Entre las formas de disimular el gasto militar en los presupuestos, una enrevesada fórmula financiera permite aumentar el gasto sin molestar a la opinión pública.Todo empezó en 1996 con la llegada al Gobierno del Partido Popular con la promesa electoral de profesionalizar las fuerzas armadas y abandonar el Servicio Militar Obligatorio. Al incremento de gasto en personal había que añadir los proyectos militares de nuevas armas puestos en marcha en la etapa anterior del Gobierno del PSOE. La combinación de ambos no podía llevarse a cabo sin incrementar de manera importante el presupuesto militar. Esto, evidentemente, tenía un elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo político aumentando sensiblemente el gasto militar, algo que no sería bien acogido por la opinión pública española.
La solución fue llevada a cabo desde la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una alambicada fórmula de ingeniería financiera, que permitía hacer frente a los gastos derivados de la profesionalización, así como continuar con los grandes proyectos de armas. De este modo se conseguían tres propósitos : no incrementar en demasía el gasto militar del Ministerio de Defensa, aumentar la contribución en I+D, entonces en la cola de los países de la OCDE, y satisfacer las demandas de ayuda de la industria militar para financiar la investigación y desarrollo de los nuevos prototipos de armas.
La fórmula consistía en conceder préstamos para I+D a cero interés reembolsables, desde el Ministerio de Industria, con un plazo de retorno a 20 años, a las industrias militares a cuenta de las compras de armamentos. Se firmó un convenio entre ambos Ministerios (Industria y Defensa), según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían a Defensa cuando ésta pagara las armas. Esta situación iniciada por el PP, a pesar de las críticas que desde la oposición llevó a cabo el PSOE, fue continuada por éste tras su victoria electoral en 2004, convirtiéndose en crónica a día de hoy. Así, los créditos en I+D del Ministerio de Industria continúan aumentando y acumulando unos fondos que toman proporciones insólitas. Hoy encontramos cómo los créditos acumulados entre 1997 y 2008 entregados a las empresas ascienden, según datos oficiales, a la astronómica cifra de 12.104,84 millones de euros corrientes. Esta cifra es sólo en I+D militar proveniente de Industria, pues luego está el I+D militar para llevar a cabo investigaciones dentro del Ministerio de Defensa, 3.859 millones de euros en el mismo período.
Pero, además, está el precio final de las armas (ver infografía), que aumenta en el transcurso de su producción, con un coste total de inversión que asciende a 27.000 millones de euros a fecha de hoy. Y según reveló recientemente Enrique Navarro (Capital 9/2007), en 1996 subdirector de la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa, la deuda de las empresas militares con el Ministerio de Industria asciende a 26.000 millones de euros a fecha de 2007, y aún faltan por abonar 20.000 más cuando en 2024 finalicen todos los proyectos de nuevas armas en curso. Los créditos pendientes de cobro entregados a las industrias militares se contabilizan en el presupuesto de ingresos, en la partida 83107, como reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a empresas privadas. Un cajón desastre que engloba todas las deudas por créditos a las empresas privadas y que ascienden en 2007 a 451,9 millones de euros. Desde luego, una cifra desorbitada, imposible de definir, a pesar de las indagaciones llevadas a cabo, tanto en los presupuestos del Estado como en los de los ministerios de Industria y Defensa.
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