económicas y corruptelas con los gobiernos de turno, sea cual sea su color, cada vez son más patentes. Ello no quiere decir que debamos prescindir de la experiencia, la conciencia de clase y la voluntad de trabajo de militantes honestos de estas organizaciones. Lo que es evidente es que el desprestigio ante la mayoría de los trabajadores , ganado a pulso de las burocracias sindicales exige construir formas nuevas, en las que – desde el principio – la democracia, la voluntad de lucha y la búsqueda de unidad desde la base, reconstruyan el poder real que tenemos, organizados y unidos, los trabajadores.

En cada CC.AA. las condiciones y las peculiaridades de los procesos de privatización son diferentes. En función de la experiencia vivida hay que afirmar que las transferencias sanitarias han sido otra enorme estafa y que, lejos de acercar la gestión a las necesidades de la ciudadanía, han servido para crear más burocracias al servicio de mafias locales vinculadas a los poderes políticos de turno y facilitar la desmembración de la sanidad y su privatización.

Frente a ellos, trabajadores y trabajadoras de la sanidad, la clase obrera en su conjunto y los usuarios, tenemos dos tareas complementarias:

1. A nivel de Comunidad Autónoma, provincia, pueblo, barrio y centro sanitario: crear organizaciones de base de trabajadoras y trabajadores frente a los despidos, a la precarización progresiva de la sanidad pública, a la degradación y la violencia profesional que supone supeditar la atención sanitaria a los objetivos de lucro privado, y de los usuarios que sufren directamente las consecuencias de la subordinación de la calidad y la seguridad de la asistencia al negocio de las empresas.

2. En el conjunto del Estado: sobre la base de la construcción de formas de organización y de lucha de trabajadores y usuarios en cada Comunidad Autónoma, articular una Plataforma Estatal contra la privatización, para exigir la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que ampara y legaliza todo el proceso de privatización y por la construcción de un sistema sanitario, y de salud pública, de financiación, gestión y provisión de servicios estrictamente público, con participación democrática de trabajadores y usuarios en la toma de decisiones, y que responda a las necesidades de salud de la población.

Madrid, 28 de septiembre de 2008

(*) Ángeles Maestro, diputada de IU por Madrid hace ya muchos años, fue impulsora y cofundadora de Corriente Roja de la que es dirigente destacada.

Notas:

(1) http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/07/04/pdf-plan-de-infraestructuras-sanitarias--1

(2) Dicha Coordinadora se constituyó el 12 de junio de 2008 en una asamblea a la que asistieron 140 trabajadores y trabajadoras, sanitarios y no sanitarios, de la práctica totalidad de hospitales – grandes y pequeños de la Comunidad de Madrid, de numerosos centros de salud, de salud mental, de centros de la Consejería de Sanidad, etc. Los principios de funcionamiento y objetivos por los que la Coordinadora se constituye pueden consultarse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/06/15/nace-en-madrid-la-coordinadora-de-trabaj-1

(3) El comunicado de prensa de la Coordinadora puede verse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/09/23/comunicado-de-prensa-acerca-de-la-convoc#feedbacks

(4) http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/09/24/cronica-de-la-concentracion-del-23-de-se-1

(5) Casmadrid ha elaborado recientemente un documento en el que se desmonta con claridad meridiana todo el "argumentario" del PSOE. Puede verse en www.casmadrid.org en la sección de documentos.

www.insurgente.org

Carlos Dívar Blanco, vinculado à extrema direita franquista, presidirá o CGPJ e o TS espanhol com o apoio de PP e PSOE.

Que trás a morte física de Francisco Franco em 1975 nom se produziu a exigida rutura democrática com o fascismo é um facto tam notório que incluso se exprime, ainda hoje, 34 anos depois, na eleiçom dos mais altos cargos do Estado espanhol. PSOE e PP acabam de juntar votos para que Carlos Dívar Blanco, um fundamentalista religioso vinculado a organizaçons tam pouco recomendáveis como a ‘Hermandad del Valle de los Caídos’, seja simultaneamente presidente do Tribunal Supremo espanhol e do CGPJ.

Contodo, um facto tam salientável parece que nom provocou excessivo barulho mediático e político. O novo presidente do TS e do CGPJ que substitui Francisco José Hernando à frente deste último cargo é um indivíduo marcadamente conservador que se inspira em textos do papa católico Joám Paulo II. A sua nominaçom fai-se a iniciativa do PSOE após o pacto recentemente alcançado com o PP para renovar o Poder Judicial, processo que se produz quando há quase dous anos que o órgao de governo dos juízes espanhóis se encontra em funçons.

Do currículum de Dívar (Málaga, Andalucia, 1941) destacam factos como o seu deslocamento a Euskal Herria para exercer como juíz a finais da década de 70. A sua identificaçom com o aparato repressivo do Estado levou o actual presidente do CGPJ a ser eleito em 1980 como magistrado no Julgado Central de Instruçom nº 4 da ‘Audiencia Nacional’, tribunal de recente criaçom que substituia o ‘Tribunal de Orden Público’ franquista, operativo de 1963 a 1977. Posteriormente, Dívar deveu ser considerado ideal para o cargo, umha vez que em 2001 foi elegido presidente do tribunal de excepçom e em 2006, trás cinco anos de mandado, reelegido novamente por unanimidade no CGPJ.

Significativamente, a sua re-eleiçom à frente da ‘Audiencia Nacional’ produz-se num período em que o Estado aprova e aplica novas legislaçons de excepçom como a ‘Ley de Partidos’ e agudiza multidom de aspectos repressivos da legislaçom penal –supressom das redençons no cárcere, ‘Doutrina Parot’, etc... Trás o pacto alcançado entre PSOE e PP para renovar o ‘Consejo General del Poder Judicial’ espanhol, que demonstra a nula independência do Poder Judicial a respeito do legislativo e do executivo, Dívar será o presidente deste importante órgao do Estado.

‘El Valle de los Caídos’

Além dos dados achegados, a actual integraçom de Carlos Dívar Blanco numha associaçom das características da ‘Hermandad del Valle de los Caídos’ é significativa do perfil do novo presidente do CGPJ. Recordamos que este sinistro ‘monumento’ que o ditador espanhol ordenava construir a partir de 1940, foi levantado com a mao de obra escrava de milhares de presos políticos para “perpetuar la memoria de los caídos en nuestra gloriosa Cruzada”. Além dumha cifra desconhecida de falecimentos durante a construçom, que se prolongou até 1958, o mausoleo fascista acolhe os corpos de dezenas de milhares de pessoas nom identificadas.

Contodo, apesar de que Carlos Dívar qualifica os movimentos de liberaçom nacional como “forças malignas” –ver nº 84 da revista da ‘Hermandad del Valle de los Caídos’- e assegura ao respeito em tom mesiánico que há que “chamar as cousas polo seu nome, isto é, ao bem, Bem e ao mal, Mal”, o ministro espanhol de Justiça Fernández Bermejo caracterizou o novo presidente do CGPJ e do TS como um exemplo de “neutralidade permanente”.

www.ceivar.org

El PP abre Castilla y León para la industria militar israelí.

Aeronautics Enterprise España (AEE), filial española del holding israelí Aeronautics Defense Systems, dio el jueves un paso relevante para instalarse en Valladolid, en Castilla y León y en España. Esta compañía, líder en producción de sistemas de vigilancia y seguridad nacional, compró el día 26 a la empresa pública Gesturcal una parcela de 4.555 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de Boecillo para construir su primer centro en Europa, desde el que aspira a impulsar sus negocios de seguridad pública, vigilancia y reconocimiento en este continente, en Latinoamérica y en el norte de África.

Así lo aseguraron a este periódico Rami Yaar, vicepresidente del grupo israelí y presidente de la sociedad española, y Neil Salomon Maman, director ejecutivo y consejero delegado de AEE. La estrategia de Aeronautics pasa por crear en Boecillo "un centro de excelencia de sistemas de seguridad pública", para lo cual tienen previsto antes de final de año poner la primera piedra del edificio, que estará en funcionamiento en un máximo de dos años. Aeronautics proyecta invertir en el Parque Tecnológico de Boecillo 30 millones de euros en cinco años y contratar 100 personas, el 90% ingenieros técnicos y superiores y licenciados.

Los planes de Rami Yaar y Neil Salomon en Boecillo son, al menos sobre el papel, muy ambiciosos. Aspiran a desarrollar en el Parque de Boecillo, detrás de la antigua Microser, una planta de I+D, un laboratorio de producción e integración de sistemas de seguridad de seguridad pública, otro para certificaciones de aviones no tripulados (ensayos, software y pruebas) y un centro de excelencia de vehículos no tripulados (UAV), que permitirá la formación y el entrenamiento especializado del personal. También proyecta desarrollar las tecnologías de comunicación y transmisión en terminales aéreas y terrestres de su filial Commtact. Aeronautics cuenta con tecnología propia para conocimiento en tiempo real por vía aérea, terrestre o marítima mediante vehículos sin tripulación de situaciones que con pilotos serían arriesgadas.

Aeronautics presentó en octubre de 2006 su proyecto en Valladolid, pero "problemas administrativos" de diferente índole han retrasado su arranque. La compañía española se constituyó en Valladolid el 2 de junio de 2006. El 75% del capital es de la matriz israelí y el 25% restante procede de capital español. Aeronautics ha apostado por Castilla y León al encontrar receptividad en los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo. "Hemos descubierto aquí interés del Gobierno regional por atraer alta tecnología y para nosotros es una oportunidad", explicó Rami Yaar.

La matriz Aeronautics Defense Systems es el tercer grupo industrial militar de Israel. Factura al año más de 100 millones de euros. Fabrica, con tecnología propia, vehículos no tripulados para usos militares. Cuenta con una plantilla de 600 trabajadores en sus fábricas de Israel, oficinas en Inglaterra y Grecia, mantiene convenios con EEUU y Austria, y opera en muchos países del mundo. En Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, la filial española ha suscrito convenios con la antigua Consejería de Presidencia y con la actual Consejería de Interior y Justicia para vigilancia y captación y transmisión de imágenes.

AEE cuenta con un centro de operaciones en el aeródromo de La Matilla, próximo a Tordesillas (Valladolid), unas instalaciones que podrían crecer en un futuro. Además, esta compañía co-lidera un consorcio español que concurre a la licitación de un sistema de seguridad nacional en México dentro del Programa Bicentenario, país en el cual Aeronautics ya tiene desde principios de este año sus UAV volando para actividades operadas por la Policía Federal. Aeronautics trabaja desde hace más de cuatro años con empresas petroleras en soluciones de vigilancia de sus plataformas marítimas. Con Irlanda y Polonia, "entre muchos otros" que la compañía prefiere obviar, ha firmado contratos para el suministro de sistemas no tripulados y de seguridad.

Los planes industriales y de investigación son mucho más ambiciosos. Aeronautics ambiciona desde Valladolid convertirse en la compañía líder de Europa en industria de servicios de vigilancia y reconocimiento y en la llamada homeland security (seguridad nacional), sistemas de seguridad publica y comunicaciones críticas. No se trata tanto de fabricar sistemas, sino de desarrollar desde Boecillo una tecnología propia y de vanguardia.

El concepto de homeland security ganó fuerza tras los atentados del 11 de septiembre y el 11 de marzo en EEUU y en España. Según los expertos, es uno de los mercados más dinámicos de los últimos años, como consecuencia de la inseguridad mundial a todos los niveles, de la continuidad de la amenaza terrorista, del aumento del narcotráfico y de la delincuencia organizada. También está asociado al control de fronteras y se utiliza cada vez más para impedir la inmigración descontrolada. Su tecnología sirve para la protección contra amenazas de efectos catastróficos, la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia o crisis y el espionaje.

Transcribo para mayor información el publirreportaje que la edición impresa de “El mundo-Diario de Valladolid” dedicó a la noticia EL domingo, 29 de junio de 2008. Aunque al comienzo es reiterativo respecto a lo anterior, detalla las características del material que fabrica Aeronautics y testimonia con mayor nitidez el carácter lacayuno de "El mundo-Diario de Valladolid" para con las iniciativas del gobierno de la Comunidad Autonoma de Castilla y León.

Portada: AERONAUTICS compra suelo en Boecillo para un centro de vanguardia en seguridad y vigilancia.

La empresa israelí adquirió el jueves a Gesturcal una parcela de 4.555. metros cuadrados en el parque tecnológico vallisoletano.

Prevé invertir 30 millones de euros y contratar a un centenar de empleados, de los que un 90% serán licenciados e ingenieros.

La empresa se iniciará a final de año, estará terminada en dos, y quiere servir de trampolín a Europa y Latinoamerica.

Valladolid. – Aeronautics Enterprise España (AEE), filial española del holding israelí Aeronautics Defense Systems, dio el jueves un paso relevante para instalarse en Valladolid, en Castilla y León y en España. Esta compañía, líder en producción de sistemas de vigilancia y seguridad nacional, compró el día 26 a la empresa pública Gesturcal una parcela de 4.555 metros cuadrados en el parque tecnológico de Boecillo (Valladolid), para construir su primer centro en Europa, desde donde aspira a impulsar sus negocios de seguridad pública, vigilancia y reconocimiento en este continente, en Latinoamérica y en el norte de África.

(Sigue en la página 20). – Así lo aseguraron a este periódico Rami Yaar, vicepresidente del grupo israelí y presidente de la sociedad española, y Neil Salomon Maman, director ejecutivo y consejero delegado de AEE… Aspiran a desarrollar en el parque de Boecillo una planta de I+D, un laboratorio de producción e integración de sistemas de seguridad, otro para certificaciones de aviones no tripulados y un centro de excelencia de vehículos no tripulados (UAV) qué permitirá el entrenamiento y la formación del personal especializado. También proyecta desarrollar las tecnologías de comunicación y transmisión en terminales aéreas y terrestres de su filial Commtact. Aeronautics cuenta con tecnología propia para conocimiento en tiempo real por vía aérea, terrestre o marítima mediante vehículos sin tripulación de situaciones que con pilotos serían arriesgadas.

Aeronautics presentó en octubre de 2006 su proyecto en Valladolid, pero “problemas administrativos” de diversa índole han retrasado su arranque. La compañía española se constituyó en Valladolid el 2 de junio de 2006. El 75% del capital es de matriz israelí y el 25% restante procede de capital español. Aeronautics ha apostado por Castilla y León al encontrar receptividad en los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

La matriz ADS es el tercer grupo industrial militar de Israel. Factura al año más de 100 millones de euros. Fabrica, con tecnología propia, vehículos no tripulados para usos militares. Cuenta con una plantilla de seiscientos trabajadores en sus fabricas de Israel, oficinas en Inglaterra y Grecia, mantiene convenios con EEUU y Austria, y opera en muchos países del mundo. En Castilla y León, la filial española ha suscrito convenios con la Consejería de Interior y Justicia para la vigilancia y captación y transmisión de imágenes.

AEE cuenta con un centro de operaciones en el aeródromo de La Matilla, próximo a Tordesillas (Valladolid), unas instalaciones que podrían crecer en un futuro.

Además, esta compañía colidera un consorcio español que concurre a la licitación de un sistema de seguridad nacional en México, dentro del Programa Bicentenario, país en el cual Aeronautics ya tiene desde principios de este año sus UAV volando para actividades operadas por la Policía Federal. Aeronautics trabaja desde hace más de cuatro años con empresas petroleras en soluciones de vigilancia de sus plataformas marítimas. Con Irlanda y Polonia, “entre muchos otros” que la compañía prefiere obviar, ha firmado contratos para el suministro de sistemas no tripulados y de seguridad.

No se trata tanto de fabricar sistemas, sino de desarrollar desde Boecillo una tecnología propia y de vanguardia. El concepto de homeland security ganó fuerza tras los atentados del 11 de septiembre en EE.UU. y el 11 de marzo en España. Según los expertos, es uno de los mercados más dinámicos de los últimos años, como consecuencia de la inseguridad mundial a todos los niveles, de la continuidad de la amenaza terrorista, del aumento del narcotráfico y de la delincuencia organizada. También está asociado al control de fronteras y se utiliza cada vez más para impedir la inmigración descontrolada. Su tecnología sirve para la protección contra amenazas de efectos catastróficos, la capacidad de respuesta en situaciones de respuesta o crisis y el espionaje.

Aeronautics aspira a convertir muchos de estos usos militares de su portafolio de productos en sistemas y soluciones para clientes civiles (Protección Civil, Medio Ambiente y otras entidades de rescate y emergencia), comerciales (compañías de energía, telecomunicaciones, transporte y seguridad) y de Defensa. La tecnología de Aeronautics puede utilizarse para incendios forestales, control de tráfico, logística en caso de emergencia y rescates, huracanes… etc.

La compañía israelí fabrica plataformas no tripuladas (aéreas, terrestres y marítimas), soluciones de comunicaciones, electro-óptica, navegabilidad y transmisión de imágenes en tiempo real.

Sin embargo, sus productos estrella chocan con la falta de legislación europea y con el bloqueo, quizás interesado, de las autoridades españolas del Ministerio de Fomento. La matriz de la empresa asentada en Castilla y León fabrica aeronaves no tripuladas que operan desde hace diez años en EEUU e Israel, pero que no pueden volar ni en España ni en Europa por falta de regulación.

Esta ausencia de legislación provocó hace unos meses una polémica sobre su contrato con Protección Civil de avión de vigilancia y transmisión de imágenes para emergencias. Los ejecutivos de Aeronautics aseguran que la Junta conocía la imposibilidad de efectuar vuelos sin tripulación por falta de certificación y regulación, pero advierten de que el sistema se instaló en una avioneta pilotada…

Aeronautics ha solicitado a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, permisos de vuelo experimental para estas aeronaves y se ha encontrado con el silencio como respuesta. Ni siquiera la oportunidad de negocio que puede abrirse en España y en Castilla y León ha permitido abrir esa posibilidad.

Sin embargo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha acusado recibo de la certificación de los UAV de Aeronautics, aunque la competencia en cuanto a permisos de vuelo en España es de la DGAC. Curiosamente, los aviones no tripulados de Aeronautics son los únicos en el mundo que tienen el certificado FAA (la agencia norteamericana).

UN OJO EN EL CIELO QUE TODO LO VE. – Aeronautics fabrica en Israel aviones no tripulados que caben en una mochila y transmiten información en tiempo real.

No es un Dios, pero los vehículos aéreos no tripulados (UAV) que fabrica Aeronautics en Israel pueden verlo todo , o mejor casi todo. Es una tecnología militar cada vez más utilizada en las guerras, incluso hay quien dice que las guerras del futuro utilizarán sólo estas aeronaves sin piloto dentro. La industria militar es consciente del negocio de las UAV y se está reconvirtiendo a pasos agigantados hacia un uso civil, pasando por las aplicaciones policiales.

Aeronautics fabrica básicamente tres modelos: el miniUAV con su marca Orbiter; el táctico, de tamaño mediano y marca Aerostar, y el estratégico, similar a un avión normal, bautizado como Dominador… Todos funcionan como un ojo en el cielo, captan imágenes en tiempo real y las envían a la base, permitiendo recibir instrucciones y modificarlas.

Los UAV mini de Aeronautics caben en una mochila personal, pesan entre cinco y diez kilos, tienen una autonomía en vuelo de hora y media, un alcance de quince kilómetros, y alcanzan una altura de 3.300 metros. Se arman en diez minutos, y pueden operar, mediante una cámara detectora, por el día o por la noche. El motor eléctrico carece de escobillas, lo que le permite no hacer ruido… Dos personas desde tierra pueden hacer funcionar este sistema… Es la tecnología más sofisticada y avanzada de los productos de Aeronautics.

Los Aerostar, calificados como “vigilantes de las fronteras israelíes”, tienen una autonomía de doce horas y un alcance de doscientos kilómetros. Es utilizado para controlar fronteras en Nuevo México y en Israel, y en Angola vigila las instalaciones petrolíferas costeras.

El Dominador dispone de hasta treinta horas de autonomía y elevarse hasta diez mil metros de altura.

ENTREVISTA CON RAMI YAAR, VICEPRESIDENTE DE AERONAUTICS DEFENSE SYSTEM. – “Nuestra prioridad es crear tecnología propia en Castilla y León”.

Rami Yaar fue durante cuatro años representante del Ministerio de Defensa de Israel en la embajada de su país en España. Ha formado parte del Consejo Nacional de Seguridad Israelí entre 1999 y 2000… y durante 20 años trabajó en diversos puestos del Ministerio de Defensa. Habla un perfecto y rico español, fruto en parte de sus habituales viajes a nuestro país.

P- ¿Cuál es el objetivo de la compañía en Castilla y León?

- Establecernos en España y desde España entrar en Europa con unas tecnologías muy avanzadas. Queremso crear una empresa de defensa o seguridad nacional. Crear un centro de I+D, un centro de excelencia para los vehículos no tripulados. Es algo que estamos ya implantando en Castilla y León.

p- ¿Qué puede aportar su compañía a una comunidad como Castilla y León?

- Hemos descubierto en el gobierno de Castilla y León el interés por atraer alta tecnología… hemos descubierto que en esta comunidad hay oportunidades, con el apoyo del gobierno regional, para hacer un buen negocio…


P- ¿Qué le pediría usted a la Junta a partir de ahora?

- Apoyo moral y administrativo.

P- ¿Y subvenciones?

-Por supuesto. Es uno de los motivos por los que hemos llegado a esta región. Nosotros vamos a aportar una inversión económica muy importante.
P-Cifrada en treinta millones de euros.

-Así es.

P-¿Qué papel juega la investigación y el desarrollo en todo este proyecto?
-Es la prioridad… partir de un desarrollo de treinta años en Israel y desarrollar nuevos tensores, nueva tecnología, en cooperación con las universidades de la región. Vamos a crear tecnología propia, tecnología española.

P-¿Qué dificultades tienen en este momento?

-Son de tipo administrativo, no por parte del gobierno regional, sino en general. El uso de vehículos no tripulados en el ámbito civil es un tema de certificación y regulación que no existe en todo el mundo occidental. Ahí nos gustaría tener más apoyo no sólo del gobierno regional, que lo tenemos, sino del Ministerio de Fomento…
P-¿Por qué cree que Aviación Civil no ha contestado a su petición de permisos puntuales experimentales?

-Esta pregunta debería usted dirigirla a las autoridades de Aviación Civil.

www.kaosenlared.net

Dos anys del 3J.

43 morts + 47 ferits = 0 responsables

Cronologia d'un accident impune

El 3 de juliol de 2006 es va produir al subsòl de València l'accident de metro més greu d'Espanya. Un comboi de la línea 1 que circulava a 80 quilòmetres per hora, el doble de la velocitat permesa, va descarrilar uns metres abans d'arribar a la parada de Jesús. Després d'unes primeres hores d'incertesa, la realitat va caure com un diluvi de plom: 43 morts i 47 ferits. Les mostres de dolor es barrejaren amb una desfilada d'autoritats i una multiplicació de minuts de silenci. L'acte central de comiat a les vícitimes fou una missa a la catedral de València.
Tres dies després el govern valencià volgué convertir la visita del Papa en un grandiloqüent brebatge per a l'oblit.
Però la fòrmula de l'amnèsia no va funcionar. L'11 de juliol el conseller d'Infrastructures comparegué en les Corts per dir que l'accident era inevitable, que la culpa fou del conductor mort i que tot era fruit de la mala sort.
Estes declaracions indignaren els afectats. ¿Com era possible que la totpoderosa València de la Copa de l'Amèrica i la visita del Papa no tinguera 3.500 euros per instal•lar una balissa? Un element ben comú en tots els metros del món i que hauria frenat el vehicle desbocat tot evitant l'accident.
De fet, poc dies després es col•locà una d'estes balisses al lloc del sinistre.
Entre finals de juliol i principis d'agost es va crear una comissió d'investigació que durà cinc dies, la més curta del parlamentarisme valencià i que, segons l'oposició, estigué esguitada de maniobres del Partit Popular per desvirtuar-la i entrebancar-la. Al final, el PP feu ús de la majoria absoluta per espolsar el govern valencià de tota responsabilitat.
En setembre la fundació Societat i Progrés organitzà unes jornades públiques per debatre tot allò que no tingué cabuda en la comissió d'investigació. Als actes participaren familiars de les víctimes.
La constitució com a associació permeté els afectats organitzar i sistematitzar la presència pública. El dia 3 de cada mes s'apleguen a la plaça de la Mare de Déu per exigir responsabilitats. Entre les principals denúncies també hi ha la negativa constant de Francesc Camps a rebre'ls.
Un dels moments de més tensió es produí en el primer aniversari de l'accident. Les principals autoritats inauguraren un monòlit en record de les víctimes. L'acte, oficiat per l'arquebisbe García Gascó, fou constantment interrumput.
Paral•lelament a la protesta pública, els afectats també han acudit als tribunals. Nieves Molina, la jutgessa que instruix el cas, l'ha tancat i obert tres vegades en només dos anys. Molts afectats pensen que no existix una voluntat clara d'esclarir el que passà. Alguns han decidit demanar empara al Tribunal Constitucional.

El dolor sense resposta dels familiars de les víctimes

Perdre a una persona estimada és senpre un tràngol molt difícil. Una duresa que es pot veure incrementada si la desaparició d'eixa persona es produeix en un accident pressumiblement evitable. Això és el que els passa a Paco, Amparo i Paco, que el 3 de juliol de 2006 van perdre a Rosa. Esposa, mare i germana, que ara ja no hi és. I per continuar avant, esta família de Torrent, com moltes altres, reclama respostes. Tot per a què en el futur un accident com el que tingué lloc ara fa dos anys no torne a passar.

Les víctimes encara reclamen explicacions i responsabilitats

El 3 de juliol de 2006 a València van morir 43 persones i van resultar ferides 47 més en un accident de metro. Viatjaven en un comboi de la línea més antiga de la ciutat, la 1. La indignació dels familiars de les víctimes també es dirigeix cap a la jerarquia eclesiàstica, que sol fer costat al Consell, així com a Radio Televisió Valenciana. Tot i l'absència de respostes, o tal vegada per això mateix, els familiars de les víctimes semblen decidits a continuar lluitant fins a rebre una resposta convincent i per a què un accident com el que tingué lloc aquell 3 de juliol, no torne a passar.

Els supervivents aprofundeixen en el record i tornen a recórrer aquell trajecte

La cita era a la parada de Jesús cap a les 11 del matí. Poc a poc els familiars han anat arribant i penjant ramells de flors en la barana de la boca del metro. A continuació els familiars han baixat al metro amb l'objectiu de recòrrer les estacions que separen Jesús de Torrent. Els interiors dels vagons eren una col·lecció de rostres ullerosos i abatuts. Molts dels familiars se senten menyspreats per les autoritats valencianes. Alguns recordaven com, al poc de l'accident, reberen visites d'alts carrecs del PP valencià oferint-los llocs de treball i compensacions diverses. Uns pocs n'acceptaren les ofertes. D'altres, indignats, sentiren que estaven intentant comprar la seua voluntat i el seu silenci i els comminaren a marxar-se de sa casa. La majoria dels afectats encara van al psicòleg i al psiquiatra per rebre teràpia i medicació. El sentiment d'injustícia, diuen, no els deixa tranquils. Els afectats, com si d'un via crucis subterrani es tractara, han anat parant en cada estació per guardar un minut de silenci. També han denunciat que la justícia no haja volgut mai arribar als fons de l'assumpte i que s'haja intentat en tot moment soterrar la tragèdia. Torrent ha sigut l'última parada. Després han tornat a València, a la boca de Jesús. A pocs metres d'allí, dalt de la curva on el convoi va desacarrilar, han fet una ofrena floral i han llegit un manifest en record dels familiars. A l'acte s'han vist moltes càmeres, però no la de la televisió pública valenciana. A eixa mateixa hora Canal 9 tenia unes altres preocupacions.

Vídeos "Especial 3 de Juliol" a InfoTV

Cançó de Pau Alabajos

Línia 1

València consternada, vestida de dol,
ciutat en penombra, sinistre juliol,
crespons i banderes, silenci sepucral,
semblants d'impotència que mai
no podrem oblidar.

Però com és possible? Com ha pogut passar?
La gent és pregunta i ningú vol parlar.
Prou de comèdies, volem la veritat.
Sabem que el govern té les mans
tacades de sang.

No es pot negociar amb el dolor,
ofendre les víctimes de l'accident,
sense pietat, sense compassió.
Aquesta és la gota que fa
vessar el got.

Per què tanta urgència en la investigació?
Per què tanta pressa? De què tenen por?
No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions,
democràcia tocada de mort.

València consternada, vestida de dol,
ciutat en penombra, sinistre juliol,
crespons i banderes, silenci sepucral,
semblants d'impotència que mai
no podrem oblidar.

No es pot negociar amb el dolor,
ofendre les víctimes de l'accident,
sense pietat, sense compassió.
Aquesta és la gota que fa
vessar el got.

No cal buscar nous arguments
per creuar les fronteres de la indignació.
Alcem tots la veu amb convicció,
paraules en l'aire, terratrèmols en el cor.



asociacionvictimasmetro.blogspot.com

La multinacional Saint-Gobain intoxica la Alcarria madrileña.

Nº79

Desde hace un mes, desde que comenzó a correr la voz de alarma, la planta de producción de arcilla expandida y electricidad que la empresa Maxit SA tiene en Villalbilla aprovecha las horas de sueño para escupir sus emisiones. Pero antes, al aproximarse a este municipio de la Alcarria madrileña, situado a 41 kilómetros de la capital y a nueve de Alcalá de Henares, lo primero que llamaba la atención, sobre todo en días de bajas presiones, era la enorme boina que cubría el continuum de urbanizaciones del lugar. Eso, y un molesto hedor que recuerda a azufre y cloaca. La mayoría de los 8.500 habitantes de este término municipal asolado por la especulación urbanística achacaban los malos olores a colectores en mal estado y otros problemas menores.

Pero ahora, desde que un grupo de vecinos creara la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Alcarria Madrileña (ASDESAM) e iniciara una incisiva campaña para denunciar los efectos de la planta, la percepción ha cambiado y la preocupación corre de familia en familia. “Llevamos unos veinte años conviviendo con la fábrica, pero los olores no comenzaron hasta 1997 ; desde entonces, produce emisiones constantemente, sobretodo por las noches y los fines de semana”, indica María Carmen Buquerín, una de las promotoras de la protesta.

En 2002, esta mujer de 42 años y su marido, Francisco Tubío, perdieron un hijo de tres años. Entonces residían en Los Hueros, a unos 300 metros de la fábrica. Diego falleció de un tumor en el cerebelo, una patología muy poco frecuente que ya se ha llevado, al menos, a otro niño de la población. “Nuestro hijo nació con microcefalia y problemas en un ojo y en los testículos, y antes de que naciera yo sufrí dos abortos”, sostiene Buquerín, que , igual que Francisco, sospecha que detrás de estos hechos están las emisiones contaminantes de Maxit. Tras la pérdida de Diego, la pareja abandonó Los Hueros para trasladarse a Peñas Albas, otra localidad de Villalbilla, a tres kilómetros de la primera. “Pensábamos que aquí nos íbamos a librar de la contaminación de la fábrica, pero hemos visto que para ello tendríamos que habernos mudado mucho más lejos”, asegura Francisco, que ahora teme por la salud de sus dos hijas. Según un exhaustivo informe de Ecologistas en Acción (EeA), que ha sido puesto en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la polución de la instalación no sólo afecta a Los Hueros y Peñas Albas, sino también a los pueblos de Zulema, Torres de la Alameda, Villalbilla (casco antiguo), Loeches, Arganda del Rey, Velilla de San Antonio y Mejorada del Campo. “En días anticiclónicos resultan muy afectados los municipios situados al oeste de la fábrica. En días con bajas presiones la nube tóxica afecta al término de Villalbilla y al Parque Regional del Sureste”, indica Fernando Palacios, presidente de ASDESAM.

La planta de Maxit, empresa que pertenece a la multinacional francesa Saint-Gobain, se dibuja como una instalación fija de coincineración, que para producir energía eléctrica y Arlita, un material muy utilizado en la construcción, emplea como combustible habitual diversos tipos de residuos. La quema de estos elementos, entre los que destacan por su toxicidad, diversos aceites industriales, produce “emisiones consistentes en gases, partículas y cenizas, además de residuos no reciclables”. Unión Fenosa, que forma parte del accionariado principal de Maxit, compra toda la energía que la planta produce. EeA y ASDESAM denuncian que la empresa incumple la normativa europea sobre incineración de residuos y emite “altos niveles de sustancias tóxicas que producen transtornos respiratorios, neurotoxicidad y diversos tipos de cáncer”. La asociación vecinal, además de los citados casos de cáncer infantil, tiene contabilizados en Villalbilla al menos seis tumores de colon, varios cánceres de mama y enfermedades respiratorias graves que podrían estar relacionadas con la acción de las sustancias que genera la fábrica.

La Comunidad de Madrid, que a pesar de varios centenares de alegaciones vecinales tiene previsto conceder a Maxit una “autorización ambiental integrada” que le permita seguir con su actividad otros cinco años, ha acusado a EeA de alarmismo y de falta de rigor, asegurando que la compañía cumple con la legislación ambiental. El Ayuntamiento de Villalbilla (PP), por su parte, rechazó el 16 de mayo en un pleno debatir una moción sobre la legalidad de la fábrica, mientras 150 personas pedían el cierre preventivo de la instalación en el exterior del Consistorio. La protesta no ha hecho sino comenzar.

Una instalación fuera de control

En virtud de la información recogida en el trámite de audiencia de la autorización ambiental integrada que la Comunidad de Madrid va a otorgar a Maxit, EeA tiene constancia de que “las condiciones de funcionamiento de la fábrica incumplen ampliamente la Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre de 2000, que es de obligado cumplimiento para España como miembro de la UE”. La instalación, que presenta “problemas serios de ubicación y diseño”, está situada a menos de 2.000 metros de las zonas urbanas y produce sus emisiones a ras de suelo. Según los ecologistas, “su depuración no es eficiente, sobre todo en el ciclón del molino y en el horno, no se contemplan las emisiones de la planta de cogeneración de Unión Fenosa y –normalmente– se autorizan niveles de emisión superiores a los permitidos”. En su proceso productivo, la fábrica incinera combustibles residuales como aceites (minerales, hidráulicos y sintéticos), emulsiones cloradas y no cloradas, fenoles, disolventes halogenados y orgánicos, aminas e hidrocarburos que contienen o generan durante su incineración sustancias cancerígenas.

Nº80

Saint-Gobain incinera agroquímicos y medicinas

Es peor de lo que se pensaba. La Resolución de Autorización Ambiental Integrada que la Comunidad de Madrid acaba de conceder a la empresa Maxit para que continúe su actividad en Villalbilla durante otros cinco años, enumera una serie de residuos de alta toxicidad que la fábrica incinera y que el vecindario hasta ahora desconocía. Según el permiso, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la CAM pero al que DIAGONAL ha tenido acceso, la planta de la multinacional francesa Saint-Gobain en este municipio de la Alcarria madrileña quema para la producción de arcilla expandida y electricidad “detergentes que contienen sustancias peligrosas”, “líquidos de frenos” y “residuos procedentes de la transformación física y química de minerales metálicos”. También procesa, entre otros elementos, “residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras”, es decir, desechos de PVC, así como “líquidos de limpieza”, “agroquímicos que contienen sustancias peligrosas” y “medicamentos citotóxicos y citostáticos”. Estos últimos hacen referencia a compuestos que se utilizan para combatir diversos tipos de cáncer.

El caso, a los tribunales

La Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Alcarria Madrileña (ASDESAM) sostiene que la planta utiliza todo tipo de desechos procedentes de los hospitales de la región y de otras comunidades del Estado. “El problema es que la declaración indica que la combustión de estos residuos debe hacerse a una temperatura mínima de 850 grados, cuando los protocolos europeos recomiendan hacerlo a no menos de 1.000 o 1.200 grados, que es cuando se eliminan por completo”, asegura Fernando Palacios, presidente de la entidad ciudadana. De otra forma, pueden generar partículas altamente contaminantes que la fábrica expulsa al exterior a través de sus chimeneas, afectando a la salud de las poblaciones cercanas.

ASDESAM se queja de que los vecinos no han podido realizar alegaciones precisas en el trámite de audiencia de la declaración, pues entonces sólo se especificaban elementos de combustión genéricos. Por ende, sostiene que el permiso de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid incurre en diversas contradicciones y puede haber defectos de forma en su tramitación, por lo que estudia llevar el caso a los tribunales.

Artículos procedentes de las publicaciones nº79 y nº80 dediagonalperiodico.net

Multinacionales y ONG de la Iglesia se benefician de la privatización de la salud.

El debate político en torno a la vertiginosa privatización del Sistema de Salud Pública madrileño está cobrando un tono grueso. A las recientes huelgas de facultativos, las regulares manifestaciones de los colectivos vecinales, sindicatos y grupos de pacientes y a la alerta avivada por los profesionales, se unieron las denuncias de la famélica oposición parlamentaria de Esperanza Aguirre. “Alerta máxima”, “escándalo”, “apoyaremos todas las movilizaciones”, sentenciaron los máximos dirigentes del PSOE e IU.

Han tenido que leer en los periódicos que, hace ya 18 meses, el Gobierno regional puso en manos privadas la asistencia hospitalaria urgente y programada, la atención especializada y los diagnósticos de laboratorio de la población de 14 zonas básicas de salud de la capital (unas 500.000 personas) y la noticia sobre la privatización de dos ambulatorios (Pontones y Quintana) para descubrir que el avanzado estado de descomposición en que se encuentra la sanidad en la región no concluía con la privatización de la gestión de los hospitales, sino en la Atención Primaria (AP). Primera consecuencia : el reciente cierre de los laboratorios del centro de especialidades de Pontones, cuya labor pasará a realizar una firma privada.

En una región donde el PP es el partido más votado desde 1991, no debería alarmar a nadie la celeridad con que los últimos consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, ceden a manos privadas lo que es del común. Es la clandestinidad de sus decisiones lo que chirría del Gobierno Aguirre, las cuales ni siquiera somete al dictamen amigo de la Asamblea regional.

Y si la oposición llora cuando se hace eco de la prensa, los 700 trabajadores del Instituto de Salud Pública se enteraron por el Boletín Oficial de la CM del pasado 9 de abril de la desaparición del organismo que durante 30 años se ha encargado, entre otras funciones, de medir los niveles de contaminación ambiental o la potabilidad del agua, que lidió con la crisis de las ‘vacas locas’, la legionela o los brotes de meningitis. En un contexto de saturación de los hospitales públicos, endeudamiento acusado, caos en la AP y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la sanidad privada y comunidades limítrofes, el reparto del pastel sanitario encuentra dos destinatarios : las multinacionales y las ONG religiosas.

Una de estas grandes beneficiarias es Capio, una transnacional de origen sueco (comprada en 2007 por Apax Partners, el mayor fondo de capital riesgo europeo, por 1.800 millones de euros) con intereses en nueve países de la UE y contrastada experiencia en el sistema de salud británico, gran inspirador de la política de Aguirre*. Las migajas de la tarta sanitaria caen en manos de organizaciones religiosas, bien a través de la derivación de enfermos a sus hospitales o con la introducción de sus asociaciones en los servicios de salud.

Es el caso de la ONG Desarrollo y Asistencia, vinculada al Opus Dei y presidida desde hace 13 años por el general jubilado José María Sáez de Tejada, recientemente condecorado. Esta entidad mantiene seis convenios con organismos públicos madrileños, principalmente con el Gobierno de Aguirre. Para ella gestiona el apoyo a los pacientes en dos hospitales públicos, el Clínico (desde 1999) y La Princesa (2001). A estas alturas, nadie conoce el coste económico real del proceso de privatización. Lo que sí puede medirse es lo que deja por hacer. En 2005, la CM prometió la creación de tres nuevas unidades de cuidados paliativos en los hospitales Clínico, La Paz y 12 de Octubre. El retraso de la aplicación de esta medida, que se materializará a partir de junio, ha hecho que los enfermos terminales hayan sido derivados a seis clínicas privadas, cinco de ellas pertenecientes a entidades religiosas.

*En Capio Sanidad, la filial española de la empresa, trabajan 4.300 personas. En 2006 facturó 249,5 millones de euros, de los que al menos 140 procedieron de las arcas de la CM. Entre sus activos (valorados en 659 millones) se incluyen la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Sur de Valdemoro y otros 18 hospitales privados. En sus memorias de actividad, Capio presume del bajo absentismo de su plantilla, menor al 8%, pero omite cualquier mención a las ventas y los beneficios generados en España. En 2007 recibió del Gobierno regional 187,3 millones de euros, 47,3 más que el año anterior. Para parte de la oposición política, esa subida y la improvisación con que actúa el Servicio Madrileño de Salud explicarían el oscurantismo con que realiza sus movimientos más atrevidos.

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El escándalo de los créditos en I+D militar.

Entre las formas de disimular el gasto militar en los presupuestos, una enrevesada fórmula financiera permite aumentar el gasto sin molestar a la opinión pública.

Todo empezó en 1996 con la llegada al Gobierno del Partido Popular con la promesa electoral de profesionalizar las fuerzas armadas y abandonar el Servicio Militar Obligatorio. Al incremento de gasto en personal había que añadir los proyectos militares de nuevas armas puestos en marcha en la etapa anterior del Gobierno del PSOE. La combinación de ambos no podía llevarse a cabo sin incrementar de manera importante el presupuesto militar. Esto, evidentemente, tenía un elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo político aumentando sensiblemente el gasto militar, algo que no sería bien acogido por la opinión pública española.

La solución fue llevada a cabo desde la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una alambicada fórmula de ingeniería financiera, que permitía hacer frente a los gastos derivados de la profesionalización, así como continuar con los grandes proyectos de armas. De este modo se conseguían tres propósitos : no incrementar en demasía el gasto militar del Ministerio de Defensa, aumentar la contribución en I+D, entonces en la cola de los países de la OCDE, y satisfacer las demandas de ayuda de la industria militar para financiar la investigación y desarrollo de los nuevos prototipos de armas.

La fórmula consistía en conceder préstamos para I+D a cero interés reembolsables, desde el Ministerio de Industria, con un plazo de retorno a 20 años, a las industrias militares a cuenta de las compras de armamentos. Se firmó un convenio entre ambos Ministerios (Industria y Defensa), según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían a Defensa cuando ésta pagara las armas. Esta situación iniciada por el PP, a pesar de las críticas que desde la oposición llevó a cabo el PSOE, fue continuada por éste tras su victoria electoral en 2004, convirtiéndose en crónica a día de hoy. Así, los créditos en I+D del Ministerio de Industria continúan aumentando y acumulando unos fondos que toman proporciones insólitas. Hoy encontramos cómo los créditos acumulados entre 1997 y 2008 entregados a las empresas ascienden, según datos oficiales, a la astronómica cifra de 12.104,84 millones de euros corrientes. Esta cifra es sólo en I+D militar proveniente de Industria, pues luego está el I+D militar para llevar a cabo investigaciones dentro del Ministerio de Defensa, 3.859 millones de euros en el mismo período.

Pero, además, está el precio final de las armas (ver infografía), que aumenta en el transcurso de su producción, con un coste total de inversión que asciende a 27.000 millones de euros a fecha de hoy. Y según reveló recientemente Enrique Navarro (Capital 9/2007), en 1996 subdirector de la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa, la deuda de las empresas militares con el Ministerio de Industria asciende a 26.000 millones de euros a fecha de 2007, y aún faltan por abonar 20.000 más cuando en 2024 finalicen todos los proyectos de nuevas armas en curso. Los créditos pendientes de cobro entregados a las industrias militares se contabilizan en el presupuesto de ingresos, en la partida 83107, como reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a empresas privadas. Un cajón desastre que engloba todas las deudas por créditos a las empresas privadas y que ascienden en 2007 a 451,9 millones de euros. Desde luego, una cifra desorbitada, imposible de definir, a pesar de las indagaciones llevadas a cabo, tanto en los presupuestos del Estado como en los de los ministerios de Industria y Defensa.

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Objeción fiscal al gasto militar

Acció pública, benefici privat.

...per Pasqual Requena

De vegades vénen ganes de plantejar-se de forma seriosa si la política és un territori de pas -territori incopsable, misteriós, on tot és possible, segons la màxima tòpica- des del qual es pot treballar i millorar l’estat general de les coses per al món futur, o més bé si... “de pas que estic en política vaig a preparar el meu futur per a millorar-lo en general”.

En dates recents s’han conegut els casos de Cristina Garmendia, d’Eduardo Zaplana i de David Taguas.

La primera ha arribat al Govern espanyol per a fer-se càrrec del ministeri de Ciència i Innovació des d’una privilegiada posició en el món empresarial (pertany al nucli de comandament de la CEOE i a la Fundación Botín, i també és assessora de l’escola de negocis ESADE i de diverses universitats privades), i hauríem de suposar que com a ministra no actuarà en benefici d’eixe univers privat del que procedeix sinó en favor del més estricte interès comú i públic, que majorment és el de les institucions universitàries, investigadores i científiques de titularitat pública.

D’Eduardo Zaplana poca cosa caldria assenyalar, perquè és el personatge més conegut de tots tres, i el seu pas de portaveu de grup parlamentari a delegat de Telefònica per a Europa probablement no sorprèn ningú, ja que és el destí lògic de qui anhelava enriquir-se però ara mateix és conscient que ja no pot rascar bola en política.

El cas més aparatós és el de David Taguas, que després de ser el cap de l’Oficina Econòmica de La Moncloa (val a dir: assessor econòmic del president del Govern) amb categoria de Secretari d’Estat, i d’haver format part de la selecta Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, va a convertir-se en president de l’associació que aglutina les majors empreses constructores de l’Estat espanyol. Potser algun malintencionat dirà que això és més o menys com ser l’encarregat de la cova d’Alí Babà. Recordem que prèviament Taguas haurà tingut múltiples ocasions d’intervenir, en raó de la seua responsabilitat política, d’una manera o d’una altra, amb un grau d’implicació o amb un altre, en projectes i acords que afectaven les mencionades empreses i, és clar, els seus interessos privats.

Ningú dels tres, com és ben sabut, és la dona del Cèsar i ningú dels tres no ha de donar compte a ningú dels seus actes mentre complesquen la llei. Però el favor que fan a les conviccions democràtiques és ben flac i, sobretot, la confiança de la ciutadania en una gestió transparent, neutral, justa i socialment equilibrada, queda en situació molt delicada.

No són els únics casos de polítics o executius importants que oscil·len entre la política i els negocis d’altura en profitosos viatges d’anada i tornada, però sí són els més recents. Per cert, mentre Zaplana ha fet la seua carrera en el PP, Garmendia i Taguas pertanyen a l’òrbita del PSOE.

Hi haurà qui aplaudirà aquestes maneres de procedir; per exemple, la gent que té una visió economicista de la política y de l’esdevenir de la societat. Hi haurà qui, amb esperit generós i sentint empatia cap a aquestes pobres persones, adduirà: “I com es guanyaran la vida, quan abandonen la política?”

El cas de David Taguas està pendent d’una declaració legal que faça compatible la seua nova dedicació amb la passada funció política. Però diga el que diga l’actual legislació sobre incompatibilitats, des de la ferma convicció de ciutadania responsable no podem sinó rebutjar aquests comportaments.

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Al circuito de F1 por la ciudad de Valencia.

A estas alturas de la película os suponemos informados acerca de que nuestra ciudad acogerá anualmente, al menos en siete ocasiones, una carrera de coches de Fórmula 1, a desarrollar en un circuito urbano por los barrios del litoral de Valencia.

Desde el momento mismo en que el proyecto empezó a fraguarse, y a pesar de la velocidad con que ha ido convirtiéndose en realidad (¡ya querríamos esta celeridad para tantos y tantos asuntos todavía pendientes en nuestros barrios!) nuestra Asociación, mediante su participación en la Comisión del Litoral de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, se puso a trabajar sobre el tema.

Como es evidente un acontecimiento de estas características, que implica la construcción de un circuito en zona urbana, tiene múltiples implicaciones: económicas, urbanísticas, medioambientales, etc.

¿Estamos bien informados sobre los intereses últimos que se esconden detrás de todo este gran proyecto? ¿Sabemos quienes se benefician y quienes nos conformaremos con padecer sus consecuencias más negativas? ¿Cuál ha sido la participación ciudadana en un tema con tanta implicación sobre el presente y futuro de la ciudad? ¿Llevamos tanto años los vecinos pidiendo una carrera de estas características o, más bien, esto ha sido un montaje de unos cuantos, aprovechando el tirón de supuestos héroes-deportistas patrios, sabiendo venderlo adecuadamente? ¿Sabemos que para llevar adelante este proyecto ha habido que vulnerar, excepcionalmente, unas cuantas leyes autonómicas y nacionales?...

Por su parte, ¿de verdad la ciudad, y en especial los barrios del marítimo, van a acoger el circuito o éste se va a imponer como un imperativo en aras de un supuesto interés general? ¿Quién determina el interés general? ¿Nos acordamos del chantaje en plena campaña electoral (sólo habrá carrera si gobierna el P.P.)?

Los interrogantes son muchos, y para algunos no es difícil encontrar respuesta si buscamos más allá de los grandes medios de comunicación, encontrando los nombres y apellidos de los principales beneficiados, aquellos que forman parte del entramado económico-financiero- que gira en torno al ladrillo, en connivencia con el poder político y mediático desde hace ya bastantes años y que con tanta eficacia han sabido "vender" sus proyectos (¿Cuántos años lleva Rita?).

Con ánimo de sintetizar os apuntamos resumidamente las razones esgrimidas CONTRA EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA 1 por el colectivo Fórmula Verda, formado por asociaciones vecinales y medioambientales y que recibe el apoyo expreso de nuestra Asociación en todo su trabajo y manifestaciones:

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Ante la forma como las autoridades locales y autonómicas han gestionado el circuito (sumisa ante las exigencias de los patronos del millonario negocio de la F1 y sorda ante las reivindicaciones de los ciudadanos y la mera y constitucional solicitud de información), se reivindica la participación ciudadana a favor de la democracia.

- INFRAESTRUCTURA y SEGURIDAD: Existe un circuito para competiciones reglamentarias de coches y motos en Cheste, con altas especificaciones técnicas, capacidad y seguridad de las instalaciones. Éste podría adecuarse y mejorarse para tener un escenario permanente y de primer orden en un deporte de la importancia de la F1. Además los riesgos de la F1 para pilotos, técnicos, público y entorno, se multiplican cuando las competiciones se realizan con trazados sobre tramas urbanas y se incluyen infraestructuras provisionales. Basta con recordar las declaraciones de Alonso en un primer momento, contrarias al circuito urbano.

- ECONOMÍA: Los elevados costes (a pagar por todos los ciudadanos) de un trazado urbano sometido a las exigencias técnicas del circuito con unas instalaciones provisionales, injustificables en una ciudad que sigue teniendo importantes déficit en servicios públicos básicos como el transporte, la educación y la salud.

- URBANISMO: El circuito, impulsado desde la iniciativa privada, responde a modelos de movilidad urbana (sustentados en el uso intensivo del coche privado con los correspondientes consumo energético y contaminación ambiental), desconoce el Plan General de Ordenación Urbana, afecta zonas habitadas y áreas verdes de la ciudad (el cauce del río Turia) y contradice y condiciona radicalmente los importantes proyectos de Dársena verde (del Ayuntamiento) y de La Mar de tots (del Gobierno central) con positivos componentes ambientales, culturales y recreativos. Es decir, es incompatible con el desarrollo equilibrado y sostenible del frente marítimo y sus principales proyectos urbanos y del conjunto de la ciudad. Por su parte, simboliza la ciudad heredada del desarrollismo del siglo XX, cada día más inhabitable por la congestión, la contaminación y los crecientes desequilibrios sociales, que es necesario superar con propuestas innovadoras a nivel político, social, ambiental y tecnológico.

- MEDIO AMBIENTE: El circuito es una escandalosa apología del vehículo privado, a través de los coches de F1, caracterizados por consumos y emisiones desaforadas, cuando está comprobado que el tráfico rodado es el mayor responsable de la contaminación en las ciudades. Es un contrasentido absoluto en las metas aprobadas en la UE para 2020, con efectos no sólo a nivel local, sino autonómico y estatal.

- CULTURA URBANA: La carrera es una flagrante apología de la velocidad y un desprecio a la cultura no sólo urbana, sino también humana a comienzos del siglo XXI, cuando los políticos y técnicos más conscientes y avanzados de Europa y todo el mundo están fomentando la tranquilidad, amabilidad y sostenibilidad de las ciudades con la calma del tráfico (potenciando el transporte público y restringiendo el uso del vehículo privado) y la defensa del espacio público.

Y desde nuestra Asociación seguiremos trabajando, desde lo pequeño, con nuestras limitadas fuerzas,... pero con la dignidad suficiente como para reivindicar, al menos, nuestro derecho a protestar y a plantear modelos de ciudadanía y de hacer ciudad alternativos.

Revista Perifèria nº7
Amigos de la Malva

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PSOE oferece a PP pactar umha estratégia de Estado em matéria de repressom e controlo social para os próximos anos.

Quando os dous grandes partidos espanhóis anunciam consenso nas “grandes questons de Estado”, como estám a fazer nas últimas semanas, é melhor por-se a cuberto. Se esse consenso afecta ao que se designa comummente como ‘segurança cidadá’, o exercício das mais elementares liberdades civis e, em especial, das liberdades de reuniom, manifestaçom e expressom, será com certeza o primeiro damnificado desse acordo entre PSOE e PP.

Isto foi precisamente o que anunciou onte o novo ‘Mando Único’ da Polícia espanhola e a ‘Guardia Civil’ no seu primeiro acto oficial como director geral do instituto armado. Francisco Javier Velázquez, do que neste portal achegamos um primeiro perfil na notícia publicada no dia 19 de Abril, concorria acompanhado polos titulares espanhóis de ‘Interior’ e ‘Defensa’, Pérez Rubalcaba e Carmen Chacón, respectivamente, oferecendo ao PP pactar umha ‘Estrategia de Seguridad Nacional’ que estivesse “o mais consensuada possível”.

Objectivo estratégico do PSOE

Recordamos que no recente debate de investitura o presidente espanhol anunciara a aprovaçom desta estratégia no decurso da IX Legislatura espanhola. Os eixos principais sobre os que pivotaria o acordo seriam “o combate do terrorismo”, impulsionando o trabalho dos serviços de informaçom; a luita contra o “crime organizado”, incrementando as unidades de inteligência e operativas; o “aperfeiçoamento dos mecanismos” de luita contra os imigrantes clandestinos e a melhora das infraestruturas e optimización dos recursos policiais.

Segundo anunciara Rodríguez Zapatero há quinze dias, o documento e a estratégia a pactar entre os dous grandes partidos espanhóis serviria para “definir objectivos, assinalar prioridades, quantificar dotaçons, assegurar colaboraçom e planificar os esforços organizativos e orçamentares”. À cerimónia militar em que se anunciou formalmente o projecto assistírom os anteriores directores gerais da ‘Guardia Civil’ Joan Mesquida e Santiago López e altos mandos da instituiçom armada e da Polícia espanhola.

Alcançar 140.000 efectivos e manter o carácter militar

Como avanço do cenário à que aponta a citada ‘Estrategia Nacional’, Velázquez assegurou que o seu objectivo à frente dos dous principais corpos repressivos do Estado é alargar a policializaçom da sociedade e consolidar o “quadro de pessoal em 140.000 efectivos da Polícia espanhola e a Guardia Civil” para o remate da legislatura.

Além destas declaraçons, seria o titular espanhol de ‘Interior’ quem se encarregasse de despejar qualquer dúvida a respeito da permanência do principal corpo policial do Estado como instituiçom militar. Rubalcaba, que definiu o instituto armado como “um ser grande, eficaz e de larga vida”, desmentia assi umhas palavras de Jesús Caldera enunciadas em 2004 segundo as quais o PSOE iria a “umha desmilitarizaçom gradual” do corpo policial-militar e incidia em que tal objectivo “nem se contempla nem se vai estudar”. A sua colega de ‘Defensa’, Carmen Chacón, remachou com a sua presença as declaraçons de Rubalcaba e afirmou, aliás, que a vinculaçom do instituto armado com o seu departamento seria “muito estreita” e vincou na “dupla dependência” daquel de ambas carteiras ministeriais.

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