(08/05/08)
Documento íntegro
En una comparecencia llevada a cabo junto con miembros de la asociación de abogados vascos Eskubideak, han denunciado la carencia de "garantías jurídicas" en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional española contra 27 ciudadanos vascos.
El presidente de la AED, el italiano Gilberto Pagani, considera que esta situación "no es nueva" en lo que respecta a la Justicia española, ya que esta asociación europea ya siguió de cerca el juicio del macrosumario 18/98 que también se celebró en el mismo tribunal especial.
Según recoge el texto aprobado el 19 de abril en Amsterdam y presentado hoy en Bilbo, "la AED desde hace ya varios años ha mostrado su preocupación en repetidas ocasiones en relación a procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional, entre otros el sumario 18/98, por la aplicación de una serie de leyes de excepción que vacían de contenido principios universales del derecho, garantías básicas y derechos fundamentales de la persona detenida y procesada".
Esta asociación se centra ahora en el juicio contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, donde el abogado Julen Arzuaga, y representante de Eskubideak en Europa, está también procesado.
Así, consideran que "la interpretación extensiva de tipos terroristas y la aplicación de esta legislación excepcional, ha dado lugar a la vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia".
A este respecto, en el texto se critican una serie de medidas como la "entrada y registro de despachos profesionales sin las garantías debidas al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones con los clientes, la dilación indebida del proceso y el abuso de las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva hasta el máximo de cuatro años y la suspensión judicial de la actividad de estas asociaciones".
En el documento constan cuatro puntos esenciales donde se denuncia "la vulneración del derecho a la defensa y al secreto profesional", se exige "la derogación de tribunales de excepción tales como la Audiencia Nacional", se rechaza "la criminalización del ejercicio del derecho a la defensa con el fin de limitarlo", y se rechaza también "la arbitraria e inadmisible extensión del concepto de terrorismo hasta alcanzar actividades públicas y democráticas acogidas al derecho de la libertad de expresión y a la acción política social y libre".
Observadores
Paganini ha recordado su interés por el macrosumario 18/98 y, al igual que hicieron en aquella ocasión, ha anunciado que ahora también enviarán observadores a las dependencias de la Audiencia Nacional en Madrid.
El presidente de la AED considera que "las cosas han cambiado desde el 11-S", y afirma que "la simple exposición de ideas ahora se considera un delito".
Tras apuntar que es "inadmisible la existencia de la Audiencia Nacional", ha confirmado que abogados de todos los países de Europa seguirán de cerca el proceso 33/01 para, en su caso, "denunciar y hacer públicas las vulneraciones que puedan producirse en relación al derecho a un juicio con todas las garantías y al ejercicio al derecho a la defensa".
Por su parte, la letrada y miembro de Eskubideak Ainhoa Baglieto ha considerado que los acusados se encuentran "indefensos" después de que se introdujeran como pruebas en la causa las conversaciones privadas con sus defendidos y ha denunciado que "el objeto penal es difuso", ya que "no hay una individualización de los hechos", sino que "se les imputan unos hechos tan graves como la colaboración" con ETA por su pertenencia a un colectivo.
Ha dicho que "el verdadero delito, no tipificado en el Código Penal, es haber denunciado la falta de derechos y la existencia de un conflicto político" y que "con este tipo de procesamientos, como el del 18/98 y el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro", "el Estado quiere demostrar que no hay margen para la disidencia política".
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